SESIÓN DEL

Comunicación del Gobierno de Andalucía para la celebración del debate sobre el Estado de la Comunidad 2013

El debate del Estado de la Comunidad abre la oportunidad de rendir cuentas de la gestión realizada en este primer año de legislatura, un año en que Andalucía se ha erigido como referente de propuestas y medidas pioneras y progresistas. Este debate parlamentario permite el necesario ejercicio democrático de contraste entre la labor de gobierno y el control que se realiza desde el Legislativo. El Consejo de Gobierno acude a esta cita con el Parlamento con el aval de una acción política a ras de suelo y sin ningún tipo de complacencia, porque la situación económica sigue siendo complicada pese a las previsiones optimistas que alumbraban los Presupuestos Generales del Estado y que han tenido que ser revisadas a la baja.

Este primer año de mandato ha estado marcado por la puesta en marcha de una alternativa distinta para la salida de una crisis económica que ya se extiende durante cinco años. El objetivo de este tiempo ha sido evitar o, cuando menos, atenuar los efectos de la recesión económica en las familias y las pequeñas y medianas empresas. Estos casi catorce meses de gobierno nos han permitido poner de manifiesto que otra forma de salir de la crisis es posible.

No nos hemos resignado a los recortes impuestos. El Gobierno de Andalucía ha sabido sobreponerse al discurso dominante y demostrar que hay más de una salida para la crisis. Ya diferentes organismos internacionales admiten que la austeridad a ultranza como única política económica sólo ha contribuido a profundizar la depresión, a incrementar el paro y aumentar el empobrecimiento de las sociedades afectadas por los rescates. Es imprescindible un cambio en la política económica que nos marcan a España desde instituciones que no han sido elegidas democráticamente.

En Andalucía se han sabido combinar el necesario ahorro con el impulso de políticas de estímulo y la defensa de los servicios públicos fundamentales. En esta línea, hemos puesto en marcha planes de fomento de empleo por 500 millones de euros con nuestros fondos y sin tener apoyo ninguno del Gobierno central, que una y otra vez ha desoído la petición de un plan especial para Andalucía, como sí ha hecho con otras comunidades autónomas.

El paro es el principal problema en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de España. Aunque los últimos datos correspondientes a los meses de abril y mayo han sido positivos, tenemos que encarar la lucha contra el desempleo con los pies en el suelo y sin ningún tipo de triunfalismo. El empleo ha sido el centro neurálgico de las políticas desarrolladas desde la Junta de Andalucía en este tramo inicial de legislatura y seguirá siendo la prioridad en los ejercicios presupuestarios siguientes. Esta apuesta en solitario por el fomento del empleo puede explicar el buen comportamiento del mercado laboral en lo que va de 2013 (2.336 parados menos en Andalucía por 44.541 parados más en el conjunto de España), una dinámica que sería indudablemente mejor si el Gobierno de la nación trabajara también en esta dirección.

El Decreto Ley sobre medidas de impulso del empleo juvenil y el emprendimiento, dotado con 200 millones de euros, supone una apuesta inequívoca por reactivar el mercado laboral y promover la creación de tejido empresarial con el apoyo de lo público.

Andalucía se ha situado en la vanguardia con medidas de enorme calado social. Las iniciativas legislativas contra la exclusión social y sobre la función social de la vivienda son dos hitos de este periodo de gestión que han situado a la comunidad andaluza como avanzadilla de políticas distintas que anteponen las personas a los ajustes contables. Dos medidas que han permitido situar a Andalucía como protagonistas del debate y como modelo a seguir. Estos decretos, al margen de las críticas simplistas, han acabado asentado una acción política que ha tenido, por un lado, el refrendo de la Unión Europea exigiendo más medidas a España contra los desahucios y, por otro, del propio Gobierno central al anunciar un plan para atender a la infancia en riesgo de malnutrición.

En Andalucía se ha hecho bandera del mantenimiento de los servicios públicos y de la defensa del Estado del Bienestar. Esta convicción del Gobierno andaluz supone un duro ejercicio de resistencia, de incalculable valor en comparación con el desmantelamiento que se ha realizado en otras comunidades autónomas. Hemos protegido la sanidad pública, la educación pública, la atención a las personas en situación de dependencia y las políticas de protección social, sin reducir derechos ni privatizarlos, gestionando desde el diálogo y el consenso y dando participación a la ciudadanía en la toma de decisión. Gobernar en este año también ha sido resistir y salvaguardar los servicios públicos fundamentales, que hacen a una sociedad más justa e igualitaria. El pensamiento dominante de raíz neoliberal está atacando la pieza clave de un Estado democrático que es la igualdad de oportunidades y desde Andalucía no lo vamos a permitir.

El Gobierno andaluz ha hecho siempre del diálogo su seña de identidad, un instrumento nuclear de la forma de hacer política. Se está ultimando el Pacto por Andalucía, una estrategia de consenso con la sociedad para recuperar la confianza de la ciudadanía y transmitir credibilidad sobre las potencialidades de nuestra comunidad autónoma.

Se ha realizado un trabajo riguroso con el fin de implicar a toda la sociedad andaluza. Los resultados están sobre la mesa, empezando por el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes autonómicos, una cumbre auspiciada en su convocatoria y liderada en sus conclusiones por este Gobierno. Otro ejemplo no sólo de diálogo, también de acuerdo y de movilización, es el Pacto por Andalucía, patrocinado por el presidente Griñán.

Sin duda, el Acuerdo por el Progreso Económico y Social, firmado con la patronal y los sindicatos, constituye el elemento central del Pacto por Andalucía. También está rubricado el Pacto con el sector agroalimentario, el Pacto por el Turismo, el Pacto por la Cultura y el Pacto por la Igualdad, tan necesario en un momento de avance de las desigualdades sociales.

La voluntad del Gobierno autonómico es cerrar un Pacto por Andalucía sin exclusiones y que represente el sentir y las aspiraciones del conjunto de la sociedad andaluza. Para pactar hay que tener voluntad de consenso y capacidad para hallar puntos de encuentro. En este gran acuerdo caben todos y todas. Es el momento de sumar, de entendernos, de fortalecer las instituciones y de volver a poner la economía al servicio de la democracia; es decir, de restablecer el valor de la política.

En este camino del diálogo y participación colectiva se ha iniciado el trámite de la Ley de Transparencia, un nuevo y ambicioso avance en una práctica que Andalucía viene desarrollando con éxito y que la ha colocado como una de las comunidades autónomas más valoradas. Es una medida de mejora de la calidad de nuestra democracia que otorgará más control, más poder y más voz a la ciudadanía y que nace con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana.

Este debate sobre el Estado de la Comunidad se presenta como un momento para demostrar la utilidad de la política, para acercar la gestión de lo público a la ciudadanía y para encontrar puntos de encuentro que permitan encarar entre todos la recta final de esta crisis sin dejar a nadie en la cuneta.


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