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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 98 de 22/08/2002

1. Disposiciones generales

Consejería de Asuntos Sociales

DECRETO 209/2002, de 23 de julio, por el que se aprueba el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

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El artículo 29.1 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, encomienda al Consejo de Gobierno la aprobación de un Plan Andaluz sobre Drogas en el que se contendrán todas las actuaciones preventivas, de atención e incorporación social a desarrollar de forma coordinada por las distintas Administraciones Públicas Andaluzas y por las entidades colaboradoras, incidiendo especialmente en la problemática derivada del consumo de bebidas alcohólicas.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de

2001, se decidió la formulación del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, facultándose para ello al Consejero de Asuntos Sociales, entre cuyas funciones se halla la de conformar las políticas destinadas a prevenir, tratar y reinsertar en la sociedad a las personas afectadas por los problemas derivados de las drogodependencias, a tenor de lo dispuesto por el Decreto 180/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de dicha Consejería.

En el proceso de elaboración de este Plan se parte de la experiencia acumulada en el diseño y puesta en marcha de los recursos de la red asistencial andaluza, de la observación de sus resultados y de la evolución de los distintos factores concurrentes en materia de drogas y adicciones. Así, las actuaciones desarrolladas en estos años han conformado una estructura asistencial pública, que mediante una red descentralizada y de fácil acceso permite a cualquier ciudadano acudir en demanda de información, atención y servicios en materia de drogas.

Por otra parte, dado que las drogodependencias constituyen un problema que sólo puede abordarse desde la colaboración de todas las Administraciones y sectores afectados, se ha promovido en la formulación del Plan una amplia participación social, mediante la audiencia a instituciones y entidades implicadas en esta materia y la elaboración de informes por parte del Consejo Asesor sobre Drogodependencias, del Consejo Andaluz de Servicios Sociales y del Consejo Económico y Social.

El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones se enmarca como un Plan específico dentro del Plan Andaluz de Servicios Sociales y pretende ser el instrumento fundamental a través del cual se consoliden los avances experimentados en los últimos años, promoviendo, asimismo, la innovación en la atención a los fenómenos propios de las drogodependencias y las adicciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, este Plan, partiendo del respeto a las opciones de los ciudadanos, articula objetivos y estrategias que posibilitan la libre elección basada en el conocimiento y la responsabilidad, al tiempo que garantiza la correcta asistencia a las personas afectadas por las consecuencias negativas del consumo de sustancias y de otras actividades adictivas. Del mismo modo, se impulsa la formación de los profesionales y agentes sociales, la mejora de los sistemas de información y otras herramientas que permitan una gestión de calidad, así como la potenciación de la investigación y el desarrollo del conocimiento.

Como aspecto novedoso se incluye en este II Plan el término adicción sin sustancia para hacer referencia básicamente a los problemas generados por el juego de azar, tal como indica la Ley 4/1997, de 4 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, aunque la posible irrupción de nuevas formas de adicción podría materializarse en el futuro en acciones concretas sobre las mismas.

En su virtud, de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley

6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de julio de 2002,

DISPONGO

Artículo único. Aprobación.1. Se aprueba el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, que figura como Anexo al presente Decreto.

2. El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones será vinculante para todas las Administraciones Públicas de Andalucía y entidades privadas e instituciones que desarrollen actuaciones en materia de drogas.

3. Del contenido del II Plan y sus evaluaciones se elevará una memoria anual al Parlamento de Andalucía.

4. El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones extenderá su vigencia hasta el 2007.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta al titular de la Consejería de Asuntos Sociales para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA

Consejero de Asuntos Sociales

INDICE

TOMO I

1. Metodología de elaboración del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

2. Análisis del Fenómeno Drogas en Andalucía.

2.1. Estructura básica y antecedentes del Plan Andaluz sobre Drogas.

2.2. Actuaciones realizadas según las áreas de intervención.

Se observa un paulatino descenso de los usos más abusivos del alcohol, aunque entre los jóvenes se da un aumento de estos patrones, especialmente en los fines de semana. Este incremento puede ocasionar un nuevo repunte de las prevalencias generales de bebedores abusivos.

Para medir la evolución del consumo de alcohol en Andalucía se han utilizado dos tipos de indicadores: El consumo en ml per cápita y día en el conjunto de la población de doce años en adelante y la prevalencia de bebedores abusivos.

Según los datos de los estudios realizados en Andalucía respecto al consumo de alcohol, se observa:

- Una clara tendencia a la disminución respecto al consumo de alcohol per cápita y día.

- Con relación a la población con un consumo de mayor riesgo («bebedores abusivos¯), compuesto por las categorías: a) Consumo alto (76 cc a 100 cc). b) Consumo excesivo (100 cc a

150 cc) y c) Consumo de gran riesgo (más de 150 cc), se observa una disminución constante en el porcentaje de población de bebedores abusivos, concordante con la tendencia a nivel nacional y en varias Comunidades Autónomas hasta 1998 (18,4% en

1987, 13,7% en 1989, 9,3% en 1992, 9,5% en 1994, 6,5% en 1998), y un aumento en el año 2000, que pasa a ser un 7,8%.

- Durante 1998, entre los bebedores abusivos los hombres representan un 10% de la población encuestada, mientras que las mujeres suponen un 2,4%. Las mujeres fueron mucho más

abstinentes que los hombres: Un 79,6% de ellas por un 51,2% de ellos. En el año 2000 las mujeres bebedoras abusivas aumentaron al 4,3%.

- Las máximas prevalencias de bebedores abusivos en 1998 se alcanzan en el intervalo de edad de 21 a 24 años, con el 13,9%, y en los de 25 a 34, con el 12,2%. El 7,3% del grupo de 14-15 años y el 13,8% de los de 16 a 20 años están realizando un consumo de alcohol bastante alto en fines de semana. En el año

2000 los grupos de edad de máxima prevalencia de bebedores abusivos han sido por sexo e intervalos de edad los siguientes: Hombres de 16 a 20 años, el 13,6% y mujeres de 16 a 20 años, el

9,6% y hombres de 21 a 24 años, un 17,4% y mujeres entre 21 y

24 años, un 15,3%.

En 1998 la edad media de inicio en el uso del alcohol son los

16,8 años, siendo los 15,74 años en los hombres y los 17,99 años en las mujeres. Los resultados y conclusiones del último estudio EDIS 2000 son las siguientes:

La tendencia es a un aumento en las prevalencias de bebedores abusivos, debido principalmente al progresivo aumento de los consumos abusivos en la población juvenil y adulta en los fines de semana. En comparación con los datos de 1998, los bebedores abusivos han aumentado 1,3 puntos, pasando de ser un 6,5% en

1998 a un 7,8% en 2000. Los intervalos de edad en los que éstos se distribuyen son de 16 a 24 años. Estos datos nos indican que las acciones preventivas deben centrarse fundamentalmente en estos tramos de edad. En general se observa un progresivo incremento de la prevalencia general de bebedores abusivos y una fuerte aproximación de las prevalencias de ambos géneros.

Psicofármacos (1987-2000):

Los datos más relevantes del estudio de la evolución del consumo de psicofármacos en Andalucía entre 1987 y 2000 pueden sintetizarse en un aumento en el porcentaje de población consumidora de tranquilizantes e hipnóticos. El mayor consumo corresponde a la población femenina.

El perfil de los consumidores de psicofármacos es

fundamentalmente mujer, de edad media o mayor de 45 años; en todos los hábitats: Rurales y urbanos. Cabezas de familias, cónyuges, abuelos, amas de casa, jubilados y pensionistas.

Tranquilizantes:

Estas sustancias (formuladas a los entrevistados como

pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) constituyen, junto a los hipnóticos, uno de los cinco modelos de policonsumo observados en Andalucía.

Las prevalencias de estas sustancias comenzaron a estudiarse en Andalucía en el año 94. Desde esta fecha, el consumo de tranquilizantes sería el siguiente:

- Desde 1994 hasta el estudio de 1998, entre los que han consumido tranquilizantes en los últimos seis meses ha

disminuido su uso en 2,2 puntos, siendo un 7,0% en 1994, un

6,2% en 1996 y un 4,8% en 1998. Sin embargo, en el año 2000 el consumo de esta sustancia ha sufrido un incremento de un 5,3%.

- La edad media de inicio en el consumo es de 35,98 años, siendo de 36,05 años en los hombres y de 35,93 años en las mujeres en 1998.

- En 1998 el perfil de consumidores de tranquilizantes era el siguiente: Los hombres, un 4,4% y las mujeres, un 5,1%. Un 4,2% de los de 25 a 44 años y un 7,9% de los de más de 44 años.

En todos los años puede observarse un porcentaje mayor de consumidores entre las mujeres que entre los hombres.

Hipnóticos (1987-2000):

El consumo de estas sustancias están muy relacionadas también con el uso de tranquilizantes. Las prevalencias del consumo de hipnóticos en Andalucía serían las siguientes:

- Al igual que los tranquilizantes, se comienza a estudiar a partir de 1994. La evolución de los que han consumido

hipnóticos en los últimos seis meses ha ido decreciendo constantemente (2,8% en 1994, 2,2% en 1996 y 1,4% en 1998), para aumentar a 2,8% en el año 2000.

- En 1998 la edad media de inicio en el consumo fue de 36,11 años, siendo los 33,3 años en los hombres y los 39,45 en las mujeres.

- El perfil de los consumidores de hipnóticos en el año 1998 fue de un 1,2% de los hombres y el 1,5% de las mujeres. Un 1,5% de los de 25 a 34 años, un 1,6 en 35-44 y el 2% de 45 y más años.

Las diferencias por género, edad, nivel educativo y familiar son poco significativas.

B) Drogas No Institucionalizadas:

Los datos más relevantes del estudio de la evolución del consumo de drogas no institucionalizadas en Andalucía entre

1987 y 2000 pueden sintetizarse, según sustancias, en:

Anfetaminas (1987-2000):

Las anfetaminas forman parte del principal modelo de

policonsumo (el de los psicoestimulantes), junto con la cocaína y las drogas de síntesis.

- El porcentaje de población consumidora de anfetaminas se mantiene en cifras realmente bajas en Andalucía. Después de registrarse un porcentaje de un 2,9% en 1989, la prevalencia ha ido descendiendo hasta situarse en 1996 en un 1,3%, un 0,8% en

1998 y un 0,6% en el año 2000.

- En 1998 un 1,9% de la población andaluza de doce años en adelante ha usado anfetaminas alguna vez, de ellos un 0,8% lo hizo también en los últimos seis meses y un 0,7% en el último mes.

- El perfil de consumidores de anfetaminas en 1998 es de un

1,3% de los hombres y un 0,3% de mujeres. La distribución de consumidores por intervalos de edad es de un 11,9% de 20 a 24 años y un 3,2% de 25 a 34 años.

Cannabis (1987-2000):

El cannabis (hachís, marihuana y otros derivados) es la sustancia ilegal más consumida en Andalucía, con prevalencias que en los grupos de edad joven superan el 10%. Los resultados obtenidos sobre los consumos de cannabis son los siguientes:

- Desde el año 1987 el porcentaje de población consumidora en Andalucía fue descendiendo de forma clara y constante, hasta que en el año 1994 se produjo un ligero aumento que se ha mantenido discretamente en 1996 (5,8%). Ha descendido

ligeramente a 5,3% en 1998 y ha aumentado al 7,5% en el año

2000.

- En 1998 un 11% de la población andaluza de 12 años en adelante había consumido cannabis alguna vez, un 5,3% lo hizo en los últimos seis meses y el 4,3% en el último mes. El consumo más frecuente (2 a 6 veces por semana y diariamente) era de un 1,4%.

- Respecto a 1996, aunque en el período de los últimos seis meses el consumo de cannabis había descendido ligeramente, no ocurre así en el del último mes en el que había aumentado del

4,1% al 4,3%. Este incremento en los consumos más recientes está en la línea de las Conclusiones del Observatorio Español sobre Drogas (Informe núm. 1), en el que se expone que los consumos de cannabis están creciendo significativamente, confirmándose el aumento en el año 2000, siendo un 7,5% en población mayor de 12 años los que han consumido cannabis en los últimos seis meses.

- La edad media de inicio al consumo en el año 1998 es de 17,78 años, siendo los 17,34 años en los hombres y 19,02 años en mujeres.

- Según los datos de 1998, el perfil de los que en los últimos doce meses consumieron cannabis es de un 8,3% de los hombres y un 2,3% de las mujeres. Los de 16 a 20 años un 10,5%, de 21 a

24 años el 12% y los de 25 a 34 años el 11%.

Aunque en los hombre el porcentaje de consumidores sigue siendo mayor, es precisamente entre las mujeres donde desde el año 1994 se percibe un aumento constante y regular del

porcentaje de consumidoras.

Cocaína (1987-2000):

Después del cannabis, la cocaína es la sustancia ilegal más consumida y actualmente forma parte del principal modelo de policonsumo, junto a otras sustancias psicoestimulantes y las drogas de síntesis.

Tras varios años manteniéndose en un porcentaje de alrededor del 3%, desde 1987, los datos de 1996 señalan una disminución nada despreciable que sitúa el consumo de cocaína entre la población andaluza en un discreto 2% para seguir descendiendo levemente a 1,9% en 1998 y apreciándose un aumento al 2,2% en el año 2000.

Los resultados obtenidos sobre su consumo en Andalucía son los siguientes:

- Hasta 1998 el consumo de cocaína fue disminuyendo,

sufriendo un incremento de 0,3 puntos en el año 2000.

- Con relación a la vía de consumo, en 1998 se observa que un

4,1% lo hizo de modo frecuente por vía parenteral, mientras que un 95,9% la consumió por otras vías (esnifada, fumada,

inhalada, etc.).

- La edad media de inicio en el consumo se sitúa en 21,17 años,

20,34 años en los hombres y 23,46 años en las mujeres.

- El perfil de los consumidores de cocaína es el siguiente: En poblaciones urbanas grandes; un 3,3% los hombres y un 0,7% las mujeres, los de 16 a 20 años un 2,5%, los de 21 a 24 años el

3,2% y los de 25 a 34 años el 5,7%.

Heroína (1987-2000):

Esta sustancia, aunque en una fase de descenso sostenido desde principios de los años noventa, sigue siendo una droga de gran importancia epidemiológica y social.

- Después de varios años manteniéndose en un muy discreto porcentaje entre el 1,5% y 1,8%, los datos indican una

disminución importante que sitúa el consumo de heroína en los últimos seis meses de 1996 entre la población andaluza en un

0,7%, para descender una décima más en 1998 y mantenerse constante en el año 2000.

- Hay que destacar que el consumo de esta sustancia desciende en todos los grupos de edad. En el informe editado en 1998 se observa que un 1,2% indican haber consumido heroína alguna vez, un 0,6% lo hicieron en los últimos seis meses y el 0,5% en el último mes. De un modo más habitual (2 a 6 veces por semana o diariamente) se encontrarían un 0,2% de la población de doce años en adelante.

- En cuanto al género, cabe señalar que el porcentaje de consumidores entre varones desciende de forma paulatina desde

1992 (3%) hasta un 1% en 1998 y que entre mujeres sigue en porcentajes muy bajos que rondan, en 1996, el 0,4% y el 0,2% en

1998.

- Comparando los datos del año 1998 y 2000, los consumidores de heroína en el período de los últimos seis meses se ha mantenido constante.

- En esta doble perspectiva apreciamos que en el Informe del Observatorio Español sobre Drogas se señala, en general, un descenso en el consumo de heroína, aunque en el del Europeo de

1998 se indica que «en algunos Estados Miembros se ha observado el aumento de heroína entre consumidores de drogas sintéticas y otras poblaciones jóvenes¯. Con estos resultados no habría que descartar un cierto repunte en los próximos años.

- En 1998 la edad media en el inicio del consumo se sitúa en

20,25 años, de modo muy similar entre hombres y mujeres, aunque este grupo supone tan sólo una quinta parte de los

consumidores.

Uno de los aspectos más importantes que se producen con relación a esta sustancia es el cambio en la vía de

administración, que pasa a ser, a partir de 1991 en Andalucía, mayoritariamente fumada/inhalada frente a la vía inyectada. Las cifras son extremadamente elocuentes: En 1995, un 81,4% de los consumidores utilizan las vías de «menos riesgo¯

(fumada/inhalada) y sólo un 18,6% utilizan la vía de «más riesgo¯ (inyectada). Actualmente sólo el 8,1% la usa por vía intravenosa.

Resulta también muy interesante comparar el dato que en Andalucía ofrece este indicador, con el que se observa en el conjunto de España. El «momento clave del cambio¯ (esto es, cuando la vía fumada/inhalada representa un porcentaje mayor que la inyectada) se produce en la Comunidad Autónoma Andaluza prácticamente 3 años antes que en el Estado Español. En 1995, cuando también en España se produce el cambio de vía, la diferencia entre el porcentaje de consumidores que utilizan la vía de «mayor riesgo¯ sigue siendo muy importante (18,6% en Andalucía frente al 40,3% en España).

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16560)

Extasis y otras drogas de síntesis (1987-2000):

En este grupo se incluyeron, y así se formularon en la

pregunta, el éxtasis y otras drogas de diseño. Esta sustancia comenzó a estudiarse a partir de 1994 y los resultados

obtenidos en el período 1994 a 2000 son los siguientes:

- Los datos de los últimos años muestran un pequeño

incremento en el porcentaje de consumidores de drogas de síntesis en Andalucía. En 1994 su consumo era de un 1,3%, 1,6% en 1996, 0,9% en 1998 y se incrementa al 1,5% en el año 2000.

Según los datos de 1998:

- La media de edad en el inicio sería de 20,6 años, 21,8 años en los hombres y 17,93 años en las mujeres.

- Un 1,7% de la población andaluza de doce años en adelante han consumido drogas de síntesis alguna vez, un 0,9% lo hizo en los últimos seis meses y el 0,7% en el último mes.

- El perfil de usuarios de drogas de síntesis sería el

siguiente: En poblaciones medias y grandes un 1,2% en hombres y el 0,5% en mujeres. Los de 14-15 años un 0,9%, de 16-20 el

0,8%, de 20-24 el 2,3% y de 25-34 un 2,1%.

3.2. El Sistema Andaluz de Información en Drogodependencias (SAID).

Según los datos del Sistema Andaluz de Información en

Drogodependencias se han observado cambios importantes en la demanda asistencial que han revertido en la adecuación de los recursos y programas de la red asistencial, para ofrecer un mejor servicio a la población usuaria de los mismos. Los cambios operados más importantes son:

a) Diversidad de perfiles de los usuarios que acuden a los centros.

b) Demanda centrada principalmente en problemas generados por el consumo de opiáceos, apreciándose el incremento de la demanda por otras sustancias: Alcohol, cocaína, cannabis, que aunque en menor medida, cada vez tienen una presencia mayor en los centros de tratamiento.

c) Estabilidad en las admisiones a tratamiento en cuanto a los casos nuevos -sin tratamiento previo-, creciendo sin embargo, de manera sostenida los reinicios de tratamiento. Esto supone crisis o recaídas permanentes en las poblaciones usuarias, pudiéndose hablar de una cierta circularidad de los pacientes en los distintos programas y recursos.

d) Aumento en la edad media de los casos admitidos por heroína, siendo mayor aún en los reinicios que en los casos nuevos, lo cual supone una incorporación al consumo con mayor edad.

e) Mantenido descenso en los últimos diez años del consumo de heroína por vía intravenosa, con progresivo aumento del consumo por vía inhalada/fumada.

f) Aumento del número de usuarios del Programa de Tratamiento con Metadona, con una mayor accesibilidad y altas tasas de retención.

g) Consolidación de una amplia y variada red de recursos asistenciales, que llega a ser un modelo de referencia en la atención a las drogodependencias.

h) Mayor conocimiento de los problemas que subyacen en el fenómeno de las drogodependencias, suponiendo un mejor ajuste de las estrategias y respuestas desde los distintos ámbitos de intervención.

i) Detección de la necesidad de reorientar la prevención hacia una mayor implicación de los grupos y sectores sociales, donde parece necesario un mayor esfuerzo inversor y de implicación de las instituciones sociales y Administraciones.

Todos estos datos junto con la evaluación del Plan Andaluz sobre Drogas realizada por una asesoría externa nos aportan información sobre la introducción de cambios y reorientaciones que permitan incrementar el grado de éxito del Plan Andaluz sobre Drogas.

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LOS DATOS

DE CONSUMO

Las principales conclusiones de los datos actuales de consumo de drogas en Andalucía se pueden resumir en las siguientes:

En la actualidad, el número de bebedores abusivos, jóvenes, en fines de semana, el consumo de tabaco diario, cannabis, tranquilizantes e hipnóticos y cocaína ha sufrido un pequeño incremento. Sin embargo, el consumo de heroína en los años

1998, 1999 y 2000 se ha estabilizado.

En el estudio de 1996 en Andalucía se detecta un cambio importante en los modelos de policonsumo observados y es que, en dicho estudio, el primer modelo era el de los narcóticos, que en la actualidad pasa al segundo modelo, dejando su lugar, como modelo más importante de policonsumo, a los

psicoestimulantes. Esta misma ordenación es la que se observa en otros estudios recientes (Nacional 1995, Galicia 1996, Canarias 1997, Comunidad Valenciana 1996 y 1998, y Municipio de Madrid 1997). Los otros dos modelos, el de tabaco-alcohol y el de psicofármacos, siguen en el mismo orden que el estudio anterior.

