La Junta de Andalucía estudia recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que regula la reválida de 6º de Educación Primaria por graves defectos en su proceso de tramitación y consulta con las comunidades autónomas. La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha informado al Consejo de Gobierno sobre los efectos que puede tener esta normativa básica, aprobada sin el informe de la Conferencia Sectorial y sin el consenso necesario. Los servicios jurídicos de su departamento analizan actualmente la fórmula más oportuna para lograr la retirada o derogación. Con carácter previo a la presentación del posible recurso, la Consejería dirigirá un requerimiento formal al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La consejera ha subrayado que el modelo de reválida recogido en el Real Decreto va a provocar incertidumbre, inquietud y tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado, además de afectar negativamente al normal desarrollo del calendario escolar por su complejidad organizativa y un coste económico sin financiación estatal.
La norma estatal impone a las comunidades autónomas la obligación de diseñar, aplicar y corregir unos exámenes destinados al alumnado de 6º de Primaria. A juicio de Adelaida de la Calle, es dudoso que estas pruebas impuestas por el Ministerio sirvan para valorar adecuadamente si el alumnado ha alcanzado los objetivos generales de la etapa, ya que se realizan sólo sobre dos de las ocho competencias básicas establecidas para la Educación Primaria.
La consejera ha destacado que la evaluación tampoco aportará información decisiva para la detección temprana de las necesidades del alumnado, ya que se lleva a cabo al final del último curso de la etapa y, por tanto, demasiado tarde para que se adopten medidas en esta materia. En este sentido, ha asegurado que una única prueba de estas características tampoco parece ser el instrumento adecuado para proporcionar una información válida, fiable y distinta a la que el profesorado aporta en su informe final individualizado para cada alumno a final de etapa.
La titular de Educación ha subrayado, asimismo, que con esta reválida el alumnado de Primaria recibirá una calificación final expresada en términos muy reduccionistas, sin considerar su progreso individual ni su proceso de adquisición de las competencias correspondientes, por lo que se pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que debe aplicarse. Asimismo añade que no respeta la autonomía de los centros educativos y no servirá para mejorarlos, ya que es imposible hacer una valoración de un centro sólo a partir de resultados parciales.
A juicio de la consejera, esta medida pone en evidencia una clara tendencia al centralismo y una imposición de criterios de valoración contrarios a la adecuación del proceso educativo al contexto, siguiendo modelos pedagógicos orientados únicamente a la superación de las pruebas y que dejan sin valor el resto de enseñanzas.
Por último, De la Calle ha recordado que la evaluación del sistema educativo es imprescindible para conocer y mejorar su funcionamiento y sus resultados, así como para poner en valor los conocimientos adquiridos, pero nunca para establecer ‘rankings’ competitivos entre el alumnado o territorios, tal y como permite este decreto.