El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo Baena, ha pedido la reactivación inmediata e inaplazable del proceso de reforma del sistema de financiación autonómica. Bravo ha hecho esta petición en la sesión plenaria del Parlamento Andaluz, donde ha informado sobre las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado 7 de febrero. El CPFF debe ser “el foro multilateral donde debe realizarse la negociación del nuevo sistema, abandonando así opacas negociaciones bilaterales”. Por ello, el Ministerio debe trasladar “la nueva arquitectura del sistema, los escenarios cuantitativos y el cronograma de implantación”, ha recordado Bravo.
El Gobierno andaluz reclamó al Ministerio de Hacienda en el último CPFF que permitiera la vuelta a los mercados de la comunidad autónoma, para lo cual “se nos ha emplazado a una futura reunión que permita buscar fórmulas para ello”. La Consejería de Hacienda ya ha solicitado por carta, remitida el pasado viernes 14, esta reunión específica “que nos ayude a buscar una solución para la salida progresiva a los mercados financieros en términos similares a los que estaban establecidos para nuestra comunidad”. Aunque “el daño reputacional ya está hecho, y se podría haber evitado si se hubieran atendido las peticiones de encuentro que solicitamos al Ministerio desde finales de 2019, esperamos que ahora el Gobierno central acceda a mantener este encuentro a la mayor brevedad posible”, ha subrayado el consejero de Hacienda.
Por otro lado, el Ministerio trasladó a las comunidades autónomas una reconsideración de la senda de consolidación de las cuentas públicas, de manera que el objetivo de déficit de 2020 para las comunidades se sitúa en el 0,2%, dos décimas más que la senda anterior que fijaba equilibrio presupuestario, fijando en 2021 un objetivo de déficit del 0,1% y posponiendo hasta 2022 y 2023 el equilibrio presupuestario. “El Gobierno andaluz trasladó su inquietud, ya que el déficit público debería ser un instrumento de último recurso para las Administraciones Públicas”, ha alertado el consejero de Hacienda, Industria y Energía.
Junto a ello, Bravo ha apuntado que “primero deberíamos valorar si las comunidades autónomas tenemos ingresos suficientes para afrontar el ejercicio presupuestario, y después determinar nuestra necesidad de endeudamiento, ya que éste tiene costes elevados a largo plazo y solo deberíamos hacer uso de él de forma extraordinaria”.
Bajo esta premisa, el Gobierno andaluz ha pedido que “se comuniquen las entregas a cuenta definitivas correspondientes al ejercicio 2020, ya que estos ingresos son determinantes para el cumplimiento de las reglas fiscales”. También ha denunciado “la falta de información esencial tanto sobre la flexibilización de los objetivos de déficit como la propia posición de la UE sobre los planes del Gobierno de España”.
Entre los puntos del orden del día del CPFF no figuraba abordar el asunto sobre el efecto que ha tenido el SII (denominado mes trece del IVA) en las cuentas de las comunidades autónomas, y se denegó por parte del Ministerio la solicitud de algunos representantes autonómicos de someterlo a votación para su inclusión en el orden de la sesión. Pese a ello se abordó el asunto y “la ministra negó la posibilidad de pagar a las comunidades la compensación que no se realizó en 2019 (para Andalucía el impacto ha sido de más de tres décimas de PIB, en concreto 534 millones de euros) y en su lugar propuso unas medidas que ella misma calificó como paliativas”.
De esta forma, a efectos de determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2019, no se tendrá en cuenta ni computará la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir en 2019 por el cambio normativo de 2017, y se ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de solicitar un préstamo (extra FLA) para cubrir el déficit que ha generado el impago por parte del propio Gobierno de la Nación de la liquidación durante el ejercicio 2019.
“La negativa a pagar el IVA fue contestada por la práctica totalidad de las CCAA, exigiendo el pago inmediato, máxime cuando lo que se ofrece por parte del Ministerio es más endeudamiento”, ha incidido Bravo. Desde Andalucía, además, “lanzamos una propuesta consistente en la modificación vía Real Decreto Ley del artículo 71.4 del Reglamento del IVA, en la línea de lo que ya se contemplaba en el mismo proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, permitiendo este cambio neutralizar el desfase financiero que la ampliación del plazo de declaración produjo a las comunidades autónomas”.
La Junta de Andalucía entiende que “el eventual pago del IVA adeudado ha de venir acompañado de una excepción a efectos de cómputo en la regla de gasto que permita emplear el excedente tras la amortización de deuda, en políticas sociales y transición ecológica, sin arriesgar el cumplimiento de la misma”.
El consejero ha apelado a la Cámara a acudir a dialogar con voluntad de consenso aportando soluciones y propuestas para la mejora de la financiación de la sanidad, la educación y la dependencia.
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