El extraordinario descenso en el consumo de heroína a lo largo de estos años es un logro importante del Plan Andaluz sobre Drogas, pero no se puede olvidar al grupo de heroinómanos refractarios a los tratamientos actuales que, ya envejecidos y deteriorados por las patologías asociadas y la práctica de consumos de riesgos, siguen utilizando la vía intravenosa y no encuentran tratamientos adecuados a su drogodependencia.

El indicador «edad media de inicio en el consumo de opiáceos y cocaína¯ ha sido estudiado en los informes bianuales desde el año 1987 tanto para Andalucía como para el conjunto del Estado. Sin embargo, no hay información disponible para el resto de sustancias hasta el año 1996, con lo que éste no puede

utilizarse como indicador de evolución.

En Andalucía la edad media de inicio en el consumo de opiáceos o cocaína se sitúa prácticamente un año más tarde que en el conjunto del Estado Español. En los últimos diez años, en esta Comunidad Autónoma se ha pasado de una edad media de inicio de

20,6 años en 1987 a 21 años en 1998. En el año 2000 la edad media de inicio en los consumos es prácticamente la misma que la observada en 1998; quizá el cambio más importante sería el inicio más precoz de la cocaína, con los 20,57 años de media en el 2000 por los 21,18 en 1998. Sin duda, ésta es una sustancia con cierto potencial de expansión entre los jóvenes.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16562)

4. LINEAS GENERALES

Las actuaciones destinadas a dar respuestas al fenómeno de las drogas se inspiran en una serie de principios éticos que se expresan a continuación:

1. Toda intervención debe estar dirigida a la obtención del equilibrio personal a través de políticas de información, educación ciudadana y eliminación, en lo posible, de las condiciones y situaciones de vulnerabilidad. Este planteamiento implica que todas las acciones que se desarrollen en materia de drogas estarán centradas en el abordaje integral de las personas, con independencia de sus circunstancias de consumo, procurando una mejora en su calidad de vida y previniendo, al mismo tiempo, situaciones que puedan conllevar a la exclusión social.

2. Es imprescindible trabajar en la línea de disminuir las situaciones de riesgo individual y colectivo y en la corrección de las causas que han dado lugar a la materialización de esos riesgos.

3. Por último, se considera como una responsabilidad colectiva salvaguardar los derechos que supone el reconocimiento de la dignidad individual de todos los ciudadanos, por deteriorados que puedan estar en su situación personal.

En base a estos principios, las líneas generales que

conducirán al II Plan sobre Drogas y Adicciones se concretan en las siguientes:

1. Adaptación de la red de atención a las drogodependencias a las nuevas demandas y diversificación de la oferta terapéutica a las diferentes tipologías de usuarios.

El Plan Andaluz sobre Drogas nace a mediados de los 80 para dar respuestas a la alarma social que se crea por la expansión en el consumo de heroína, por lo que en los primeros años de su desarrollo, la respuesta institucional se focaliza en los consumidores de heroína.

Esta prioridad en el tratamiento a heroinómanos facilita que se diversifique la oferta de tratamientos a los consumidores de esta sustancia, contribuyendo a su integración y a la

eliminación de estereotipos negativos asociados a la imagen del drogodependiente. Pero aun así, en la actualidad todavía se atiende en los dispositivos de drogodependencias a un colectivo de heroinómanos envejecidos y deteriorados para los que ningún tratamiento de los existentes se adecua satisfactoriamente.

A pesar de que los crecientes problemas de alcoholismo, que coinciden con la puesta en marcha del Plan Andaluz sobre Drogas, la respuesta institucional fue bastante escasa. Tal iniciativa, sin embargo, posibilitó la vertebración de los movimientos sociales, con la creación de las primeras

asociaciones de ex alcohólicos y alcohólicos rehabilitados.

Analizando ahora la situación actual se puede afirmar que en los últimos años aparece una imagen bastante distinta en el escenario de las drogodependencias. El perfil de los usuario ha cambiado. Los consumidores de heroína que sufrían un alto grado de exclusión, a principios de los 80, se encuentran ahora más integrados. La aparición de consumidores de nuevas sustancias, los nuevos patrones de consumo, la demanda de tratamiento derivada del consumo de alcohol y la adicción al juego, nos obliga a seguir trabajando en la diversificación de nuevos programas y en la mejora de la calidad de los ya existentes, con el objeto de realizar un abordaje más integral de las personas. Esta mejora supondrá, por un lado, un incremento y reestructuración de la red de profesionales de los centros de atención y, por otro, una mayor implicación y coordinación con el sistema sanitario y con los demás sistemas de protección.

Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, se hace necesario ofrecer respuestas acordes a las necesidades actuales. Para ello, y continuando en la línea de la

normalización, se pretende ofertar la atención a todas las adicciones, tanto de las sustancias legales como las ilegales e incluida la adicción al juego, y adaptar los tratamientos a las necesidades individuales. Los centros de tratamiento

ambulatorio de drogodependencias se convertirán en centros ambulatorios de drogodependencias y adicciones, ampliando su cobertura a todo tipo de conductas adictivas recogidas en la Ley 4/97, estén o no relacionadas con sustancias. Con respecto al tabaco, aquellos centros que a la entrada en vigor del PASDA ya tuvieran puestas en marcha Unidades de Deshabituación del Tabaquismo, seguirán atendiendo las demandas que se produzcan, como complemento a las actuaciones que en esta materia

desarrolle el Servicio Andaluz de Salud.

La elaboración de protocolos conjuntos de actuación y el desarrollo de programas de control de calidad de los programas y servicios contribuirán a garantizar el principio de equidad territorial de la atención a las drogodependencias en

Andalucía.

La metodología de atención a las drogodependencias del PASDA evolucionará hacia una metodología basada en la

complementariedad de objetivos. Conjugará, por tanto, las estrategias que pretenden, por un lado, minimizar los daños producidos por el consumo de drogas y, por otro, aquéllas tendentes a la abstinencia, con la finalidad de la

incorporación social. La complementariedad anteriormente descrita hace referencia a la combinación entre los Programas de reducción de riesgos y daños y Programas de tratamientos de las drogodependencias actuales (Programas con agonistas u opiáceos...) así como otros nuevos que vayan apareciendo, garantizando la permeabilidad entre los distintos programas y permitiendo el paso de unos a otros en distintos momentos del proceso del tratamiento sin interrupciones ni cambios

traumáticos.

Por tanto, se considera prioritario continuar impulsando programas de reducción de riesgos y daños, garantizando que cualquier consumidor aprenda a limitar los riesgos y

consecuencias del consumo, aunque opte por programas que exijan la abstinencia.

2. Desarrollo de una red de emergencia social.

Los recursos destinados al desarrollo de programas de reducción de riesgos y daños para consumidores en activo son aún escasos. Por ello, será objeto del nuevo Plan impulsar la creación de una Red de Emergencia Social que complemente a los programas de reducción de riesgos y daños que se llevan a cabo desde otros recursos.

Este tipo de recursos tiene como objetivo acercar a los dispositivos de carácter sociosanitario a todos aquellos drogodependientes que están fuera del sistema. Cumplen a la vez una función preventiva e integradora.

En la Red de Emergencia Social se incluirán recursos de carácter fijo y móvil y, teniendo en cuenta que un gran número de las personas que demandan este tipo de centro son

consumidores en activo, se podrá valorar la posibilidad de que estos dispositivos cuenten con «salas de consumos higiénicos¯ en las que el usuario pueda realizar sus consumos sin riesgos de contagios y de una forma más aséptica.

3. Impulso en el desarrollo de los programas de apoyo a la atención a las drogodependencias en las prisiones.

En las prisiones andaluzas existe un gran porcentaje de presos que están cumpliendo condenas por delitos relacionados con el consumo de drogas, cuyas condiciones de deterioro sanitario son aún mayores que la de los toxicómanos en general. Por ello, a este colectivo hay que garantizarle la misma atención y disponibilidad de recursos que a la población, incluidos los nuevos tratamientos que se vayan incorporando y los Programas de Reducción del Daño.

Se incluirán en el nuevo Plan medidas destinadas a la mejora de la calidad y cobertura de la atención sociosanitaria que reciben las personas con problemas derivados del uso de las drogas en prisiones, garantizando que la oferta terapéutica y la atención prestada a los internos se dé al menos en las mismas condiciones que a la población toxicómana que se encuentra en libertad.

4. Impulsar con carácter prioritario la implantación de programas preventivos, abarcando los posibles ámbitos de actuación.

Entendiendo que existen diversas definiciones de prevención, optamos por denominarla como aquel entramado dinámico de estrategias que tiene como objetivo minimizar la ocurrencia de una conducta. La conducta a tratar se definirá en función de cada caso, dependiendo de las características de la población o sujeto a la que vaya dirigida la acción y de la relación que establezcan con las sustancias. En última instancia cualquier acción preventiva tiene que contar con el objetivo de que las personas no establezcan relaciones destructivas con las drogas.

Atendiendo a esta definición, los programas y campañas de Prevención se podrán catalogar en función de los objetivos que persiguen y de la población a la que van dirigidos.

Por tanto, la prevención de las drogodependencias se interesará por evitar o retrasar el consumo en una población abstinente, minimizar las conductas de riesgo de aquellos individuos que se han iniciado en el consumo de drogas y también por reducir los daños asociados en aquéllos que ya han desarrollado cualquier tipo de adicción. En cuanto a las actuaciones dirigidas a la población general, se introducirán aquéllas encaminadas a modificar actitudes que fomenten el respeto del consumo responsable.

Corresponde a la Administración Andaluza planificar las actuaciones en materia de prevención y crear el marco donde han de integrarse todas las intervenciones que se realicen. Las competencias de los distintos departamentos de la

Administración Autonómica están recogidos en la Ley 4/97 y se articularán en función de los ámbitos de las intervenciones que se emprendan (Salud, Educación, Trabajo, Juventud...).

Igualmente, se pretende contar con la implicación de todos los agentes y recursos de la comunidad, fortaleciendo y

aprovechando la capacidad de coordinación de las Corporaciones Locales. Para ello se buscará previamente un consenso social e institucional con respecto a la necesidad de actuar de un modo coherente y eficaz.

Se intervendrá mediante programas estructurados y acciones planificadas, dirigidas a sensibilizar e informar de una forma veraz sobre los efectos de las drogas y sus consecuencias, a modificar actitudes en relación al control de los factores de riesgo personal y social, y a cambiar hábitos y estilos de vida. Las campañas preventivas se integrarán como un soporte de los propios programas.

Como estrategia general se abandonarán todas aquellas

actuaciones de carácter represivo. Sin embargo, se pretenderá el efectivo cumplimiento de la actual legislación en cuanto al control de la publicidad y venta de alcohol y tabaco,

proporcionando una especial atención a aquellas medidas destinadas a la protección de los menores.

Este II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones debe comprender, así mismo, los instrumentos de organización necesarios para hacer efectiva la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas competentes, destinando las cantidades recaudadas tanto al desarrollo de estas actuaciones como al cumplimiento de los restantes objetivos previstos en el mismo.

5. Desarrollo de Programas Específicos de Prevención

dirigidos a jóvenes y a las poblaciones de riesgo.

Especial mención merece la situación de consumo en los jóvenes. Los datos obtenidos a través de los informes bianuales sobre la situación del consumo de drogas en Andalucía nos indican que tenemos que continuar con el desarrollo de los programas dirigidos a la población juvenil en general, actividades informativas y educativas desde la escuela, la familia y la comunidad para favorecer la existencia de factores de

protección en los jóvenes y seguir incrementando el grupo de no consumidores, intentar evitar el abuso de drogas (en especial el alcohol y tabaco), aumentar la edad de inicio en el consumo y continuar atendiendo a aquéllos que siguen consumiendo a través de campañas dirigidas a la reducción de los riesgos y daños y por medio de los recursos asistenciales.

Igualmente, se considera prioritario el impulso de los

programas destinados a las poblaciones en riesgo de exclusión social. Estos programas, además, estarán coordinados con otros que cuenten con medidas compensatorias destinadas a este fin.

6. Desarrollo de una red de incorporación social adaptada a las necesidades individuales.

Todas las políticas diseñadas para la actuación en

drogodependencias deben necesariamente estar encaminadas a evitar la exclusión y a facilitar el proceso de incorporación social de las personas que a causa de su adicción no están integradas. Por tanto, desde el conjunto de las

Administraciones en colaboración con la iniciativa social y con la implicación real de los propios afectados deben generarse mecanismos ágiles y efectivos que garanticen una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y eviten situaciones de rechazo.

El proceso de incorporación del drogodependiente tiene que ser dinámico y flexible, con la implicación real de la sociedad y sin estar vinculado a la abstinencia.

Aunque desde el I Plan Andaluz sobre Drogas se pusieron en marcha medidas compensatorias dirigidas a paliar las

circunstancias deficitarias que provocan las drogodependencias, hay que seguir trabajando en esta línea y diseñar estrategias adaptadas a la realidad actual.

Las nuevas estrategias en este ámbito deben estar dirigidas fundamentalmente a crear una red de incorporación social, con la estructura y la flexibilidad de la red de atención, que integre programas adaptados a los distintos perfiles de usuarios. Esta red estará integrada por medidas de apoyo social (medidas educativas, convivenciales, culturales y laborales), potenciando, por una parte, la discriminación positiva en aquellas actuaciones de inserción socio-laboral normalizada y, por otra, impulsando nuevas formas de incorporación como la puesta en marcha de las nuevas empresas de inserción social y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, en línea, por tanto, con las nuevas tendencias de la Unión Europea.

En definitiva, las nuevas medidas que se planteen en cuanto a la inserción laboral de estas personas tendrían que combinar el compromiso empresarial con la formación, el apoyo social y el empleo.

7. Desarrollo e impulso de la acción investigadora y

formativa.

La información sobre el fenómeno del consumo de drogas de las personas en tratamiento se obtiene a través del actual Sistema Andaluz de Información en Drogodependencias (SAID), que recoge, a través de indicadores concretos, datos sobre el perfil y pautas de consumo. Simultáneamente, los estudios bianuales que realiza el Comisionado para las Drogodependencias ofrecen información sobre la prevalencia del consumo y la actitud de los andaluces ante las drogas de la población general. Sin embargo, sería conveniente contar con mayor información sobre el fenómeno del consumo de drogas en sus aspectos

epidemiológicos y sociales, lo que nos permitirá planificar y realizar actuaciones preventivas desde una realidad más objetiva.

Desde esta óptica es necesario rediseñar el SAID, además de dotarlo de los medios necesarios capaces de detectar con rapidez los cambios que se van produciendo con relación al fenómeno.

Un instrumento de gran utilidad en el ámbito de la

investigación va a ser el Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones, que se pondrá en marcha en los primeros años de vigencia de este segundo Plan.

Con relación a la formación de los profesionales y agentes que intervienen en el Plan, la oferta de formación para asumir los nuevos retos va a responder a un proceso continuo y coordinado con la acción investigadora, encauzándola hacia el conocimiento del fenómeno de las drogas en sus aspectos preventivos, asistenciales y de incorporación social.

8. Seguir potenciando la participación de la Iniciativa Social en la construcción de las políticas de drogodependencias de la Comunidad Autónoma Andaluza.

La iniciativa social seguirá siendo uno de los pilares del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. El movimiento

asociativo, apoyado en las políticas de drogodependencias, continuará con sus trabajos en prevención, atención e

incorporación social en drogodependencias que hasta ahora vienen realizando. Además, continuará participando en la construcción de las políticas de drogodependencias a través de la creación de los Consejos Asesores de Drogodependencias en cada uno de los niveles de las Administraciones Públicas.

Seguirá teniendo un papel fundamental en la detección de las nuevas demandas sociales la reivindicación de temas

relacionados con las drogodependencias y la denuncia de situaciones de riesgo y marginación, así como la prestación de servicios a los sectores más desfavorecidos y en el fomento del asociacionismo como espacio donde se promueve la participación y maduración de los miembros de la comunidad.

5. PRINCIPIOS GENERALES DEL II PLAN ANDALUZ SOBRE DROGAS Y ADICCIONES

Este Plan se enmarca como un plan específico dentro del Plan Andaluz de Servicios Sociales, compartiendo, consecuentemente, los principios básicos de responsabilidad pública, solidaridad, igualdad, universalidad, globalidad e integralidad,

normalización, coordinación y descentralización, planificación y prevención.

1. Responsabilidad Pública: Mediante la adscripción por los poderes públicos de recursos financieros, humanos y materiales adecuados a la consecución de los objetivos propuestos.

2. Solidaridad: Mediante la justa distribución de los recursos tanto en las personas y grupos sociales como entre los

distintos ámbitos territoriales, a fin de fomentar la

colaboración y apoyo recíproco y superar las condiciones que dan lugar a la marginación.

3. Igualdad y Universalidad: Mediante la atención de todos los ciudadanos sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, edad, ideología o creencia.

4. Participación: Mediante la intervención de los ciudadanos y usuarios a través de los Consejos Asesores sobre

Drogodependencias.

5. Prevención: Mediante la adopción de medidas orientadas a la eliminación de las causas de la drogodependencia y la

marginación asociada, siendo éste el elemento clave de nuestras actuaciones.

6. Globalidad e Integralidad: Mediante la consideración integral de la persona y de los grupos sociales y no sólo de sus aspectos parciales.

7. Normalización e Integración: Mediante la utilización de los cauces que la sociedad establece para la satisfacción de las necesidades sociales y culturales, respetando el medio

familiar, el entorno social y el derecho a la diferencia.

8. Planificación y Coordinación: Mediante la adecuación de los recursos a las necesidades sociales y la armonización de las entidades públicas entre sí y de éstas con la iniciativa social.

9. Descentralización: Mediante el progresivo desplazamiento de la gestión de los recursos hacia los órganos e instituciones más próximas al usuario.

Este Plan considera primordial la participación e implicación del movimiento asociativo y de los agentes sociales en el desarrollo, planificación y gestión de los diferentes

programas, tal como viene recogido en la Ley 4/97, que en su artículo 32 desarrolla la promoción de los movimientos

ciudadanos en las actuaciones de las Administraciones Públicas para la prevención, atención e integración social de los drogodependientes y el fomento del voluntariado social de drogodependientes en proceso de reinserción social que

colaboren en las actividades citadas o en otras de carácter cívico o social.

6. ORGANOS DE COORDINACION, GESTION Y PARTICIPACION:

COMPETENCIAS Y FUNCIONES

1. Estructura regional.

1.1. Organos de coordinación.

El adecuado desarrollo de un plan integral depende en gran medida de la coordinación de las distintas Administraciones y entidades que en él participan. La Ley 4/97, de Prevención y Asistencia en materia de drogas, en su artículo 35 determina que el Comisionado para las Drogodependencias de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía es el órgano unipersonal de coordinación de las actuaciones que en materia de drogas se lleven a cabo en la Comunidad Autónoma Andaluza.

A la Comisión Delegada de Bienestar Social (Decreto 270/1997, de 2 de diciembre, sobre composición y funciones de la Comisión Delegada de Bienestar Social) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, le corresponden las funciones de planificación, impulso y coordinación de las competencias y actuaciones del Consejo de Gobierno en materia de bienestar social. Por tanto, esta Comisión es el máximo órgano político de coordinación en materia de drogas.

El Comité Interdepartamental de Drogodependencias y Adicciones, cuya composición y funcionamiento será objeto de regulación mediante Decreto, tendrá como función elevar conclusiones y propuestas a la Comisión Delegada de Bienestar Social y al Consejo de Gobierno. Este Comité funcionará mediante

Subcomisiones Interdepartamentales para el desarrollo de actuaciones concretas.

1.2. Organos de gestión.

Al Comisionado para las Drogodependencias le corresponderá el diseño y la gestión de recursos y programas de ámbito regional, la autorización, inscripción en el registro, acreditación e inspección de entidades y centros, el establecimiento de un sistema de información, la evaluación de actuaciones, la investigación y la formación en drogodependencias y adicciones.

La Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias gestionará aquellos recursos y programas de ámbito regional que le sean encargados por sus patronos, respetando en cualquier caso las especificaciones del Plan Andaluz y de los Planes Provinciales, así como las facultades de las distintas

Administraciones competentes.

1.3. Organos de participación.

Para garantizar la eficacia de las políticas públicas de drogas en Andalucía es necesario integrar en su elaboración y

formulación el máximo posible de criterios técnicos, sociales y éticos que permitan su mejor adecuación a la evolución de nuestra sociedad. Por tanto, además de la existencia del Consejo Asesor de Drogodependencias se hace necesario la creación de un órgano colegiado de asesoramiento, que asista a las Administraciones Públicas andaluzas sobre las cuestiones técnicas en materia de drogodependencias en Andalucía, por lo que se constituirá un Comité Científico en materia de drogas y adicciones, integrado por profesionales y personalidades relevantes en disciplinas relativas a las mismas.

El Consejo Asesor de Drogodependencias y Adicciones es el máximo órgano de carácter consultivo y participación social en materia de drogodependencias y adicciones. Estará integrado por representantes de las Administraciones Públicas andaluzas, asociaciones en drogodependencias y adicciones a través de sus federaciones más representativas, otras organizaciones no gubernamentales y la iniciativa social. Funcionará en Pleno para cuestiones generales y en Comisión Ejecutiva para acciones concretas. Sus funciones vienen reguladas en el Decreto

128/2001, de 5 de junio, por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consejo Asesor sobre Drogodependencias.

El Consejo Científico en materia de Drogas y Adicciones de Andalucía, integrado por científicos e intelectuales andaluces que desarrollen su actividad en Andalucía, viene a representar una valiosa contribución para el análisis de las soluciones de los problemas complejos que afectan al fenómeno de las drogas.

