La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado durante su intervención en la Comisión de estudio para la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 que su departamento ha movilizado 457 millones de euros para la respuesta social de la Junta de Andalucía a la crisis del coronavirus durante los últimos cuatro meses con el objetivo de atender las necesidades de la población más duramente afectada.

En concreto, Ruiz ha detallado que, de esta cantidad, 330 millones han ido destinados a prestaciones y servicios de la Dependencia en forma de prestaciones económicas (76,46), ayuda a domicilio (117,6), atención residencial (108,6), centros de día (26,8) o al programa de respiro familiar (0,9).

Con estos pagos, la consejera ha explicado que se ha mantenido la atención adaptándola a la nueva situación, pero también se ha contribuido al mantenimiento del empleo en el sector de la dependencia. Esto ha sido posible por las medidas puestas en marcha como las impulsadas en los centros de día, donde "hemos garantizado el abono del 80% del precio de las plazas ocupadas, vinculado al compromiso de mantener el empleo y las mismas condiciones laborales, así como de realizar tareas de seguimiento proactivo. Se trata de una medida orientada a proteger a las empresas y a garantizar la permanencia de la plantilla de trabajo". En los centros residenciales, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas, manteniéndose los pagos.

En cuanto a la ayuda a domicilio, una de las primeras medidas que se adoptó, además, de adoptar todas las recomendaciones sanitarias, fue la garantizar los pagos a las entidades conforme a la última liquidación del servicio, relativa al mes de febrero.

Todas estas medidas han permitido garantizar la atención a las personas mayores, con discapacidad y dependientes, así como paliar las negativas consecuencias económicas del Covid-19 en la Dependencia. De hecho, la Consejería ha contribuido al mantenimiento de los más de 45.000 empleos que genera el sector.

Primer plan de emergencia social

Junto a los pagos en el sector de la Dependencia, Ruiz ha recordado que también se puso en marcha un primer plan de emergencia social frente al Covid-19 de la Consejería de Igualdad, que supuso una inversión de 76,7 millones de euros en medidas como el refuerzo de la Renta Mínima de Inserción Social, el programa extraordinario de la Tarjeta monedero para la compra de bienes de primera necesidad, la ayuda al Banco de Alimentos, el aumento del 20% para las Ayudas Económicas Familiares y el adelanto del Fondo Social Extraordinario. A lo que recientemente se ha unido la publicación de la Orden para la distribución de 33,9 millones entre las entidades locales andaluzas para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios y la convocatoria de las subvenciones a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro por importe de 16,5 millones destinada a proyectos en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (ERACIS), hasta sumar los 457 millones desgranados por la consejera.

Esto ha permitido que en junio se haya alcanzado en la nómina de la Renta Mínima la cifra de 17,3 millones, lo que supone un máximo histórico desde la implantación de esta prestación en el año 2018. En concreto, esta ayuda ha beneficiado en junio a 20.019 familias andaluzas. También está previsto que la Tarjeta Monedero llegue a más de 26.000 familias en toda Andalucía.

"En definitiva, todo un ingente conjunto de medidas con el fin de dar respuesta a una situación excepcional en un momento de emergencia sanitaria y social sin precedentes", ha apuntado Ruiz.

Nuevo sistema de atención social y sanitario

Además de esta atención inmediata a los colectivos más vulnerables, la consejera ha señalado que su departamento "ya está trabajando activamente con la Consejería de Salud y Familias en la definición de un nuevo sistema de atención social y sanitaria que abordará una moderna forma de atención que supondrá la creación de empleo y riqueza para nuestra comunidad".

Para ello, recientemente, el Consejo de Gobierno aprobó la derogación del decreto que aprobaba el Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, lo que supone el inicio del procedimiento para redefinir el modelo de atención en los centros de servicios sociales como residencias de personas mayores o personas con discapacidad, entre otros.

"Hemos establecido un plan de trabajo y hemos encargado la realización de un estudio de correlación de características funcionales y materiales de los centros residenciales que han tenido casos positivos de Covid-19 o bajo sospecha, cuyas conclusiones conoceremos en estos días. Este análisis permitirá establecer, de forma objetiva y rigurosa, algunos de los requisitos funcionales y materiales sin que éstos pierdan su carácter de centros de servicios sociales", ha señalado la consejera.

Junto a ello, la Consejería de Igualdad ha constituido un grupo de trabajo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para aprobar una nueva Orden del Servicio de Ayuda a Domicilio y dar respuesta a un situación de parálisis heredada de 13 años. Igualmente, trabaja en la modificación de la normativa andaluza de la Renta Mínima de Inserción Social con el objetivo de aumentar la protección a la infancia, proteger a los menores extutelados y al resto de adolescentes en situación de exclusión social, así como atender al resto de colectivos vulnerables que el Ingreso Mínimo Vital del Estado ha dejado fuera.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de la Renta Mínima a la población andaluza, Rocío Ruiz ha informado de un plan de choque para dotar de personal a las Delegaciones Territoriales de Igualdad y solventar el colapso y los retrasos en esta prestación y en las pensiones no contributivas. Así como el inicio de los trabajos para el diseño y desarrollo, junto a las consejerías de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; Hacienda, Industria y Energía; y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de un plan especial de inserción sociolaboral destinado a colectivos vulnerables y víctimas de la crisis del Covid-19.

Finalmente, se ha referido a la convocatoria de las líneas de subvenciones autofinanciadas de su departamento, la inminente publicación de la convocatoria con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el inicio de las escuelas de verano en zonas desfavorecidas para la atención a niñas y niños entre 3 y 15 años y el complemento de 22,5 millones de euros para la ERACIS, lo que permitirá 162 contrataciones en 55 barrios vulnerables de toda Andalucía.

"Por nuestra parte, hemos atendido las primera necesidades que se han presentado en esta crisis a la vez que estamos trabajando en una mejora integral de las políticas sociales con el fin de aumentar, a medio y largo plazo, su cobertura y protección para las personas que lo necesitan", ha apuntado. Para ello, la consejera ha pedido la "unidad" de toda las instituciones para poder salir de esta crisis "sin dejar a nadie atrás". En este sentido, ha lamentado que haya grupos parlamentarios que no estén participando en la comisión para la reconstrucción. "No pido que me escuchen a mí, sino a todas las entidades del Tercer Sector, que tienen mucho que decir, y que aporten soluciones para poder salir de esta pandemia social sin precedentes", ha concluido.