El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la puesta en marcha, por parte de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, del Plan de Puntos Limpios de Andalucía, por el que se financiarán y ejecutarán las obras para la construcción de puntos limpios en municipios de entre 5.000 y 50.000 habitantes que aún no dispongan de estos recintos.

En el marco de la nueva Ley de Economía Circular de Andalucía, el Plan Integral de Residuos de Andalucía incide en el uso eficaz de los recursos y un aumento de la reutilización, la reciclabilidad y la valorización material para reducir la generación de residuos y la cantidad final que se elimina en vertederos, siendo una herramienta básica para reforzar y acelerar la transición de Andalucía hacia una economía circular, para impulsar la competitividad, crear empleo y generar crecimiento sostenible, incluyendo diversas medidas de apoyo a la planificación local y gestión de residuos municipales, como las relativas al apoyo para la dotación de infraestructuras necesarias para ello.

Con unos objetivos para la reutilización y reciclado de residuos municipales en tres horizontes temporales (objetivo del 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035), se considera necesaria la puesta en marcha de un Plan de Puntos Limpios para Andalucía como instrumento indispensable para su cumplimiento. Para ello, se financiarán y ejecutarán obras para la construcción de puntos limpios en aquellos municipios de entre 5.000 y 50.000 habitantes que aún no lo tengan, con un presupuesto de 5,5 millones de euros financiados al 75% por fondos FEADER y al 25% por fondos propios de la Junta de Andalucía y una cuantía máxima por actuación de 434.796 euros.

De los 229 municipios de entre 5.000 y 50.000 habitantes existentes en Andalucía, el 57% (131) disponen ya de esos puntos limpios, quedando aún 98 sin ellos. Así, la Junta de Andalucía financiará y ejecutará estos puntos en aquellas localidades en las que, tras el plazo de solicitud y baremación de los proyectos, se adjudiquen. Una vez finalizada la obra, el Ayuntamiento correspondiente se hará cargo de la conservación y del mantenimiento de la instalación.

Así, los ayuntamientos sólo podrán presentar en el plazo de presentación de solicitudes, que será de un mes, un único proyecto que deberá contar con un informe de compatibilidad urbanística en la parcela propuesta, que siempre deberá ser superior a 1.500 metros cuadrados. Además, las actuaciones, cuyos gastos deberán ser mantenidos por el ayuntamiento como mínimo durante cinco años desde la recepción de la obra, se someterán al procedimiento de prevención y control ambiental que corresponda, deberán contener con el impacto de mejora en la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) sobre la población afectada y cumplir al menos dos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Las actuaciones deberán guardar conformidad con los planes de desarrollo de los municipios y poblaciones de las zonas rurales y tener coherencia con las estrategias de desarrollo del ayuntamiento, que además se compromete a remitir un informe anual que acredite el funcionamiento del punto limpio con la documentación sobre las toneladas de residuos gestionadas anualmente.

Las inversiones previstas en la instalación de nuevos puntos limpios en municipios rurales consisten en la propia construcción de las instalaciones (movimiento de tierras, urbanización, viales, obra civil, muros, cubiertas, caseta de control, abastecimiento y saneamiento de agua, instalación eléctrica, etc.), sistemas de emergencia y protección contra incendios; sistemas de vigilancia; equipamiento y contenedores necesarios; gestión de residuos sólidos de construcción y demolición, así como el equipamiento necesario para cumplir los requerimientos establecidos por el coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obra de construcción de puntos limpios.