El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo dotar a la Administración autonómica de un grupo de funcionarios de la máxima cualificación y especialización en el ejercicio del control interno y la contabilidad pública, y lo ha remitido al Parlamento para su tramitación.

El Gobierno andaluz persigue con esta ley contribuir al desarrollo de un modelo de control interno de la actividad financiera pública más eficaz y adaptarse a la evolución de los sistemas de gestión financiera de los recursos públicos donde la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad sobre la eficacia de dicha gestión constituyen los valores fundamentales. Asimismo, da cumplimiento con ella a los acuerdos de legislatura, investidura y de apoyo a los Presupuestos que recogían esta medida.

Este proyecto de ley ya recibió luz verde del Consejo de Gobierno el pasado 2 de marzo y fue remitido a la Cámara andaluza para su tramitación parlamentaria. Sin embargo, con la disolución del Parlamento el 26 de mayo, el proyecto de ley decayó.

Tras valorar las circunstancias concurrentes en el anteproyecto en su día remitido al Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos considera que persisten las circunstancias y la oportunidad de mantener el anteproyecto de ley aprobado en su día, siendo necesaria su implementación en el ordenamiento jurídico. Asimismo, manifiesta de forma clara e inequívoca que no han sobrevenido cambios normativos que conlleven una modificación sustancial en el citado anteproyecto, por lo que se entiende que no es necesario realizar en este caso una nueva tramitación.

La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) tiene atribuida la actividad de control interno -a través del control previo, financiero y contable-, tal y como recoge el Título V del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta. No obstante, la proliferación de nuevas formas jurídicas y operacionales, así como la producción normativa de las administraciones a nivel autonómico, nacional y europeo requieren de una actividad de control interno específicamente cualificada, capaz de llevar a cabo nuevos procedimientos y técnicas de control y planificación.

Como órgano gestor de la contabilidad del sector público regional, la Intervención General asume numerosas obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que derivan de las normas comunitarias y estatales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (control del déficit, regla de gasto y deuda pública), lo que ha supuesto un cambio de paradigma en el desempeño de sus funciones que exige cada vez un mayor grado de especialización en materia de auditoría, contabilidad financiera y analítica o consolidación de estados financieros.

A ello hay que sumarle los nuevos cometidos que se le han ido encomendando a la Intervención General y la atribución de nuevas competencias como la supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta, cuyos resultados deben servir a la evaluación de la eficacia del sector público.

La decisión de crear los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta de Andalucía tiene un indudable papel instrumental en el ejercicio de la función de control del gasto público y, en particular, de control en materia de subvenciones y contratos. La mejora de la eficiencia de la actuación pública también pasa por potenciar las técnicas de auditoría operativa y supervisión continua, que son adicionales a las actuaciones de fiscalización previa y control financiero.

De esta manera, las funciones del Cuerpo Superior de interventores y auditores se centrarán en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como en la emisión de informes, dictado de actos de control o asesoramiento superior.

Por su parte, las funciones del Cuerpo Técnico residirán en el apoyo a las funciones de auditoría y, en concreto, a las nuevas funciones de supervisión continua que se encuentran en las fases iniciales de implementación y a las auditorías operativas que ofrecen la información de base para aquéllas.

Con el proyecto de ley que inicia ahora su tramitación parlamentaria, el Gobierno andaluz profundiza en la mejora del control interno de la Administración autonómica y de los recursos públicos, un objetivo prioritario para el Ejecutivo regional.