El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que sustituye al de 2008 con el fin de agilizar su actividad y adaptar la regulación a la ley autonómica sobre la materia en vigor desde 2016. Entre otras novedades, se amplía la regulación de las actuaciones, se incluyen instrucciones concretas para el desarrollo del Plan General de Inspección y se incorpora un régimen de incompatibilidades, abstención y recusación para reforzar las garantías de objetividad y transparencia en el personal inspector.

El decreto mantiene básicamente la estructura de una inspección centralizada en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ocho servicios provinciales y con mecanismos de coordinación con otras administraciones públicas, especialmente la local. Asimismo, incluye procedimientos operativos ya implantados pero carecían de desarrollo normativo, así como la metodología que deberá seguirse para homogeneizar la actividad.

Con el fin de incrementar la agilidad y la efectividad, se introducen novedades en la mayor determinación de los tipos de actuaciones. Destacan en este sentido la comparecencia de personas beneficiarias de prestaciones y servicios ante la Inspección y las visitas a las sedes de las entidades y los centros sin necesidad de previo aviso, así como a domicilios de personas beneficiarias del sistema público para comprobar la calidad y la atención que reciben.

En relación con el Plan General, las instrucciones que ahora se incorporan configuran un instrumento de una periodicidad máxima cuatrienal con memorias anuales de cumplimiento y una relación detallada de actuaciones; objetivos y ámbito de aplicación; servicios y centros objeto de la inspección; protocolos de actuación; procedimientos operativos; encuestas, y disposiciones técnicas de así otras disposiciones técnicas necesaria para homogeneizar las acciones, que podrán tener carácter ordinario o extraordinario y cuyas prioridades se establecerán en función de la naturaleza, trascendencia o gravedad de los hechos denunciados.

De acuerdo con el decreto, el plan se aprobará mediante orden de la persona titular de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. La Inspección Central de Servicios Sociales elaborará una memoria anual sobre su ejecución y grado de cumplimiento, así como de las actuaciones extraordinarias, mientras que la Consejería implantará evaluaciones periódicas con el mismo fin. El documento también recogerá propuestas y recomendaciones para mejorar la eficacia de futuras planificaciones.

Otro aspecto regulado es el de la adopción de las medidas provisionales para asegurar la eficacia de las resoluciones y evitar situaciones de riesgo para las personas. En este último supuesto se incluyen el cierre temporal o parcial del centro afectado; la suspensión temporal, total o parcial de sus servicios o actividades, y la prohibición temporal de aceptación de nuevas personas usuarias. Las propuestas de estas medidas provisionales se notificarán a las personas interesadas, que contarán con un plazo de cinco días para formular alegaciones.

Actualmente, la Junta desarrolla planes anuales de inspección de servicios sociales que incluyen visitas a todos los centros de mayores y personas con discapacidad, tanto públicos como privados, para comprobar su calidad y el cumplimiento de la normativa. La actividad se centra especialmente en detectar posibles accesos fraudulentas a prestaciones y las ayudas económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Asimismo, se incluyen actuaciones derivadas de denuncias o llamadas al Teléfono de Atención a Personas Mayores (900 858 381), visitas a domicilios a personas beneficiarias de cuidados familiares y seguimiento a las usuarias del servicio de Teleasistencia.

Las visitas a centros inspeccionan sobre todo las actividades, tareas y acciones que inciden de forma más directa en la calidad de vida, además de comprobar la dignidad de trato, el respeto de los derechos individuales, el avance hacia un modelo de vida normalizado y el cumplimiento de las normas de funcionamiento, protocolos de horarios, condiciones de higiene y aseo, comidas y planes de autoprotección. El pasado año se incluyó como novedad un programa específico de control de la aplicación de contenciones mecánicas a personas usuarias de los centros residenciales, con verificación de la prescripción facultativa, los motivos de la medida y el consentimiento por escrito. Un programa similar asegura la correcta aplicación de los tratamientos de úlceras por presión.

Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía

Por su parte, el Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía, que establecerá las líneas prioritarias de la política autonómica en esta materia.

El texto, que deberá ser aprobado en un plazo de 18 meses, abarcará cinco años prorrogables por dos. Entre otros contenidos, impulsará desarrollo de una estrategia de ética y otra de calidad para el sistema público; fijará las líneas de coordinación administrativa y participación de la sociedad, y elaborará un diagnóstico de los recursos existentes y su grado de cobertura de las necesidades, con especial atención a las necesidades de los grupos más vulnerables y a las situaciones de dependencia y de riesgo y de exclusión.

Para la elaboración del documento se constituirá un grupo coordinador integrado por representantes de todos los centros directivos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que será el encargado de redactar la propuesta inicial. Este borrador se trasladará a los restantes departamentos del Gobierno andaluz y a las entidades locales, los proveedores de servicios, la iniciativa social y las organizaciones profesionales.

El texto resultante se someterá a información pública por un período mínimo de un mes. Una vez estudiadas las alegaciones y aportaciones, el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía deberá emitir un informe preceptivo sobre el plan, que finalmente aprobará el Consejo de Gobierno. Una vez en vigor, será objeto de revisiones anuales cuyos resultados se incluirán en informes públicos centrados en los aspectos que deben mejorarse en función de la evolución de las necesidades.

Según el acuerdo de formulación aprobado, el plan se configurará como un elemento centro de las políticas sociales en Andalucía, junto al Mapa de Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. Este último instrumento, previsto en la legislación autonómica sobre la materia aprobada en 2016, garantizará una oferta que tendrá la consideración de derecho subjetivo, exigible ante los tribunales de justicia. Formarán parte de este catálogo y, por tanto, de las prioridades del plan, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.

Andalucía es actualmente la comunidad que más contribuye al mantenimiento de los servicios sociales comunitarios que se desarrollan en los municipios, con más del 46% del total, frente a la media del 26% y al recorte acumulado del 68% durante los últimos cinco años en la financiación del Gobierno de España.