El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, presentará el próximo jueves ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). El Gobierno andaluz ha autorizado hoy definitivamente su interposición, una vez adaptado el texto al informe del Consejo Consultivo de Andalucía.
El recurso, que mantiene los motivos de impugnación, se centra en 25 artículos y disposiciones que, a juicio del Consejo de Gobierno, alteran el marco competencial vigente, vulneran el principio descentralizador recogido en la Constitución Española y dejan la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones locales.
El Gobierno andaluz toma esta decisión al interpretar que la norma estatal es un ataque frontal a las competencias de la comunidad autónoma y a la capacidad de autogobierno de las entidades locales, ancladas en el Estatuto de Autonomía y su posterior desarrollo legislativo. Asimismo, supone una recentralización y un control por parte del Gobierno de la nación, de modo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el que evalúe el coste de todos los servicios. Según la LRSAL, la competencia de los mismos será municipal sólo si las cuantías son "competitivas", lo que abre las puertas a la privatización.
Los efectos de la reforma local se notarán especialmente en los 691 municipios de menos de 20.000 habitantes (el 89,5% del total). Estas pequeñas y medianas localidades, con una población que supera los tres millones de personas, podrían perder buena parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, mientras que los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes (66% del total) quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.
El Consejo de Gobierno recuerda que la norma estatal afecta directamente al desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010. La primera, considerada como el 'Estatuto de los Ayuntamientos', concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio y delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Administración autonómica. Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando las decisiones y prioridades de gasto de los ayuntamientos.
El Ejecutivo andaluz considera que el desarrollo de la LRSAL pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia. Los ámbitos de gestión más amenazados son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo. Sólo en servicios sociales (guarderías, ayuda a domicilio y pequeñas residencias de mayores, entre otros), la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas.
El impacto financiero de esta ley para las arcas autonómicas, que deberán asumir el coste de los servicios que se sustraen a las competencias municipales, se estima inicialmente en unos 600 millones (330 corresponden a educación, 162 a políticas sociales y 16 al transporte público).