Bloque de vivienda protegida del parque público autonómico.
El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía.
El Ejecutivo andaluz recuerda que la lucha contra los desahucios es una de sus prioridades y, en coherencia, ya está desarrollando diferentes iniciativas en esta materia. Entre ellas figura el proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, aprobado el pasado 28 de julio. Esta norma impulsará la resolución extrajudicial de conflictos con las entidades financieras, bien a través de la mediación previa o en una segunda instancia con un arbitraje de consumo. Se ofrecen así distintas posibilidades, en contraste con la propuesta de Podemos de imponer la mediación obligatoria a las entidades financieras, que resulta contraria a la naturaleza de esta fórmula y excede las competencias autonómicas.
Igualmente, continúa la tramitación del anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, que introducirá la novedad de facilitar a la Administración el derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria. Esta medida comenzará a aplicarse en 2016 y contará con una primera partida de cuatro millones de euros.
Ambas normas completarán el marco normativo más avanzado sobre esta materia en el conjunto de las comunidades autónomas, que se inició en 2013 con la Ley de la Función Social de la Vivienda, ahora parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso del Gobierno de España. Sólo en los tres meses que estuvo vigente, esta norma permitió mantener a 39 familias en sus viviendas mediante expropiaciones temporales del uso de las mismas a las entidades de crédito responsables de los lanzamientos hipotecarios. Además, se tramitó otro centenar de solicitudes.
En la misma línea, la Consejería de Fomento y Vivienda estableció a finales de 2014 una línea de ayudas al alquiler para personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, con una dotación total de 3,77 millones de euros. Este departamento también ha atendido durante los últimos cuatro años a 10.372 ciudadanos a través de su red de oficinas de prevención, intermediación y protección en materia de vivienda.
Al margen de las medidas específicas contra los desahucios, actualmente se elabora el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación, que centrará sus prioridades en evitar la exclusión social y facilitar condiciones asequibles de acceso para las familias. Su aprobación está prevista para el primer trimestre de 2016 y contará con una dotación presupuestaria de unos 750 millones de euros.
Configurado como un instrumento de política social, el plan incluirá ayudas al alquiler que facilitarán el pago de hasta el 40% de las rentas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM y del 100% en grupos de especial protección. Estas subvenciones atenderán prioritariamente a las personas afectadas por desahucios de sus viviendas.
Garantía de suministros
En cuanto a la pobreza energética, el Gobierno andaluz recuerda que ya desarrolla un programa de garantía de suministros mínimos con ayudas orientadas a prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. Entre ellas se incluyen las destinadas a cubrir contingencias en las necesidades de subsistencia de aquellas personas o familias que, por razones sobrevenidas o falta continuada de recursos, no pueden hacer frente a gastos específicos de energía eléctrica, suministro de agua, reparaciones básicas urgentes en las viviendas y alquiler cuando hay riesgo de desalojo. Desde su puesta en marcha en 2013, la Junta ha invertido casi 13 millones de euros en esta iniciativa.
Asimismo, la Junta ha adoptado durante los últimos dos años otras medidas urgentes destinadas a los sectores más desfavorecidos de la población. Entre ellas destaca el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación que, con un presupuesto anual de 40 millones y gestionado por los ayuntamientos, ha permitido la formalización de 26.000 contratos por ejercicio.
Por su parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria ha puesto al alcance de las familias más vulnerables diferentes mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación. La iniciativa ha supuesto el beneficio directo a unos 51.600 menores en situación de riesgo (27.600 este año), gracias al programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano.
Por último, el impulso a las Ayudas Económicas Familiares, a través de convenios con entidades locales, permitió el pasado año la atención de las necesidades básicas de 14.898 familias y 27.526 menores, con un presupuesto de seis millones de euros.