Noticias de la Junta de Andalucía

Infraestructuras

Ocho entidades bancarias se suman al programa de aval hipotecario para los jóvenes de Andalucía

El programa Garantía Vivienda Joven va destinado a andaluces de hasta 35 años que aspiran a la compra de su primera residencia

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha recibido solicitudes de ocho entidades bancarias dispuestas a gestionar el programa Garantía Vivienda Joven, por el que la Junta de Andalucía concederá avales para que los jóvenes andaluces de hasta 35 años puedan cubrir, junto a la hipoteca bancaria, el 95% del coste de adquisición de su primera vivienda.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se ha mostrado satisfecha por "el importante grado de interés mostrado por las entidades financieras para dar formar a este programa que servirá de balón de oxígeno para muchos jóvenes que afrontan el titánico esfuerzo de comprar su primera vivienda". Al respecto, ha insistido en que en que se va a agilizar toda la tramitación para proceder a la firma de los convenios de colaboración con las entidades financieras y, con ello, se conviertan en entidades colaboradoras del programa de aval hipotecario.

Las entidades bancarias acogidas a este programa son Caixabank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Santander y Unicaja. Una vez se firmen los convenios de colaboración, se abrirá la convocatoria para que los jóvenes soliciten, sin coste alguno, el aval a las entidades financieras adheridas al programa Garantía Vivienda Joven, que se enmarca en el Plan Vive En Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030. Como entidades colaboradoras, acreditarán el cumplimiento de los requisitos de los jóvenes solicitantes, que deberán estar empadronados en un municipio de Andalucía, tener hasta 35 años cumplidos y destinar la vivienda a domicilio habitual durante al menos dos años. Sólo se prestarán garantías hipotecarias para adquirientes de primera vivienda, ya sea libre o protegida o sea nueva o usada.

El programa Garantía Vivienda Joven cuenta con una partida inicial de 20 millones de euros y viene a hacer frente a uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes es que, aun contando con ingresos suficientes para hacer frente al pago de las cuotas del préstamo hipotecario para financiar su primera vivienda, no han podido ahorrar lo suficiente para la entrada, así como los impuestos y demás gastos que la compraventa y la financiación conllevan. Esa dificultad de ahorro se ha visto agravada en los últimos años por la precariedad laboral, los bajos salarios, el alto índice de desempleo y las recientes crisis financiera.

Los estudios realizados al respecto indican que un joven de entre 25 y 35 años no emancipado y con trabajo a tiempo completo necesitaría el ahorro equivalente a la renta neta de tres años para pagar la entrada de una vivienda de precio medio en Andalucía. Con la aplicación del aval hipotecario de la Junta, se reduciría a la mitad, es decir, requeriría el ahorro de año y medio.

La medida se aplicará para viviendas con un precio de referencia máximo de 295.240 euros con carácter general, si bien ese límite se podrá incrementar en un 20% para viviendas con clasificación energética A o B, conforme a la normativa. También es un requisito indispensable encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Con el préstamo preconcedido, la Junta de Andalucía resolverá la concesión de la garantía y, posteriormente, quedará concedido el préstamo. Con la partida inicial, se estima que el programa Garantía Vivienda Joven alcance a unos mil jóvenes, cifra que se irá incrementando a medida que se vayan amortizando los préstamos.

Este programa no sólo facilita el acceso a la vivienda a los jóvenes, sino que incide en el impulso de la actividad económica, del empleo y de la actividad financiera; influyendo no sólo en el sector de la construcción, sino también en otras actividades que van desde el mobiliario hasta la puesta en uso de la vivienda adquirida. Todo ello genera puestos de trabajo directos e indirectos, pero, además, significa también un retorno a las arcas públicas por los impuestos y tasas que gravan la actividad.