En esta línea se desarrollará mediante Decreto el Consejo Científico en materia de Drogas y Adicciones de Andalucía como órgano consultivo y asesor de las Administraciones Públicas andaluzas.

2. Estructura provincial.

2.1. Organos de coordinación.

Las Comisiones Provinciales de Drogodependencias estarán integradas por las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales, las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y otras Entidades Locales

supramunicipales que gestionen la materia. La composición y funciones de estas comisiones se desarrollarán

reglamentariamente.

Las comisiones provinciales de drogodependencias incentivarán y potenciarán la creación de Planes Municipales de

drogodependencias, especialmente en municipios de más de 20.000 habitantes, y fomentarán el asociacionismo municipal a tales efectos.

A los Centros Provinciales de Drogodependencias, junto con las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales, les

corresponderán la planificación, coordinación y seguimiento de los distintos Planes Provinciales de Drogas y Adicciones, adaptados a las necesidades de cada provincia, que se elevarán para su aprobación al Comisionado para las Drogodependencias de la Consejería de Asuntos Sociales.

La elaboración de los Planes Provinciales de Drogas y

Adicciones deberán realizarse a partir de un año desde la aprobación de este Plan.

2.2. Organos de gestión.

A las Diputaciones Provinciales les corresponderá la gestión de los recursos provinciales en drogodependencias y adicciones, así como la ejecución de los programas de desarrollo local y provincial. Funciones similares desarrollarán los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Mancomunidades de Municipios en su ámbito de competencias.

Las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales serán el órgano administrativo de representación provincial del

Comisionado para las Drogodependencias, coordinando la gestión y desarrollando los programas en drogodependencias y adicciones que se lleven a cabo en el ámbito provincial.

2.3. Organos de participación.

Como órganos consultivos en el ámbito provincial se crearán los consejos asesores provinciales de drogodependencias y

adicciones, con una composición y funciones similares al Consejo Asesor en Drogodependencias y Adicciones regional.

7. SISTEMA DE EVALUACION DEL SEGUNDO PLAN ANDALUZ DE DROGAS Y ADICCIONES

Introducción.

La evaluación de las políticas públicas articuladas a través de los planes estratégicos es una actividad absolutamente necesaria para conocer la validez y el impacto de las

actuaciones que desde ellos se realizan, ofreciendo

oportunidades para la mejora y perfeccionamiento de los modelos de intervención que inspiran las actividades públicas y su planificación.

A través de la evaluación obtenemos información precisa sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos -evaluación de resultados-, de su realización -evaluación de proceso-, así como del impacto en las poblaciones diana y la población general de los mismos, evaluación de desarrollo social y humano que se está produciendo.

La evaluación es un instrumento imprescindible para la gestión, puesto que sirve de fundamento a las actividades

planificadoras. En este sentido, las evaluaciones estructuran y organizan las presiones sociales de demanda de servicios de calidad gestionados con criterios de eficiencia y racional. Pero también los datos obtenidos en la evaluación son

necesarios para los profesionales que trabajan en primera línea, dado que les devuelve una imagen clara de la situación en cuanto a la eficacia de sus actuaciones desde los recursos concretos, algo que la realidad cotidiana -con la visión parcial que permite- no ofrece o lo hace parcialmente.

Asimismo, vamos a tener en cuenta en nuestro sistema de evaluación la idea de que la excelencia de las actividades cuyos resultados queremos conocer no es sólo una cuestión de proceso y resultado, puesto que el receptor de las mismas -los usuarios directos y la comunidad- tienen, a este respecto, mucho que decir.

La legitimación de nuestras intervenciones tiene su base no sólo en la percepción interna de las mismas, sino que es necesario que los usuarios perciban los recursos y actuaciones a ellos dirigidos como necesarios, adecuados e implementados de forma que garanticen un lugar protagonista a su propia

valoración de los mismos.

El Sistema de Evaluación de este II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones parte de estos principios articulándose en dos vertientes -evaluación y calidad-, lo que supone que,

independientemente de la cantidad y naturaleza de los

indicadores planteados, para conocer el grado de eficiencia y eficacia de las acciones, en una segunda fase hay que articular un sistema que cuente con la opinión de todas aquellas personas y colectivos receptores de las intervenciones del mismo.

Los principios de cobertura universal y de búsqueda de la excelencia, que el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones asume como propios, obligan a afrontar los retos que se plantean de forma específica en este ámbito, ya que los continuos cambios en el uso de drogas, en las actividades potencialmente adictivas, en los patrones de consumo y en los daños provocados por los mismos así como por el estatus legal, provocan cambios constantes en la aspiración de las

Administraciones Públicas implicadas en la provisión de servicios de calidad acordes con las demandas y expectativas de las poblaciones diana.

Uno de los elementos que hacen posible una respuesta social y sanitaria es el desarrollo de un sistema de evaluación que puede constituir la guía adecuada para orientar las acciones. Este Sistema de Evaluación es el paradigma que va a definir la eficacia y eficiencia de las actuaciones previstas dado que, a través de sus objetivos, acciones, recursos y programas, podremos verificar los aspectos señalados.

La evaluación del II Plan sobre Drogas y Adicciones de la Comunidad Autónoma Andaluza será función de la Comisión de Evaluación, responsable de su realización. Esta recogerá el carácter multidisciplinar de la intervención en materia de drogas y adicciones, incluyendo principalmente en el diseño de sus acciones los aspectos -biológicos, psicológicos y sociales- de los fenómenos de consumo de sustancias y adicciones

atendidos por el II PASDA.

La evaluación del Plan se realizará teniendo como base a las cinco áreas de actuación que lo componen -área de prevención, área de reducción de riesgos y daños, área de atención

sociosanitaria, área de incorporación social y área de

información, formación e investigación- que serán definidas y evaluadas en su totalidad. Este planteamiento posibilita, a su vez, el adecuado análisis de las sinergias emergentes en su conjunto.

Asimismo, y de acuerdo a las actuales corrientes de evaluación que señalan que la orientación de las organizaciones se basa en los procesos que realizan para la consecución de los objetivos, se incluye la evaluación de procesos, lo que nos proporcionará, por una parte, información sobre cómo se están implementando y desarrollando los servicios -en sus aspectos técnicos, de provisión de recursos humanos y materiales, en los niveles de capacitación que los profesionales implicados aportan al servicio, etc.- y, por otra, la oportunidad de corregirlos de forma que en esos procesos de implementación y desarrollo no se cometan errores que alejen los recursos de la posibilidad de consecución plena de sus objetivos.

Una vez reseñadas las líneas maestras y estructurales que regirán este Sistema de Evaluación debemos hacer referencia a la metodología concreta a utilizar y con esto nos referiremos tanto a las fuentes de información e instrumentos mediante los que realizar los distintos análisis, como a los tipos de análisis y los aspectos más relevantes de los mismos.

En primer lugar, el planteamiento de las acciones evaluadoras deberán garantizar el cumplimiento y consecución de los objetivos de obtener la información adecuada y de realizar el tratamiento más idóneo de la misma. Para ello se plantearán análisis:

- Con estrategias de muestreo y criterios de selección

muestrales rigurosos y basados en los más adecuados marcos de muestreo disponibles.

- Atendiendo a la validez interna de los estudios realizados de forma que los instrumentos utilizados garanticen ser adecuados, en el sentido de sensibilidad y especificidad, en sus funciones de tratamiento de la información.

- Persiguiendo una alta validez externa de forma que se conozca el grado de confianza a otorgarles a la hora de intentar posibles extrapolaciones a la población general.

- Buscando y analizando las relaciones de causalidad entre las acciones realizadas y la variación de los fenómenos de estudio e intervención.

En segundo lugar, como instrumentos básicos -y sin que esto excluya la posibilidad de utilizar otros que puedan ser de utilidad en los distintos momentos de la evaluación a utilizar en este Sistema de Evaluación se pueden identificar los siguientes:

1. El Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones

(Proyecto en tramitación).

2. Un sistema de información digital que permita en todo momento acceder al historial clínico de los usuarios

estableciendo, a su vez, mecanismos que garanticen la no perversión del compromiso de custodia de la información sensible contenida en ellos.

3. Los propios indicadores previstos en este Sistema.

4. Las encuestas de percepción diseñadas para recoger la visión de los usuarios.

5. Las bases de datos para tratamiento estadístico de la información.

6. Los indicadores de calidad de vida de los colectivos diana del II PASDA y de la sociedad en general.

7. Las evaluaciones desde el punto de vista de los

profesionales y de los movimientos sociales.

Entre los indicadores a utilizar en esta evaluación se deberán distinguir tres tipos básicos:

1. Indicadores de resultados basados en los objetivos

generales y específicos de cada área.

2. Indicadores de proceso que darán cuenta las actividades llevadas a cabo a fin de conseguir los objetivos.

3. Indicadores de prestación de servicios que informarán de las acciones realizadas para incrementar la calidad de las

actuaciones.

Por último, debemos insistir en que los resultados obtenidos por las evaluaciones serán utilizados como uno de los pilares fundamentales para la renovación del II PASDA, dado el límite temporal concreto que lo delimita. La evaluación será, pues, el primer asentamiento de futuro sobre el que descansará el III Plan sobre Drogas y Adicciones de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16567)

ANEXO II

CATALOGO DE RECURSOS DE ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS

- Centros de Tratamiento Ambulatorio: Son recursos dedicados a la prevención, orientación, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción del drogodependiente en régimen abierto. Estos centros deben contar con un equipo terapéutico en el que figurarán, como mínimo, un médico y un psicólogo.

- Unidades de Desintoxicación Hospitalaria y Centros de desintoxicación de carácter residencial: Ofrecen asistencia sanitaria al drogodependiente y deberán garantizar la

permanente presencia de personal sanitario titulado superior o titulado de grado medio de modo constante.

- Comunidades Terapéuticas, entendidas como centros de

rehabilitación de carácter residencial que ofrecen asistencia orientada a la deshabituación de la conducta adicta, a la rehabilitación del hábito de comportamiento del

drogodependiente y al seguimiento de las patologías orgánicas asociadas, deberán contar con un equipo técnico en el que figuren, como mínimo, un médico y un psicólogo, encargado de elaborar y ejecutar el programa de deshabituación y

rehabilitación.

- Centros de Dispensación de Opiáceos: Son recursos de atención primaria de salud que se encargan de la dispensación de la metadona y del seguimiento de patologías orgánicas asociadas.

- Pisos de Apoyo al Tratamiento: Son unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de viviendas

normalizadas, destinadas a drogodependientes en su proceso terapéutico, con el fin de lograr la integración familiar y social.

- Pisos de Reinserción: Son unidades de alojamiento y

convivencia ubicadas en edificios o zonas de viviendas

normalizadas, destinadas a drogodependientes que se encuentran en una fase posterior de su proceso terapéutico, que facilitan su incorporación social y normalización.

- Centros de Día: Son centros en los que se realizan

actividades para favorecer la incorporación social de los drogodependientes que se encuentran en procesos de

deshabituación.

- Centros de Encuentro y Acogida: Son aquellos recursos que, en régimen de internamiento temporal y/o ambulatorio plantean su intervención en el ámbito social, sanitario y terapéutico a demanda, con el objetivo de paliar o minimizar las

consecuencias derivadas del consumo de drogas, mediante actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida y disminuir la morbimortalidad del drogodependiente.

3. Evolución del consumo.

3.1. Prevalencias y patrones de consumo de las sustancias más relevantes (Los Andaluces ante las Drogas 1987/2000).

3.2. El Sistema Andaluz de Información en Drogodepen dencias (SAID).

4. Líneas Generales.

5. Principios Generales del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

6. Organos de Coordinación, Gestión y Participación:

Competencias y funciones.

7. Sistema de Evaluación del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

ANEXOS

Anexo I: Campañas realizadas por el Comisionado para las Drogodependencias (Período 1987/1999).

Anexo II: Catálogo de recursos de atención a las

drogodependencias.

Anexo III: Normativa específica en materia de Drogas.

1. METODOLOGIA DE ELABORACION DEL II PLAN ANDALUZ SOBRE DROGAS Y ADICCIONES

Siguiendo los principios básicos de coordinación y

participación, el II PASDA ha contado en su elaboración con todas aquellas instituciones y entidades que de una u otra forma están implicadas en el fenómeno de las drogodependencias en la Comunidad Autónoma Andaluza.

En este sentido, se ha partido de una filosofía basada en el análisis riguroso de los logros conseguidos por el I PASDA, pero también de un mayor acercamiento a la realidad actual y futura, con la consiguiente introducción de nuevas respuestas a las nuevas necesidades.

De este modo, esta nueva concepción se encuentra plasmada en los principios generales del Plan y en su metodología por áreas de actuación, que han sido elaborados por técnicos del

Comisionado para las Drogodependencias y de la red andaluza y coordinado por la responsable técnica del área de

drogodependencias del equipo de la Comisión Delegada de Bienestar Social. Asimismo, este equipo redactor ha

desarrollado el análisis de situación, las líneas y los objetivos generales del Plan.

Posteriormente, y con esta base documental, se celebraron unas Jornadas de Coordinación en las que participaron profesionales y miembros de distintas instituciones y entidades, en las que se debatieron los objetivos específicos del Plan, las

actuaciones a realizar y los indicadores de evaluación de las mismas. Este sistema de trabajo ha permitido un alto grado de consenso que redundará en una adecuada respuesta al fenómeno de las drogodependencias y adicciones en Andalucía.

Como continuación de los trabajos iniciados, se ha creado la Comisión de Redacción del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, presidida por el titular de la Consejería de Asuntos Sociales e integrada por el Comisionado para las Drogodependencias, la Directora General de Infancia y Familia y el Director General de Bienestar Social, y por un representante con rango, al menos, de Director General, de las Consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda, Gobernación, Justicia y Administración Pública, Empleo y Desarrollo Tecnológico, Obras Públicas y Transportes, Salud y Educación y Ciencia.

La Comisión ha revisado la propuesta del Plan y le ha dado traslado al Consejo Asesor sobre Drogodependencias y al Consejo Andaluz de Servicios Sociales para su informe.

2. ANALISIS DEL FENOMENO DROGAS EN ANDALUCIA

Para analizar la evolución del fenómeno de las drogas en Andalucía es preciso comenzar por la descripción de la

estructura básica y los antecedentes del Plan Andaluz sobre Drogas. En este apartado se detalla la red de atención, definiendo los recursos que la componen y se recoge la

normativa básica que fundamenta el Plan.

En el segundo apartado se desarrollan las actuaciones

realizadas según las áreas de intervención en las que se estructura el Plan, así como la valoración de los resultados de los programas y recursos puestos en marcha hasta la actualidad.

Finalmente, en el tercero se expone la evolución de la

prevalencia del consumo de drogas en Andalucía, analizada a través de los informes bianuales sobre la opinión de los Andaluces ante las Drogas y de los cambios observados en las demandas asistenciales obtenidos a través del Sistema Andaluz de Información en Drogodependencias (SAID).

2.1. Estructura básica y antecedentes del Plan Andaluz sobre Drogas.

Históricamente cada sociedad ha ido integrando y aceptando el consumo de determinadas drogas, que han tenido unas

repercusiones muy distintas en relación a las que se han implantado a través del mercado ilegal. El abuso de las diferentes sustancias, por sus enormes implicaciones

individuales y familiares, supone un gran problema social y humano que ha acarreado consecuencias como el aumento del número de delitos, accidentes laborales, de tráfico,

enfermedades de transmisión, exclusión social, etc.

Ante la situación de preocupación sanitaria y social creciente a causa del problema de la dependencia a la heroína, surgido entre finales de los años 70 y principios de los 80, se crea en

1985 el Plan Andaluz sobre Drogas por decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a propuesta de la Comisión Delegada de Bienestar Social. Mediante dos Decretos sucesivos se constituyen, por un lado, el Comisionado para la Droga como órgano coordinador y de planificación (Decreto 72/85, de 3 de abril) y, por otro, los Centros Provinciales de

Drogodependencias con la misión de desarrollar los Planes de Drogas a nivel provincial (Decreto 73/85, de 3 de abril). Este último crea y define en cada una de las provincias a los Patronatos Provinciales como órganos de participación del Plan.

ANEXO III

NORMATIVA ESPECIFICA EN MATERIA DE DROGAS

1. Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas (BOJA núm. 83, 19 de julio de 1997).

2. Decreto 72/1985, de 3 de abril, por el que se crea el Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía (BOJA núm.

49, de 20 de mayo).

3. Decreto 73/1985, de 3 de abril, por el que se crean los Patronatos Provinciales para la Droga y los Centros

Provinciales de Toxicomanías (BOJA núm. 49, de 20 de mayo).

4. Orden de 11 de septiembre de 1985, por la que se establece la estructura del Comisionado para la Droga (BOJA núm. 99, de

19 de octubre).

5. Decreto 180/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA núm. 62, de 27 de mayo).

6. Decreto 234/2000, de 23 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Andrés Estrada Moreno como Comisionado para las Drogodependencias (BOJA núm. 62, de 27 de mayo).

7. Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales de Andalucía (BOJA núm. 39, de 28 de marzo).

8. Decreto 102/2000, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los servicios sociales de Andalucía (BOJA núm. 33, de 18 de marzo).

9. Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regula el registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales (BOJA núm. 40, de 30 de marzo).

10. Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía, en desarrollo del Decreto

87/1996, de 20 de febrero (BOJA núm. 41, de 3 de abril).

11. Decreto 70/1999, de 16 de marzo, de prórroga del plazo de adaptación de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía a las condiciones materiales y funcionales mínimas (BOJA núm. 34, de 20 de marzo).

12. Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejería de Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas (BOJA núm. 102, de 5 de

septiembre).

13. Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regula la acreditación de los Centros de Atención a Drogodependientes (BOJA núm. 40, de 30 de marzo).

14. Decreto 16/1994, de 25 de enero, sobre autorización y registro de centros y establecimientos sanitarios (BOJA núm.

14, de 5 de febrero).

15. Decreto 162/90, de 29 de mayo, por el que se regulan los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los mismos (BOJA núm. 51, de 19 de junio).

16. Orden de 2 de enero de 2001, por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para el año

2001 (BOJA núm. 5, de 13 de enero).

17. Orden de 5 de junio de 2000, por la que se regulan los convenios con entidades privadas para el desarrollo de

programas asistenciales y de incorporación social en materia de drogodependencias (BOJA núm. 77, de 6 de julio).

18. Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se convocan y regulan programas en materia de reinserción social para drogodependientes (BOJA núm. 35, de 19 de marzo).

19. Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que se regulan y convocan subvenciones dirigidas al fomento de empleo de drogodependientes en proceso de incorporación social (BOJA núm.

115, de octubre).

20. Orden de 23 de marzo de 2000, por la que se convocan los VI Premios Andaluces de Investigación en materia de

drogodependencias (BOJA núm. 46, de 18 de abril).

21. Decreto 68/1994, de 22 de marzo, por el que se establecen medidas especiales en materia de Drogodependencias (BOJA núm.

51, de 16 de abril).

22. Decreto 177/1999, de 31 de agosto, por el que se modifica el Decreto 68/1994, de 22 de marzo, por el que se establecen medidas especiales en materia de drogodependencias.

23. Orden de 31 de mayo de 1994, por la que se regula la Comisión de Participación sobre Drogodependencias de Andalucía (BOJA núm. 87, de 11 de junio).

24. Orden de 11 de octubre de 1996, por la que se modifican algunos artículos de la de 31 de mayo de 1994, por la que se regula la Comisión de Participación sobre Drogodependencias en Andalucía (BOJA núm. 128, de 7 de noviembre).

25. Decreto 68/1990, por el que se aprueba el Programa Especial de Intervención sobre drogodependencias en barriadas de actuación preferente y zonas de alta incidencia (BOJA núm. 91, de 2 de noviembre).

26. Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 35, de 25 de abril).

27. Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (BOJA núm. 135, de 23 de noviembre).

28. Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre).

29. Decreto 410/2000, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Control e Interdicciones de acceso a los

Establecimientos dedicados a la práctica de los juegos y apuestas y se aprueba su Reglamento (BOJA núm. 130, de 11 de noviembre).

30. Acuerdo de 23 de febrero de 1998, del Consejo de Gobierno por el que se crea la Fundación Andaluza de Atención a las Drogodependencias.

31. Resolución de 7 de septiembre de 1998, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica como de Asistencia Social la Fundación Andaluza de Atención a las Drogodependencias, de Sevilla, y se aprueban sus Estatutos y se confirma el Patronato (BOJA núm. 109, de 26 de septiembre).

32. Ley 1/2001, de 3 de mayo, por la que se modifica la Ley

4/1997, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas (BOJA núm. 59, de 24 de mayo).

33. Decreto 128/2001, de 5 de junio, por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consejo Asesor sobre Drogodependencias (BOJA núm. 66, de 9 de junio).

34. Decreto 167/2002, de 4 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 4/97, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas.

INDICE

TOMO II

1. Areas de Actuación.

2. Objetivos y Estrategias.

3. Medidas y Programas de la Administración Autónoma Andaluza que complementan y apoyan al II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

1. AREAS DE ACTUACION

El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones se estructura en torno a cinco áreas fundamentales de actuación -Prevención, Atención Socio-sanitaria, Reducción de Riesgos y Daños, Incorporación Social y, por último, Información, Formación e Investigaciónque contienen objetivos generales y específicos a alcanzar a través de estrategias concretas materializando, de este modo, los principios fundamentales de la filosofía que lo inspira.

