Información general
Organismo
Agencia Pública Andaluza de Educación
Responsable del tratamiento
Agencia Pública Andaluza de Educación
Finalidad
Gestión de expedientes jurídicos, de carácter administrativo,mercantil, civil o penal.
Delegado de protección de datos
dpd.agenciaedu@juntadeandalucía.es
Interesados
Empleados de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Empresarios individuales y trabajadores de y/en organizaciones que prestan sus servicios a la Agencia Pública Andaluza de Educación o que hayan licitado para la misma, así como laspersonas de contacto. Solicitantes, beneficiarios de ayudas y familiares.
Datos personales
Datos identificativos: nombre, apellidos, NIF/DNI, SeguridadSocial, domicilio del interesado y padres/madres y tutores.Datos relativos a la infracción o reclamación y a su tramitación.Datos económicos: cuentas bancarias, renta, informe vidalaboral) de padres/madres y tutores.Datos especialmente protegidos: discapacidades, circunstanciasde exclusión social del interesado y padres/madres y tutores.
Cesiones de datos
Todo tipo de órganos jurisdiccionales: Tribunales administrativos, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Consejería de Educación y Deporte, Gabinete Jurídico de la Junta deAndalucía y en su caso empresas proveedores que sean parte en procedimientos judiciales.
Transferencias internacionales
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Periodo de conservación
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto enla normativa de archivos y documentación.
Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Base jurídica
RGPD: 6.1.e) cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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