El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que refuerza el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Esta instancia, creada en 2011 para la resolución extrajudicial de recursos especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad en el ámbito de la contratación pública, cambiará su carácter de órgano unipersonal para convertirse en colegiado. A partir de ahora, además de la persona titular de la presidencia, contará también con dos vocales.
Esta medida ya estaba prevista en el decreto de creación del tribunal, que facultaba al Consejo de Gobierno para modificar su estructura en caso de que el volumen de asuntos tramitados así lo aconsejara. Durante sus dos años y medio de funcionamiento, el órgano ha tramitado 633 recursos y ha dictado 453 resoluciones. La actividad se ha incrementado desde los 144 recursos recibidos en 2012 hasta los 243 el pasado ejercicio y los 246 a 30 de julio de este año. Así, en los siete primeros meses de 2014 se han presentado más recursos que en todo 2013. Actualmente el promedio es de 36 al mes.
Junto con la ampliación de la estructura, el decreto aprobado hoy reconoce también al tribunal autonómico la competencia para resolver asuntos de aquellas entidades locales que no cuenten con órganos propios o no hayan atribuido estas funciones a los de las diputaciones provinciales, sin necesidad de suscribir un convenio de colaboración como hasta ahora.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, de carácter especializado y plena independencia funcional, tiene como principal objetivo evitar los perjuicios que para el interés general pueden derivarse de una paralización prolongada de las adjudicaciones en el sector público. Al ofrecer una vía de resolución rápida y extrajudicial, mejora la eficacia de los procedimientos de recursos, además de favorecer su interposición por las personas o empresas candidatas y licitadoras.
Adscrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el órgano también tiene potestad para asumir, previa firma de convenios, recursos contractuales de otros ámbitos, como los del Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual de Andalucía, las universidades públicas y las entidades locales.
Con el fin de garantizar la independencia, imparcialidad y cualificación del tribunal, así como su carácter profesional e inamovible, los integrantes se nombran entre personal funcionario de carrera con licenciatura o grado en Derecho. Sus plazas se incluyen en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía.
Para el presidente se exige una experiencia de más de 15 años y para los vocales 10, preferentemente en ámbitos del Derecho Administrativo relacionados con la contratación pública. En los dos casos, la normativa regula las causas tasadas y los procedimientos para posibles ceses.