El objetivo general de este II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones es promover la toma de decisiones responsables respecto a las sustancias y actividades adictivas incidiendo en los factores personales y sociales implicados en las mismas, favoreciendo la disminución de las consecuencias negativas del consumo y las adicciones, proporcionando los recursos para su atención y priorizando la normalización social de los

afectados.

Todas estas áreas comparten unas premisas fundamentales que serán caracterizadoras de las actuaciones, programas e

intervenciones bajo el marco del II PASDA, que pueden

enunciarse como siguen:

1. Se desarrollarán a partir del conocimiento de la realidad sobre la que pretende incidir.

2. Se priorizará sobre poblaciones de mayores carencias sociales, entre las que se encuentran los niños y adolescentes, familias desestructuradas y con riesgo de exclusión, los hijos de drogodependientes y otros adictos, la población escolar absentista, los adolescentes y jóvenes inmigrantes o de minorías étnicas, los menores con medidas de protección, los menores con medidas de reforma, especialmente en libertad vigilada, los adolescentes y jóvenes fuera del sistema escolar o productivo y los jóvenes consumidores de fines de semana.

3. Responderán a demandas o necesidades concretas.

4. Funcionarán coordinadamente con las otras iniciativas con las que compartan, total o parcialmente, población diana.

5. Se diseñarán, implementarán y evaluarán, partiendo del consenso entre las diferentes partes implicadas con especial cuidado en facilitar y promover la participación.

6. Tendrán presente las distintas perspectivas y ámbitos con los que se relacionan de forma que se garantice la integralidad de programas en el sentido de interrelación, mutuo refuerzo y coherencia estratégica.

7. Establecerán mecanismos de seguimiento, indicadores y sistemas de evaluación que permitan conocer su eficacia así como guiar su renovación y actualización.

Como ya se ha señalado, estas premisas serán comunes a las cinco áreas en torno a las cuales se estructura el II PASDA y que para su correcta comprensión, en cuanto al contenido y situación, van a ser descritas a continuación.

En el área de prevención se distinguen dos grupos fundamentales de objetivos y actuaciones: Aquéllos que persiguen la

prevención primaria y los que se enmarcan dentro de la

prevención secundaria.

La prevención primaria tendrá como población diana fundamental niños, adolescentes y jóvenes que no hayan iniciado el consumo. Su misión clave será evitar y retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas, haciendo especial hincapié en el tabaco y el alcohol por ser éstas las primeras drogas con las que se toma contacto en nuestra sociedad y por los efectos devastadores, en términos de salud pública, que la adicción a las mismas ha demostrado. Para la consecución de este objetivo se generaran alternativas saludables y atractivas para los colectivos.

La prevención secundaria, por su parte, tendrá como objetivo fundamental evitar que el consumo se estructure en

drogodependencia. La dotación de información y formación es una de las herramientas centrales de este área entendiendo que es a través de las mismas mediante las que los ciudadanos y

ciudadanas obtendrán los mejores instrumentos para tomar sus decisiones en materia de uso de drogas de forma libre y responsable.

Tanto la prevención primaria como secundaria se estructuran en tres ámbitos diferenciales: Comunitario, educativo y laboral. En todos ellos se considera a la familia como un instrumento fundamental para el desarrollo de las distintas actuaciones.

El área de atención socio-sanitaria tendrá como población diana aquellas personas que padecen problemas sociales y/o sanitarios a causa de su adicción a drogas y/o a causa de los patrones de consumo de las mismas.

En este área se enmarcarán todos los tipos de tratamientos desarrollados para la atención de la adicción y en torno a ella se articularán tanto recursos ambulatorios -programas libres de drogas, con sustitutivos opiáceos y de reducción de daños- como residenciales, sin olvidar la coordinación con el resto de recursos del Sistema Andaluz de Salud implicados en la

provisión de servicios a las personas con problemas de

adicción.

Por sus consecuencias sobre la salud pública, seguirán siendo de especial relevancia las acciones llevadas a cabo para atender las patologías infecciosas asociadas a las formas de consumo de las sustancias, pero la atención de la salud física y psíquica de las personas que atiende será su principal función.

El área de incorporación social tendrá como usuarios a todos aquellos ciudadanos con problemas de drogodependencias u otro tipo de adicciones que están en riesgo o padecen situaciones de exclusión social.

Desde este área se trabajará para poner a disposición de los usuarios intervenciones, programas y actuaciones favorecedores de la normalización social y de la incorporación a la vida ciudadana en pleno derecho. Los recursos de reinserción laboral son los instrumentos primarios de este área, pero también realizará acciones que garanticen la no exclusión de los recursos protectores del bienestar social a aquellas personas que padezcan o hayan padecido problemas de adicción.

Todas las intervenciones en este ámbito partirán del diseño conjunto de itinerarios personalizados que contemplen las prioridades, objetivos y ritmos de cada persona, así como la asunción mutua de compromisos y responsabilidades.

Paralelamente, estas intervenciones se verán complementadas con el desarrollo de acciones dirigidas al entorno familiar y social de la persona, teniendo en cuenta que ambos ámbitos desempeñan un papel fundamental en los procesos de

incorporación social y laboral.

El área de reducción de riesgos y daños se define como área transversal, impregnando y erigiéndose como principio

inspirador de todas y cada una de las estrategias, programas y recursos promovidos desde el II PASDA. La forma en que esta perspectiva recorre el conjunto de este plan no es siempre la misma. Las acciones exclusivas de reducción de riesgos y daños son aquellas que, una vez instaurado el consumo e

independientemente de la frecuencia del mismo, se preocupan por contrarrestar los efectos negativos que de él se desprenden sin que en ningún momento el objetivo inmediato sea que el consumo no se produzca.

Todas y cada una de las intervenciones en esta materia

incluidas en este II PASDA deben inspirarse en la actitud de reducir las consecuencias negativas del consumo antes que cualquier otro tipo objetivo y es ésta la actitud fundamental con la que deben comprometerse todos los actores implicados en el mismo, desde los gestores a profesionales hasta los agentes y colectivos comunitarios.

El área de información, formación e investigación es, junto a la de reducción de riesgos y daños, un área transversal e impregna con sus acciones a todas las demás áreas. Su población diana es el conjunto de la Comunidad Autónoma Andaluza y a ella quedarán ligadas todas las acciones que tengan que ver con la mejora de la información y formación de las personas.

Se recogen tanto actuaciones dirigidas a profesionales como a colectivos sociales y a población en general y desde ella se impulsarán medidas diversas para garantizar que la información y la formación recibida sea la más fiable, actualizada y relevante en materia de drogas y adicciones.

En su vertiente de información incorpora acciones tanto de definición de sistemas de información como de selección de fuentes y contenidos relevantes, pero también señala productos informativos concretos así como los ámbitos apropiados de recepción de los mismos.

Por otra parte, la formación contiene todas aquellas

iniciativas destinadas a mejorar la cualificación de las personas en materia de drogas y adicciones y para ello se han previsto tanto actuaciones estructurales (acuerdos con

diferentes instituciones docentes) como la realización de actividades formativas concretas dirigidas a poblaciones específicas y dotadas de determinados contenidos.

Por último, la promoción de la investigación en materia de uso de drogas, drogodependencias y adicciones es piedra angular de este área que, a través de sus contenidos, refleja el

compromiso de promoción y apoyo de actividades investigadoras que permitan el avance y la innovación en el conocimiento científico sobre drogas y adicciones.

1.1. Area de prevención.

La experiencia de las últimas décadas y la búsqueda de

fundamentación científica ha generado la aparición de nuevos modelos para las intervenciones y programas de prevención. Nos encontramos en un momento de revisión de los conceptos básicos de la prevención, que van a facilitar su adaptación al actual contexto sociocultural, en el que las drogodependencias y adicciones son entendidas como un problema social y

multifactorial directamente relacionado con situaciones como el desfavorecimiento social y/o generalización de estilos de vida consumista, y cuyo abordaje requiere de intervenciones

integrales y a la vez personalizadas.

En este contexto tiene especial relevancia lo establecido en la Ley 4/97, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, en su artículo 6, para favorecer el acceso a los recursos

económicos y sociales de aquellos grupos de población que, por su situación deprimida y de marginación, pueden resultar especialmente afectados por las drogodependencias.

Los nuevos conceptos están en el marco de la promoción de estilos de vida saludables con relación al consumo de drogas y otros comportamientos potencialmente adictivos, y conllevan el desarrollo de modelos de intervenciones preventivas

comunitarias y de reducción del daño. Se trata de acciones orientadas a una mejora de la información, las actitudes y los comportamientos de las personas, fomentando la participación activa de las mismas, especialmente dirigidas a los grupos de riesgo, que les permitan establecer una relación libre, consciente y responsable con el consumo, las sustancias y otras conductas adictivas en su propia comunidad.

Todo ello conlleva la adopción de estrategias de intervención integrales que, partiendo de las características, necesidades y potencialidades de las personas a las que van dirigidas, se estructuren en programas de acción continuados, evaluables y sistemáticamente evaluados, en los que las campañas

informativas se utilizarán como una herramienta complementaria a las distintas actuaciones derivadas de su desarrollo.

Según lo expuesto en la Ley 4/97, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, en su artículo 6, se pretende mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, evitando que las personas en un contexto comunitario definido establezcan relaciones que sean destructivas para ellos mismos o para otros, con las diversas sustancias, fomentando el autocontrol personal.

Las diferentes líneas de trabajo plantean retos como la prevención del consumo o la prevención del abuso y la

dependencia, el consumo nocivo e incluso la reducción de los daños individuales o sociales relacionados con las drogas y otras adicciones. En cualquier caso, no debe extrañarnos, para problemas tan complejos, el actual debate sobre la definición del fundamento teórico, los objetivos y la evaluación del impacto de las actuaciones preventivas sobre la incidencia y prevalencia del consumo de drogas, y sus consecuencias.

Las adicciones no asociadas a sustancias que este II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones incorpora como fenómeno sobre el que actuar y desplegar los recursos necesarios para su correcto abordaje requieren un esfuerzo preventivo específico.

Un elemento imprescindible para mejorar la eficacia de la prevención es facilitar una información veraz y suficiente sobre las drogas y otros comportamientos potencialmente adictivos. En este sentido, el fomento de la capacitación personal debe contemplar además la formación en habilidades personales y sociales que faciliten la reducción de

estereotipos y permitan el establecimiento de relaciones conscientes con el consumo.

La labor de revisión y adaptación sobre la que venimos

incidiendo no tiene por qué darse en el vacío. Muy al

contrario, la experiencia acumulada sobre el impacto de los programas permite que -una vez adecuadamente organizada y sistematizada- ésta sea la base para arrojar luz sobre los desafíos pendientes, en este nuevo contexto, y los distintos niveles estratégicos y de actuación.

En cuanto a metodología de intervención, las intervenciones preventivas pueden ser entendidas en tres ámbitos que están íntimamente relacionados entre sí: Comunitario, educativo y laboral. Las intervenciones de cada uno de los tres ámbitos interaccionan favoreciendo procesos personales y sociales en continua retroalimentación, lo cual nos vuelve a situar en el plano de la acción social, de la complejidad y de la necesidad de que las acciones y programas sean integrales y estén coordinadas para poder abordar conflictos que, en muchos casos, responden a problemas estructurales.

En la línea de la interacción descrita, los tres ámbitos de actuación comparten criterios comunes caracterizadores de la propuesta metodológica que guía las intervenciones. Estos pueden ser enunciados como sigue:

- Partir siempre del análisis de la realidad social y

sanitaria de los problemas.

- La exigencia de fundamentación científica para las diferentes actuaciones.

- Planificar las intervenciones, programas y campañas contando con un sistema de evaluación continua y final que permita su revisión y mejora.

- Diseñar actuaciones de fácil continuidad que persigan objetivos a corto, medio y largo plazo.

- Coordinación de las diferentes actividades y organizaciones comunitarias para la consecución de objetivos amplios.

- Definir los grupos de riesgo y las necesidades y demandas concretas en un tiempo determinado.

Como se aprecia por lo dicho hasta ahora sobre la metodología de intervención de este área, supone trabajar con acciones lentas de visualizar -generalmente concebidas a medio y largo plazo-, lo cual lleva implícita una gran dificultad a la hora de defender la rentabilidad y eficacia social de los programas de prevención; sin embargo, como suele caracterizar a las inversiones a largo plazo, éstas son la base para la obtención de sólidos resultados que benefician a la generalidad de la sociedad.

A) Prevención en el Ambito Comunitario.

El fenómeno de las drogodependencias y otras adicciones no asociadas a sustancias químicas es un fenómeno multifactorial en el que siempre inciden una serie de factores psicológicos, biológicos y sociales.

Entendemos la comunidad como un todo integrado por diferentes individuos o colectivos con una delimitación geográfica y/o política preferentemente local. Por tanto es un ámbito

especialmente adecuado para mejorar la salud pública y el bienestar social mediante la implicación activa de sus diversos agentes.

En primer lugar es importante conocer la actitud de los ciudadanos ante el consumo, sus consecuencias y riesgos, para la toma de decisiones a corto y medio plazo que faciliten la salud pública. Las instituciones y organizaciones comunitarias locales deben poner los recursos suficientes para desarrollar estrategias globales que permitan una acción coordinada, coherente con la situación específica de cada pueblo o barrio para mejorar los hábitos saludables de jóvenes y adultos.

Por tanto, sobre el análisis de la realidad local se

establecerán las prioridades en cada programa y se promoverá que la comunidad se implique como agente activo en el proceso de la mejora de hábitos y actitudes saludables de los

ciudadanos.

En el ámbito de las estrategias de prevención comunitaria, la coordinación de todas las instituciones, entidades y

organizaciones que puedan dar su visión adquiere un papel fundamental. Este nivel de coordinación es especialmente necesario a nivel local. Se pretende propiciar la intervención comunitaria y la aplicación de estrategias integrales (con todas las instituciones relacionadas y con todos los agentes implicados) para el desarrollo planificado de las acciones preventivas buscando una mayor exigencia metodológica. El impulso y la coordinación de los recursos comunitarios, en el marco de una planificación global, puede facilitar la

adaptación específica de las intervenciones preventivas a los contextos concretos.

A pesar de que los programas preventivos son tarea de todos los agentes sociales, el movimiento asociativo en drogodependencias tendrá un papel relevante en su planificación y desarrollo, siendo los Servicios Sociales Comunitarios y los Centros de Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencias y Adicciones quienes deberán compartir la responsabilidad de impulsarlos y coordinarlos.

Una vez reducida la alarma social derivada del consumo de heroína, los nuevos patrones de abuso de alcohol y tabaco entre los jóvenes constituyen una de las líneas prioritarias de este II Plan, por su extensión y sus graves consecuencias sociales y sanitarias. El objetivo fundamental del mismo será evitar que los consumos esporádicos puedan convertirse en

drogodependencias, facilitando que los propios jóvenes sean conscientes de sus comportamientos y los riesgos que, en su caso, suponen. Nos proponemos iniciar programas y actuaciones específicas desde los distintos espacios de convivencia donde se mueven. Ello supone trabajar no sólo en la familia y en la escuela, sino en los propios escenarios donde se desarrolla su ocio. Se hace necesario, igualmente, el control de la venta de alcohol y tabaco a menores.

Para intervenir en el colectivo juvenil, principalmente, habrá que contar con los jóvenes para que éstos aporten ideas y soluciones que permitan abordar los problemas. Por ello, las asociaciones y colectivos juveniles deben estar integrados en las estructuras de promoción y organización de la intervención preventiva.

Es importante destacar que las estrategias de trabajo estarán en función de las características de la comunidad, sin olvidar partir de los intereses y necesidades particulares de los grupos con los que se trabajan. Asimismo, la priorización en el trabajo con la población de riesgo determina una metodología de intervención basada en la educación social y en la necesidad de que las acciones sean desarrolladas en los espacios naturales en los que se desenvuelven estos colectivos. Todo ello requiere fomentar la figura profesional del educador de calle, que pasará a formar parte de los equipos de trabajo de los

servicios sociales comunitarios y/o de los equipos de

drogodependencias.

Otro actor fundamental en este ámbito es la familia. Esta debe ser consciente de su papel en la adquisición de hábitos y valores y debe aprender nuevas estrategias que le permitan asumir la situación y buscar alternativas saludables. El modelo de familia, su estructura y composición ha cambiado mucho en los últimos años. El núcleo familiar toma hoy día diferentes formas, lo cual no le resta capacidad ni legitimidad en cuanto a su papel como responsable del desarrollo y educación de los niños. En consonancia con la realidad actual, las

intervenciones preventivas orientadas a ayudar a la familia a abordar los consumos y las adicciones deben adaptarse a las nuevas estructuras familiares.

Las familias con problemas asociados a la marginación social y desestructuración serán objetivo prioritario de las

intervenciones por su mayor vulnerabilidad ante las adicciones y, por tanto, la puesta en marcha de medidas compensatorias para ellas será parte de las tareas a realizar en las acciones preventivas de las que sean receptoras.

B) Prevención en el Ambito Educativo.

El medio educativo tienen un papel importante como agente de socialización de los niños y jóvenes. Junto a la transmisión de conocimientos específicos, la comunidad educativa tiene entre sus funciones potenciar capacidades, valores y actitudes personales que contribuyan en el proceso de maduración

personal. El inicio precoz en el consumo de sustancias

adictivas entre la población adolescente y juvenil justifica la necesidad de hacer un esfuerzo por introducir programas e intervenciones de prevención desde las edades más jóvenes y nos obliga, al mismo tiempo, a fijar como meta de la prevención escolar el retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco, alcohol y medicamentos no prescritos, así como otras conductas adictivas.

Pero la institución educativa debe adoptar un modelo de prevención que vaya más allá de la mera aportación de

información, introduciendo el desarrollo de ciertas habilidades sociales y estrategias, actitudes, valores y creencias en prevención y hábitos de salud que permitan al adolescente o al joven ser responsable de su decisión con relación al consumo. Asimismo, se percibe la necesidad de desarrollar en los jóvenes un sentido crítico para valorar los mensajes que constantemente reciben desde los medios de comunicación. La prevención del consumo en este ámbito debe ser una actuación más de las que realiza el sistema educativo.

La comunidad educativa debe impulsar la participación familiar, haciendo especial hincapié en las familias más desestructuradas socialmente, objetivo prioritario de estas actuaciones que, forzosamente, estarán coordinadas entre las distintas

instituciones y las ONGs.

La intervención en las poblaciones de alto riesgo debe ser un objetivo prioritario tanto de este ámbito como de este área, con una estrategia clara que persiga un retraso en el consumo de la población abstinente, un consumo responsable en la población juvenil y adulta y una disminución del consumo abusivo de alcohol y tabaco. Hay que intervenir desde la educación formal y no formal (centros de menores, escuelas taller, educación de adultos, residencias juveniles, etc.).

En cuanto a metodología de aplicación, el hecho de abordar, de forma transversal e integrada en los planes de centro, la educación para la salud y, dentro de este ámbito, la prevención del consumo de drogas y de otras actividades adictivas, ha provocado, en muchos casos, un desplazamiento de la

responsabilidad respecto a la provisión de espacios y recursos para el desarrollo de estos contenidos. Por tanto, sería preciso establecer mecanismos garantizadores de la inclusión de esta materia en el proyecto curricular que, además, definan las pautas para el seguimiento de los programas impartidos y queden recogidos en el protocolo de seguimiento de la inspección de centros como forma de garantizar la continuidad en el tiempo de las políticas de prevención, lo que constituye una condición básica para su eficacia.

Todo ello debe ir acompañado por el apoyo a la formación del profesorado y de la participación de los padres y madres en las actuaciones de formación en prevención.

En este mismo sentido es necesario introducir en el contenido curricular de los estudios medios y superiores cuyo desarrollo profesional pudiera estar relacionado con el ámbito de las drogodependencias, contenidos en materia de prevención y educación para la salud durante la formación inicial.

Las intervenciones preventivas en el medio escolar deben promover la participación activa de todos los grupos

comunitarios implicados y contemplar un adecuado seguimiento y evaluación a largo plazo.

C) Prevención en el Ambito Laboral.

El consumo de sustancias, especialmente tabaco y alcohol, entre los trabajadores en el medio laboral, junto a otros factores como la inestabilidad en el empleo, las condiciones de

inseguridad, el escaso uso de los medios preventivos adecuados y el estrés productivo, han sido una de las causas generadoras del aumento, en los últimos años, de accidentes laborales y otros riesgos para la salud de los trabajadores.

La percepción social del alcohol como un elemento facilitador de las relaciones personales permite la constitución de un clima laboral permisivo hacia el consumo del mismo y la falta de conciencia para la intervención preventiva en los centros de trabajo.

Otras causas, aunque se evidencien en el ámbito laboral, no se generan en el mismo, sino que hay que buscarlas en las

situaciones de riesgo que viven algunos trabajadores por el contexto social y cultural de su vida cotidiana.

Independientemente de las causas, el consumo de drogas entre los trabajadores se ha convertido en una preocupación reciente que está empezando a verse como una problemática a abordar mediante la intervención preventiva de los diferentes agentes productivos.

Aunque ya existen en la Comunidad Autónoma de Andalucía algunos programas con acciones informativas y formativas por parte de mediadores, agentes sociales y Administraciones Públicas, según lo establecido en la Ley 4/97, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, en su artículo 12, nos proponemos dar un impulso decisivo a las intervenciones, programas y campañas de prevención en el ámbito laboral, superando en lo posible las medidas exclusivamente puntuales y sancionadoras. En este sentido, se fomentarán acuerdos que garanticen la reserva del puesto de trabajo de las personas drogodependientes frente al ejercicio de potestades disciplinarias, incluyendo en los convenios colectivos cláusulas a tal efecto, que indiquen la necesidad de que dichas personas participen en un proceso voluntario de tratamiento y rehabilitación.

