El Gobierno andaluz destina 66 millones de euros al nuevo plan de protección y defensa de los consumidores 2008-2011

El Consejo de Gobierno ha aprobado el II Plan Estratégico de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias 2008-2011, que destinará 66 millones de euros a garantizar la seguridad y la calidad de los productos y servicios a los que tiene acceso la ciudadanía. El 70% de esta dotación se empleará en reforzar el control de los mercados y en mejorar la formación de la población en la defensa de sus derechos. Entre las principales novedades recogidas, destacan la implantación de la hoja de reclamaciones electrónica y del Estatuto de los Usuarios de los Servicios Públicos.

El plan, que ha sido elaborado con la colaboración de las asociaciones de consumidores, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), implica a seis consejerías coordinadas por Gobernación: Justicia y Administración Pública; Turismo, Comercio y Deporte; Agricultura y Pesca, Educación; Igualdad y Bienestar Social, y Medio Ambiente.

El documento se estructura en 12 objetivos, 32 líneas estratégicas y más de un centenar de acciones, buena parte de las cuales se apoyan en el impulso a la utilización de la nuevas tecnologías. Así, antes de final de año, la Junta implantará la hoja de reclamaciones electrónica, servicio que permitirá a los ciudadanos enviar sus quejas con la mayor agilidad y a los empresarios responder del mismo modo.

En el ámbito de las prestaciones de carácter administrativo, el plan establece la elaboración del denominado Estatuto de los Usuarios de los Servicios Públicos de Andalucía, documento que unificará y sistematizará los derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con la Administración autonómica. Además, continuará el desarrollo de la Ley andaluza de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios con normativas específicas como el reglamento sobre los derechos y garantías a los usuarios de los servicios a domicilio.
Otra de las prioridades recogidas en el plan es la de incrementar el uso de la mediación y el arbitraje, las dos principales modalidades de resolución extrajudicial y gratuita de conflictos en materia de consumo, que también se podrán solicitar por vía telemática. Actualmente, más de 31.000 empresas están adheridas al sistema arbitral en Andalucía. Paralelamente, la Junta impulsa peritajes oficiales gratuitos para que los consumidores puedan fundamentar sus reclamaciones sin que el coste económico de las pruebas tenga efectos disuasorios.

Seguridad
El mayor volumen de recursos económicos consignados en el plan lo concentran las medidas dirigidas a garantizar la seguridad de los productos, con un total de 23,5 millones de euros. Antes de fin de año se aprobará una normativa para definir la Red de Alerta Andaluza, instrumento que, más allá de las homologaciones previas, permite limitar o suspender la comercialización. Asimismo, se reforzará la inspección de los mercados mejorando la actuación coordinada entre las consejerías de Gobernación; Salud; Agricultura y Pesca, y Turismo, Comercio y Deporte.

Las campañas de inspección de consumo, que en lo que va de año han supuesto la realización de más de 16.990 intervenciones, seguirán incidiendo en los sectores más sensibles para la población, en los de mayor conflictividad y en aquellos relacionados con nuevos hábitos de consumo.

Desde el punto de vista de la dotación económica, la otra gran línea de actuación del Plan Estratégico es la relativa a las medidas de información y formación, que contará con 22,9 millones de euros y prestará especial atención a los colectivos de menores y personas mayores. Así, en el presente curso 2008-2009, las llamadas Universidades de Mayores incorporarán el consumo entre sus temas de estudio, mientras proseguirán las actividades formativas en los centros de día. Respecto a los menores, las iniciativas para preparar a los futuros consumidores se desarrollarán preferentemente en los centros escolares, incluyendo al profesorado.

Dentro del capítulo de formación e información, el plan incluye también medidas para potenciar el Teléfono del Consumidor (el 900-849090, que en lo que va de año ha resuelto 27.298 dudas); programar cursos en soporte digital y a través de internet, y ampliar la formación especializada tanto de los trabajadores de la Administración como del empresariado y las entidades de consumidores. Las campañas divulgativas, por su parte, prestarán atención al consumo responsable que tiene en cuenta aspectos como la protección del medio ambiente, la promoción de la salud y el respeto a los derechos laborales en los países menos desarrollados.

Con el mismo objetivo de hacer más accesibles los servicios de consumo a los ciudadanos se incentivará a los entes locales para extender la red de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs) desde las grandes poblaciones a los barrios y a las localidades más pequeñas (con oficinas itinerantes o supramunicipales).

Finalmente, y en relación con la colaboración con los agentes sociales, la Junta seguirá trabajando con los empresarios para mejorar las medidas de seguridad y autocontrol, elaborar códigos de buenas prácticas y promover su incorporación al Sistema Arbitral como garantías de calidad añadida para sus productos y servicios. De igual modo, se apoyará la actividad de las entidades de consumidores y se fomentará su participación en órganos consultivos.

El plan aprobado por el Consejo de Gobierno contará con un comité de seguimiento en el que se integrarán, además de la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales.