Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la organización y funcionamiento de los puntos de encuentro familiar (PEF), con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que prestan por derivación judicial a los progenitores e hijos en situaciones de conflicto o problemas difíciles de convivencia.
La norma crea un marco único y homogéneo que incrementa la transparencia y mejora el cumplimiento de las resoluciones judiciales en este tipo de situaciones. Establece así el procedimiento de intervención de los puntos de encuentro, que se constituyen como un espacio idóneo y neutral para garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus progenitores o familiares que no dispongan de su custodia.
De acuerdo con el decreto, los puntos prestan un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de esta intervención se limita a un período máximo de 18 meses, prorrogable mediante resolución del órgano judicial correspondiente. Además, los PEF ofrecen orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias mejoren sus relaciones y superen la situación de conflicto.
El texto, elaborado por la Consejería de Justicia e Interior, regula las intervenciones de los profesionales en el régimen de visitas, tanto tuteladas (en las que estará presente al menos uno) como no tuteladas; la supervisión en la entrega y recogida de los menores y en su acompañamiento excepcional fuera de las dependencias, y la intervención específica en episodios de violencia de género. Para estos casos, que actualmente motivan casi un tercio de las actuaciones, se disponen medidas que evitan el contacto entre agresor y víctimas en los PEF. Además se fija un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas al inculpado o penado.
La norma también exige que los PEF dispongan de un reglamento de funcionamiento interno, que deberá ser aprobado por la Administración autonómica, y de un equipo técnico multidisciplinar compuesto por un mínimo de tres profesionales. Respecto al horario, permanecerán abiertos como mínimo los fines de semana y dos días laborables por la tarde, uno de ellos viernes, con el fin de facilitar la conciliación con la vida laboral y escolar. El decreto establece un plazo de tres meses para la adaptación a los nuevos requisitos.
La red de PEF de la Junta, con un presupuesto para este año de 987.227 euros, cuenta con sedes en todas las capitales de provincia y en las ciudades de Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga). Desde su creación en 2008, el servicio ha atendido a un total de 9.909 menores, en su mayoría menores de 10 años. Además, ha tramitado más de 7.910 expedientes relacionados con ellos y sus familiares, tareas para las que el Ejecutivo andaluz ha destinado más de 6 millones de euros.
El 32% de los servicios prestados por los PEF están relacionados con órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia de género, que afectan directamente al 35% de los menores atendidos. Por modalidades, el 36% de las intervenciones corresponden a entregas y recogidas con pernocta, el 33% a visitas tuteladas, el 22% a entregas y recogidas sin pernocta y el 9% a visitas no tuteladas.