Ante esta situación se debe trabajar en acciones orientadas hacia una mejora de la formación y de los conocimientos significativos de las personas, para que éstas puedan

establecer una relación libre, consciente y responsable con el consumo. Vamos a fomentar las intervenciones de reducción del daño en el medio laboral, abandonando el planteamiento

puramente punitivo, porque con frecuencia puede ser un

obstáculo al desarrollo de actuaciones preventivas además de no conseguir mejoras para la comunidad de personas que forman las empresas.

Los mediadores o agentes sociales son importantes como figuras para intervenir en el medio laboral y requieren, especialmente en las grandes empresas y sectores, un incremento en los recursos para mejorar sus resultados y la coordinación con los representantes sindicales y de las instituciones. En

consecuencia, se propone desde este II Plan, y según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 4/97, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, la puesta en marcha de intervenciones, programas y campañas preventivas en el ámbito laboral, basadas en el desarrollo de estrategias de Formación, Información y Coordinación para intervenir en este ámbito.

Las Estrategias de Información estarán basadas en la veracidad de los contenidos y fomentarán una buena relación con los trabajadores. Será una información en distintos niveles: Empresa, trabajadores, agentes sociales, técnicos, medios de comunicación, por lo que habrá de tenerse en cuenta contenidos y formas adecuados a cada uno de esos niveles.

Las Estrategias de Formación estarán dirigidas a mejorar la capacitación de los mediadores, técnicos y trabajadores. Aprovechará la formación que ya se está realizando en otros ámbitos para introducir la problemática laboral, así como para diseñar módulos específicos de prevención.

Las Estrategias de Coordinación estarán destinadas a mejorar el conocimiento mutuo y la elaboración de consensos entre todas las partes. Se tratará de actividades que favorezcan el encuentro, el intercambio de experiencias y la elaboración de propuestas que conlleven la necesidad del cumplimiento por los agentes implicados.

Las características de la convivencia cotidiana en el medio laboral permiten el desarrollo de planes específicos de prevención de drogodependencias y otras adicciones en mejores condiciones y se ganan su credibilidad abordando su papel desde una perspectiva realista y no punitiva, incrementando las posibilidades de elección responsable de los trabajadores para reducir la siniestralidad laboral, que por esta causa puede producirse.

1.2. Area de Atención Socio Sanitaria.

La intervención asistencial en drogodependencias tuvo como referente histórico la obtención de un nivel de salud en los consumidores equiparable al de cualquier ciudadano afectado por una enfermedad general. Ello provocó la concepción del fenómeno de la drogodependencia como un comportamiento centrado en la consecución de un estado físico de bienestar provocado por la sustancia y conscientemente buscado por el sujeto, que a la larga generaba problemas psicológicos y de adaptación a su entorno social más cercano.

Así, el modelo de intervención se fundamentaba básicamente en la superación de tres etapas, claramente definidas

secuencialmente, de tal manera que no se podía alcanzar la meta prefijada sin previamente culminar las anteriores. En este sentido, se propugnaba una primera premisa del tratamiento que precisaba de la desintoxicación física del drogodependiente como primer escalón en el largo camino hacia su curación definitiva. Posteriormente, era necesario mantener la

abstinencia de consumo de drogas durante un largo período de tiempo hasta que la terapia psicológica permitía una

estabilización del proceso, que finalmente concluía con un retorno a la sociedad en condiciones adecuadas para

incorporarse a la misma. Evidentemente, la realización de uno o varios consumos durante cualquiera de las fases de tratamiento suponía la vuelta inmediata a la situación inicial, comenzando de nuevo todo el proceso.

Esta era la única respuesta que se ofertaba desde los recursos asistenciales a todos los drogodependientes que demandaban tratamiento. Así, los distintos perfiles de consumidores debían adaptarse a una única oferta asistencial, planteada con el objetivo único del «no consumo¯.

Diversas circunstancias como la aparición del SIDA, el alto índice de abandonos, el «burn-out¯ de los equipos, las

aportaciones y reflexiones del movimiento asociativo específico y las experiencias contrastadas de otros países hicieron cuestionarse estos planteamientos iniciales y su metodología de intervención.

A partir de entonces se inició un proceso de renovación que ha permitido adaptar el modelo asistencial a los nuevos perfiles de drogodependientes, los nuevos patrones de consumo, las nuevas adicciones y, en definitiva, se han creado nuevas perspectivas más adaptadas a la realidad de un fenómeno cambiante.

Según este nuevo modelo, la intervención asistencial debe estar basada en la interrelación del terapeuta con el usuario de drogas y el entorno familiar. Estos tres agentes deben

coparticipar en un proyecto de tratamiento diseñado de manera que cubra los objetivos de todos ellos. En ocasiones los objetivos irán dirigidos a conseguir cambios mínimos y en otros casos se podrán plantear metas más ambiciosas. Así, se podrán utilizar programas dirigidos al tratamiento como programas enfocados hacia la reducción de daños.

Pero, además, la aparición de las adicciones sin sustancia nos obliga a investigar en profundidad este nuevo fenómeno, adaptando las actuaciones en el área sociosanitaria a esta realidad y poniendo los medios necesarios para dar una

respuesta adecuada a la nueva situación.

Por otra parte, nuestros esfuerzos deben ir dirigidos

prioritariamente a determinados subgrupos o poblaciones de drogodependientes que se encuentran en situación de mayor dificultad a la hora de diseñar un plan de tratamiento que goce de las mínimas cotas de viabilidad. Tal es el caso de los consumidores con problemas judiciales, y dentro de este grupo, aquéllos que están internados en los establecimientos

penitenciarios. Con relación a la problemática jurídico-penal que sufren un gran número de drogodependientes, hay que distinguir dos momentos en los cuales se hace imprescindible una atención especializada por parte de los recursos de asistencia a las drogodependencias. Por un lado, en la medida en que el objetivo último del trabajo ha de ser la

incorporación social de las personas con problemas de

drogodependencias, se hace imprescindible el abordaje técnico de la problemática jurídico-penal y penitenciaria que

presentan, proponiendo el uso de medidas alternativas a la prisión, pues de otro modo, el ingreso o estancia en la misma puede invalidar todo el proceso terapéutico llevado a cabo. Por otro lado, y en aquellos casos en los que se han agotado todas las vías para evitar el ingreso en prisión, las personas presas en Andalucía tienen derecho al acceso a todos los programas y recursos disponibles en el exterior, en la línea de fomentar factores de protección que frenen o contrarresten el

internamiento en prisión.

Otro sector de la población drogodependiente que precisará una actuación específica será el de los menores, que por sus características especiales requieren de un abordaje terapéutico diferenciado y de unas premisas metodológicas de intervención singularizadas.

En este sentido, en el nuevo PASDA los recursos y programas de atención sociosanitaria tendrán los siguientes elementos definitorios:

- Individualización: Recursos adaptados a la persona

drogodependiente, a su entorno inmediato y a sus propias necesidades.

- Integralidad: Deben abarcarse los distintos aspectos del proceso de tratamiento.

- Diversificación: Debe incrementarse la oferta de recursos y programas asistenciales y abriendo nuevos caminos en el campo de la investigación, análisis y evaluación de las actuaciones.

- Flexibilidad: Hay que adecuarse a las necesidades y a los cambios que se vayan produciendo y siendo capaces de adaptarse a ellos.

- Complementariedad: Hay que hacer posible la convivencia de los programas dirigidos a la abstinencia con los programas de reducción de riesgos y daños.

Para una mayor eficacia de la intervención asistencial, el II PASDA reforzará las líneas de coordinación con la red de recursos sanitarios y con la red de servicios sociales. Las estrategias se dirigirán a la elaboración de protocolos de actuación consensuados y a la definición de los ámbitos competenciales y de los circuitos de derivación.

Del mismo modo, el movimiento asociativo será uno de los pilares fundamentales en el nuevo plan por su cercanía a los usuarios y a las familias, reforzando su papel de mediadores sociales.

En definitiva, estas nuevas líneas metodológicas de actuación permitirán una adecuada oferta asistencial a todas las

adicciones y a un mejor acceso a la incorporación social, a través de la red de recursos y programas de drogodependencias.

1.3. Area de Incorporación Social.

En los inicios del desarrollo de los diferentes planes sobre drogas, la visión del consumo como la principal causa de la exclusión social del drogodependiente -y, por tanto, el factor sobre el que se había de actuar previamente para alcanzar la reinserción- estaba muy extendida. Desde esta concepción se trabajó con un único modelo de intervención, basado en un proceso lineal en el que diferenciaban tres fases

(desintoxicación, rehabilitación y reinserción) por las que todas las personas debían pasar, sin contemplar diferencias individuales y sin cuya superación no era posible la

reinserción social. Esta era el punto y final de un proceso que se desarrollaba en un continuo, la etapa final de un proceso uniforme basado en la premisa del abandono del consumo.

Para el seguimiento de este proceso se establecían unos criterios tan estrictos como alejados de la realidad, lo que provocaba que multitud de personas quedaran al margen del mismo y fueran etiquetados como fracasos por no encajar en este modelo de intervención. El abandono del consumo se consideraba como el parámetro evaluador fundamental, y a veces único, de los programas.

Aunque a nivel teórico hemos superado esa primera visión y gradualmente se ha ido abandonando esta visión parcial por otra más global que entiende que las drogodependencias son un síntoma más, entre otros muchos, de los problemas personales, psicológicos y sociales, en la práctica aún se realizan intervenciones que descansan exclusivamente en esta hipótesis.

De este modo, a veces siguen valorándose excesivamente los consumos por encima de otros aspectos como pueden ser las relaciones afectivas, el cuidado personal, la asunción de responsabilidades, etc., que son realmente los que determinan los avances de estas personas en su proceso.

En drogodependencias, los aspectos sociales son indisociables de los problemas o dificultades que padecen las personas. La intervención social debe producirse antes, durante y después de todo el proceso de recuperación. La experiencia diaria nos enseña que cada persona parte de una realidad concreta, conformada por unas circunstancias y vivencias personales generadoras de unas necesidades específicas. Y es desde esta óptica desde donde debemos interpretar los cambios que se producirán en cada caso y entender que éstos dependerán de las características y necesidades, de los logros y carencias de cada persona.

Frente al papel pasivo que se le ha otorgado al

drogodependiente, debemos destacar su protagonismo en el proceso. Por tanto, hablamos de distintos ritmos de

incorporación social y de un proceso personalizado, dinámico y concebido a largo plazo.

La diversidad de las personas con problemas de

drogodependencias nos obliga a respetar distintos ritmos de incorporación social. De hecho, tenemos que asumir que para muchas de ellas, dado el grado de deterioro personal y social que sufren, lo más inmediato es reducir sus padecimientos o conseguir que la sociedad se dé cuenta de que existen y los acepten como personas. Y ello no quiere decir que no se pueda hacer nada más, sino que debemos comenzar desde lo más básico, potenciando pequeños cambios que posibiliten que, en un futuro, la persona pueda plantearse objetivos más amplios y ambiciosos, eliminando los obstáculos que impiden que éstos se puedan producir.

Los grandes objetivos y las intervenciones maximalistas sirven como horizonte de trabajo y como un objetivo deseable, pero la realidad de las personas que debemos atender y el momento social en el que se desarrolla la intervención, debe

conducirnos a planteamientos realistas, flexibles, posibles, consensuados y útiles para las personas.

Lo dicho hasta ahora plantea la necesidad de reorientar nuestras intervenciones atendiendo a esa diversidad

social/personal y de revisar los programas y recursos vigentes en el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones para adaptarlos a un modelo más dinámico y flexible de incorporación social en el que participen personas con problemas de drogodependencias y adicciones, entidades, instituciones y la comunidad en general.

Pero el proceso de incorporación social no es un proceso unidireccional que sólo influye en la persona a incorporar. No se puede trabajar para la incorporación social de una persona sin conocer la comunidad a la que pertenece. Para conseguir que una comunidad sea receptiva, ésta tiene que percibir que pueden convivir positivamente con los colectivos que tienen problemas de drogas y que su incorporación supone una mejora para su comunidad. Con relación a esta última cuestión, además de otras muchas funciones, el movimiento asociativo viene jugando un papel fundamental como mediador entre el entorno social y las personas con problemas de drogodependencias y adicciones. Su posición privilegiada como recurso que nace y trabaja en la propia comunidad le permite desplegar actuaciones dirigidas a sensibilizar y a conseguir el objetivo de facilitar los procesos de incorporación de estas personas.

Las intervenciones deben estar programadas con el propio sujeto, ya que la experiencia demuestra que las actuaciones que no gozan del compromiso del receptor de las mismas no

posibilitan cambios cualitativos en las condiciones de vida de las personas con las que trabajamos.

Reconocer el derecho de los usuarios a la participación en todas las etapas de las intervenciones de incorporación social es, por tanto, una forma de garantizar parte del éxito de las mismas. Las asociaciones de usuarios existentes en otros lugares dentro y fuera del ámbito estatal han demostrado ser excelentes vehículos de participación del usuario en las acciones que desde los recursos públicos se implementan y en la defensa de los derechos de los mismos. Sin embargo, en

Andalucía, debido a la consolidación de los movimientos sociales ya existentes, habría que potenciar la participación de usuarios en las estructuras de las asociaciones ya

consolidadas.

Además, la coordinación de las intervenciones es también punto ineludible en el planteamiento y desarrollo de las acciones. Esta debe realizarse tanto a nivel interno como externo (con las distintas entidades o colectivos de la comunidad) y ser evaluadas continuamente para posibilitar la reconducción de actuaciones que puedan estar impidiendo cumplir con los objetivos propuestos.

Partimos del objetivo de que la incorporación social se realiza desde las redes normalizadas de la sociedad, pero esto no siempre va a ser posible. Unas veces, debido a la

impermeabilidad de los programas y recursos, y otras, a las características personales y condiciones sociales en que se encuentran las personas que hacen que no puedan cumplir unos mínimos para relacionarse de forma aceptada socialmente.

Por tanto, un trabajo a realizar desde las distintas

Administraciones y organizaciones sociales debe estar centrado en sensibilizar a la comunidad para conseguir una sociedad más participativa, más consciente y más preocupada por sus

problemas. La sociedad, junto con las Administraciones

Públicas, debe dar una respuesta centrada en las necesidades e intereses básicos de estas personas. Las Corporaciones Locales y los movimientos sociales van a tener un papel fundamental en el proceso de incorporación social.

Es verdad que a veces la dinámica de abordar problemas

previamente etiquetados mediante soluciones específicas conlleva la sensación de que no existen recursos cuando en realidad, frecuentemente, los recursos existen pero no están disponibles para las personas con drogodependencias.

En función de lo expuesto hasta ahora, las características definitorias de los programas de incorporación social serían las siguientes:

- Ser programas personalizados, ya que cada persona tendrá unas necesidades mínimas diferentes e irá avanzando a un ritmo distinto. En este sentido hablaremos de programar itinerarios personalizados.

- Ser programas diseñados desde el principio conjuntamente con la persona, potenciando su protagonismo de forma que asuma progresivamente la responsabilidad de su proceso de

incorporación social. Por tanto, los compromisos que se establezcan han de basarse en el consenso y atender a objetivos alcanzables.

- Ser programas flexibles, asumiendo desde un principio los posibles «pasos atrás¯, sin considerarlos «fracasos¯ y

previendo la introducción de cambios ante estas situaciones.

- Ser programas adaptados a las características del entorno, teniendo en cuenta la realidad social y local, las carencias y potencialidades del medio, y sin olvidar que lo que es válido en un lugar no tiene por qué serlo en otro.

Teniendo en cuenta que la adquisición de hábitos formativos y las habilidades laborales son aspectos fundamentales para que la persona pueda desenvolverse en la sociedad, las medidas de formación y empleo van a ser un instrumento fundamental en el proceso de incorporación.

A la hora de diseñar estas medidas se debe tener en cuenta que no puede existir un recurso para cada problema y que los recursos comunitarios deben adaptarse a las distintas

situaciones problemáticas, pero también se deben buscar fórmulas específicas para aquellas personas que no puedan adaptarse a las redes normalizadas.

Es igualmente importante en incorporación laboral contemplar, por una parte, la realización de programas destinados a sensibilizar y a incentivar a las empresas y recursos de la comunidad para que acepten a personas drogodependientes y, por otra, dirigir los esfuerzos y avanzar en la vía de formas de trabajo no convencionales de economía social, como pueden ser las empresas de inserción social y las escuelas taller, procurando que vayan en consonancia con las demandas del entorno -donde los programas que incluyan la alfabetización en nuevas tecnologías para personas con problemas de adicción tendrán especial relevancia- y los estudios realizados de los nuevos yacimientos de empleo.

En este sentido, se hace necesario introducir una nueva línea de trabajo dirigida a facilitar la formación y el empleo a los consumidores en activo a través de programas adaptados a sus características y necesidades.

Las experiencias recientes en otros países apuntan la

viabilidad de los mismos y los buenos resultados obtenidos por éstos aconsejan el diseño e implementación de estos programas, adaptándolos a nuestra realidad.

En conclusión, los avances teóricos en incorporación social deben encontrar su correlato en las acciones, programas e intervenciones concebidas y/o amparadas desde este II PASDA. Esto supone una capacidad de observación, análisis y

aprendizaje por parte de las Administraciones, instituciones y organizaciones implicadas y una clara voluntad de trabajar para adaptar los servicios a los usuarios y sus necesidades, nunca al revés.

1.4. Area de Reducción de Riesgos y Daños.

La perspectiva de reducción de riesgos y daños en

drogodependencias nace de una necesidad de reflexión en torno al fenómeno del consumo de sustancias, sus significados, sus consecuencias y los efectos que la respuesta sociosanitaria tradicional habían producido.

El mantenimiento a través del tiempo del modelo «libre de drogas¯ llevaba consigo que la participación del usuario se entendiera como un acatamiento de los objetivos y exigencias de los profesionales, lo que a su vez provocó que las personas que no compartían el deseo de abstinencia abandonaran los recursos o que ni siquiera llegaran a recurrir a ellos.

La pérdida de adhesión al tratamiento resultante junto con la aparición de la pandemia VIH/SIDA puso muy en entredicho la validez de este abordaje.

La reflexión que sirvió de cuna al enfoque de reducción de riesgos y daños empezó por abandonar las valoraciones morales sobre el consumo de drogas para centrarse en un pragmatismo que ponía en el centro de la función de los profesionales y servicios la atención a los problemas derivados del consumo. A partir de aquí había que entender otras cuestiones, como que la aparición de nuevas sustancias y formas de consumo requieren otras modalidades de atención, que las drogas afectan de distintas maneras a diferentes personas y que los consumidores presentan diversas demandas en distintos momentos.

Para generar respuestas adecuadas se necesitaba la aportación de los propios usuarios de drogas, pero para ello debíamos reaprender a comunicarnos con ellos reduciendo la dismetría de la relación paciente-terapeuta.

La conceptualización teórica de este enfoque enlaza con la definición de los términos centrales que lo expresan:

Utilizamos la expresión «Reducción de Riesgos y Daños¯ porque Riesgo remite a cada una de las contingencias -posibilidad de que una cosa suceda o no suceda- que pueden provocar daño. Daño hace referencia al perjuicio o menoscabo.

El conjunto de acciones que pueden adoptarse desde los recursos sociosanitarios son contingencias elicitadas con el objetivo de impedir que algunos daños personales, comunitarios, sociales, jurídicos, económicos y sanitarios, seguros, concretos y/o probables, se produzcan.

Su lugar en salud pública es la de un principio general que debe impregnar, transversalmente, el conjunto de acciones sanitarias, sociales y comunitarias, relacionadas con los efectos perjudiciales del consumo de drogas y la adicción y que se desarrolla en las políticas sanitarias sobre

drogodependencias caracterizadas por unos objetivos concretos - disminuir la entrada en la adicción, disminuir los riesgos y daños asociados al consumo y favorecer la superación de la adicción- promotoras del desarrollo simultáneo y equilibrado de los mismos sin valoraciones extra-científicas.

Los programas y servicios de esta estrategia son aquéllos que, integrados en los recursos sociales y sanitarios comunitarios, se orientan a minimizar los efectos negativos asociados al consumo de drogas cuyo objetivo no es la abstinencia.

Por tanto, a partir de esta fecha se pone en marcha un Plan director que desarrolla las competencias de la Administración autonómica, con un papel fundamental en la planificación, financiación, coordinación y ordenación funcional de las intervenciones y programas. En el ámbito provincial, el Plan desarrolla la gestión de los recursos y programas preventivos, asistenciales, de incorporación social y de apoyo al movimiento asociativo, que se realiza mediante convenios de colaboración con las Diputaciones Provinciales.

Los Patronatos Provinciales tienen la misión de integrar en un órgano de consulta y participación a las Administraciones Públicas y a los agentes sociales implicados en la respuesta al problema de las drogodependencias, procurando la coordinación de esfuerzos y recursos junto con la adaptación a la realidad provincial del Plan Andaluz sobre Drogas.

