El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que regula la protección y vigilancia de los edificios públicos de uso administrativo de la Junta de Andalucía para evitar intrusiones de personas con acceso no autorizado.
La norma, que sustituye a la vigente desde 2003, se adapta a los nuevos marcos reguladores estatal y europeo sobre instalaciones de seguridad, así como a los cambios tecnológicos de los últimos años en esta materia. Alrededor de 600 edificios de la Junta, entre los que se incluyen los servicios centrales, las delegaciones provinciales y las oficinas comarcales agrarias y de empleo, estarán sujetos al nuevo decreto.
El texto establece el conjunto de reglas y procedimientos relativos a las medidas que deben adoptarse en cada tipo de edificio destinado a oficinas y dependencias auxiliares, en función del nivel de riesgo de cada instalación y con un criterio homogéneo.
De acuerdo con lo dispuesto en la norma, la Junta garantizará los medios necesarios para desarrollar las tareas de control y vigilancia, como viene realizando hasta ahora. Además, los equipos y sistemas de seguridad de carácter técnico instalados tendrán que contar con un plan de mantenimiento que garantice su correcto funcionamiento.