Es difícil dejar pasar un día sin encontrarnos en los medios de comunicación y/o en las redes sociales alguna noticia relacionada con problemas de riesgo psicosocial, así como de salud mental, en el deporte, sea profesional sea amateur. Cuestiones como la ansiedad, el estrés o la (sobre)carga mental, incluso la depresión, vienen siendo usuales compañeras de viaje por su visibilidad y emergencia con “confesiones” de deportistas de élite, que echan de menos no solo que se les hablara de ello, sino que se les apoyara para salir de ese problema. Por citar informaciones muy recientes, un futbolista de gran proyección en Primera División de Fútbol, haciendo balance de su ascenso a los cielos (con 19 años alcanzó su sueño de jugar en la Primera División con la Real Sociedad; ganó el campeonato de Europa sub16, etc.) y su gran caída a los infiernos (en poco tiempo, la presión creada por el entorno y la falta de apoyo del club le llevó a una decadencia continuada, cayendo en las divisiones menores, hasta no poder jugar por no reclamarlo los clubes) futbolísticos, ponía la siguiente imagen muy gráfica del déficit de prevención psicosocial en estos entornos: “Cuando un futbolista tiene un esguince en el tobillo, lo esperamos hasta que se recupere. Deberíamos esperar también a un jugador que tenga un esguince mental” (Zuhaitz Gurrutxaga).
En el fútbol, ahora femenino y en relación con conductas inapropiadas, en los términos del Convenio 190 OIT, relativo a la violencia y el acoso, hemos conocido que el técnico del Alhama (de 2ª División femenina) ha sido inhabilitado por la RFEF (Federación Española de Fútbol), durante dos años. En el correspondiente expediente disciplinario se dan por probados comportamientos que habrían creado un entorno hostil y ofensivo para casi 7 de cada 10 jugadoras. También habría quedado inhabilita durante un año la directora deportiva del equipo, sea por “pasividad ante el comportamiento inapropiado del entrenador” sea igualmente por su “participación en acciones desconsideradas hacia las jugadoras, incluyendo la difusión de una fotografía inapropiada (envió por WhatsApp a toda la plantilla —en la que había una menor— de sus ayudantes desnudos en la ducha” . El 'asunto Rubiales' (ya inhabilitado definitivamente 3 años) no está solo.
Por supuesto, también el club ha recibido su sanción por no haber hecho nada a fin de evitar o, al menos, corregir tales conductas. En la Instrucción de la RFEF se ha reflejado el actuar de la ITSS de Murcia, en la medida en que gozan de presunción de certeza los hechos que constatan sus Actas. Estas constataron tal ambiente laboral hostil producido por comentarios inadecuados/despectivos/humillantes, lo que conlleva el haber creado un entorno laboral degradante u ofensivo.
Pero esos entornos hostiles no se crean solo a través de conductas internas, sino que esa violencia y acoso también procede de terceras personas, incluso del entorno social. Como denunciara hace un par de meses el club de fútbol femenino Ibaiondo, que puso en conocimiento de la autoridad insultos machistas dirigidos a sus jugadoras durante un partido en Basauri. La situación escaló a expulsiones del campo y dejó en evidencia la falta de medidas contra la violencia sexista en el deporte. Prueba de ello es que la Federación Vizcaína ni siquiera tuvo la cautela de reflejar los incidentes en el acta arbitral, trivializando la situación y, en consecuencia, normalizándola.
¿Hechos y conductas aisladas, reprobables, pero episódicas? No parece, a juzgar por las informaciones aparecidas estos últimos días. Según recientes reportajes de un periodismo investigación, se habrían registrado, en las últimas dos décadas, la friolera de “más de 1000 víctimas de abusos” (1.055 víctimas en 187 casos en las últimas dos décadas) en el deporte español. Aunque la situación queda altamente invisibilizada, pues solo 17 de las 152 entidades deportivas encuestadas en el estudio de El País habría admitido conocer algún caso en su seno, un análisis profundo a partir de denuncias revelaría una dimensión más sistémica, mayor en categorías inferiores (afectando a menores), dejando emerger una auténtica “punta de iceberg”4, que el impacto del caso Rubiales tuvo la virtud de alertar, no era, pues, solo culebrón o “serpiente de verano”.
En consecuencia, parece claro que el deporte español desconoce el alcance real de este tipo de violencia, tanto en entornos profesionales como de categorías inferiores, exigiendo arrojar luz institucional y profesional sobre ello. Por lo tanto, la insostenible situación destaca la necesidad, también la urgencia, de abordar la violencia y el acoso, no solo, aunque especialmente, sexista y sexual, en el deporte para concienciar, y poner en práctica, la importancia de implementar medidas efectivas integrales (preventivas, de corrección y reparación) contra este tipo de comportamientos. La aplicación efectiva de la Ley del Deporte (Ley 39/2022, 30 de diciembre), en el contexto de la nueva legislación de protección frente a violencia y acoso y su adecuación al Convenio 190 OIT de la OIT, debieran ser las palancas y pilares sobre los que edificar y movilizar estas políticas de gestión integral de la violencia y el acoso en el deporte. Aunque, más allá de ello, debiera ser la oportunidad para promover la gestión de bienestar psicosocial en entornos que debían ser emblemas de seguridad y salubridad.
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