El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. El nuevo centro directivo, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, concentrará y gestionará las competencias sancionadoras y de control en estos ámbitos, ampliadas en los últimos años con las nuevas leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía y de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
A esta dirección estará adscrito el Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda que se creará para reforzar la lucha contra los delitos urbanísticos y las infracciones en el ámbito de la vivienda protegida y de la calidad de la construcción. Los inspectores, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, se encargarán, entre otras funciones, de tramitar los procedimientos de protección de la legalidad, garantizar la adopción de las medidas para la reparación de la realidad física alterada y facilitar la máxima rapidez de decisión de los tribunales de Justicia en aspectos como suspensiones cautelares de licencias de obras, autos o sentencias.
En el ámbito de la ordenación urbana y territorial, tanto la Dirección General como el futuro Cuerpo de Inspectores intervendrán directamente en los supuestos fijados por la Ley de Ordenación Urbanística para aquellos casos en que no actúen los ayuntamientos: actividades sin instrumento de planeamiento; parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable; actividades que afecten a suelo no urbanizable de especial protección, bienes o espacios catalogados, zonas verdes e infraestructuras, y actividades que afecten a determinaciones de la ordenación estructural del municipio.
Respecto a la vivienda, el régimen sancionador recogido en la Ley para la Vivienda Protegida y el Suelo, introduce relevantes novedades que deberán ser aplicadas por la Dirección General de Inspección. Entre ellas destaca el recurso a la expropiación forzosa cuando las viviendas protegidas se destinen a usos no autorizados y cuando se constate incumplimiento de las obligaciones para la enajenación o falsedad en la documentación aportada en el proceso de adjudicación. Anteriormente, estas infracciones sólo eran castigadas con sanciones económicas y administrativas.
En líneas generales, la nueva dirección general ejercerá funciones de inspección de la legalidad, tramitación de procedimientos sancionadores y cooperación con otras administraciones públicas. También tendrá potestad para instar la impugnación jurisdiccional de aquellas iniciativas municipales que infrinjan la normativa de ordenación territorial, urbanismo y vivienda.
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