El Gobierno andaluz y los ministerios de Política Territorial y Hacienda han acordado este viernes en una nueva reunión bilateral solicitada por la Junta que el Decreto andaluz 4/2022 de 12 de abril de revisión de precios de la construcción siga vigente con la condición de que el Ejecutivo autonómico adapte los artículos 4, 5 y 9 al decreto estatal. Con este acuerdo, por tanto, el Estado renuncia a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) y a pedir la suspensión de la norma andaluza, que sigue de este modo en vigor.

El decreto andaluz para la revisión de los precios de los materiales de la construcción (afectados por las consecuencias de la guerra en Ucrania y por la inflación) asumía el decreto estatal 3/2022 de 1 de marzo de 2022 y lo complementaba, con el objetivo de que no se parase ninguna obra y, con ello, evitar poner en riesgo empresas y empleos, así como el desarrollo de proyectos que son fundamentales para la comunidad autónoma. Por este motivo, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del pasado martes de la presentación de un recurso del Estado ante el TC, el Gobierno andaluz solicitó otra reunión de la comisión bilateral para intentar llegar a un acuerdo que frenase la suspensión de la norma andaluza y la presentación del recurso.

Tras el acuerdo, el Gobierno andaluz se compromete a modificar su decreto para adaptarlo al estatal. Así, con el cambio en el artículo 4 ya no tendrán derecho a la revisión de precios los contratos de conservación de carreteras ni de mantenimiento de edificios públicos. Con la modificación del artículo 5 se reducirán a diez los materiales cuyos precios se puede revisar, cuando el decreto andaluz incluía todos los materiales a excepción de la energía, así como tampoco se podrán revisar los precios de las obras de 2021 terminadas antes de marzo de 2022 ni las obras con una duración inferior a cuatro meses.

El Gobierno andaluz ya había advertido que recurrir ante el TC este decreto para la actualización de los precios de los materiales de la construcción podría suponer la pérdida de numerosos empleos y la paralización de proyectos muy importantes, no solo de la Junta de Andalucía, sino también de ayuntamientos y diputaciones, de ahí la importancia de que no se suspenda su aplicación.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha explicado en numerosas ocasiones que el decreto estatal llegó tarde y dejaba fuera al 95 por ciento de las obras licitadas en Andalucía, lo que implicaba retrasos en las obras, abandono de proyectos y una parálisis del sector. Por este motivo, el Gobierno autonómico afrontó el problema con un decreto andaluz que atendía a los proyectos que se quedaban fuera del paraguas del decreto estatal, garantizando con ello el empleo y las empresas andaluzas. Además, el decreto andaluz se diseñó escuchando y atendiendo las peticiones del sector.

La norma andaluza otorga la posibilidad de que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y también las universidades, al tiempo que suprime las penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a la falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.