El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que aborda la regulación de los grados D (que se corresponden con los grados básico, medio y superior) y los grados E (los cursos de especialización) del sistema de Formación Profesional de Andalucía, que en sus 41 artículos introduce importantes novedades para mejorar la calidad de estas enseñanzas y la adapta a la norma estatal.

En cuanto a las novedades más destacadas, el nuevo decreto incluye la creación de un Catálogo Modular Andaluz de Formación Profesional, que complementa el estatal y que será el instrumento que ordene y organice los módulos formativos, incluyendo aquellos aportados por los propios centros docentes para dar respuesta a las necesidades específicas de su entorno social y productivo.

Asimismo, permite la creación de un nuevo tipo de oferta comarcal, con el objetivo de extender y ampliar las ofertas formativas de grados D y E a la población de entornos rurales. En este caso, en la planificación y organización de este tipo de oferta, se tendrán en cuenta factores como la población, las infraestructuras o el tejido productivo, incluso con medidas específicas, para responder a las necesidades de cualificación profesional, empleo y desarrollo socioeconómico de cada comarca andaluza.

Otra de las novedades del texto es la creación de una Red Pública Andaluza de Centros de Excelencia en Formación Profesional, como elemento clave del sistema, para catalizar y generar entornos de innovación, investigación, emprendimiento e internacionalización. De igual modo, también se crea la figura de los centros especializados en Formación Profesional, que podrán organizarse por familias profesionales, sectores productivos, modalidad de la oferta o elementos transversales como el emprendimiento, la digitalización o la sostenibilidad, y servirán para articular y generar ecosistemas de colaboración entre sector productivo y entorno educativo.

Otros aspectos que regula el decreto aprobado son las modalidades y planificación de la oferta, el proceso de acceso, admisión y escolarización; la evaluación, calificación y titulación; la regulación relativa a los centros; la orientación profesional con atención a las diferencias individuales y tutorías y la calidad de la enseñanza y la mejora continua.