El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la asistencia jurídica a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante hechos que afecten al ejercicio de su profesión y supongan perturbaciones graves de la asistencia sanitaria.
La norma establece medidas para garantizar al personal de los servicios de salud el ejercicio efectivo del derecho a recibir asistencia y protección jurídica por parte de la Administración sanitaria, especialmente en casos de agresiones. Andalucía se convierte así en la primera comunidad que se dota de una regulación específica para esta materia.
El decreto, que se enmarca en el plan de prevención y atención de agresiones impulsado por la Consejería de Salud, habilita a los letrados del SAS a representar y actuar en nombre de los profesionales que hayan sufrido una agresión. De acuerdo con el texto, la solicitud de asistencia jurídica se tramitará a través de los directivos de los centros asistenciales e irá acompañada de la documentación y pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Junto con las funciones contenciosas, la norma define también las atribuciones consultivas de la asesoría jurídica del SAS y establece los supuestos en los que los órganos de dirección y gestión de este organismo podrán consultar a la misma (proyectos y disposiciones, procedimientos de selección y provisión de personal estatutario, propuestas de resolución de expedientes de revisión de oficio e informes facultativos, entre otros).
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