SESIÓN DEL

Autorizada la compra de suelo para la construcción de 1.300 viviendas protegidas en Málaga

El Consejo autoriza una inversión de 29,03 millones para la adquisición de casi 30 hectáreas en la zona de Soliva Norte-Lagar de Oliveros

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio una inversión de 29,03 millones de euros para la compra de 29,65 hectáreas de terrenos en la zona de Soliva Norte-Lagar de Oliveros, en Málaga capital. La medida permitirá construir 1.300 viviendas de protección oficial (VPO) y atender así, a medio y largo plazo, la demanda en este ámbito de crecimiento natural de la ciudad, situado junto a la nueva hiperronda y comunicado por la Línea 1 del Metro.

A partir de la adquisición del suelo y de los instrumentos urbanísticos correspondientes, la Junta podrá abordar directamente los proyectos de construcción o bien poner los terrenos a disposición de otros promotores para su desarrollo. Con ello se contribuirá a paliar la carencia de suelo para usos residenciales protegidos en la capital malagueña, donde existe una demanda de aproximadamente 20.000 VPO a diez años vista.

La compra de los terrenos en Lagar de Oliveros forma parte del Plan de Obtención de Suelo para Vivienda Protegida, que la Junta inició en octubre de 2008 en los 39 municipios andaluces que presentan con una mayor demanda y una menor disponibilidad de espacio para la edificación de promociones, como es el caso de Málaga. Desde entonces, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha destinado 105 millones de euros a adquisiciones en las ocho provincias andaluzas para la construcción de un total 4.813 viviendas protegidas, incluidas las previstas en Soliva Norte-Lagar de Oliveros.

El plan, que también pretende amortiguar la desaceleración del sector de la construcción residencial y su impacto sobre el empleo, se suma a otras iniciativas que la Junta desarrolla actualmente para liberar suelo con destino a la construcción de VPO. Entre ellas destacan las adaptaciones de los planeamientos municipales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para garantizar que los nuevos desarrollos residenciales incluyan una reserva de al menos el 30% de edificabilidad para vivienda protegida.


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