La consejera en el Pleno del Parlamento.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha señalado ante el pleno del Parlamento andaluz que el Gobierno autonómico ha demostrado en su primer año de legislatura ser "comprometido, responsable y valiente" y que "tenía claro un camino propio y otra forma diferente de hacer las cosas, sin necesidad de tener que dejar a nadie por el camino". En este sentido, ha apuntado que la Junta "antepone las personas a los intereses y fundamentalismos económicos" y "protege y blinda el Estado del bienestar".
La consejera, que ha comparecido para hacer un balance del primer año del Gobierno autonómico, ha defendido que la Junta ha aprobado en este tiempo más de cien medidas con el objetivo de crear empleo, 18 de ellas iniciativas legislativas, y "con una apuesta por salir de la crisis desde la igualdad y la inclusión social, sin perder derechos".
Díaz ha subrayado que el Gobierno andaluz tiene como "máxima preocupación la creación de empleo y, para ello, ha puesto en marcha de 21 medidas de lucha contra el desempleo por valor de unos 500 millones de euros, entre las que se encuentra un "modesto" Plan de Choque por el Empleo, "que se prorrogará con similar cuantía en 2014".
Asimismo, ha citado el Plan de Fomento del Empleo Agrario que "ha dado trabajo a más de 80.000 personas y generado cerca de dos millones de jornales". Frente a ello, la consejera ha lamentado que el Gobierno de España "siga negando a Andalucía un plan especial de empleo que, sin embargo, otorga a otras comunidades autónomas, como Canarias y Extremadura, con menor índice de paro".
Igualmente, Díaz ha destacado el desarrollo de un Plan de Empleo Juvenil y un Decreto Ley de medidas urgentes contra el paro juvenil que, en breve, aprobará el Consejo de Gobierno.
Pacto por Andalucía
Asimismo, ha destacado la "vocación de diálogo" que ha caracterizado la gestión de la Junta y, como ejemplo, ha referido "el Pacto por Andalucía auspiciado por el presidente Griñán". En su opinión, se trata de una "estrategia consensuada para salir de la crisis" y ha subrayado que, en el marco del mismo, "contamos ya con un Acuerdo para el Progreso Económico y Social, con el consenso de patronal y sindicatos".
También ha recordado que, en el marco del Pacto por Andalucía, se ha firmado con las organizaciones profesionales agrarias el Acuerdo por el Sector Agrario y el Mundo Rural Andaluz; un Pacto por la Cultura; por el Turismo, y un Pacto por la Igualdad de Género, "que sirve de dique de contención en que están peligrando demasiados derechos de la mujeres en este país".
La consejera también ha defendido las políticas sociales desarrolladas por la Junta. Entre otras iniciativas, ha puesto en valor los decretos de Medidas para asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda y de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la Exclusión Social: "Dos iniciativas para responder a los graves problemas que esta crisis genera, los desahucios y la aniquilación de las clases medias por el excesivo endeudamiento de las familias y las dificultades para hacer frente a sus pagos".
Del mismo modo, ha destacado las acciones de un "Gobierno comprometido" con un sistema educativo público y sin recortes sociales. En este ámbito, se ha referido al "plan de compensación del incremento de los precios públicos en las tasas universitarias", como "medida para proteger la igualdad de oportunidades de los estudiantes para acceder a la Universidad".
Igualmente, ha subrayado el aumento del 14% este año en becas y ayudas económicas al alumnado y a sus familias, lo que convierte a Andalucía en "la comunidad autónoma que más recursos propios destina, mientras que el Gobierno reduce las becas un 4%, endurece la nota de acceso y recorta o suprime programas".
Además, ha defendido que Andalucía "mantiene una potente red de seguridad para los ciudadanos" gracias al "mantenimiento de los derechos y prestaciones sociales en los servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios sociales". Como ejemplo de ello, ha apuntado que, desde la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, la inversión global de Andalucía ha ascendido a 4.500 millones de euros, lo que "ha permitido que se hayan creado 50.000 empleos".
En este sentido, ha señalado que las comunidades autónomas "estamos sosteniendo tres de cada cuatro euros dedicados a la dependencia, cuando la ley refleja un reparto al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas", al tiempo que ha recordado que "casi el 25% de las personas beneficiarias que están recibiendo una prestación en España son andaluzas, así como el 50% de quienes reciben teleasistencia y el 40% de ayuda a domicilio".
También ha destacado las actuaciones orientadas a proteger a otros colectivos, como el aumento del 9% el presupuesto para la lucha contra la violencia de género, respecto a 2012, o el incremento de un 2% de las ayudas sociales extraordinarias para las pensiones asistenciales y no contributivas.
En su balance del primer año de legislatura, Díaz también ha señalado que "Andalucía ha demostrado cuál es el verdadero sentido de la austeridad" y que "ser austeros es ser eficientes y eficaces". Según la consejera, la comunidad "ha ahorrado sin recortar", de forma que "el gasto no financiero presupuestado ha bajado 2.888 millones y el gasto corriente ha disminuido 1.120 millones de euros".
Para ello, la consejera ha destacado medidas como la reducción de un 30% de los centros directivos y de un 50% de la administración periférica o la adopción de medidas de eficiencia nuevas como la subasta de medicamentos.
Igualmente, la consejera ha destacado que, en este primer año de Legislatura, el Gobierno andaluz ha sido "proactivo" en la defensa los intereses de la comunidad. En este sentido, ha recordado que se han planteado "seis recursos ante el Tribunal Constitucional frente a las medidas aprobadas por el Gobierno central que consideramos vulnera la legalidad y los derechos de los andaluces". Frente a ello, ha recordado que el Gobierno de España "ha puesto ya cuatro recursos en menos de un año de legislatura del presidente Griñán", por lo que ha negado que la posición del Ejecutivo autonómico sea la de "confrontar, sino de una legítima defensa de los intereses de Andalucía".
Respecto al futuro inmediato, ha apuntado que el Gobierno andaluz va a trabajar "para dar respuestas a tres ejes estratégicos: el empleo, con la prórroga en 2014 del Plan de Choque dotado con 200 millones de euros; la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y la lucha por la equidad.
En ese sentido, ha afirmado que se aprobarán tres proyectos de ley que "serán determinantes en la agenda del Gobierno andaluz": la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, "que va a marcar el camino a todas las administraciones públicas en España y que verá la luz en el Consejo de Gobierno del 4 de junio"; la Ley de Participación Ciudadana, y la Ley de lucha contra el fraude fiscal. De esta última norma, ha subrayado que "propiciará que los recursos públicos lleguen a quienes les corresponden y, de esta forma, ser más justos".
La consejera ha concluido señalando que se ha tratado de un "año intenso y difícil", en el que el Gobierno andaluz "ha trabajado para mantener los servicios públicos, sin recortar derechos". Sin embargo, ha hecho autocrítica "ante la insoportable tasa de desempleo" y ha invitado a todos los grupos políticos a que se unan a la "hoja de ruta" de la Junta para impulsar a Andalucía a salir de la crisis en las mejores condiciones.
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