María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre la repercusión del anteproyecto de la Ley de Reforma Fiscal elaborado por el Gobierno de España. En su exposición, Montero ha subrayado que Andalucía no aceptará una mayor autonomía fiscal si no va acompañada de un nuevo modelo de financiación que garantice los recursos mínimos para los servicios públicos que prestan las administraciones autonómicas. A juicio del Ejecutivo andaluz, lo contrario supondrá un perjuicio para la comunidad, que tendría que incrementar la presión impositiva para recaudar lo mismo que regiones con más renta.
La titular de Hacienda ha señalado que el alcance de la reforma planteada por el Gobierno es muy limitado, conllevará unos ingresos públicos aún menores y “penalizará la actividad económica y el empleo en la comunidad”. En este sentido, ha alertado de que la merma de ingresos podría conllevar más recortes en los gastos para cumplir los objetivos de déficit impuestos a las comunidades autónomas.
María Jesús Montero ha criticado la pérdida de progresividad en el sistema fiscal, al recortar sobre todo impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes de rentas elevadas. De igual modo, ha destacado que la reforma no avanza en la simplificación de la legislación impositiva, retrocede en la dualidad de la tributación de las rentas del capital y las rentas del trabajo y no aborda el problema del fraude fiscal, cuyo impacto estimado en el conjunto del Estado se acerca a los 90.000 millones de euros.
“Una reforma fiscal seria debe hacerse pensando en garantizar los ingresos del sistema para pagar los servicios públicos, repartir de una forma justa las cargas para que no recaigan en los que menos tienen y fomentar la actividad económica”, ha subrayado la consejera, quien también ha lamentado que habrá ganadores y perdedores, pues no hay una bajada generalizada de impuestos –como defiende el Gobierno central– sino un beneficio para las grandes empresas, que tendrán una bajada del 30% al 25% en el Impuesto de Sociedades, y las rentas altas, ya que desaparece la progresividad del IRPF para ingresos superiores a 60.000 euros. “Una de las conclusiones de esta reforma es que las clases medias pagarán la rebaja a las rentas altas”, ha declarado Montero.
Entre las medidas que perjudican a las clases medias, la titular de Hacienda ha destacado la tributación de las indemnizaciones por despido improcedente a partir de los 2.000 euros por año trabajado, la supresión de deducciones por alquiler de viviendas y la eliminación de la exención por los primeros 1.500 euros por dividendos, que favorecía especialmente a los pequeños ahorradores. A juicio de la consejera, las clases medias y trabajadoras pierden tanto por la vía directa (la bajada es testimonial en relación con lo que se reduce a las grandes empresas y las rentas altas) como por la indirecta (la reforma conlleva un debilitamiento estructural de los servicios públicos y las políticas de igualdad de oportunidades).
Por todo ello, María Jesús Montero ha valorado negativamente el anteproyecto de reforma y ha avanzado que así lo trasladará al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne en Madrid el próximo jueves. En este órgano, el Gobierno andaluz mostrará su rechazo a una propuesta que no ataja el fraude, ni obtiene los recursos necesarios para sostener los servicios públicos, ni compensa las subidas de impuestos acumuladas por el Ejecutivo central, cuyo coste medio para las familias es de alrededor de 950 euros anuales, frente a la media de 250 euros que aportará la reforma a cada contribuyente.