SESIÓN DEL

LA JUNTA APOYA CON 20,1 MILLONES DE EUROS TRES PROYECTOS INDUSTRIALES PESQUEROS EN BARBATE, HUELVA Y PALOS

Los gobiernos español y andaluz han destinado en los tres últimos años 78 millones a las zonas afectadas por la pérdida de los caladeros marroquíes

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de tres ayudas, por un importe global de 20,1 millones de euros, a otras tantas empresas de transformación de productos pesqueros para respaldar sus proyectos de traslado y construcción de nuevas instalaciones en Palos de la Frontera, Huelva y Barbate. Las tres iniciativas apoyadas supondrán en su conjunto una inversión de 30,2 millones de euros y la creación de 141 puestos de trabajo.

Estas subvenciones, cofinanciadas por la Junta y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se incluyen en la línea de incentivos para la diversificación económica y creación de empleo en las comarcas afectadas por la interrupción de la actividad de la flota pesquera andaluza que operaba en los caladeros de Marruecos.

La primera de las ayudas, de 9,37 millones de euros, se destina a la empresa Distribuidora de Mariscos Rodríguez SA, que construirá en el municipio onubense de Palos de la Frontera un centro logístico para almacenaje, distribución y comercialización de pescados y mariscos, con una inversión total de 18,74 millones de euros. El proyecto, que supondrá la creación de 52 empleos fijos, incluye un edificio principal de 8.945 m2, dos naves de almacenamiento de 1.968 m2, una cámara robotizada de estanterías, una sala de subastas automatizada y una línea de cocción y congelación.

En Huelva, la firma Krustagroup Sau construirá con el apoyo de la Junta un centro de transformación de productos del mar y de la acuicultura. La subvención aprobada en este caso asciende a 7,19 millones de euros para una inversión total de 14,37 millones. El nuevo centro estará integrado por una nave de 4.329 m2 para elaboración y otra de 3.329 m2 para almacenamiento de congelados, además de muelle de carga, oficina y sala de máquinas. Estas instalaciones aumentarán la plantilla en 70 nuevos trabajadores fijos.

La última de las subvenciones, de 3,54 millones de euros, servirá para respaldar la construcción en Barbate (Cádiz) de una fábrica de salazones y conservas de productos tradicionales del Estrecho de Gibraltar, proyecto promovido por la empresa Salazones Herpac, SL con una inversión de 7,08 millones de euros y la previsión de crear 19 puestos de trabajo. Esta factoría, de 9.600 m2 de superficie, contará con instalaciones de manipulación, muelles, almacenes y locales de secado y ahumado.

Apoyo al sector pesquero
Los tres proyectos apoyados se suman a las 37 iniciativas empresariales que han contado con ayudas económicas desde que en 2003 se abriera la línea de incentivos para las comarcas andaluzas afectadas por la falta de acuerdo pesquero con Marruecos. Estas subvenciones, prorrogadas hasta final de año y cofinanciadas al 50% por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han respaldado con 78 millones de euros una inversión total aproximada de 170 millones de euros.

El acuerdo entre la Junta y el MAPA para proporcionar apoyo económico al sector pesquero industrial ha permitido durante los tres últimos años ampliar y consolidar empresas en las doce poblaciones andaluzas más perjudicadas por la pérdida de los caladeros marroquíes: Ayamonte, Huelva, Isla Cristina (Huelva); Algeciras, Barbate, Cádiz, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, La Línea de la Concepción y Tarifa (Cádiz), y Málaga y Almería.

Entre los proyectos desarrollados destacan la renovación de 13 empresas artesanales de conservas y salazones; el impulso a la industria de los ahumados en Málaga y La Línea de la Concepción; la modernización de las instalaciones de comercialización en Barbate, Conil, Huelva y Almería; la creación de seis polígonos industriales, y la construcción de instalaciones de ultracongelados para el atún de almadraba en Conil y Barbate.

Desde 1985, Andalucía ha perdido más de la mitad de la producción pesquera como consecuencia de las restricciones impuestas a la presencia de su flota en caladeros de terceros países. Aproximadamente un 30% de esa pérdida se ha debido a la extinción del último acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos.

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