La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación contará en 2022 con el mayor presupuesto de su historia, 2.669,07 millones de euros. Esta cifra supone un 19,2% más respecto al año anterior y un incremento del 32% sobre la dotación presupuestaria con la que contaban los servicios sociales al inicio de la legislatura, ha informado la consejera Rocío Ruiz durante su comparecencia en comisión parlamentaria. "Estas cuentas permiten situar a las personas en el centro de toda la actuación política del Gobierno andaluz, asegurando que nadie queda atrás ni al margen de la sociedad y valorando adecuadamente los servicios sociales y su potencial de generación de empleo", ha enfatizado.

Ruiz ha valorado que el Proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2022 destine el 60% del gasto no financiero a sanidad, educación y políticas sociales. "Son unas cuentas responsables y despojadas de cualquier decisión ideológica", ha remarcado, "centradas en dinamizar e incentivar el empleo y reforzar los servicios públicos". En el caso de su departamento, el grueso de la inversión vuelve a estar centrado en la atención a la dependencia, al dotarse a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) de un presupuesto de 1.635 millones de euros, 221 millones más que el año anterior y un 37,8% (448 millones) mas que en 2018.

Esta partida, no obstante, se eleva hasta los 1.952 millones al incluir las actuaciones de prevención de la dependencia y fomento del envejecimiento activo (programa 31R Atención a la dependencia, Envejecimiento activo y Discapacidad), lo que supone un crecimiento del 21,3% (343,2 millones más) que en 2021.

Atención a la dependencia

"Es el mayor presupuesto que un Gobierno andaluz ha destinado nunca a dependencia", ha resaltado, para recordar a continuación que estos esfuerzos han permitido que Andalucía alcance el récord histórico de 248.759 personas beneficiarias de atención a la dependencia y un total 344.920 prestaciones. Estos datos, ha destacado, implican un aumento del 17% de beneficiarios y un 23% más de prestaciones respecto a 2018, así como una reducción del 41% de la lista de espera en esta legislatura, lo que permite afianzar el salto de calidad en la atención a la dependencia dado en 2021 pese a la pandemia.

En este sentido, Ruiz ha valorado que prácticamente la mitad (el 46%) de la reducción de la lista de espera nacional en 2021, cifrado en unas 21.150 personas, ha sido posible gracias al esfuerzo andaluz, que rebajó esa lista en 9.745 personas. "El compromiso del Gobierno andaluz con la dependencia es innegable", ha enfatizado, poniendo el acento en el "importante desequilibrio Estado-Comunidades autónomas, con una infrafinanciación que supone un incumplimiento grave y continuado de la ley de Dependencia". Frente a este escenario, la consejera de Igualdad ha recordado que Andalucía encabeza la reclamación de un Pacto de estado que blinde la dependencia frente a vaivenes políticos con la creación de una caja única y un fondo de garantía.

Según ha detallado en su intervención, en 2022 Andalucía destinará 1.455 millones de euros a prestaciones directas a personas en situación de dependencia, desde la atención residencial o los centros de día al respiro familiar, pasando por el refuerzo de servicios sociales comunitarios, las prestaciones económicas o el servicio de ayuda a domicilio, que cobra peso al ser la opción más demandada por las personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia.

Ruiz ha subrayado el fuerte incremento en las actuaciones que se llevarán a cabo en esta materia con cargo a los fondos Next Generation por importe de 64,78 millones de euros, de los que 54 millones serán para inversiones. Así, se prevé una partida de 46,8 millones de euros para la adquisición e instalación de dispositivos del servicio de Teleasistencia. Y se incluyen además de otros proyectos encaminados a impulsar un nuevo modelo de cuidados de larga duración, la modernización de las centrales de Teleasistencia para asumir el incremento de personas usuarias y el desarrollo de un modelo predictivo de atención a la dependencia mediante el Big Data para avanzar en la demanda georreferenciada de los recursos.

"Somos la única consejería de la nación que ha firmado con el Gobierno central un convenio de colaboración para la ejecución de 39 proyectos para la recuperación, 450 millones dirigidos a atención a la dependencia, infancia, transformación digital y accesibilidad", ha remarcado, "lo que sin duda representa un impacto sin precedente para las políticas sociales en Andalucía y nos sitúa a la vanguardia de las políticas sociales en el conjunto de España".

En este sentido, Ruiz ha avanzado que se destina una partida específica de 3,1 millones de euros desde la Dirección y Servicios Generales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para financiar distintos planes de choque de refuerzo de personal, incluidos los 47 profesionales de distintas categorías para la Oficina Técnica de Gestión de los Next Generation que tramitará y gestionará los proyectos europeos. Asimismo, se destinarán fondos para sistemas de información enfocados a la automatización de procesos, con la vista puesta en el volumen y complejidad de la tramitación de la Renta Mínima y el impacto que está teniendo el Ingreso Mínimo Vital del Estado a la hora de compatibilizar y adaptar ambas prestaciones en Andalucía. "Estas partidas demuestran el esfuerzo que estamos realizando por la modernización y la digitalización de la Administración del Siglo XIX que nos encontramos al llegar a este Gobierno", ha justificado.

