El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, ha asegurado que Andalucía seguirá avanzando en la simplificación normativa a lo largo de la próxima legislatura tras situarse como comunidad pionera en el territorio nacional en esta materia, fruto de las acciones llevadas a cabo por el actual Gobierno andaluz.

Sanz, que ha inaugurado las Jornadas de la Red de Calidad Normativa organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), ha explicado que los "pasos decisivos" que se han dado en simplificación normativa "no han sido fáciles" por la complejidad jurídica y la respuesta de algunos sectores, pero que eran necesarios.

Según ha defendido, Andalucía necesitaba leyes "más claras, más eficaces y más eficientes" que ofrecieran seguridad jurídica y confianza por parte de los inversores y también de los ciudadanos. "Es un reto para el Gobierno andaluz mejorar el marco regulatorio de las actividades económicas para generar empleo de calidad y empresas que aporten valor añadido a la estructura productiva", ha señalado.

Este trabajo comenzó con el Decreto ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico.

Los cambios introducidos tenían como objetivo agilizar la aplicación de la declaración de proyectos de interés estratégico para Andalucía, que permite dar un impulso preferente y urgente a los distintos trámites ante la Administración andaluza que han de cumplir aquellas inversiones empresariales más relevantes.

Desde el inicio de la Legislatura, el Ejecutivo autonómico ha declarado de carácter estratégico diez grandes proyectos industriales y energéticos que conllevan una inversión de 3.443 millones y la creación de 9.676 puestos de trabajo. Junto a ellos otra decena de iniciativas se encuentra en estudio.

La segunda reforma se produjo con el Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Esta legislación incide sobre 27 normas e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos y eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

Continuando con el proceso ya iniciado con esas dos acciones regulatorias, la Junta aprobó el Decreto ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, que introduce 329 medidas de simplificación y mejora de la regulación que afectan a 33 materias (medio ambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes o urbanismo, entre otras), modificando 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes e incluyendo diversas derogaciones normativas.

400 medidas de simplificación

Sumando los tres decretos aprobados en lo que va de Legislatura se han impulsado 400 medidas de simplificación y modificado un centenar de normas, convirtiendo a Andalucía en una región pionera en el territorio nacional, ya que implica la renovación integral de su normativa de corte económico.

Esa revisión supone un paso imprescindible para sustentar la transformación y diversificación del actual modelo productivo de la comunidad y para aprovechar las oportunidades de inversión derivadas de los fondos europeos, tanto los canalizados a través del mecanismo Next Generation creado a raíz de la pandemia como los incluidos en los marcos plurianuales.

Todo ello va en línea con el Plan para la mejora de la regulación económica en Andalucía Horizonte-2024, siendo el marco global de las iniciativas de mejora regulatoria de la Administración de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años, formando parte de uno de los ejes de la Estrategia de transformación económica de Andalucía (ETEA) 2021-2027.

Por último, el viceconsejero de la Presidencia ha destacado también la importancia de la evaluación de las normas bajo el principio de utilidad, "evitando la regulación sin sentido", la participación de la sociedad civil en el ciclo normativo, la planificación de la acción normativa y la transparencia.