X Legislatura Otras instituciones de autogobierno
> Parlamento > Otras Instituciones de AutogobiernoOtras Instituciones de Autogobierno
Andalucía cuenta con amplios poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, similares a los del resto de comunidades históricas de España (Cataluña, País Vasco y Galicia). Estas competencias, recogidas por el primer Estatuto de Autonomía de 1981, fueron reforzadas y ampliadas en el nuevo texto aprobado en el referéndum del 18 de febrero de 2007.
El poder ejecutivo reside en el Gobierno de la Junta, el legislativo en el Parlamento de Andalucía y el judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El Gobierno de la Junta, políticamente responsable ante el Parlamento, se encarga de dirigir y coordinar la Administración de la Comunidad Autónoma. Se estructura en consejerías y en delegaciones en las provincias, además de una subdelegación en la comarca del Campo de Gibraltar con sede en la ciudad de Algeciras. La representación institucional de la Junta en el exterior corresponde a las delegaciones de Madrid y Bruselas.
El Parlamento de Andalucía, elegido por sufragio universal cada cuatro años, es el órgano encargado de la redacción y aprobación de las leyes de la Comunidad Autónoma. Celebra sus sesiones en el hemiciclo del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, en Sevilla, y está integrado por 109 parlamentarios.
El TSJA, con sede en Granada, constituye la instancia judicial más elevada de la Comunidad Autónoma. La presidencia y las Salas de lo Civil y lo Penal se encuentran en la capital granadina, mientras que tanto las tres salas de lo Social como las tres de lo Contencioso-Administrativo se reparten entre Granada, Málaga y Sevilla.
A estas instituciones básicas de autogobierno se suman otras recogidas en el Título IV del Estatuto de Autonomía de Andalucía, independientes de la Administración y del Ejecutivo de la Junta. Se trata del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual y el Consejo Económico y Social. Los dos primeros se consideran órganos de extracción parlamentaria y, por tanto, dependen de la Cámara autonómica.
El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos y libertades, a cuyo efecto supervisa la actividad de las administraciones públicas. Es elegido por mayoría parlamentaria cualificada.
La regulación de esta institución está recogida en la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Los ciudadanos (sin importar la edad, origen, residencia o nacionalidad) o las personas jurídicas (asociaciones, empresas, fundaciones o ONG) se pueden dirigir al Defensor del Pueblo y plantear una queja para su intervención cuando tienen un problema con algún ayuntamiento, diputación, consejería de la Junta, agencia o empresa pública u hospital, entre otros. También pueden realizar una consulta para su asesoramiento en alguna cuestión que afecte a las administraciones públicas de Andalucía o solicitar una mediación.
El Defensor del Pueblo presenta ante la Cámara autonómica, para su valoración, un informe anual en el que da cuenta de la gestión realizada, así como estudios sobre problemáticas específicas, como las relativas a menores, a personas en situación de dependencia o a la exclusión social y la pobreza.
El Consejo Consultivo de Andalucía es el órgano autónomo superior de asesoramiento del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de las entidades locales y las universidades públicas andaluzas.
Con sede en el Palacio de Bibataubín, en la ciudad de Granada, el órgano actúa en Pleno, en Comisión Permanente y, en su caso, en secciones. Al primero de ellos corresponde dictaminar sobre los anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía o de leyes y dictámenes facultativos cuando sean requeridos por la persona titular de la Presidencia de la Junta o el Consejo de Gobierno. Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo no podrán con posterioridad ser remitidos para su informe a ningún órgano u organismo de la comunidad autónoma.
El Consultivo actúa siempre a puerta cerrada, aunque excepcionalmente son públicas las sesiones en las que se eleva la Memoria al Consejo de Gobierno de la Junta. Los dictámenes se remiten a la autoridad consultante, que ha de hacer constar en su resolución si es “de acuerdo con el Consejo Consultivo” u “oído el Consejo Consultivo de Andalucía” (en caso de disentir).
