El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la tramitación de la proposición de Ley de Renta Social Básica, presentada por varios ayuntamientos de la comunidad autónoma, y de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regulación de un Sistema de Renta Básica para la Inclusión en Andalucía, promovida por una plataforma ciudadana. El Ejecutivo andaluz señala que ya está trabajando en la elaboración del anteproyecto de ley sobre esta misma materia.
El texto que prepara la Junta, que se enviará al Parlamento antes de que finalice el periodo de sesiones de 2016, establece medidas para asegurar condiciones de vida dignas a todas las personas en riesgo de exclusión social. Su elaboración responde al mandato del grupo de trabajo constituido la pasada legislatura en la Cámara autonómica, que instó al Gobierno andaluz a garantizar por ley una prestación económica sustitutoria del actual salario social en tanto el Ejecutivo central regula la renta básica como derecho para todo el país.
La futura ley priorizará los recursos disponibles para satisfacer las necesidades básicas de los sectores de la población más vulnerables, con especial atención a las familias con menores en las que haya parados de larga duración, no perceptores de prestaciones o subsidios.