El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con una multa de 300.000 euros al titular de una oficina de farmacia de la provincia de Cádiz por comercializar y distribuir, como almacén mayorista no autorizado, medicamentos que previamente adquiría para su negocio a los proveedores legales.
La Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos sanitarios tipifica como infracción muy grave realizar, por parte de las oficinas de farmacia, actividades de distribución de medicamentos a otras oficinas de farmacia, almacenes mayoristas autorizados, u otras entidades, centros o personas físicas sin autorización para la actividad de distribución, o bien la realización de envíos de medicamentos fuera del territorio nacional.
La sanción acordada hoy se impone en su grado máximo al concurrir, además, cir-cunstancias agravantes de fraude, incumplimiento de las advertencias previas, perjuicio causado, permanencia o transitoriedad de los riesgos y beneficio obtenido con la infracción, entre otras.
El procedimiento sancionador fue iniciado en 2014 por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz, a raíz de la labor realizada por el Servicio de Inspección de la Consejería de Salud. Durante el pasado año, los profesionales de este cuerpo realizaron 26 inspecciones a oficinas de farmacia por distribución de medicamentos o ventas sin receta en la comunidad autónoma. Cinco de ellas motivaron la apertura de expedientes sancionadores.