Los Centros Provinciales de Drogodependencias se constituyen como el eje operativo en el ámbito provincial del Plan Andaluz sobre Drogas en lo referente a prevención, asistencia,

incorporación y promoción social. Funcionalmente, estos Centros son la estructura periférica del Comisionado para las

Drogodependencias y se encargan de la coordinación junto con los diversos sectores implicados, especialmente con los Servicios Sociales de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, así como con los dispositivos educativos y sanitarios de la provincia. Desarrollan la ejecución y gestión de programas y recursos específicos y se crean por acuerdo entre las Diputaciones y la Junta de Andalucía. La financiación se hace con fondos procedentes de las dos Administraciones y del Plan Nacional sobre Drogas.

Desde el punto de vista asistencial, los Centros Provinciales actúan como centros especializados en la atención a las drogodependencias en la provincia. Tienen el carácter de Centros de Tratamiento Ambulatorio de primer nivel y son la puerta de entrada a la red asistencial. Garantizan la

continuidad de la cadena terapéutica mediante la coordinación de los recursos existentes en su ámbito territorial y la derivación de los pacientes a los servicios y programas especializados que consideren adecuados. Constituyen, por tanto, el canal de acceso al resto de los recursos y programas disponibles en la red asistencial, como son las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (U.D.Hs), Comunidades

Terapéuticas, Pisos de Reinserción, Pisos de Apoyo al

Tratamiento, Centros de Encuentro y Acogida, Centros de Día, Programa de Tratamiento con Metadona y Programa de Reinserción Red de Artesanos.

En 1990 se produce un nuevo impulso de los recursos

asistenciales de la red andaluza de atención a las

drogodependencias gracias al Decreto 368/90, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Programa Especial de Intervención sobre Drogodependencias en Barriadas de Actuación Preferente y Zonas de Alta Incidencia. Se ponen en marcha Centros de Tratamiento Ambulatorio (Centros Comarcales de

Drogodependencias) en barriadas y zonas consideradas de alto riesgo, además de tres nuevas Comunidades Terapéuticas. También se crean 50 nuevas plazas de internamiento en el programa de conciertos asistenciales con entidades privadas y otras 100 en el Programa de Reinserción Red de Artesanos.

Cuando se aprueba esta norma ya existían dos Centros de Rehabilitación en Régimen de Internamiento o Comunidades Terapéuticas de titularidad pública de la Junta de Andalucía (una en Lopera, Jaén, y otra en Granada) y tras su publicación, se construyen los centros de Los Palacios (Sevilla), Tarifa (Cádiz) y Mijas (Málaga), así como los de Cartaya y Almonte en Huelva. Estos nuevos centros se gestionan mediante un convenio entre la Consejería de Asuntos Sociales y los ayuntamientos respectivos. En 1998, el Consejo de Gobierno Andaluz, a instancias de la Consejería de Asuntos Sociales, crea la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias (FADA), con el objetivo, entre otros, de mejorar la gestión de estos centros de internamiento que habían sido conveniados con los Ayuntamientos.

En cuanto a los recursos destinados a la Desintoxicación Hospitalaria, en 1987 se crea la primera Unidad de

Desintoxicación mediante Concierto entre el Servicio Andaluz de Salud y la Cruz Roja Española en Andalucía. Posteriormente, el Servicio Andaluz de Salud pone en marcha cuatro nuevas unidades integradas en Hospitales Públicos: Algeciras (Cádiz), Sevilla, Málaga y Granada. En los últimos años, como complemento a las Unidades Hospitalarias, se ponen en funcionamiento las Unidades de Desintoxicación Rápida ubicadas en centros de tratamiento ambulatorio.

Todos estos recursos van dirigidos básicamente a la atención de los consumidores de heroína, aunque con anterioridad al Plan se venía realizando el tratamiento de los problemas derivados del abuso de alcohol a través de las asociaciones de alcohólicos rehabilitados. Con la creación del Plan se conciertan nuevos recursos asistenciales para el tratamiento del alcoholismo y se incrementan posteriormente con la incorporación de plazas específicas en Comunidad Terapéutica. No obstante, desde los Centros Provinciales de Drogodependencias también se atienden las demandas de tratamiento de los problemas derivados del alcohol. Del mismo modo, los Centros Provinciales comienzan a atender demandas relacionadas con la dependencia de la nicotina y se ponen en marcha en algunos de ellos Unidades de

Deshabituación específicas del tabaco.

Mención aparte merece el tema de las adicciones no ligadas a sustancias. La cuestión ¿qué se puede hacer desde la reducción de riesgos y daños respecto a éstas? es aún una pregunta no contestada sobre la que tendrán que centrarse esfuerzos investigadores y formativos para generar respuestas

asistenciales diseñadas ex profeso para ellas, pero que compartirán los principios generales de libertad, respeto y cuidado a los que se adhiere esta perspectiva.

En efecto, los objetivos de la reducción de riesgos y daños se basan en un abordaje pragmático, no moralista y orientado a resultados a corto y medio plazo que les llevará a incorporar principios de actuación tales como el potenciar la

accesibilidad, mediante estrategias de acercamiento que trasladen la intervención al medio en que se encuentran los usuarios y mediante la diversificación de servicios, el trabajar con objetivos individualizados y adaptados a las necesidades, el mantenimiento de una relación dialogante centrando el discurso en la provisión de información y

educación sanitaria necesarias para conseguir consumos de menos riesgo, el promover la participación y corresponsabilización implicando a aquéllos con mayor capacidad de liderazgo que puedan erigirse como modelos de cambio saludable, así como el promover un marco legal que favorezcan la realización de intervenciones.

La acción sanitaria no puede intervenir ni controlar

contingencias como riesgos en cuanto a calidad, efecto, propiedades, composición, etc., que entrañan sustancias compradas ilegalmente. Esto no implica que estas contingencias sean inabordables, muy al contrario. Las asociaciones de usuarios y otros movimientos asociativos pueden jugar un papel importante en la realización de la adecuada sensibilización social para que esas contingencias se aborden desde el ámbito social y legislativo, porque es necesario recordar que la ilegalidad de las sustancias provoca marginación, precariedad social, estigmatización y aislamiento de los usuarios, lo cual, a su vez, afecta a sus capacidades para disminuir los riesgos y comportarse de manera más saludable.

En cuanto a metodología, partimos de que cualquier intervención de disminución de riesgos y daños persigue un cambio de conducta a través de la relación interpersonal. Es importante desarrollar formas de ayuda percibidas por el consumidor y el adicto como susceptibles de una ayuda real, en el lugar y en el momento adecuado y responder a sus demandas.

Desde esta posición se da prioridad a la relación por encima de la intervención. A través de ésta se posibilita el

establecimiento de la colaboración en los cuidados.

Pero estos cambios, que pueden resultar difíciles para los profesionales, son también de difícil comprensión para los colectivos sociales ajenos a la cotidianidad de los

consumidores. Las intervenciones de reducción de riesgos y daños pueden ser vistas como amenazadoras e incluso ser interpretadas como acciones proteccionistas y facilitadoras de lo prohibido. Reconducir estas percepciones informando, formando y sensibilizando para que cooperen el conjunto de actores del tejido social y local también está entre las tareas a asumir, dado que los riesgos y daños a abordar no son sólo individuales sino también colectivos y, en este sentido, la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto se

benefician de estas intervenciones.

Estos principios también son inspiradores del II PASDA, que reconoce la necesidad de favorecer las iniciativas de reducción de riesgos y daños para llegar al mayor número de usuarios y así tanto éstos como la sociedad se puedan beneficiar de los resultados.

Dichas intervenciones quedarán integradas en la práctica del conjunto de servicios sanitarios y sociales dentro de un continuo de intervenciones de menor a mayor alcance, sin distinciones entre modalidades preventivas y/o de tratamiento.

Entre las intervenciones de disminución de riesgos y daños en los servicios de tratamiento deben existir relaciones de proximidad, de conocimiento y colaboración mutua. Aunque los proyectos que se desarrollen desde los servicios

sociosanitarios y las acciones llevadas directamente desde la calle apliquen metodologías y estrategias diferentes, los objetivos globales son comunes y se dirigen muchas veces a los mismos grupos de población.

La estrategia de reducción de riesgos y daños que desarrolla el Plan no se refiere a una serie de programas sanitarios aislados o específicos, sino que se concibe como una política

asistencial que organiza y engloba la práctica de diferentes servicios sociales y sanitarios.

Las experiencias internacionales demuestran que lo que

realmente funciona es un conjunto de acciones articuladas llevadas a cabo desde diferentes estructuras asistenciales, comunitarias y administrativas y que comparten el objetivo principal de abarcar el máximo número de posibles usuarios, mejorando su estado de salud y su situación social y

disminuyendo los riesgos y daños relacionados con el consumo o la realización de la conducta problema.

Hemos de recordar que los cambios que continuamente se producen en los hábitos de consumo de sustancias, así como en la gama de conductas adictivas, generan retos importantes a los que dar respuesta desde las estructuras sociosanitarias.

Estas respuestas deben perseguir el bien común y preservar, a la vez, la libertad de las personas, lo cual provoca la necesidad de apostar por las perspectivas y metodologías capaces de adaptarse a estas dos prioridades.

La reducción de riesgos y daños, en este sentido, es una de las mejores opciones por su capacidad para generar respuestas objetivas y efectivas a los problemas concretos, a la vez que representa un marco excelente para la reflexión crítica en torno a los problemas, de diversa índole, que deben atenderse.

1.5. Area de Sistemas de Información, Formación e

Investigación.

A) Información.

El área de información, formación e investigación científica tiene un carácter transversal por su implicación en las áreas de prevención, reducción de riesgos y daños, atención socio- sanitaria e incorporación social.

Los avances de las últimas décadas tienen una relevancia extraordinaria en este área, porque han dado lugar a un proceso de innovación tecnológica, especialmente en la información y la electrónica, con cambios cualitativos y cuantitativos en todos los instrumentos de obtención y análisis de la información, una auténtica «explosión de la conectividad¯. En consecuencia, las nuevas tecnologías de la información se han convertido en un sector estratégico de nuestra sociedad y también en nuestro ámbito, por su potencial para evitar el grave riesgo de dualización que llevan consigo las transformaciones a las que estamos asistiendo y para rentabilizar las mismas en la lucha contra la exclusión social.

Los cambios en el consumo de drogas y otros comportamientos potencialmente adictivos son constantes y desde luego en la sociedad de hoy en día las transformaciones son de una rapidez extraordinaria. En consecuencia, tiene una gran relevancia disponer de datos sobre las tendencias que van apareciendo así como detectar a tiempo los nuevos comportamientos, nuevos consumos y/o nuevas drogas, por lo que junto a los

tradicionales sistemas de recogida de datos, fundamentalmente estudios sociológicos y casos admitidos a tratamiento, nos proponemos desarrollar nuevos procedimientos cualitativos que faciliten la agilidad en la detección de los cambios que puedan aparecer.

Afortunadamente, el I Plan Andaluz sobre Drogas y también el Plan Nacional, desde su puesta en marcha en el año 1985, han prestado una atención preferente a la obtención y análisis de datos. De este modo disponemos en Andalucía de un registro con la información básica de los casos admitidos a tratamiento por drogodependencias y también de los siete estudios sociológicos de la serie «Los Andaluces ante las Drogas¯, de periodicidad bianual. Estas dos fuentes nos permiten conocer cuál ha sido la evolución de las tendencias del consumo de drogas, así como las actitudes y creencias de los andaluces.

En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en la Ley

4/97, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, artículo

27, apartado 2.b), nos proponemos desarrollar un sistema de información, complementando los datos actuales con otras fuentes como son los sistemas policiales, judiciales,

sanitarios y toxicológicos, entre otros, mediante la

constitución del Observatorio Andaluz sobre Drogas y

Adicciones.

La metodología en el área de información se basa en la

veracidad de los contenidos, la agilidad en los procesos, incluyendo la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, la organización de los flujos de información así como la selección de las fuentes y los destinatarios de la información.

La finalidad de esta línea de información es mejorar la toma de decisiones y la planificación, así como el incrementar la eficiencia y eficacia de las intervenciones preventivas, asistenciales y de integración social.

B) Investigación Científica.

Es importante avanzar en el conocimiento científico de la etiología de las drogodependencias y otras adicciones para llevar a cabo con eficacia las intervenciones preventivas, pero también lo es investigar nuevas modalidades terapéuticas que nos permitan afrontar con mejores resultados los trastornos derivados del consumo de drogas y otras conductas adictivas sin sustancia, así como aumentar la calidad general de nuestros programas, intervenciones y campañas de incorporación social.

El área de investigación científica se plantea el conjunto de medidas y estudios dirigidos a mejorar el conocimiento acerca del abuso y la dependencia de drogas y de los trastornos debidos a otras conductas adictivas sin sustancia. Nos

proponemos hacer un esfuerzo para abrir nuevas perspectivas a la prevención, asistencia e integración social de las

drogodependencias y otras adicciones, así como el fomento de la innovación y la verificación de las hipótesis actuales.

En consonancia con lo establecido en la Ley 4/97, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, la investigación científica es uno de los grandes retos del II PASDA, por tanto, nos proponemos incrementar decisivamente la realización de nuevos estudios e impulsar la búsqueda de nuevas fuentes de

financiación pública y privada.

Hasta ahora, los Premios Andaluces de Investigación en

Drogodependencias han sido un instrumento adecuado, pero, no obstante, estamos convencidos que la función de la Junta de Andalucía, además de premiar merecidamente los estudios realizados, debe participar en la definición de los aspectos más relevantes para las investigaciones científicas, mediante la convocatoria para la financiación de tesis doctorales y otros proyectos de investigación.

La metodología para este área estratégica se basa en la cooperación con las instituciones universitarias en el marco del Plan Andaluz de Investigación, así como la comunicación con los grupos de investigación de otros países que permita estudiar los aspectos psicológicos, sociales y biológicos de las drogodependencias.

C) Formación.

Las drogodependencias y otras adicciones son un fenómeno complejo que requiere un enfoque multidisciplinar por la implicación de diversas disciplinas académicas: Psicología, medicina, trabajo social, pedagogía, etc. En nuestra Comunidad Autónoma la formación en drogodependencias adquiere un fuerte impulso con la puesta en marcha del Plan Andaluz sobre Drogas. Esta se desarrolla a través de la realización de cursos específicos para los profesionales y voluntarios sociales de las diferentes instituciones y, a partir de los años noventa, con los convenios de colaboración con diversas Universidades andaluzas para el desarrollo de cursos post-grado tipo Máster y Experto en Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva.

Las nuevas tecnologías pueden cambiar radicalmente algunas de las bases de la formación; así, por ejemplo, el espacio ya no constituye una limitación, porque el internet permite la ampliación extraordinaria de la búsqueda de documentación mediante el hipertexto, y también la comunicación en tiempo real entre docentes y alumnado, a pesar de estar en diferentes lugares. En consecuencia, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información es una de las oportunidades de mejora en el II PASDA.

Asimismo, en las últimas décadas se han producido avances notables en los aspectos formativos y en el conocimiento científico sobre drogodependencias y adicciones que nos exigen el desarrollo de programas de formación actualizados en prevención, asistencia e incorporación social. Entre ellos tenemos que destacar el auge de las novedosas intervenciones de reducción de riesgos y daños que pueden ser un instrumento eficaz si se llevan a cabo con la formación adecuada. El II PASDA se propone ofrecer la formación necesaria sobre reducción de riesgos y daños y su aplicación a los diferentes ámbitos, especialmente educativo, social y sanitario. Otro de los grandes retos de la formación en drogodependencias es facilitar la aplicación de las investigaciones científicas recientes en las intervenciones, programas y campañas de prevención.

La metodología del área de formación se basa en el desarrollo de estrategias que permitan el intercambio de experiencias, estimular la motivación y proporcionar conocimientos que mejoren y actualicen las actitudes sobre el consumo de drogas y otras conductas adictivas sin sustancia.

La formación es uno de los medios para mejorar los procesos de intervención de los profesionales de las drogodependencias, y asegurar así la eficacia de los programas y una mejora de los resultados.

Para ello, la formación debe partir de los intereses y

experiencias de los propios profesionales y voluntarios sociales, de modo que sea fácilmente incorporado a sus

estrategias de acción. En este II Plan se tratará de acercar la formación a aquéllos que más difícil acceso tienen normalmente a ella: Medio rural, zonas de marginación, etc.

Se trabajará con las Universidades andaluzas y otras

instituciones encargadas de la formación de los profesionales para la inclusión de contenidos docentes específicos de drogodependencias.

2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Para resaltar el carácter transversal de la reducción de riesgos y daños, se ha editado marcando en cursiva aquellos objetivos y estrategias propias de esta perspectiva.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16579)

3. MEDIDAS Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION AUTONOMA ANDALUZA QUE COMPLEMENTAN Y APOYAN AL II PLAN SOBRE DROGAS Y ADICCIONES

3.1. Consejería de la Presidencia.

3.1.1. Instituto Andaluz de la Juventud.

DECRETO 83/1999, DE 6 DE ABRIL, SOBRE INICIATIVAS DE FUTURO PARA JOVENES ANDALUCES

Prevención del consumo

- Capítulo II. Asociacionismo e Información.

Para promover la participación activa de los jóvenes en la sociedad se incentivará la creación y funcionamiento de asociaciones juveniles, mediante la información, el

asesoramiento, la formación y la concesión de ayudas y

subvenciones.

- Capítulo VII. Vida Sana, Ocio y Deporte.

Con objeto de potenciar las condiciones más adecuadas para la promoción de la salud entre la juventud andaluza se crea, adscrita a la Consejería de la Presidencia, una Comisión para la coordinación de propuestas e iniciativas en las siguientes materias: Medio Ambiente, Deportes, Sexualidad, Tráfico, Drogodependencias, Alimentación y Hábitos de vida saludable.

- Al objeto de que la juventud andaluza pueda ampliar las fórmulas de ocio y tiempo libre, la Junta de Andalucía

colaborará con los Ayuntamientos en la apertura de espacios y equipamientos públicos, así como en la programación y

desarrollo de actividades.

- La Junta de Andalucía, a través de sus respectivas

Consejerías, fomentará en colaboración con Ayuntamientos y asociaciones juveniles, la realización de actividades de deporte para todos, con el fin de acercar la práctica deportiva a la población joven en general.

3.1.2. Instituto Andaluz de la Mujer.

II PLAN ANDALUZ PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES

Incorporación Social

- Establecer ayudas para mujeres con cargas familiares no compartidas y en situación de emergencia social.

3.2. Consejería de Asuntos Sociales.

3.2.1. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor.

Prevención del consumo

- Las Administraciones Públicas de Andalucía realizarán programas informativos y formativos destinados específicamente a los menores, salvaguardando el derecho a la recepción de información veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales, según lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/1996. Igualmente, fomentarán que los medios de comunicación social en sus difusiones para menores resalten los valores democráticos y solidarios, con especial atención al respeto a la propia dignidad humana.

- Título II. De la Protección. Capítulo I. Criterios de Actuación: Se fomentarán las medidas preventivas a fin de evitar situaciones de desprotección y riesgo para los menores.

- Título II. De la Protección. Capítulo II. Medidas de

Prevención y de Apoyo a la Familia: Se promoverán planes integrales dirigidos a la promoción de la infancia y a la prevención de las situaciones de riesgo.

Atención sociosanitaria

- Título II. Del Desamparo, la Tutela y la Guarda. Capítulo III. Desamparo y Tutela: Se consideran situaciones de desamparo la drogadicción o el alcoholismo habitual del menor con el consentimiento o la tolerancia de los padres o guardadores, así como la drogadicción habitual en las personas que integran la unidad familiar y, en especial, de los padres, tutores o guardadores del menor, siempre que incida gravemente en el desarrollo y bienestar del menor.

- Título II. Del Desamparo, la Tutela y la Guarda. Sección 4.ª Del Internamiento en Centro de Protección. Capítulo VI: Sin perjuicio de las funciones que conforme a lo previsto en el presente título puedan corresponderles, compete a las

Administraciones Públicas de Andalucía la responsabilidad en el seguimiento de las medidas por ellas adoptadas para la

protección de los menores, así como de los recursos necesarios para la adecuada aplicación de tales medidas durante la vigencia de las mismas. En el caso de la adopción, el apoyo necesario por parte de la Administración competente podrá continuar con posterioridad a su constitución.

3.2.2. Manual de Intervención de los Servicios de Atención al Niño.

Atención Sociosanitaria

- Coordinación Interinstitucional en protección de menores. Niveles Implicados: Una Administración Pública que dispone de una serie de servicios básicos, gratuitos y dirigidos al conjunto de la población, cuyo objetivo consiste en garantizar la promoción de la calidad de vida y la satisfacción de los derechos fundamentales de todos los individuos. Estos son: Los Servicios Sociales Comunitarios, Sistema Judicial, Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Salud, Servicios Educativos,

Instituciones Colaboradoras con los Servicios de Atención al Niño y otros Servicios Públicos y de Voluntariado.

3.2.3. Plan Integral para la Comunidad Gitana.

Prevención del consumo.

- Desarrollar programas de educación para la salud dirigidos a la mujer gitana.

Atención Sociosanitaria

- Intensificar los programas sanitarios sobre vacunaciones, dietética y nutrición, higiene, planificación familiar, atención geriátrica, toxicomanías y otros que se consideren necesarios.

Incorporación Social

- Promover el acceso a los distintos sistemas de protección social de las comunidades gitanas a través de programas integrales de intervención con éstas junto a la participación de las Corporaciones Locales y la Administración Central.

3.2.4. Programa de Atención Social de Juzgados y Audiencias (PASJA).

Incorporación Social

- La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, en su artículo

11, encomienda al Sistema Público Andaluz de Servicios Sociales la atención a los «grupos con conductas disociales, para incidir en la prevención y tratamiento social de la

delincuencia y la reinserción social de los exreclusos¯.

