La Junta de Andalucía asumirá por ley la ejecución de los proyectos de abastecimiento en alta y depuración de aguas, actualmente competencia de las entidades locales, y establecerá los derechos de los ciudadanos respecto a estos servicios. Estas son dos de las novedades que se recogen en el anteproyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua, cuyo inicio de tramitación ha sido hoy acordado por el Consejo de Gobierno.
El texto, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente con el consenso de los distintos agentes socioeconómicos y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), configura el marco normativo para hacer posible en Andalucía el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados por la Unión Europea en su Directiva de Aguas, así como para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos de abastecimiento, potabilización y depuración. Con el fin de alcanzar estos objetivos, el borrador fija dos pilares fundamentales: la regulación de las competencias del ciclo integral del agua y el establecimiento de precios mínimos respecto al coste que suponen los servicios.
Respecto al primero de los aspectos, el nuevo reparto de atribuciones supone que la Junta pasará a asumir por ley la responsabilidad de ejecutar los proyectos de infraestructuras de abastecimiento en alta (desde el punto de captación a la potabilizadora) y depuración de aguas residuales urbanas, una función que hasta ahora ha venido ejerciendo de hecho en auxilio de las entidades locales titulares de dicha competencia.
De este modo, la Administración autonómica será competente en la regulación, planificación y ejecución de las infraestructuras citadas, además de reservarse su inspección y control. La gestión corresponderá a las entidades locales agrupadas en sistemas supramunicipales (mancomunidades o consorcios públicos), que también se encargarán de la regulación, planificación, ejecución y gestión de las infraestructuras de suministro domiciliario (abastecimiento en baja) y saneamiento (alcantarillado).
La clarificación del reparto competencial, en línea con el respeto a la autonomía municipal, otorga a la Junta competencias generales de regulación y gestión de situaciones de sequía, formas de aprovechamiento de las infraestructuras y planificación de los puntos de conexión con las redes locales y de las aportaciones de cada fuente de recurso.
En estos momentos la Consejería de Medio Ambiente tiene suscritos protocolos de inversiones con entes supramunicipales por valor de 1.862 millones de euros, con un 60% de financiación autonómica. Esto supone que 6,7 millones de andaluces están cubiertos por las inversiones necesarias para la total mejora del ciclo integral del agua, con la consiguiente garantía de abastecimiento y homogeneización de los servicios.
Derechos y precios mínimos
El anteproyecto establece también una serie de derechos de los usuarios. Entre ellos destacan los de exigir la prestación del servicio en condiciones de regularidad y conforme a los parámetros de calidad establecidos; ser informados con antelación suficiente de los cortes de servicios programados por razones operativas, y apelar ante la Administración hidráulica de la Junta cuando los entes supramunicipales encargados de la gestión no atiendan sus reclamaciones. Asimismo, se recogen los derechos a conocer las tarifas establecidas y a la participación activa en las decisiones de gestión y planificación del uso del agua, a través de mecanismos de consulta e información pública.
Finalmente, las medidas introducidas en cuanto a precios mínimos se fundamentan en las obligaciones derivadas de la Directiva Marco de Aguas y, en particular, en los objetivos de alcanzar antes de 2015 un buen estado ecológico de los recursos hídricos y de aplicar en 2010 el denominado principio de recuperación de costes. Este principio obliga a que el precio del agua sea acorde con el gasto que supone facilitar su uso a través de los servicios públicos de abastecimiento, potabilización y depuración.
Los nuevos precios se aplicarán de forma progresiva en el tiempo y tendrán un carácter finalista, de tal manera que se reinvertirán por completo en la construcción de nuevas infraestructuras y en la protección y regeneración de las masas de agua. Actualmente, más de una decena de comunidades autónomas ha fijado estrategias similares para alcanzar los objetivos exigidos por la Unión Europea.
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