Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno de la Junta
El Consejo de Gobierno ha acordado, por tercera vez, mostrar su disconformidad respecto a la toma en consideración de la proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). La propuesta es prácticamente idéntica a las que ya rechazó el Ejecutivo autonómico el pasado 19 de junio de 2015 y el 5 de abril de este año, con la única salvedad de que pospone la entrada en vigor al 1 de enero de 2017. Por esta razón, al no afectar al presupuesto autonómico vigente, el criterio del Consejo no implica ahora el rechazo a su tramitación.
El nuevo texto vuelve a plantear la modificación del régimen de personal dotando a la Cámara de un estatuto propio para sus empleados, medida que podría implicar una mejora de las condiciones de este colectivo respecto del resto de trabajadores públicos, en contra de la equiparación que defiende el Gobierno andaluz, además de no estar justifica-da en tiempos de restricciones presupuestarias.
Asimismo, IULV-CA reitera la propuesta de atribuir nuevas funciones al organismo, lo que conllevaría un aumento de sus necesidades y de los créditos presupuestarios para atenderlas. Por otro lado, el texto posibilita de forma discrecional acudir a contrataciones externas para la elaboración de informes, estudios y comprobaciones.
El Consejo sigue considerando totalmente inviable anticipar al 30 de abril la pre-sentación de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, que actualmente debe enviarse a la Cámara antes del 30 de septiembre (conforme a lo dispuesto en la vigente legislación autonómica). Esta imposibilidad se deriva de que las sociedades de capital y las fundacio-nes disponen hasta el mes de junio para aprobar sus cuentas y remitirlas a la Intervención General, que las verifica o en su caso las subsana antes de la formación de los documentos finales.
En definitiva, el Ejecutivo andaluz subraya que la actual proposición de ley mantie-ne vigentes los criterios que ya motivaron su posición contraria. Según establece el Reglamento del Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no con la tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.