La consejera comparece después de la reunión del consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán Carazo, ha informado en el Consejo de Gobierno del programa de Fomento del parque de vivienda en alquiler a precio asequible, cuyas primeras obras ya han empezado. El pasado octubre se resolvió la convocatoria de 2019 para la concesión de subvenciones destinadas a la construcción de 722 inmuebles en siete provincias andaluzas, ya que Jaén no concurrió a la convocatoria. La subvención ascendió a 19,8 millones de euros, financiados por la Junta de Andalucía y por el Plan estatal de vivienda 2018-2021 y ha incluido 23 propuestas de promotores (22 públicos y uno privado).
Además, el informe presentado hoy en el Consejo de Gobierno detalla que habrá una nueva convocatoria en el primer cuatrimestre de 2020 con 22 millones de euros en ayudas y una estimación de entre 900 y 1.000 viviendas en alquiler asequible en Andalucía “porque para el nuevo Gobierno andaluz es una prioridad el fomento del alquiler a precio asequible para paliar la subida de los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes”, según ha explicado Marifrán Carazo.
La consejera ha defendido la puesta en marcha de estas iniciativas frente a las “medidas intervencionistas que pretende poner en marcha el Gobierno de España con la limitación de los precios del alquiler”. “Esta medida ha sido un fracaso en grandes ciudades europeas e incluso la Comisión Europea ha puesto en duda porque conlleva efectos no deseados en la oferta de pisos y en los precios”. Al hilo de ello, ha demandado, como ya hiciera el pasado viernes en un encuentro con el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que se convoque con urgencia la Conferencia Sectorial de Vivienda.
Marifrán Carazo ha insistido que este foro es el adecuado “para consensuar las políticas de viviendas con las comunidades autónomas, que tienen competencias en la materia” para evitar que las medidas intervencionistas “puedan dañar más a un sector que ha sufrido mucho durante la crisis y a unos ciudadesno que tienen derecho a acceder a una vivienda digna a un precio asequible”.
Además, el documento detalla que habrá una nueva convocatoria en el primer cuatrimestre de 2020 con 22 millones de euros en ayudas y una estimación de entre 900 y 1.000 viviendas en alquiler asequible en Andalucía, un modelo “prioritario” para el Gobierno andaluz “para paliar la subida de los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes”, explica el informe.
En los planes andaluces anteriores, de 2003-2007 y 2008-2012, se hicieron promociones públicas y privadas, sin que las ayudas estuvieran garantizadas, según el informe, por lo que se calificaban promociones que luego no obtenían la ayuda, y que en muchos casos decaían. De 2012 a 2016 no hubo Plan de Vivienda en Andalucía y, por tanto, durante cuatro años se paralizaron todas las ayudas para la promoción.
Ante este panorama y frente a propuestas de limitación de precios de alquiler, añade el documento, el nuevo Gobierno andaluz apuesta por el incremento de oferta pública de viviendas en alquiler a precio asequible y de ahí la puesta en marcha del programa Fomento del parque de alquiler, por el que se promueve la construcción de nueva vivienda en este régimen durante 25 años, para familias con ingresos limitados.
Es la primera vez que se pone en marcha en Andalucía un procedimiento para promover vivienda a precio asequible en alquiler con todas las garantías presupuestarias tanto para los promotores públicos -ayuntamientos y empresas públicas municipales- como para los privados, fundaciones u organizaciones no gubernamentales que concurran a la convocatoria. Las viviendas resultantes de estas actuaciones serán calificadas como protegidas en alquiler, en régimen general o especial a precio asequible durante 25 años.
Hasta el 40 por ciento del coste de la vivienda
En mayo de 2019, se redactaron y aprobaron las bases reguladoras para que se cumplieran los requisitos de publicidad y concurrencia y posteriormente se publicó la convocatoria. Se trata de un programa, en el que se subvenciona al promotor a fondo perdido con hasta el 40 por ciento del coste de la vivienda, hasta 36.000 euros por vivienda. La inversión total en la primera convocatoria es es de 64,3 millones de euros con lo que aportan los ayuntamientos y el promotor privado.
Esto significa que da luz verde a la promoción y facilita el acceso a la financiación al promotor, dado que se reduce en un 40 por ciento lo que debe disponer y, además, el pago del 50 por ciento de la subvención es previo, en el inicio de la construcción. La renta que se percibe por el alquiler oscila entre 175 y 325 euros al mes, con una superficie de vivienda de hasta 70 metros cuadrados (tres dormitorios).
Las viviendas que se acogen a este programa se pueden construir de mayor o menor precio (régimen general o especial). Dependiendo de ello, el precio se limita y se establece en correspondencia con los ingresos de las familias. Así pueden acceder a estos alquileres, personas con ingresos ponderados de 9.000 a 26.000 euros anuales. En esta convocatoria, las promociones se ubican en capitales de provincia y municipios rurales, en la costa y en el interior. Se considera una medida importante para luchar contra el desafío demográfico, ua que posibilita a los municipios menores construir viviendas nuevas.
La primera convocatoria, en marcha
De la primera convocatoria, a la que podían concurrir promotores públicos y privados, fundaciones y ONG, se aceptaron 23 propuestas de promotores (22 públicos y uno privado). Málaga es la que provincia con mayor número de actuaciones (ocho) para edificar 502 viviendas. La mayoría de promociones se localizan en la capital, donde se levantarán 476 viviendas, mientras que el resto son actuaciones de ayuntamientos o empresas municipales de Alameda (10), Teba (10) y Almargen (6).
Cádiz contabiliza la construcción de 71 viviendas repartidas en tres promociones situadas en la capital gaditana (28), Conil de la Frontera (28) y San Fernando (15). A continuación, le sigue la provincia de Granada, con 45 viviendas previstas en dos actuaciones, 35 en la capital y diez en Puebla de Don Fadrique.
La provincia de Huelva tiene reconocidas dos promociones en Aracena que suman otros 46 inmuebles. Por su parte, Sevilla contabiliza 23 viviendas repartidas en tres actuaciones en Pedrera (10), Morón de la Frontera (10) y la capital hispalense (3), mientras que en la provincia de Córdoba son dos los promotores para 22 viviendas en Hornachuelos (16) y Villa del Río (6). Por último, en Almería se han concedido tres promociones para la construcción de 13 viviendas en Zurgena (6), Lubrín (5) y Fines (2). Esta última ha sido la única que ha prosperado su puesta en marcha por un promotor privado en Andalucía
Los proyectos son de nueva construcción o de rehabilitación de edificios en desuso y se ha primado las características arquitectónicas del proyecto para lograr viviendas asequibles garantizando el máximo bienestar de las familias.
240 millones abonados en pagos pendientes
Por otra parte, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio también ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre las cantidades abonadas por deudas u obligaciones derivadas de la anterior legislatura durante el año 2019. En este periodo se han atendido obligaciones de pagos anteriores a 2018 que ascienden a un importe de más de 240,8 millones de euros.
De esta cuantía, la mayoría procede de sentencias judiciales derivadas de litigios de anteriores mandatos más los intereses generados, donde se incluye, entre otros conceptos, la sentencia de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Además, se han incluido otras deudas pendientes de la anterior legislatura, como los pagos de justiprecios e intereses de demora de expropiaciones; acuerdos extrajudiciales y reclamaciones económicas de la anterior legislatura; pagos por certificaciones contractuales y liquidaciones de contratos o adeudos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), devengados con anterioridad al año 2018.
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