El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha reclamado al Ministerio de Hacienda que explique a las comunidades autónomas su margen de déficit público los años 2021 y 2022, ya que “el verdadero impacto económico del COVID-19 en las finanzas autonómicas lo notaremos durante los dos próximos años”.
Juan Bravo ha comparecido a petición propia en el Parlamento andaluz para exponer el problema que plantea el ‘horizonte 2021-22’ y presentar una “propuesta de solución” ante la postura del Gobierno de España, que mantiene para las comunidades autónomas, hasta el momento, “la misma senda de consolidación - los límites para pedir deuda - que antes de la crisis del coronavirus: un permiso de déficit del -0,2%, para 2020; del 0,1%, en 2021, y equilibrio presupuestario, para 2022”.
“Es decir”, ha explicado el consejero, “el Gobierno central mantiene las mismas reglas de una situación en la que crecíamos con moderación a un ritmo del 2%, en un nuevo escenario que supone la mayor crisis conocida en tiempos de paz”. Juan Bravo ha dado una alternativa a este planteamiento proponiendo la herramienta del ‘déficit inverso’, que supondría que “en 2020 el Estado acapare la mayor parte del déficit, sin apenas compartirlo con las comunidades autónomas, y que, posteriormente, adelante a los gobiernos autonómicos la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2020-21”.
Más de un 60% del gasto autofinanciado del presupuesto de las comunidades autónomas va destinado a sanidad, educación y dependencia. Estos gastos son muy rígidos porque las necesidades que los originan permanecen fijas a las variaciones del ciclo económico. En cambio, ha señalado Bravo, “los recursos para pagar estos gastos son muy elásticos en relación al ciclo económico: suben, cuando a las empresas, autónomos y trabajadores les va bien; y caen mucho, cuando a las empresas les va mal”.
Para enfrentar esta situación, el consejero ha propuesto “utilizar el déficit para cubrir con deuda la menor financiación de ese periodo, preservando la sociedad del bienestar, sin subir impuestos, concentrando el déficit en 2021 y volviendo en 2022 al equilibrio presupuestario”. Así, ha subrayado, “cubrimos con deuda la caída de ingresos y adelantamos un año la liquidación de 2022, manteniendo la capacidad de gasto en 2021: realizamos el ajuste fiscal en un solo año”.
Colaboración privado-pública
Juan Bravo también se ha referido a la inversión en infraestructuras públicas que, ha afirmado, “se revela como uno de los motores de recuperación, fomentando la colaboración privado-pública y priorizando infraestructuras sostenibles y estratégicas”. La inversión en infraestructuras públicas se revela como uno de los elementos clave y motores de recuperación para amortiguar ese impacto y contribuir a la generación de actividad económica, con el efecto añadido en la creación de empleo.
“Para impulsar y desarrollar esta palanca de inversión a través de la colaboración público-privada”, ha dicho el consejero, “es necesario analizar y resolver determinadas deficiencias identificadas que tiene este sistema en España, y que afectan a todas las fases del ciclo de su preparación, contratación, ejecución y terminación de contratos”.
Por eso, ha reiterado Bravo, el Gobierno andaluz propone la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, y que actualmente “constituye en la práctica un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante”.
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