El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de la ley que adaptará la legislación autonómica sobre colegios profesionales a la Directiva europea de servicios del mercado interior. La futura norma fomentará la liberalización de estas entidades y reforzará las garantías de sus usuarios.
Entre las principales novedades recogidas en el texto, destaca la prohibición de limitar o imponer restricciones al libre ejercicio profesional por parte de las organizaciones colegiales, ni por sí mismas ni a través de sus estatutos. En la misma línea, se suprimirán las trabas administrativas no justificadas en el trámite de la colegiación, un proceso que, además, deberá poder realizarse por vía telemática.
De acuerdo con el anteproyecto, las cuotas de inscripción en los colegios no podrán superar en ningún caso los costes asociados, evitando así que se impida el acceso real por causa indirecta. Asimismo, estas entidades no podrán exigir abonos distintos a los profesionales que ejerzan en territorios diferentes al de la colegiación.
La norma establece también la obligación de que los colegios arbitren mecanismos de comunicación transparentes para que los usuarios puedan tener acceso en todo momento a la información sobre su actividad. Por otra parte, no se permitirá la creación de colegios en aquellos ámbitos profesionales no previstos por la legislación estatal.
Finalmente, la futura ley también regulará la integración obligatoria en los distintos Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, que hasta ahora tenía carácter voluntario, de aquellos colegios que por tradición histórica extienden su ámbito territorial de actuación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Esta última medida se concretará a través de la modificación de la Ley 6/1995, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, mientras que las restantes adaptaciones a la Directiva europea implicarán cambios en la Ley 10/2003, de Colegios Profesionales de Andalucía. Tanto unas como otras deberán ser recogidas por las organizaciones colegiales en sus estatutos.
El anteproyecto que hoy inicia su tramitación se suma a otros dos textos que actualmente elabora el Gobierno andaluz para adaptar a la Directiva europea un total de ocho leyes autonómicas, entre las que figuran las relativas a Comercio Interior, Turismo, Patrimonio Histórico y Carreteras. Junto con ellas, también se están ajustando 89 decretos y 24 órdenes de la Administración andaluza, con el objetivo común de simplificar procedimientos, favorecer la actividad económica y reforzar los derechos de los consumidores.
La Directiva 2006/123/CE, sobre eliminación de barreras legales y administrativas en el sector de los servicios del mercado interior, tiene como principal objetivo consolidar un mercado libre para la circulación transfronteriza de los mismos y ofrecer a los consumidores y usuarios mayor transparencia e información, más posibilidades de elección y unos precios más bajos sin perder el nivel de calidad.