- Consejo Consultivo de Andalucía
- Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo Consultivo de Andalucía. BOJA número 118 de 30 de octubre de 1993
- Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía. BOE número 117, de 17 de mayo de 2005 (PDF)
- Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía. BOJA número 250 de 27 de diciembre de 2005
La Cámara de Cuentas, dependiente del Parlamento de Andalucía, es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de los fondos públicos de la comunidad autónoma.
El funcionamiento interno de este organismo técnico, así como la elección de sus miembros y la organización, se articula para garantizar su autonomía e independencia. El ámbito de actuación de la cámara abarca todas las instituciones, desde la Administración de la Junta y sus organismos y empresas públicas, pasando por las corporaciones locales y las universidades públicas, hasta las cámaras de Comercio de Andalucía y otras instituciones financiadas mayoritariamente con fondos públicos.
El órgano también asesora al Parlamento andaluz y, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, puede realizar actuaciones fiscalizadoras específicas e instruir procedimientos jurisdiccionales de responsabilidad contable.
La actividad de la Cámara de Cuentas de Andalucía se plasma en informes que son elevados al Parlamento y enviados a cada una de las instituciones fiscalizadas. Estos análisis recogen cualquier infracción, abuso o práctica irregular que se detecte, además de las medidas correctoras aconsejables para una mejor gestión económica y financiera.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, creado en el año 2005, es la autoridad independiente encargada de garantizar el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados. Este organismo vela especialmente por la protección de la juventud y la infancia en relación con los contenidos.
Como órgano colegiado, sus decisiones se acuerdan en Pleno, compuesto por once miembros elegidos por el Parlamento andaluz entre personas de reconocido prestigio profesional en los campos de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural y social.
El Consejo Audiovisual de Andalucía analiza los contenidos y la publicidad que emiten las radios y televisiones, tanto públicas como privadas, para garantizar que se adaptan a la ley y respetan los derechos de la ciudadanía, entre ellos los de libertad de expresión; información veraz y plural; al honor y la intimidad; de igualdad y no discriminación, así como la protección a la integridad física y moral de los menores.
El órgano pone al servicio de la ciudadanía la Oficina de Defensa de la Audiencia, creada para atender las quejas, sugerencias y peticiones de espectadores o radioyentes si consideran vulnerado alguno de estos derechos. Otra de las funciones es el fomento de la mediación entre los agentes del sector audiovisual y la sociedad para mejorar la calidad de los contenidos, adaptándolos a las reglas éticas fundamentales de la comunicación. Esta tarea da lugar a la elaboración conjunta de códigos deontológicos y de buenas prácticas.
El Consejo también elabora estudios específicos para orientar la toma de decisiones del propio órgano.
- Consejo Audiovisual de Andalucía
- Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. BOJA número 254 de 30 de diciembre de 2004
- Decreto 219/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía. BOJA número 246 de 22 de diciembre de 2006
- Decreto 135/2012, de 22 de mayo, por el que se modifica el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía, aprobado por Decreto 219/2006, de 19 de diciembre. BOJA número 113 de 11 de junio de 2012
- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE número 79, de 1 de abril de 2010 (PDF)
- Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. BOE número 184 de 2 de agosto de 2012
El Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) es el órgano consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social.
Creado en 1997, el consejo pretende ser el cauce permanente de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el debate sobre cuestiones socioeconómicas y laborales. En él están representados las organizaciones sindicales, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia del Consejo.
Entre sus funciones destaca la emisión, con carácter preceptivo, de informes sobre los anteproyectos de leyes que regulen estas materias, salvo el de la Ley de Presupuestos, así como proyectos de decretos. Igualmente, realiza estudios, informes o dictámenes de carácter facultativo solicitados por el Consejo de Gobierno o a iniciativa propia.
El CES también realiza una memoria anual de actividades, que debe presentar ante el Ejecutivo de la Junta de Andalucía dentro de los cinco primeros meses de cada año.
Este órgano, que goza de independencia y autonomía funcional, está adscrito a la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo y se rige, además de por la ley de creación del mismo, por un reglamento interno aprobado en el año 2000.