Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno de la Junta
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha informado al Consejo de Gobierno de la propuesta remitida al Ministerio de Hacienda, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y a la Intervención General del Estado, sobre la aplicación correcta de la regla de gasto. Con esta metodología el Gobierno andaluz cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la vez que le permite un incremento de los recursos destinados a los servicios públicos fundamentales y a la inversión y la creación de empleo en el presupuesto de la comunidad autónoma para 2016.
Para el Gobierno andaluz es una prioridad que el incremento de la financiación vaya a aumentar el gasto para estimular la actividad económica y combatir el desempleo, y no a preamortizar la deuda con los bancos, especialmente teniendo en cuenta que la deuda de Andalucía está 2,5 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas.
El presidente del Gobierno anunció que Andalucía tendría 1.712 millones más en 2016, pero la aplicación incorrecta de la regla de gasto por parte del Gobierno central supone que habría que destinar un 70% de esa cantidad al déficit y a la deuda. La propuesta andaluza permitiría disponer de la totalidad del aumento de estos ingresos al excluir del gasto computable de referencia los fondos del modelo de financiación que cubren los servicios públicos fundamentales, el Fondo de Compensación Interterritorial y el Fondo de Cooperación.
Además, la Junta reclama que al calcular la regla de gasto sobre la tasa de referencia del PIB potencial durante 10 años, se computen las liquidaciones del sistema de financiación en el año en el que se efectuaron las entregas a cuenta. Del mismo modo, plantea una cláusula de salvaguarda que suponga excluir del cómputo un determinado porcentaje para destinarlo a inversión pública.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que “7 de cada 10 euros irían al déficit y a la deuda”. Además, el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, afirmó que “la Junta puede aumentar el gasto un 1,8%”. Si se tiene en cuenta que la cuantía del gasto no financiero del presupuesto de la Comunidad asciende a 29.625 millones de euros, un incremento del 1,8%, tal y como señaló el delegado del Gobierno, supondrían 533 millones más en el presupuesto de 2016. Lo que se aleja de la cifra de 1.700 millones que anunció Mariano Rajoy. Una aplicación dura de la regla de gasto en este momento del ciclo económico impediría que los ciudadanos se beneficien de la recuperación y de la mejora de los ingresos en los próximos presupuestos de la Comunidad.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, criticó tras el último CPFF la pretensión del Gobierno central de obligar a las comunidades autónomas a aplicar en 2016 de forma incorrecta la regla de gasto, lo que supondría “dedicar el incremento de la financiación prevista a preamortizar por adelantado el pago de la deuda a los bancos, en lugar de destinarlo a estimular la actividad económica y a combatir el desempleo”. Y se comprometió, cumpliendo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a proponer una metodología para aplicar correctamente la regla de gasto sin lastrar el crecimiento y la creación de empleo en Andalucía. Con la metodología elaborada por la Consejería de Hacienda y remitida al Ministerio, de los 1.700 millones se dedicarán al ajuste del déficit 570 millones, y el resto podrá dedicarse a estimular la actividad económica y a fortalecer los servicios públicos