- Este programa tiene como objeto el desarrollo del Programa Social en Juzgados y Audiencias, bajo la dependencia del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para la atención a la población que se encuentre en algunas de las siguientes situaciones procesales: Detenida en los Juzgados de Guardia, en régimen de libertad provisional o en situación de remisión condicional.

3.3. Consejería de Salud.

3.3.1. II Plan Andaluz de Salud.

Prevención del Consumo

- Se intensificarán las actividades informativas sobre los riesgos del alcohol y tabaco y los efectos beneficiosos de una dieta saludable, con especial incidencia en los jóvenes. Igualmente, en todos los Distritos de Atención Primaria se realizarán actividades, en los centros docentes, sobre los hábitos alimentarios, dieta y ejercicio físico para la

prevención de enfermedades cardiovasculares (Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Educación).

- A lo largo del período 1999-2002, los Institutos de Educación Secundaria desarrollarán actividades de Educación en Valores como marco idóneo y privilegiado para promover la Educación para la Salud y la enseñanza de actitudes frente al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas (Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud).

- Durante el período 1999-2002, los Institutos de Educación Secundaria desarrollarán actuaciones en el marco de la

Educación en Valores sobre los riesgos del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, y programas de educación afectivo- sexual (Consejería de Educación).

- Información y comunicación permanente con la sociedad sobre la evolución de estos problemas, para generar una respuesta social: Campañas conjuntas, intervenciones en medios e informes de salud.

- La concreción de actividades dirigidas a colectivos en situación de mayor riesgo frente a estos problemas: Jóvenes y familias en situación de precariedad y vulnerabilidad.

- La priorización de este tema en las actividades de Educación para la Salud.

- Para el año 2003, sólo el 30% de la población mayor de 16 años se declarará fumadora (Consejería de Salud. Consejería de Asuntos Sociales. Consejería de Educación).

- Para el año 2003, como mínimo el 75% de los jóvenes

andaluces, con edades comprendidas entre los 16-25 años, se declarará no fumador (Consejería de Salud. Consejería de Asuntos Sociales. Consejería de Educación).

- Para el año 2003, el 65% de la población mayor de 12 años se declarará abstinente en el consumo de alcohol (Consejería de Salud. Consejería de Asuntos Sociales. Consejería de

Educación).

- Antes del año 2003, el 75% de los jóvenes andaluces, de entre

16-20 años, se declarará abstinente en el consumo de alcohol (Consejería de Salud. Consejería de Asuntos Sociales.

Consejería de Educación).

- Durante el período 1999-2002 se intensificarán las

actuaciones de información sanitaria y de educación para la salud entre los colectivos con prácticas de riesgo (usuarios de Drogas por Vía Parenteral), acerca de la prevención de la Hepatitis-C (Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Asuntos Sociales).

Atención Sociosanitaria

- Entre los años 1999-2002 disminuirá un 10% el porcentaje medio anual de fumadores diarios en los grupos de edad de 14 a

34 años, con respecto a 1996, que presentaba un porcentaje de

34,6% (según los datos de la encuesta bianual: «Los Andaluces ante las Drogas¯) (Consejería de Salud. Consejería de

Educación. Consejería de Asuntos Sociales).

- Se seguirá garantizando el acceso a los programas de

mantenimiento con Metadona al 100% de la población adicta a la heroína por vía parenteral que tenga tal indicación (Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Asuntos Sociales. Comisionado para las Drogodependencias).

- Para el año 2003, el 50% de la población andaluza tendrá acceso al consejo para dejar de fumar desde las consultas de atención primaria (mediante captación oportunista) (Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud).

- La orientación y el incremento de la capacidad de los Servicios de Salud de Atención Primaria y Especializada, estableciendo una continuidad en la atención junto a los servicios específicos de otros sectores, como son los Centros Provinciales de Drogodependencias.

- El impulso de programas de deshabituación, especialmente referidos a las denominadas dependencias legales: Tabaco y alcohol.

- La extensión de los programas de seguimiento y de reducción de daños y riesgos, una vez establecida la dependencia: Metadona, seguimiento de adherencia a tratamiento, de problemas derivados...

- Definir un modelo de cooperación intersectorial para la atención a problemas fronterizos que requieren atención sanitaria y social en colaboración con otros Departamentos o Administraciones con responsabilidad en la materia (determinado sector de personas mayores, de personas que presentan

deficiencia mental o trastornos neurológicos,

drogodependientes, etc.).

Incorporación Social

- El impulso, en el conjunto de la población, de la

comprensión de estos problemas, para originar unas actitudes de respeto a la dignidad del drogodependiente y del entorno de los afectados.

- El desarrollo de una política decidida que respalde

iniciativas destinadas a la articulación de apoyos y cuidados a las familias afectadas, a través de convenios, convocatorias de ayudas, impulso de las asociaciones, ONGs.....

- En el período 1999-2002 se definirá un modelo de coordinación intersectorial con Servicios Sociales, Trabajo, Justicia y otras instituciones implicadas para reforzar los cuidados y la reinserción social, mediante los mecanismos oportunos

(Consejería de Salud. Consejería de Asuntos Sociales.

Consejería de Trabajo e Industria. Consejería de Gobernación y Justicia. Servicio Andaluz de Salud).

Información, Formación e Investigación

- Impulsar, entre los profesionales implicados en la atención a estos pacientes y a su entorno familiar, una actitud

favorable a la prestación de cuidados y apoyo a través de técnicas como el counselling y otras similares.

- El incremento de los cursos de formación necesarios para la articulación de las estrategias anteriores.

Reducción de los Daños Asociados al Consumo

- Se seguirá facilitando el acceso a los medios necesarios para prevenir la transmisión del VIH (jeringuillas y agujas de un solo uso, preservativos), que están disponibles, antes del año 2000, para el 100% de las personas/grupos en situaciones de riesgo, reforzando los esfuerzos en este sentido realizados hasta el presente (Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud).

- Potenciar aquellos instrumentos que permitan a la población general y a los colectivos en situación de mayor riesgo obtener, junto a otros sectores, una reducción progresiva del impacto de las drogodependencias en la salud de los andaluces.

- El seguimiento de problemas derivados del consumo: El SIDA, otras enfermedades transmisibles, deterioro de la salud mental y la violencia familiar, centrada en los malos tratos a las mujeres y a los niños.

- Para el año 2003 se deberá estabilizar la tendencia creciente de la infección tuberculosa. Para ello, antes del año 2001, en el 100% de las personas pertenecientes a grupos o situaciones de riesgo elevado de padecer o transmitir la

infección/enfermedad tuberculosa, captados por los programas sanitarios (infectados por VIH, toxicómanos, reclusos,

colectivos cerrados y profesionales laborales de riesgo) se habrá descartado la infección tuberculosa (Servicio Andaluz de Salud).

- Se integrarán los Programas de Reducción de Daños, en los Centros Penitenciarios andaluces, para lo cual se revisará el actual Convenio vigente con el Ministerio de Justicia

(Consejería de Salud. Dirección General de Instituciones Penitenciarias).

- Durante el período comprendido entre los años 1999-2002, la Consejería de Salud, conjuntamente con otros sectores

implicados, desarrollará un conjunto de estrategias tendentes a la disminución progresiva de la tasa de mortalidad por

accidentes de tráfico en jóvenes, en especial en grupos de riesgo (Consejería de Salud. Dirección General de Tráfico. Consejería de Asuntos Sociales. Comisionado para las

Drogodependencias).

- Para la etapa comprendida entre 1999-2002 se desarrollarán y extenderán, progresivamente, la cobertura de los servicios de salud y los programas de prevención del riesgo en las

enfermedades transmisibles y en las derivadas del uso de drogas por vía parenteral con una especial atención a sectores en situaciones de riesgo y en las zonas de mayor incidencia (Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud).

3.4. Consejería de Educación.

3.4.1. Ley de Solidaridad en Educación.

Prevención del Consumo

- En el proceso de desarrollo y avance de la sociedad, la educación se configura como un importante instrumento para impulsar la lucha contra las desigualdades y le corresponde al sistema educativo establecer los mecanismos que contribuyan a prevenirlas y compensarlas, cualquiera que sea el motivo que las originen, y promover la transformación social a través de su compromiso solidario con las situaciones de desventaja en las que se encuentran colectivos y grupos que reciben los beneficios del sistema.

- Programas de compensación educativa y social: De colaboración y apoyo familiar para la identificación de las necesidades educativas especiales, la prevención y la atención educativa y compensadora.

Atención Sociosanitaria

- Otras medidas de compensación socioeducativa: Aquellos tratamientos de rehabilitación y terapias funcionales de carácter asistencial que, a instancias de los correspondientes servicios sanitarios, necesite este alumnado serán atendidos en coordinación con la familia y los centros educativos.

- El alumnado que por decisiones judiciales no pueda asistir a un centro educativo será atendido en aulas específicas en los propios centros donde esté internado.

Incorporación Social

- Impulsar la coordinación y colaboración de las distintas Administraciones, instituciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, para la convergencia y desarrollo de las acciones compensadoras y de solidaridad establecidas en la Ley.

- Programas de compensación educativa y social: De garantía social vinculados a la demanda laboral del entorno, dirigidos a la promoción educativa y la inserción laboral de los jóvenes que se encuentren en situaciones de desventaja.

- Actuaciones de compensación para el alumnado en situación sociocultural desfavorecida. La Consejería de Educación y Ciencia garantizará que los centros incluyan en sus proyectos medidas de compensación educativa que posibiliten la

integración social, la normalización educativa y la reducción del desfase escolar.

3.4.2. Plan de Apoyo a Centros Docentes de Zonas de Actuación Educativa Preferente de Capitales de Provincias y Poblaciones de más de Cien Mil Habitantes.

Incorporación Social

- Ampliar la oferta educativa de los centros para

proporcionar una respuesta ajustada a las demandas de la población a la que atienden: La oferta de Programas de Garantía Social ligados a las demandas laborales del entorno puede suponer una alternativa de gran eficacia para aquellos alumnos que no han conseguido la titulación básica. La estructura y finalidad de estos programas va a suponer, sin duda, una alternativa válida para que determinados colectivos de jóvenes puedan insertarse social y laboralmente.

- En todas las zonas incluidas en el Plan se realizará una oferta suficiente de Programas de Garantía Social para dar respuesta al alumnado que no obtenga la titulación de Graduado en Educación Secundaria. Será requisito para acceder a estos programas el cumplir 16 años de edad en el año natural en el que se inicia el mismo. Estos programas se podrán realizar en los Institutos de Educación Secundaria o bien a través de la colaboración de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.

- Facilitar que los centros realicen una oferta formativa, fuera del horario lectivo, que se adapte a las necesidades específicas del alumnado, contribuyendo a su formación integral y a la corrección del déficit cultural de su entorno social y familiar.

3.5. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3.5.1. III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (1999 2002).

Incorporación Social

- Transformando la infravivienda. Esta medida está destinada a colectivos desfavorecidos y se trata de mejorar las

edificaciones de uso residencial y sus condiciones de

habitabilidad, al tiempo que busca solucionar las situaciones de hacinamiento.

- Plan de Erradicación del Chabolismo. Destinado a eliminar los asentamientos de chabolas mediante dotación de viviendas alternativas y con medidas de acompañamiento social, de salud, educación y formación.

3.6. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

3.6.1. Programas Europeos: PIC EQUAL.

Incorporación Social

- La Estrategia Europea por el Empleo se articula a través de cuatro ejes:

Eje 1. Capacidad de Inserción Profesional.

- Prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad, las minorías étnicas y otros grupos e individuos desfavorecidos elaborando políticas preventivas y activas que faciliten su integración en el mercado de trabajo.

- Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en un mercado de trabajo que debe estar abierto a todos.

- Fomentar la creación y mantenimiento de servicios integrados de asesoramiento y acompañamiento para el acceso al empleo:

Promover un sistema personalizado de acompañamiento antes, durante y después del proceso de inserción, ofreciendo

itinerarios individualizados adaptados a las características de cada persona y fomentando su implicación a lo largo de todo el proceso.

Coordinar su actuación con otras entidades públicas, privadas, agentes económicos y sociales que intervengan en el proceso de inserción, a fin de optimizar los recursos existentes.

Promover acciones de difusión y sensibilización en el entorno social y laboral que fomenten las oportunidades de empleo de las personas con dificultades especiales.

Aplicar y mejorar metodologías de captación de las personas más desfavorecidas para animarlas a participar en los itinerarios de inserción.

Acompañar los procesos de generación de actividad independiente y de empleo solidario (autoempleo, economía social, empresas de inserción...) surgidos del desarrollo de los itinerarios de inserción.

- Abrir el proceso de creación de empresas a todos,

proporcionando los instrumentos necesarios para la creación de empresas y para la identificación y explotación de nuevas posibilidades para la creación de empleo en las zonas urbanas y rurales.

3.7. Consejería de Gobernación.

3.7.1. Decreto 410/2000, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Control e Interdicciones de Acceso a los Establecimientos dedicados a la Práctica de los Juegos y Apuestas y se aprueba su Reglamento.

Prevención del Consumo

- El registro del control e interdicciones de acceso a los establecimientos dedicados a la práctica de juegos y apuestas se crea con la finalidad esencial de ser un instrumento a utilizar tanto para la prevención de la adicción al juego como para contribuir a la rehabilitación de las personas afectadas de alteraciones psíquicas por la referida adicción.

3.7.2. Decreto 1/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. Igualmente, las asociaciones de autoayuda al juego patológico, a las que se empieza a financiar a través de convenios, comienzan a atender a las personas con problemas derivados de los juegos de azar.

En los Centros Penitenciarios, en el año 1989 se inicia el Programa de Apoyo a la Atención a las Drogodependencias, a través de un convenio marco de colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Plan Nacional sobre Drogas y la Junta de Andalucía, que permite la creación y puesta en marcha de equipos técnicos de intervención en los centros

penitenciarios de las Comunidades Autónomas. Estos equipos se adscriben a los Centros Provinciales de Drogodependencias con el objetivo de mejorar la calidad y cobertura de la atención sanitaria y social que se presta a las personas con problemas derivados del abuso de drogas en estas instituciones.

El apoyo al movimiento asociativo específico en

drogodependencias ha sido una de las prioridades del Plan Andaluz sobre Drogas desde su creación. En 1987 se celebra el primer encuentro de asociaciones de drogodependencias. En este foro se comienza a gestar la idea de crear una estructura de coordinación de asociaciones, que en el año 1990 da lugar a la creación de la Federación Andaluza de Asociaciones de

Drogodependencias ENLACE. La incorporación progresiva de voluntarios sociales y su positiva evolución ha contribuido a un desarrollo eficaz del Plan, mejorando la detección de nuevas necesidades sociales y ofreciendo un cauce de participación al colectivo de drogodependientes y a la iniciativa social, además de desarrollar programas complementarios.

En el año 1994 se crea la Comisión de Participación sobre Drogodependencias de Andalucía mediante el Decreto 68/94, de 22 de marzo, que se constituye como el órgano consultivo y de participación social del Plan Andaluz sobre Drogas con

representantes de las Administraciones Públicas y de la iniciativa social. Esta Comisión, que se ha reunido con periodicidad, ha sido un lugar de encuentro que ha facilitado el consenso en temas como la Ley 4/97, de 9 de julio, ha ofrecido el apoyo a indultos de drogodependientes con problemas penales y ha trazado las líneas generales de este II Plan sobre Drogas y Adicciones.

La Ley 4/97, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, aprobada por unanimidad de los grupos del Parlamento de Andalucía, constituye el marco normativo que regula todas las medidas dirigidas a la prevención, atención, incorporación social, coordinación y participación en materia de drogodependencias en Andalucía. De forma explícita se incluyen en esta norma el tabaco y las bebidas alcohólicas como drogas institucionalizadas. Además, la Ley 4/97 plantea algunos elementos novedosos como la prevención comunitaria, la

respuesta a los problemas derivados del juego patológico, la reserva del puesto de trabajo a los drogodependientes en tratamiento y la creación del Consejo Asesor en

Drogodependencias. También se establecen nuevas limitaciones a la publicidad, venta y suministro de tabaco y bebidas

alcohólicas, entre las que destaca la protección a los menores, pues se ha aumentado hasta a los 18 años la edad mínima para la venta y suministro de tabaco y alcohol en Andalucía.

2.2. Actuaciones realizadas según las áreas de intervención.

El Plan Andaluz sobre Drogas contempla tres áreas de

intervención interrelacionadas entre sí: Area de Prevención, Area de Atención y Area de Incorporación Social.

En el Area de Prevención se han desarrollado, por un lado, medidas de carácter general, tendentes a promover el

conocimiento y divulgación de los problemas relacionados con el consumo de drogas y a mejorar las condiciones de vida de los drogodependientes, interviniendo en los factores sociales que inciden en su aparición. Por otro, se han establecido medidas destinadas a controlar la oferta y la demanda del alcohol y el tabaco, proporcionando una especial atención a determinados sectores de población, como los adolescentes y los jóvenes.

Se han puesto en marcha intervenciones y programas dirigidos a la información y a la formación sobre drogodependencias en los diferentes sectores: La escuela, la comunidad, la familia, el medio laboral, etc., así como actuaciones en el ámbito de la investigación.

Con el objetivo de sensibilizar sobre los problemas derivados del consumo de drogas y de informar sobre los recursos del Plan Andaluz sobre Drogas, desde los primeros años de vigencia del Plan, se han realizado diversas campañas de prevención

dirigidas a la población general (Anexo I).

Merece destacar la puesta en marcha en el año 1986 del teléfono de información sobre drogas, gratuito desde el año 1992, con el número 900/20.05.14, que ha consolidado sus demandas de información con unas 6.000 llamadas anuales (Gráfico 1).

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16549)

Aunque durante la mayoría de los años las demandas realizadas a través de este dispositivo estaban relacionadas con información sobre la heroína, actualmente la sustancia que motiva un mayor número de demandas es el tabaco, básicamente para solicitar ayuda para dejar de fumar. En este área se incluyen también las distintas publicaciones realizadas, que inician su desarrollo con la edición de la «Guía para Padres y Madres preocupados por las Drogas¯ en 1986, que se ha reeditado en múltiples ocasiones desde entonces.

En 1995 se produce un cambio en cuanto a destinatarios y objetivos. En esta línea, se edita material divulgativo (folletos, dípticos y carteles) «Atención Pastillas¯ y «¿Una Copa?¯, dirigido a jóvenes y con un objetivo claro: La

reducción de daños por consumo de éxtasis y alcohol,

respectivamente. Son materiales preventivos que tienen una buena acogida por parte de los destinatarios, por lo que posteriormente este tipo de material se extiende hacia otras sustancias como la cocaína (Pasa de la Raya) en 1996; el cannabis (¿Porros?), en 1996 también; la heroína (Cuidado con el Bicho) en 1997, y el tabaco (¿Fumas?) en 1997, así como al juego patológico (¿A qué Juegas?) en 1998.

Hasta el año 1995, las estrategias en prevención se dirigen fundamentalmente a ofrecer información sobre las drogas y los efectos del abuso de las mismas. A partir de aquí se inicia un desarrollo progresivo de actuaciones para la reducción de daños destinadas tanto a la población general como a consumidores, facilitando conocimientos y habilidades para realizar consumos de menos riesgo. Se han desarrollado también campañas dirigidas al consumo en jóvenes y especialmente llevadas a cabo en los escenarios donde se produce el consumo.

De esta forma se ha ido modificando un concepto de prevención idealista, basado en la «abstinencia¯, por otro más pragmático, basado en el paradigma de prevenir riesgos y paliar daños, con lemas como: «Un Buen Año para Aprender a Cuidarse¯ (1997), «Vive la Moderación¯ (1998), «Tu Movida: Una Aventura

Inteligente¯ (1999) o «Nuevos Retos a Tu Libertad¯ (2000), que pretenden expresar el paradigma de la reducción de daños como enfoque global.

En cuanto a los ámbitos de intervención en el medio educativo, desde 1989 se han desarrollado programas de intervención a través de acuerdos con la Consejería de Educación y Ciencia con el objetivo de potenciar una serie de actuaciones dirigidas al conjunto de la comunidad educativa: Alumnos, padres y

profesorado. Posteriormente, con la aprobación de la LOGSE (1990) se introducen cambios importantes en este ámbito al integrarse la prevención de las drogodependencias y la

educación en valores de forma transversal, incluyéndose en el currículum educativo de los planes de centros, con la finalidad de llegar a producir un desarrollo integral y armónico de los alumnos.

En colaboración con el movimiento asociativo se han realizado cursos de prevención de las drogodependencias, destinados a padres y madres, desarrollándose progresivamente hasta

conseguir llegar a un gran número de ellos en la actualidad. Estas actuaciones se complementan con su intervención en programas de atención e incorporación social del

drogodependiente.

