El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la firma del convenio entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y las universidades de Andalucía para la realización de prácticas en los servicios de cooperación con la justicia por el que se garantiza la protección social de los estudiantes universitarios que hagan prácticas en los servicios que existen a disposición de la Justicia, como los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), los Servicios de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) y los Puntos de Información a la Mediación (PIMA) existentes en las ocho provincias.

Para ello, ha sido necesario adaptar el Convenio de Cooperación Educativa a los cambios normativos acordados por el Gobierno central que obligan a las empresas a cotizar por todos los alumnos. Así, para adaptarse a las modificaciones de la disposición adicional 52 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Junta de Andalucía ha elaborado el nuevo Convenio de Cooperación Educativa por el que ahora las delegaciones territoriales disponen de un nuevo acuerdo tipo que facilitará y unificará la posterior formalización de los distintos acuerdos que deberán suscribir con cada universidad interesada en ofrecer estas prácticas externas a sus alumnos.

El curso pasado 2022/2023 fue el primero en el que, a través de acuerdos de las delegaciones territoriales de Justicia con diversas universidades, estudiantes de diferentes grados universitarios realizaron prácticas en estos centros de apoyo a la Justicia. En concreto, los alumnos podrán completar su formación académica en grados como Derecho, Psicología, Criminología, Trabajo Social o Educación Social. El objetivo de esta colaboración es permitir a los jóvenes aplicar y complementar los conocimientos teóricos adquiridos en su formación académica para que adquieran competencias para el ejercicio de actividades profesionales. Además, propicia el acercamiento del alumnado participante a la realidad de la actividad que se realiza en estos servicios.

Se trata de poner a disposición de la comunidad universitaria los recursos, experiencias, conocimientos y actividades que se desarrollan en los servicios de víctimas, menores y mediación de la Consejería de Justicia, para de esa forma contar con futuros profesionales conocedores de los recursos y de las necesidades de los usuarios finales de los mismos, lo cual redundará en la prestación en un mejor servicio.

Los PEF son espacios neutrales que facilitan encuentros de los menores con el progenitor no custodio y otros familiares en casos de conflictividad, cuando así lo determinan los jueces. El SAVA ofrece asesoramiento y apoyo a las víctimas de cualquier delito tanto desde el punto de vista jurídico como psicológico. Los PIMA, situados en sedes judiciales, ofrece información y acompañamiento en procesos de mediación a quienes optan por intentar alcanzar un consenso a través de esta vía extrajudicial de resolución de conflictos, ya sea por derivación judicial o por iniciativa propia.