Protección de la infancia

El otro gran hito de los presupuestos de la Consejería de Igualdad será el programa 31E de Atención a la infancia, que contará con 222,2 millones de euros. Esta cifra supone un 14,4% más que en el año anterior con el objetivo de garantizar la atención de los menores en riesgo o situación de desprotección en Andalucía así como la colaboración con las familias andaluzas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad social, a fin de combatir la pobreza infantil.

Ruiz ha recordado que 2022 será el año del desarrollo normativo de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia y la formulación del III Plan Estratégico en este ámbito, por lo que con este aumento de fondos se podrán destinar 21,1 millones para fomentar el acogimiento familiar y la adopción, objetivo recogido en la nueva norma para favorecer las políticas de integración familiar frente a las de acogimiento residencial, y 14,7 millones para remuneración de las familias. Asimismo, se mantienen las partidas para reforzar los servicios de atención al acogimiento familiar y la adopción, los contratos para la información, formación y la valoración de la idoneidad y el servicio de postadopción.

Además, se incrementa un 21,7% (hasta los 96,6 millones de euros) la partida para concierto social de atención a la infancia, "de tal manera que se garantiza la estabilidad de los recursos de protección de nuestros menores al margen de cualquier vaivén político". Y se destinan casi 711.000 euros a un nuevo contrato para la atención psicoterapéutica de niños y niñas que están bajo la tutela del sistema de protección y que hayan sufrido negligencia, abandono, maltrato y/o abuso dentro de su propia familia, una iniciativa que complementa los programas para prevención y detección de situaciones de dificultad, conflicto o riesgo social de los menores. "Estas partidas responden al espíritu de la nueva norma que promueve entornos seguros y una protección integral a los y las niñas", ha señalado.

En relación a la atención a los menores extranjeros no acompañados, la Consejería de Igualdad alcanzará en 2022 las 645 plazas para respuesta inmediata gracias a una partida de 19,7 millones de euros.

Ruiz ha destacado que las cuentas de 2022 permitirán mantener los buenos resultados de los programas de atención e inserción socio laboral de jóvenes ex tutelados, y consolidar también los dispositivos de atención a chicas en situación de vulnerabilidad, que para el próximo ejercicio se incrementarán en 20 plazas más, llegando a un total de 80 plazas.  Además, se incorporan 19,1 millones de euros de los fondos europeos Next para seis acciones enfocadas en el fortalecimiento de la atención a la infancia y la modernización de las herramientas de gestión de los servicios sociales.

Lucha contra la pobreza y la exclusión social

El programa 31G de Acción Comunitaria e Inserción contará con 214 millones de euros para entre otros, garantizar prestaciones como la Renta Mínima de Inserción y seguir protegiendo a las personas que no son atendidas con el Ingreso Mínimo Vital.

La responsable andaluza de asuntos sociales ha recordado que ésta ultima es una prestación "cuya tramitación es bastante farragosa y que, parece ser, va a volverse a modificar, lo cual nos va a dificultar nuevamente nuestra atención de las personas vulnerables". Por ello, ha recordado que tanto el Ejecutivo andaluz como el resto de agentes sociales implicados (desde la FAMP a la CEA, el sindicato UGT, la Mesa del Tercer Sector o el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales) se han unido para reclamar de forma conjunta una mejor coordinación del Estado con las autonomías y un refuerzo material y de personal para su tramitación, "habiendo recibido hasta la fecha el silencio por respuesta del Gobierno central".

Ruiz ha señalado que, en esa lucha contra la pobreza y la exclusión social, Andalucía continuará trabajando en la implementación de la ERACIS con 31,42 millones de euros con el fin de mejorar la inserción socio laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través de itinerarios integrados y personalizados de inserción. Y se incluye una partida de 6,23 millones de euros del fondo social europeo para crear un nuevo servicio de inserción socio laboral para personas sin hogar, con capacidad para 315 personas. Además, se incorpora de inicio en los presupuestos una partida de 13,56 millones de euros para el Bono Social Térmico a fin de compensar a las personas más vulnerables de los gastos derivados de suministros energéticos como calefacción o agua caliente.

La responsable de Igualdad ha lamentado que estos esfuerzos no tengan correlación por parte del Gobierno central, tildando de "anecdótica" por ejemplo la aportación al Plan Concertado para servicios sociales comunitarios, un 2% frente a los 41,7 millones de euros de recursos propios aportados por la administración andaluza. Ruiz ha destacado que, adicionalmente, se destinarán 19,81 millones de euros de los fondos Next a entidades locales para proyectos destinados a la transformación tecnológica y la innovación en los Servicios Sociales Comunitarios, mientras que se han presupuestado 1,7 millones de euros para subvenciones a entidades locales para el desarrollo de actividades de interés social, atención a personas migrantes y minorías étnicas.