En cuanto a los programas de intervención comunitaria, a partir de 1997 se pone en marcha el Programa Ciudades sin Drogas (Gráficos 2 y 3), que viene a proporcionar líneas de

orientación para el desarrollo de estrategias de actuación preventivas en la comunidad. Este programa tiene como objetivo comprometer a las personas y grupos de la comunidad en la mejora de aquellas condiciones ambientales susceptibles de facilitar la reducción del abuso de drogas. Parte de un marco de intervención que se realiza conjuntamente con Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad Autónoma, y se regula mediante una Orden de Convocatoria Anual.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16550)

En el ámbito laboral se pone en marcha en 1992 el primer programa de prevención en la empresa Sevillana, S.A., que cuenta con 50.000 trabajadores, interviniendo en todos y cada uno de los centros de trabajo. En 1994 se firma un protocolo de acuerdo entre la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y las Centrales Sindicales mayoritarias (CC.OO. y UGT). Este acuerdo tiene como objetivo el desarrollo de un programa de prevención de drogas en el ámbito de las empresas de nuestra Comunidad Autónoma. Como fruto del mismo se ponen en marcha convenios de colaboración con las Centrales Sindicales en los que se recogen un conjunto de acciones encaminadas a la sensibilización/formación de los agentes sindicales, así como el asesoramiento y orientación a trabajadores que tienen problemas con las drogas. En total se han desarrollado más de 209 actuaciones.

Junto al resto de programas y actuaciones que se ubican en el área de prevención, se encuentran las dirigidas a la Formación e Investigación, tanto la empírica como la aplicada, que vienen a incidir en el conjunto de áreas que constituyen el Plan.

En este sentido, y dentro del Area de Formación, se ha contado con la participación de las Universidades Andaluzas. Esta colaboración se materializa a través de convenios a partir de

1992, que permiten la realización de un amplio programa de formación con Cursos de post-grado bajo los títulos de Máster y Experto en Drogodependencias en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Huelva. Se formalizan también convenios entre las Administraciones educativas y aquellas entidades, públicas o privadas, directamente relacionadas con la prevención y el estudio de las drogodependencias.

En el Area de Investigación se realizan estudios periódicos para conocer la evolución del consumo y los perfiles de los consumidores, lo que facilita la adaptación de las acciones a las nuevas realidades. La investigación aplicada, dirigida a los sectores profesionales del Plan, se potencia a través de los Premios de Investigación en Drogodependencias, que en seis ediciones han servido para poner de manifiesto la capacidad creadora y de investigación de distintos sectores

profesionales.

El Area Asistencial tiene como objetivo alcanzar la

normalización social como culminación del proceso terapéutico. Para la consecución de este objetivo se desarrollan las siguientes actuaciones: Desintoxicación, deshabituación, atención a las complicaciones orgánicas y psíquicas y a las urgencias derivadas del consumo de drogas. Se establece el marco general de coordinación de los servicios sanitarios y sociales y fórmulas de cooperación y colaboración con entidades públicas y privadas.

El modelo inicial de atención a las drogodependencias estaba fundamentado por el objetivo de la abstinencia. Sin embargo, a raíz del bajo índice de retención de pacientes en los

programas, la aparición del SIDA y las recomendaciones de la OMS con relación al tratamiento de las drogodependencias, se comienza a dar prioridad a las estrategias de reducción del daño para los pacientes que no responden a los programas libres de drogas. De esta forma se consolida en la actualidad un modelo de atención que combina complementariamente los

programas libres de drogas con los programas de tratamiento con agonistas y programas de reducción del daño.

Los programas de reducción del daño tienen como objetivo paliar o minimizar las consecuencias del consumo de drogas promoviendo la mejora de las condiciones generales de salud del

drogodependiente, incluyendo de manera prioritaria actividades de educación sanitaria, consejo y apoyo psicológico a usuarios de drogas infectados por VIH o enfermos del SIDA y a sus familiares.

A partir de 1986 se comienza a descentralizar la red de atención a las drogodependencias, incrementándose el número de centros de tratamiento ambulatorio y extendiéndose a todas las capitales y a casi la totalidad de comarcas de Andalucía, permitiendo una oferta terapéutica diversificada. En cuanto al número de admisiones a tratamiento, se ha pasado de 7.078 en

1991 a 12.574 en el último año (Gráfico 4).

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16551)

Del mismo modo, los recursos ambulatorios de atención a problemas de alcoholismo han experimentado un crecimiento en el número de centros y sobre todo en el de usuarios, pasando de

1.458 en 1990 a 3.841 en 1999 (Gráficos 5 y 6).

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16551)

Las Unidades de Desintoxicación Hospitalarias (Gráfico 7) experimentaron un incremento importante en los primeros años, manteniéndose en la actualidad 40 plazas disponibles. El número de desintoxicaciones realizadas en los últimos años gira en torno a las 1.000 anuales.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16551)

Las Comunidades Terapéuticas (Gráfico 8) son junto con los Centros de Tratamiento Ambulatorio los recursos que mayor crecimiento han experimentado, tanto a nivel público como privado concertado. En 1988 se disponían de 61 plazas, 25 públicas y 36 concertadas, en la actualidad se disponen de 256 públicas y 119 concertadas, aumentando, por consiguiente, el número de usuarios.

La diversidad de los perfiles de los consumidores: Jóvenes, mujeres, hombres y menores, así como las diferentes sustancias de consumo: Alcohol, heroína, cocaína, cannabis..., ha

implicado el desarrollo continuo de programas terapéuticos adaptados a las necesidades de la demanda. Un ejemplo es la Comunidad Terapéutica «El Corchuelo¯, ubicada en Almonte (Huelva), que es la primera en España dedicada a la

rehabilitación de personas en un Programa de Tratamiento con Metadona.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16551)

Como apoyo a los tratamientos, y para dar respuestas a los sectores sociales más vulnerables y carentes de recursos, se crean Pisos de Apoyo al Tratamiento con una amplia

participación de la iniciativa social. Son lugares de acogida inmediata y de estancia temporal. Como objetivo general se plantea dar respuesta al problema de las drogodependencias en el propio marco urbano, implicando de un modo activo al drogodependiente, a su entorno familiar y a los recursos socio- sanitarios disponibles.

Con la importancia que han tenido en estos años los recursos citados, hay que decir que todos ellos estuvieron basados en el desarrollo de programas que tienen como referente la

abstinencia, cumpliendo su papel en los primeros años del Plan Andaluz sobre Drogas, aunque la progresiva expansión del número de usuarios de programas de reducción del daño hizo que los programas libres de drogas se hayan visto complementados por otros programas, como es el caso del Programa de Tratamiento con Metadona (Gráficos 9 y 10).

El desarrollo de este programa ha sido muy amplio. El número de personas atendidas ha pasado de 376 en 1990 a 18.713 en 2000. Los recursos de prescripción del fármaco han aumentado y, sobre todo, el número de puntos de dispensación -de 8 en 1990 a 449 en 2000- ofertados por los dispositivos de Atención Primaria de Salud. Es un Programa de gestión compartida con la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que sirve de referente a otras Comunidades Autónomas por las prestaciones que ofrece a los usuarios y a la sociedad en general.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16552)

El desarrollo y extensión del Programa de Tratamiento con Metadona en Andalucía se consolida a partir de 1995. Se facilita el acceso a todos aquellos pacientes que lo necesitan siguiendo los criterios del Decreto 162/90, de 29 de mayo, por el que se regulan los tratamientos con sustitutivos opiáceos a personas dependientes de los mismos en nuestra Comunidad Autónoma bajo el control sanitario y la atención social, familiar y personalizada. En gran medida, este programa ha facilitado la producción de cambios en la vía de consumo (Gráfico 11) de opiáceos, apreciándose un mantenido descenso en la utilización de la vía intravenosa, con las repercusiones que esto tiene desde el punto de vista de la salud pública.

En este momento sólo un 8,7% de usuarios utiliza la vía intravenosa, en comparación con el 37,9% que la usaba hace ocho años.

Dentro de las estrategias de reducción del daño se han puesto en marcha los Centros de Emergencia Social con el objetivo de paliar o minimizar los daños generados por el consumo

problemático de drogas en aquellas poblaciones de

drogodependientes que no acceden habitualmente a los servicios asistenciales. En ellos se atienden las necesidades básicas de estas personas y su posterior derivación a recursos de

tratamiento, si lo demandan.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16552)

Los equipos de apoyo a Instituciones Penitenciarias pertenecen a los Centros Provinciales de Drogodependencias y desarrollan programas de tratamiento en las prisiones andaluzas, lo que permite atender a un gran número de internos con problemas de drogodependencias y prestando atención sanitaria y social a estas personas.

En el marco del Convenio existente entre el Ministerio del Interior, Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Comisionado para las Drogodependencias, se realiza la atención en las prisiones andaluzas.

En Andalucía el número de internos que han participado en los programas de información, motivación y acogida ha sido de 3.375 y en los de educación para la salud, 2.850.

En programas de tratamiento con metadona se encuentran 5.390 presos andaluces, 2.289 en programas de desintoxicación y 1.584 en programas de deshabituación.

El número de internos que han sido derivados a los recursos comunitarios en función de los programas es de 1.518, a programas de tratamiento con metadona y 1.793, a programas de deshabituación de las drogodependencias: 1.462 a Centros Ambulatorios y Centros de día, 18 a Pisos de Reinserción, 103 a Comunidades Terapéuticas y 210 a otros recursos.

En la línea de diversificar y personalizar la oferta

asistencial, de forma que toda aquella persona que demande tratamiento en la red de drogodependencias tenga en cada momento de su proceso de tratamiento la respuesta asistencial más adecuada, el Gobierno Andaluz se plantea investigar nuevas fórmulas de atención, proponiendo la realización de un Programa Experimental de Tratamiento Médico con Heroína para adictos a esta sustancia y dirigido fundamentalmente a un sector de la población drogodependiente de alta cronicidad y riesgo

sanitario. El pre-proyecto es aprobado por el Consejo de Gobierno en el año 1997 y se presenta como Ensayo Clínico ante el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 1998. Con relación al procedimiento administrativo, en enero de 1999 ese

Ministerio emite una resolución de aprobación para considerar a la heroína como producto en fase de investigación clínica. En la actualidad este proyecto se encuentra pendiente de su conformidad y desarrollo.

En esta línea de diversificar y en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas se ha participado en una experiencia de dispensación controlada con LAAM que pretendía comparar la efectividad de esta sustancia con la metadona. Se planteó como un estudio multicéntrico y se desarrolló simultáneamente en distintas Comunidades Autónomas.

En el Area de Incorporación Social se han desarrollado

programas integrales que incluyen aspectos educativos,

ocupacionales, familiares y sociales, con la finalidad de conseguir la integración plena de la persona a la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. En un principio se planteaba como objetivo la realización de cambios sociales para superar la simple idea del aprendizaje de determinadas técnicas personales que, necesarias para el desenvolvimiento social, ayuden a completar el proceso de normalización social en los individuos.

Al igual que en el área de prevención y atención, en los primeros años de desarrollo del Plan, el concepto de

incorporación social estaba fundamentado en el no consumo. Para acceder a cualquier recurso o programa de reinserción el paciente debía estar abstinente. Este concepto ha ido

evolucionando paralelamente a las demandas planteadas por los drogodependientes, consolidándose un concepto de incorporación social más amplio y flexible en el que se da cabida a personas que actualmente están en Programas de Tratamiento con Metadona.

El Programa de incorporación socio-laboral Red de Artesanos (Gráfico 12) tiene como objetivo el aprendizaje directo de un oficio con la colaboración de trabajadores autónomos o pequeños talleres y la adquisición de habilidades sociales. Los

participantes perciben una beca mensual, durante un año, y el artesano o trabajador una gratificación por su colaboración. Se inicia en 1986 con 36 plazas y en 1999 se disponen 370, facilitándose la participación de un mayor número de usuarios, tanto de los programas libres de drogas como de los programas con sustitutivos opiáceos.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16553)

En relación a los datos que aparecen en el gráfico anterior, podemos decir que a partir del año 1997 se empiezan a

contabilizar los datos de participantes de forma distinta. Se incluye en ese año sólo los inicios en el programa, y no el número total de usuarios como se venía haciendo desde la creación del programa.

Los Centros de Día (Gráficos 13 y 14) son recursos de

incorporación social en los que se realizan actividades formativas y ocupacionales que favorecen la normalización de los drogodependientes. Desde estos recursos se apoya la aceptación y la integración en las realidades culturales de la comunidad donde se encuentran, al mismo tiempo que se recuperan las pautas de ocio y cultura, así como los valores éticos, todo ello unido a la importancia que adquiere la formación

prelaboral como elemento de integración social. Para ello ha sido necesario reconducir éstos como recursos con

características propias, donde participa la iniciativa social en un elevado número de ellos y con un incremento paulatino, llegándose hoy día a 41 centros.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16553)

Como se observa en el gráfico 14, el descenso del número de participantes obedece por un lado a la poca estabilidad alcanzada al paso del tiempo por estos recursos debido a la escasa definición en cuanto a su finalidad y, por otro, al descenso producido en el número de usuarios que inician tratamiento y que demandan otro tipo de recursos más adecuados a sus carencias socio-laborales.

Los Pisos de Apoyo a la Reinserción (Gráfico 15) se crean a partir de 1993. El objetivo de este programa es facilitar la adaptación del individuo al medio social mediante la residencia temporal en un piso tutelado por personal técnico cualificado. Se pretende una integración social plena, una vez concluida la deshabituación y sirve para normalizar la convivencia de la persona en un espacio más cercano a la realidad psicosocial, dotándolo de técnicas para un mejor desenvolvimiento en su medio. El número de pisos y plazas en estos años se han ido extendiendo. En la actualidad se cuenta con una oferta de 52 plazas, distribuidas en 8 pisos por toda la Comunidad Autónoma.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16554)

Se puede apreciar en el gráfico cómo a lo largo de estos años se ha ido estabilizando como un recurso capaz de dar respuesta a las carencias de convivencia de esta población. El descenso del número de usuarios en el último año hay que analizarlo desde la perspectiva de la estabilización y adecuación de estos recursos, que hace que la gran mayoría de los usuarios

concluyan el período máximo de doce meses previsto en el programa.

El movimiento asociativo en drogodependencias participa activamente en el proceso de normalización y aceptación de la responsabilidad colectiva en el abordaje de las

drogodependencias, potenciando la participación de los

ciudadanos en el tratamiento y resolución de los problemas sociales. Intervienen en las distintas áreas y líneas del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Tienen un papel fundamental en la detección de nuevas necesidades sociales y situaciones de riesgo, reivindicación y denuncia, así como la prestación de servicios a los sectores más desfavorecidos.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16555)

EVOLUCION PRESUPUESTARIA DEL PLAN ANDALUZ SOBRE DROGAS

La evolución del presupuesto asignado al Plan Andaluz sobre Drogas se ha ido adaptando a las necesidades y demandas sociales. Así, se ha pasado de 1.005.374.000 ptas. en 1990 a

4.269.901.000 ptas. en el año 2000, lo que supone un incremento total del 324,7%.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16555)

3. EVOLUCION DEL CONSUMO

En los primeros años las actuaciones en el ámbito de las drogodependencias en nuestro país -mediados de los ochenta- partían de un desconocimiento del fenómeno. Eran más acciones intuitivas que basadas en un conocimiento científico, máxime cuando nos encontrábamos ante un fenómeno que se movía entre lo ilícito y la percepción negativa que los ciudadanos tenían de las adicciones a las sustancias ilegales. Hoy en día la experiencia de varios años nos permite disponer de información que nos acerca a la realidad del fenómeno. Conocer la realidad es un objetivo básico cuando pretendemos establecer cualquier tipo de programa, actuación o recurso.

La fuente utilizada para los datos que se aportan a

continuación está recogida, por un lado, de los estudios realizados sobre el Consumo de Drogas y Actitudes de la población andaluza, que se han venido publicando en una serie de informes bianuales desde 1987 bajo el título «Los Andaluces ante las Drogas¯, y, por otro, por el SAID (Sistema Andaluz de Información en Drogodependencias), programa que recoge de forma estandarizada y periódica (anual) los datos relativos a la atención de la demanda en drogodependencias, reflejando las tendencias más actuales en cuanto a tipologías de consumo, población, demandas y evolución de tratamiento.

Los informes de «Los Andaluces ante las Drogas¯, emitidos periódicamente (1987, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000), cuentan con la ventaja de utilizar el mismo tipo de

indicadores, aunque hayan introducido otros nuevos para adaptarse progresivamente a la realidad, y nos permiten hacer análisis comparativos de los consumos y ver las tendencias que se ponen de manifiesto en la población andaluza. Se ha

investigado sobre aspectos que tienen que ver con consumos, motivaciones y consecuencias de los mismos, características demográficas de los consumidores, actitudes ante la posible legalización de las drogas, etc., y todos aquellos aspectos que por su interés se han ido incorporando en los últimos años.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio están relacionados con:

a) Conocer las prevalencias y patrones de consumo de las distintas drogas.

b) Conocer las características demográficas y sociales de los usuarios de cada sustancia.

c) Observar la evolución de los consumos, tendencias y algunas características de las drogas más recientes.

d) Ver las principales motivaciones en el consumo de las distintas sustancias y consecuencias personales y sociales del mismo.

e) Observar la presencia social de las drogas, opiniones y actitudes de la población y demandas de actuaciones.

f) Conocer la actitud y valoración de la actuación del

Comisionado para las Drogodependencias en Andalucía por parte de la población andaluza.

Con la información recogida de los estudios realizados y con relación a las sustancias con mayor incidencia en nuestra Comunidad Autónoma, podemos conocer cifras referidas a las mismas. En este apartado se presentan los datos más relevantes con relación a la evolución del consumo en Andalucía entre los años 1987-1998 y un avance del estudio de «Los Andaluces Ante las Drogas¯, del año 2000, que en el momento de la presentación de este II Plan sólo está disponible como avance del análisis de los datos a nivel cuantitativo y global, y no como análisis cualitativo de los mismos.

3.1. Prevalencias y patrones de consumo de las sustancias más relevantes («Los Andaluces ante las Drogas. 1987/2000¯). En este apartado se trata de definir y cuantificar los

distintos consumos existentes, así como las prevalencias y patrones de consumo de cada tipo de drogas. Las sustancias incluidas aquí son las siguientes:

a) Drogas Institucionalizadas:

- Tabaco.

- Alcohol.

- Psicofármacos (tranquilizantes, hipnóticos, analgésicos comunes y morfínicos).

b) Drogas No Institucionalizadas:

- Anfetaminas.

- Cannabis.

- Cocaína.

- Heroína.

- Extasis y otras drogas de diseño.

Los datos de consumo de los inhalables, alucinógenos, crack y otros opiáceos no se han descrito debido a la baja frecuencia de consumo en la población andaluza durante estos años.

A) Drogas Institucionalizadas:

Tabaco (1987-2000):

El tabaco, junto con el alcohol, ha sido una de las

sustancias más estudiadas desde el año 1987 al 2000 debido a que su consumo es muy amplio y está muy extendido socialmente. Aunque poco a poco se observa cierto descenso general en el hábito de fumar diariamente, todavía continúa siendo

preocupante su consumo en sectores específicos como son los jóvenes.

Los datos más relevantes que emanan del estudio de la evolución del consumo de tabaco en Andalucía desde 1987 y 2000 pueden sintetizarse en:

- Un descenso constante en el consumo de tabaco hasta 1998 de entre 6 y 10 puntos porcentuales según el sector etario. Sin embargo, ya en estos estudios se señalan las altas prevalencias de uso de tabaco entre los jóvenes y la progresiva tendencia del incremento en el hábito de fumar diariamente por parte de las mujeres, que se manifiesta también en el año 2000.

- En 1994 se detecta un incremento de 2,9 puntos en los fumadores diarios (33,7%) en relación a 1992, que era del 30,8 %, para descender al 29,5% en 1996, incrementándose al 31% en

1998 y al 33,2% en el 2000.

Respecto a la población con un consumo de mayor riesgo

(«fumadores/as diarios/as¯) se aprecia que:

- Las cifras absolutas (número total de fumadores diarios) mantienen la tendencia descendente hasta 1998, cuando empieza un nuevo incremento hasta el año 2000.

- El descenso en este consumo de mayor riesgo («fumar

diariamente¯) se aprecia tanto en hombres como en mujeres, aunque éste es claramente mayor entre el género masculino.

En el último estudio «Los andaluces ante las drogas VII¯, del año 2000, se detecta que el grupo de edad en el que se producen más inicios en el consumo es el de 16 a 24 años, con casi la mitad del total, y la edad media de esos inicios son los 16,13 años, algo antes que en 1996, que eran los de 16,22 años.

La cantidad media de tabaco fumado diariamente ha aumentado con respecto a 1998, pasando de 16,84 cigarrillos de media diaria en 1998 a 18,04 en 2000.

Para definir el perfil de los fumadores andaluces, las

variables más significativas son el género y la edad, con los siguientes resultados (Gráfico A):

- Aunque el estudio de 1987 no analiza detalladamente las variables sexo-consumo, sí indica que la mayor parte de los fumadores son de sexo masculino, tendencia que se ha mantenido hasta 2000. En años siguientes, las tasas de consumo han descendido en los hombres, pasando a ser del 52,9% en 1989, 39% en 1998 y 38% en 2000. La prevalencia de mujeres fumadoras diarias va en aumento, pasando a ser de 23,6% en 1998 a 28,8% en 2000.

- Según los datos del año 2000, por edades, después de una fase incipiente entre los 12 y los 15 años, en el grupo de 16 a 20 años encontramos ya casi un 39,5% de fumadores diarios, que se eleva a 45,8% en los 21 a 24 años.

Ver anexo en facsímil BOJA (PAG. 16557)

Alcohol (1987-2000):

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en España y también en Andalucía. Tan amplia es la presencia social y la integración cultural del alcohol que una mayoría de ciudadanos le atribuyen una serie de beneficios orgánicos, psicológicos y sociales. Este fuerte arraigo social y cultural hacia el consumo de alcohol puede estar relacionado con el hecho de que sea la sustancia psicoactiva más consumida y una de las de mayor abuso.