El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha hecho un llamamiento al resto de comunidades para formar un frente común y solicitar al Gobierno central "la reforma integral" de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y más financiación pública para cubrir el coste derivado de su aplicación. En Andalucía, el desarrollo de todas las disposiciones incluidas en esta normativa estatal conllevará un montante de 159,3 millones de euros adicionales para los presupuestos de las nueve universidades públicas andaluzas que imparten grados, según la estimación realizada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

De acuerdo con el estudio elaborado por los rectores, el compromiso financiero de la LOSU representa para la Universidad de Almería 7,96 millones, para la de Cádiz una cuantía de 23,25 millones, para la de Córdoba el sobrecoste se sitúa en 12,71 millones, para la de Granada se eleva a 10,64 millones y para la de Huelva, en 17,95 millones. En el caso de la Universidad de Jaén, el gasto asociado se ha cuantificado en 4,43 millones, en la de Málaga se contabiliza en 32,70 millones, en la Pablo de Olavide, en 8,34 millones y en la de Sevilla, en 41,27 millones de euros. Estos datos reflejan los efectos que tendrá la ley estatal en materia de Personal Docente e Investigador (PDI) sobre las cuentas de gastos de las universidades públicas en cuestiones como el coste de reposición de efectivos o las limitaciones horarias docentes de profesores asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente.

A juicio de Gómez Villamandos, estas cifras "son muy esclarecedoras" porque ponen de manifiesto "la verdadera dimensión financiera" que supone la implantación de la LOSU en el sistema universitario público y "contradicen la posición mantenida desde el inicio por el Gobierno central de que la nueva ley no conllevaría coste adicional". "Desde Andalucía siempre hemos advertido de que sí generaría más gastos y de que éstos serían preocupantes, sin aportar mejoras reales al sistema ni al desarrollo de la carrera profesional, y atentando contra la autonomía universitaria en políticas de personal", ha señalado.

Por este motivo, en marzo de 2023, el consejero andaluz de Universidad remitió una carta al entonces ministro de Universidades, Joan Subirats, en la que le exigía más recursos estatales para afrontar el sobreesfuerzo que representa para las comunidades cumplir con los requerimientos contenidos en la norma. Desde entonces, el titular de Universidad ha venido advirtiendo de que el nuevo marco crearía "universidades a dos velocidades", eliminando la equiparación de la educación pública en España. Además, ha recordado que el Ministerio de Universidades aprobó esta ley sin una memoria económica realista de acompañamiento y ocultando información a Hacienda y a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado.

Villamandos ha subrayado que, "si no se produce un giro importante en el compromiso económico de la Administración central, estaremos abocados a la inviabilidad del sistema público universitario, a la precariedad laboral de su personal y a la devaluación de la enseñanza impartida".

Por todo ello, ha solicitado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que paralice "a la mayor urgencia posible" la ejecución de la LOSU para poder modificarla y abordar "una reforma integral de su contenido", según ha remarcado, para añadir que "es necesaria una nueva legislación que atienda a las demandas reales de las instituciones académicas de educación superior y sea capaz de impulsar su proyección y su competitividad".

Asimismo, Villamandos considera prioritario que la ministra Morant convoque ya a las comunidades autonómicas en una reunión de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), en la que estén representados todos los consejeros con competencias en el ámbito universitario, para abordar todas estas cuestiones.

Andalucía, la región que más invierte en universidad pública

Tanto el preámbulo de la LOSU como su parte dispositiva establecen como objetivo que el gasto público en política universitaria debe alcanzar el 1% del PIB para lograr una equiparación progresiva con la media de la UE. De acuerdo con el informe de CRUE, actualmente la inversión de recursos en esta materia se concreta en el 0,76% en el conjunto nacional.

En Andalucía, el esfuerzo inversor de su Ejecutivo autonómico la convierte en la comunidad que más destina a educación pública universitaria respecto a su PIB, con un porcentaje que alcanza ya el 1% en 2023 gracias a la aplicación parcial del nuevo modelo de financiación. Precisamente, el pasado mes de septiembre, la Junta aprobó, con el consenso de los rectores, el nuevo instrumento que guía la distribución de recursos, garantizando la suficiencia financiera y dando certidumbre al conjunto del sistema. Para el próximo ejercicio 2024 dicha herramienta contará con una cifra récord de 1.685 millones, lo que representa un incremento del 4% con respecto a la partida de 1.620 millones reservada para este capítulo el presente año. Esa inyección demuestra, según ha señalado José Carlos Gómez Villamandos, "la responsabilidad del Gobierno de Juanma Moreno con las instituciones académicas públicas, un compromiso que ha permitido dibujar una trayectoria ascendente en los últimos años". Entre 2018 y 2023, se ha producido un incremento del 18% de los fondos públicos.