La Consejería mantiene la partida de 9,8 millones de recursos propios para subvenciones a entidades sin ánimo de lucro enfocadas a programas de solidaridad y garantía alimentaria, programas dirigidos a la comunidad gitana o a personas sin hogar e inmigrantes. En esta línea, se dota al programa 31H para la Promoción y Sensibilización del Voluntariado de 1,8 millones de euros, similar a los créditos del ejercicio 2021. Estos fondos permitirán llevar a cabo en 2022 el Congreso Andaluz del Voluntariado y encuentros provinciales; la elaboración de un Plan de Formación Voluntariado así como la convocatoria de subvenciones para procesos y presupuestos participativas; a Universidades públicas andaluzas para la realización de actividades en materia de voluntariado y para la gestión de centros de recursos para el voluntariado y las asociaciones.

Prevención de malos tratos a personas mayores

En el apartado referido a la atención a las personas mayores, se destinan 26,1 millones de euros para medidas dirigidas a este colectivo. El foco de la acción política, ha indicado Ruiz, estará puesto en la elaboración de las nuevas órdenes de funcionamiento y acreditación de los centros de atención a las personas mayores, siguiendo las premisas del nuevo modelo centrado en las necesidades de cada persona, así como en la implementación del protocolo de soledad no deseada o la difusión de campañas informativas para la prevención de la dependencia.

Como novedad, se ha previsto la creación de un sistema de información del maltrato a las personas mayores, que incluye la formación dirigida al personal implicado en su detección y actuación. De la misma manera, se continuará con el avance iniciado en el despliegue de la teleasistencia con dispositivos adicionales, como los de detección de gas y humo para las personas mayores de 80 años que viven solas o la modernización y renovación de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco. Y las ayudas extraordinarias para personas beneficiarias de pensiones no contributivas y asistenciales se incrementan en un 4%, como "muestra del compromiso y la sensibilidad de este gobierno con este colectivo, que en su mayoría carece de medios económicos suficientes para el desarrollo de las necesidades básicas de subsistencia".

La consejera ha detallado también que la Dirección General de Personas con Discapacidad incrementa su presupuesto un 2,77% hasta alcanzar los 9,7 millones de euros, lo que permite aumentar por ejemplo las partidas para sostenimiento de las fundaciones tutelares andaluzas o las destinadas al sostenimiento de los centros de valoración y orientación, que se elevan hasta los 2,3 millones de euros. Y con cargo a los fondos Next Generation se han incluido proyectos novedosos para la transformación de los servicios sociales como la valoración telemática de la discapacidad o la puesta en marcha de un conversor a lenguaje claro.

Presupuesto histórico para Igualdad

Como ya avanzara Ruiz, el Instituto  Andaluz de la Mujer (IAM) incrementa su dotación hasta alcanzar el mayor presupuesto de su historia: 50,4 millones de euros (6,2 millones más que en 2021) que irán acompañados de un aumento del 14% de sus recursos. "No solo hemos afianzado los recursos existentes, sino que su presupuesto ha aumentado considerablemente", ha destacado la consejera, quien ha considerado que se trata de una muestra "del compromiso absoluto en favor de las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género de este Gobierno frente a los discursos apocalípticos que sobre él se vertieron".

La acción en esta materia pivotará sobre tres grandes ejes: la promoción de la igualdad de género, con el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía; la Estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la primera apuesta de un gobierno andaluz en este sentido y que incluye un nuevo servicio para garantizar la detección y rescate de las víctimas dotado con 1,2 millones de euros, y el primer Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género.

Por su parte, y dentro del programa 31T, la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad contará con 1,9 millones de euros, que garantizan la continuidad del XIII Congreso Internacional para la violencia de género, el II congreso LGTBI de Andalucía y nuevas campañas de sensibilización e información sobre derechos del colectivo LGTBI y prevención de los delitos de odio. Además, se destinan 130.000 euros para subvenciones a proyectos LGTBI y 450.000 euros para proyectos de formación, estudios y publicaciones en materia de violencia de género.

La consejera de Igualdad ha querido resaltar además el incremento del Programa 32E Proyectos de Interés Social, que se eleva casi el doble hasta los 90,9 millones de euros. Estos recursos, ha detallado, permitirán efectuar la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, la realización de un estudio de evolución e impacto de las políticas de conciliación como herramienta de cambio social y la puesta en marcha de una oficina técnica para la elaboración de la Primera Estrategia de Conciliación en Andalucía.

Por último, Ruiz ha señalado que se han presupuestado 23,7 millones de euros para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), que permitirán afianzar su papel como institución especializada en la implantación de la Agenda 2030 y nuevos enfoques de cooperación, así como continuar con las acciones de eficacia y eficiencia y de gestión profesionalizada iniciadas esta legislatura.