La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha reclamado hoy al Gobierno en el Parlamento autonómico “un gran acuerdo contra la sangría de los desahucios que implique a todas las autonomías” y que comience con una quita hipotecaria “que alivie la situación de asfixia financiera de las familias, lo que a su vez animará la economía”, y con la paralización de los desalojos de la vivienda habitual.
En la comparecencia parlamentaria sobre las alegaciones de la Consejería al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) del Ministerio de Fomento, Cortés ha afirmado que los datos de actuaciones judiciales en materia de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con 67.189 lanzamientos ordenados en 2013 en España, “evidencian una realidad de vulneración masiva del derecho a la vivienda inasumible para las instituciones democráticas”. “El PITVI del Gobierno es totalmente ajeno a esta realidad”, ha señalado la consejera.
“Efecto disuasorio” en Andalucía
Cortés ha reclamado además la derogación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. “No se puede mantener el desahucio exprés para inquilinos cuando los datos del CGPJ ponen sobre la mesa que la mitad de los desalojos son de alquiler”, ha señalado la consejera, que ha instado además al Gobierno central a retirar el recurso contra la Ley de Función Social de la Vivienda, que tenía “un efecto disuasorio sobre todos los desahucios” en Andalucía.
En este sentido, la consejera ha recordado que la cifra de lanzamientos en Andalucía en 2013, según el CGPJ, ascendió a 9.266, un 13,79% del total estatal, por lo que ha calificado de “inaceptable” que el Gobierno haya recurrido una norma que “defendía de forma efectiva el derecho a la vivienda”. Cortés ha señalado que los datos del CGPJ apuntan al “efecto disuasorio que la presión social y las medidas del Gobierno andaluz”, entre las que ha citado la Ley de Función Social de la Vivienda y el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, han mostrado frente a los desahucios.
Así, ha señalado que en Andalucía, según el CGPJ, se han producido en 2013 4.280 lanzamientos por ejecución hipotecaria de un total de 18.321 procesos iniciados de ejeución, lo que supone un 23,36%, casi ocho puntos menos que en el total estatal, con 25.881 lanzamientos por ejecución hipotecaria de 82.860 aperturas de expedientes (31,15%). En sólo dos comunidades, y además poco pobladas comparativamente como Navarra y Extremadura, este porcentaje es menor que en Andalucía. Cortés ha señalado que “la decidida acción institucional sumada a la movilización de la sociedad civil organizada” puede paliar la sistemática vulneración del derecho a la vivienda, por lo que ha considerado “desleal” que el Gobierno central “haya forzado la paralización” de la Ley de Función Social de la Vivienda.
“Marginación de Andalucía” en infraestructuras
Cortés ha afirmado que el PITVI “consagra de hecho la mercantilización de la vivienda”, a la que relega a un “papel secundario” a lo largo de todo el documento. En cuanto a las infraestructuras de transporte, la consejera ha detallado las alegaciones presentadas, censurando que la planificación del Ministerio de Fomento “margine a Andalucía” en el reparto de la inversión en infraestructuras vertebradoras, especialmente las ferroviarias, capaces de generar actividad productiva y empleo.
La consejera ha señalado también que el “interés esbozado” por el PITVI en la promoción del transporte público colectivo “no se traduce en actuaciones concretas”.
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