El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de organización y funciones de los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía. Como principal novedad, la norma fija criterios para su distribución de acuerdo con factores geográficos y demográficos.
Estos centros, dependientes de las delegaciones provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se dedican a valorar las discapacidades física, psíquica y sensorial según los baremos establecidos por la normativa vigente, así como a evaluar los factores sociales complementarios que dificultan la integración de las personas con minusvalías. Junto con ello, emiten dictámenes sobre el derecho a medidas de protección social, como pensiones de invalidez, ayudas para transporte, ingresos en centros residenciales y adaptación de los puestos de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.
En Andalucía hay nueve centros de valoración; uno en cada provincia, excepto Cádiz que tiene dos. Actualmente se construye el segundo de Sevilla y está prevista la creación de otro en Málaga. Estos recursos están atendidos por una plantilla de 373 trabajadores (261 son mujeres) y el pasado año realizaron 68.132 valoraciones, de las cuales 52.030 fueron para resolver expedientes de reconocimiento de grado de minusvalía. Un total de 388.038 personas tienen reconocido algún grado de minusvalía en la comunidad autónoma. De ellas, 232.678 son menores de 64 años y el 56% mujeres.
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