La regulación de la contratación pública tiene gran relevancia en el panorama jurídico autonómico, nacional, europeo y mundial como pone de manifiesto el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
La normativa es amplia y procedente de diferentes niveles legislativos. Desde la Unión Europea se ha impulsado un importante proceso de armonización de la legislación sobre contratación pública de todos sus Estados Miembros, lo que se puede visualizar en la normativa de carácter básico que hasta el momento se ha dictado.
La normativa vigente regula el procedimiento de contratación pública aunando la garantía de la defensa del interés público, con la libre concurrencia, la publicidad, la transparencia, la igualdad y la no discriminación y permitiendo que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.