El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-2029, que adapta el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía a la evolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y profundiza en aspectos emergentes como la transformación digital, el cambio climático, la economía circular o la bioeconomía.

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-2029 tiene como objetivo general la producción y mejora continua de datos e información de carácter estadístico y geoespacial, que proporcionen conocimiento sobre la realidad territorial, demográfica, social, económica y ambiental de Andalucía, así como de su evolución. Se trata, además, de que toda esta información sea más oportuna, relevante, accesible, reutilizable y de calidad, y permita asistir adecuadamente en la toma de decisiones para las labores del Gobierno, las empresas y la ciudadanía.

El nuevo plan profundiza en el aprovechamiento de las ventajas de la integración de los sistemas de información estadísticos y geoespaciales, la puesta en valor de nuevas fuentes que se incorporan al proceso productivo, la mejora en la accesibilidad e interoperabilidad que aproveche las sinergias de todos los participantes en el sistema, y la incorporación de nuevas necesidades de información asociadas a la medición de nuevos fenómenos y la digitalización de todo el proceso de diseño, tratamiento y generación de información.

El plan, coordinado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), se desarrollará a través de programas anuales que se aprobarán mediante decreto y que especificarán, para cada una de las actividades, las tareas concretas que se llevarán a cabo.

El proyecto de ley que ha pasado este martes por el Consejo de Gobierno tuvo una tramitación anterior, en la que incluso superó el debate de la totalidad en el Parlamento de Andalucía, antes de que éste quedara disuelto tras la convocatoria de elecciones autonómicas.

Al no haber sobrevenido cambios normativos que conlleven modificación sustancial, el texto se mantiene tal y como fue aprobado en su día por el Consejo de Gobierno, con la traslación de su periodo de vigencia inicial (2021-2027) a 2023-2029 y la adaptación a las competencias de las nuevas Consejerías creadas tras las elecciones.

Principales novedades

El proyecto de ley establece 13 objetivos específicos de información, que se traducen en 139 necesidades de información estadística y cartográfica, a las que se pretende dar respuesta por medio de las 368 actividades que se incluyen en el plan, a la que se irán incorporando las que determinen las nuevas actividades que prevean los programas estadísticos y cartográficos anuales.

Los objetivos específicos son: información geográfica de referencia; población, familias y hogares; vivienda y planificación territorial y urbanística; bienestar social; uso del tiempo; mercado de trabajo; tejido empresarial; economía y macromagnitudes económicas; sectores de actividad; movilidad; administración pública; ciencia, tecnología y sociedad digital, y medio ambiente y cambio climático. Estos últimos (cambio climático y sociedad digital) se incorporan como novedad al plan, atendiendo al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y a la transformación digital iniciada hace algunos años y que la pandemia de Covid-19 ha acelerado considerablemente.

Asimismo, entre los objetivos estratégicos del plan se encuentran los de gobernanza y gobierno abierto; calidad integral, infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos; investigación, desarrollo, innovación y formación; e inteligencia de gobierno.

El nuevo plan incorpora, por otro lado, entre las necesidades de información, la cartografía temática y derivada, la población infantil, las personas sin hogar, la calidad de vida percibida, la economía circular, la bioeconomía o los recursos biomásicos. Para dar respuestas a estas necesidades se añaden 6 ejes transversales, que son el territorio, la sostenibilidad, la innovación, el género, la evaluación de la eficacia e impacto de las políticas públicas y la digitalización y sociedad digital.

En cuanto al seguimiento y evaluación del plan, el mismo contempla que se realice una evaluación anual para los programas y agendas, así como una evaluación intermedia del desarrollo del plan en el año 2026 y otra una vez finalizada su vigencia.