Información general
Ámbito internacional
- Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, ratificado por el Estado español el 13 de abril de 1977
- Tratado de la Unión Europea.
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007.
- Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado de manera conjunta por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, el 17 de noviembre de 2017.
Ámbito nacional
- Constitución Española, aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978.
- Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
Ámbito autonómico
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
- Reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía.
- Reducir la pobreza estructural en Andalucía, por medio de la reducción de la pobreza infantil.
- Procurar a las personas beneficiarias un acceso al sistema ágil que ofrezca una rápida respuesta de la administración autonómica.
- Mejorar las posibilidades de inserción social, laboral, educativa y competencia digital de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo, familias monoparentales y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres.
- Procurar un mecanismo de ayuda a personas menores extuteladas por la Junta de Andalucía, para aumentar su grado de autonomía personal.
- Aumentar el grado de autonomía personal y familiar, mediante un itinerario de inserción social
A pesar del escaso tiempo transcurrido desde la última regulación normativa de esta protección económica, el contexto de cambio originado por la pandemia provocada por el COVID-19, las aún altas tasas de riesgo de pobreza o exclusión social, unos ingresos medios anuales aún por debajo de la media nacional, unas elevadas tasas de paro y unas tasas de desigualdad existentes en Andalucía que lejos de constituir una situación coyuntural, se ha consolidado de forma estructural, afectando de forma contundente a la infancia, hace imprescindible una nueva respuesta legislativa que tenga en cuenta el nuevo marco y contexto, debido a que la actual renta vigente, la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía en esta nueva situación socioeconómica. Una respuesta que a su vez sea complementaria del Ingreso Mínimo Vital evitando la duplicidad de coberturas.
Por ello con el Ingreso para la Infancia y la Inclusión, se pone en marcha una nueva iniciativa legislativa, cuyas características serán la eficacia, la agilidad administrativa, la complementariedad con el Ingreso Mínimo Vital y el logro de una amplia cobertura a las personas y familias que se encuentren en una situación de pobreza, vulnerabilidad y/o exclusión social, teniendo una especial protección de la infancia.
Esta prestación autonómica concibe la inclusión desde una vertiente global, acompañando a las prestaciones económicas las prestaciones profesionales y la garantía como derecho de la elaboración de itinerarios de inclusión individualizados, en los casos que proceda, a aquellas personas que reúnen los requisitos para ser beneficiarias de este derecho subjetivo. El fin último del Ingreso para la Infancia y la Inclusión es, en definitiva, la ruptura de la persona y/o familia con aquellos elementos que provocan su exclusión social o una situación de vulnerabilidad, promoviendo que puedan desarrollar su proyecto de vida y un futuro fuera de dicha situación.
- Reducir la pobreza estructural de Andalucía.
- Reducir los índices de pobreza infantil.
- Erradicar la marginación y la desigualdad.
- Garantizar la atención a las personas que se encuentren en situación de exclusión social o riesgo de estarlo y promover su inserción e integración social, educativa y laboral.
Mantener la vigencia de la actual normativa en materia de renta social no puede considerarse una solución en cuanto que:
- La aprobación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, ha supuesto una modificación del contexto jurídico de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
- El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía carece de:
- Mecanismos que permitan una interoperabilidad entre administraciones que permita la agilidad en la tramitación de la prestación.
- Mecanismos que procuren un itinerario educativo, más allá de los programas de formación para el empleo.
- Mecanismos que procuren competencias digitales a las personas beneficiarias de la prestación.
- Posibilidad de compatibilidad con el empleo, como mecanismo de incentivo a la inserción laboral de las personas beneficiarias.
- Consideraciones mínimas para su operabilidad con la Historia Social Única.
Por lo que la única solución pasa por una derogación de la normativa actual con el fin de aprobar una nueva prestación en Andalucía. Para que esta esté adaptada a las nuevas exigencias procedimientales, así como a la normativa estatal.
La ciudadanía, entidades e instituciones públicas o privadas que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento a través del siguiente correo electrónico:
consultapublica.sgpsc.cipsc@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en el correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente
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