La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto Ley 4/2022 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras para desarrollar y complementar las medidas estatales previstas en el título II del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, modificado por el RDL 6/2022, de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

Este decreto ley quiere compensar a las empresas de la construcción que trabajan con la Junta de Andalucía por el sobrecoste ligado a la subida de precios de los materiales por la huelga de transporte y por los efectos de la invasión rusa en Ucrania. Estas empresas tienen un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, de ahí que, de la mano del sector de la construcción, se apruebe este decreto ley con medidas urgentes para la revisión excepcional de los precios en los contratos públicos de obras.

Este decreto ley, confeccionado de la mano del sector de la construcción, ofrece la posibilidad de que más empresas que en la cobertura estatal se acojan a esta revisión de precios, lo que permitirá evitar la paralización de obras y que se ponga en peligro la viabilidad de los contratos, de las empresas y de sus trabajadores.

El decreto ley andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que, a la entrada en vigor del real decreto ley estatal, hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre).

Asimismo, la norma andaluza da la posibilidad a que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y las universidades, al tiempo que suprime penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a falta de material, y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.

Por otro lado, amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que, a partir de ahora, todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.

El alza de los precios se estima que puede estar en una horquilla entre el 10 y el 20 por ciento, que es el tope máximo que impone el Estado para revisar los precios. El sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra, por lo que el impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades.

Esta norma afecta a consejerías con obras como Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Educación y Deporte; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Salud y Familias, y Cultura y Patrimonio Histórico, así como la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, donde se estima (con los índices provisionales publicados hasta diciembre de 2021) un impacto de 59 millones, aunque dicha cantidad se puede elevar según la evolución de los índices en 2022 y 2023.