Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 133 de 13/07/2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, el 21 de junio de 2017, en el transcurso de la sesión celebrada los días 21 y 22 del mismo mes y año, ha aprobado las siguientes resoluciones relativas al Informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización de la Cuenta General y Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2015.

A. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1. Ampliar el perímetro de consolidación de los estados financieros, abarcando no solo a las agencias administrativas y a las agencias de régimen especial, sino de todos los entes que integran el sector público andaluz.

2. Elaborar una norma autonómica que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados.

3. Mejorar la información que acompaña al proyecto de presupuesto de manera que sea posible verificar la adecuación a los objetivos de déficit y deuda y el cumplimiento de la regla del gasto, a tenor del riesgo de incumplimiento de esta última, según se establece en el informe de 19 de julio de 2016 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla del gasto.

4. Incorporar información relativa a los proyectos de colaboración público-privados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, indicando descripción del proyecto, créditos o compromisos de cada uno de ellos. La información facilitada por la Intervención General de la Junta de Andalucía nos alerta del importante volumen al contabilizar la inversión de este tipo de proyectos en 2.330,33 millones de euros a ejecutar en varias anualidades.

5. Intensificar las medidas que permitan la disminución de los saldos de libramientos pendientes de justificar (3.208,10 millones de euros). Es preocupante que exista un montante de 2.552,35 euros pendientes de ejercicios anteriores y que la antigüedad abarque hasta el año 1987. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario y la demora en el análisis de esta cuenta por parte de la Administración puede llevar a la prescripción de los posibles reintegros y la caducidad de los ya iniciados.

6. Revisar sobre la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, sin limitar la definición de actividades, objetivos e indicadores a los diferentes programas, motivándolos al análisis, para que exista una clara correlación entre ellos y que la cuantificación de las previsiones se realice de forma realista y soportada, de manera que facilite el traslado de los mismos a las modificaciones presupuestarias.

7. Modificar el porcentaje para la «provisión por insolvencia» y que se aplique una dotación del cien por cien de su importe a aquellos que tengan una antigüedad de cuatro años, de acuerdo con el plazo general de prescripción de tributos.

8. Tomar las medidas oportunas para que la Agencia Idea ejecute cuantos derechos le sean inherentes como la materialización de las garantías ofrecidas por las empresas para cubrir el riesgo de la operación avalada. A 31 de diciembre de 2015, la agencia presenta un saldo final de 117,39 millones de euros de importes ejecutados por avales atendidos, que, a pesar de las recomendaciones del informe del 2014, no solo no han disminuido, sino que se han incrementado en un 10,7%, agravando la situación.

9. Poner en marcha los mecanismos de coordinación pertinentes para solventar las discrepancias de la Agencia Idea con la Agencia Tributaria de Andalucía sobre el procedimiento a llevar a cabo en la recuperación del importe de los avales ejecutados, que, según informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, podrían suponer un menoscabo de los fondos públicos y pueden ser causa de infracción.

10. Trasladar la obligatoriedad y tomar medidas de penalización, para que la información presupuestaria y de las cuentas anuales de todas las entidades que forman parte del sector público andaluz sea presentada en plazo y de una manera homogénea. Es imposible concebir la transparencia de la Administración si existen partes del propio sector público que no facilitan esta información, como ha ocurrido en el 2015 con Soprea, Invercaria o la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

11. Depurar, culminar y aclarar el listado de fundaciones que pertenecen al sector público andaluz, de manera que coincida el listado de la Junta de Andalucía con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas (añade cuatro fundaciones al sector público andaluz) y el inventario en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

12. Impulsar las medidas divulgativas, promocionales, publicitarias y de dinamización de los fondos carentes de personalidad jurídica, para mejorar su ejecución. La dotación patrimonial de estos fondos es de 943,5 millones de euros, de los que hasta la fecha tienen un saldo disponible de 653,76 millones de euros, lo que representa un 69,3% de dotaciones patrimoniales disponibles. De los 13 fondos creados, algunos se encuentran en situación crítica de inejecución, como el de «Fomento y promoción del trabajo autónomo», que tiene un saldo disponible del 97,8% de los 50 millones de euros iniciales, y el de «Fomento de la cultura empresarial en el ámbito universitario», con un saldo disponible del 99,7% de los 22,25 millones de euros dotados inicialmente.

13. Alcanzar un acuerdo para que los gastos de gestión de los fondos carentes de personalidad jurídica no solo estén vinculados al importe de los instrumentos financieros formalizados, sino que intervenga en el cálculo de esos costes el número de nuevos expedientes analizados. Existen fondos que en la anualidad 2015 no han formalizado ningún nuevo expediente y que soportan importantes gastos de gestión.

14. Elaborar y facilitar un listado de sociedades mercantiles en las que participa minoritariamente la Junta de Andalucía, en qué condiciones y las modificaciones habidas durante el ejercicio.

15. Diseñar un sistema de gestión de los Fondos de Compensación Interterritorial que permita, además de alcanzar el 100% de los importes asignados, facilitar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión financiados con este fondo.

B. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1. Revisar de forma permanente las distintas áreas funcionales del aplicativo Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO), así como la existencia de usuarios, especialmente aquellos que tienen privilegios elevados. Revisar y actualizar el estado de situación del GIRO con respecto al Esquema Nacional de Seguridad, medidas que garanticen la existencia de un plan de continuidad y de un plan de recuperación de desastres actualizado.

2. Elaborar una norma autonómica que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados.

3. Incorporar información relativa a los proyectos de colaboración público-privados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Revisar la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, definiendo de forma más precisa las actividades, objetivos y los indicadores, de forma que exista una correlación entre ellos y que la cuantificación de las previsiones se realice de forma realista, con la finalidad de que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional.

5. Elaborar normas que regulen las operaciones realizadas relativas al traspaso automático de compromisos de ejercicios futuros previsto en el artículo 40.6 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

6. Adoptar las medidas pertinentes que permitan la disminución de los saldos de libramientos pendientes de justificar, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo en su caso al reintegro de las cantidades no justificadas con el fin de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

7. Depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro, de manera que los que figuren registrados supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía. Depurar y completar el criterio de dudoso cobro, revisando los porcentajes a aplicar según el criterio temporal e incluyendo otros tales como la recaudación y las rectificaciones y anulaciones que se vienen produciendo.

8. Mejorar los módulos de seguimiento contable de los gastos con financiación afectada y completar la información relativa al seguimiento contable de los gastos incluidos en el servicio 18.

9. Adoptar medidas para solventar la falta de conciliación contable y regularizar la situación. Completar el contenido de la memoria según lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública para permitir la comprensión de la información de carácter financiero de las cuentas anuales y del resto de la Cuenta General, adaptando su contenido a lo recogido en el Plan General de Contabilidad Pública 2010.

10. Analizar en profundidad la repercusión de las modificaciones presupuestarias y cualquier otra circunstancia que se produzca a lo largo del ejercicio presupuestario y mejorar la gestión de los créditos incorporados del ejercicio anterior, teniendo en cuenta que se trata de créditos financiados con fondos finalistas, dada la baja ejecución de los créditos incorporados.

11. Proporcionar información de los créditos que se traspasan de unos programas presupuestarios a otros de acuerdo con el nivel de vinculación de los créditos previsto en el artículo 6 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015, por parte del Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO).

12. Adoptar mecanismos para la depuración, regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto de los saldos de las operaciones extrapresupuestarias.

13. Regularizar la contabilización de los pagarés, de forma que se eviten incoherencias entre los saldos contables y la realidad de este programa.

14. Mejorar los procedimientos de reclamación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) ante las empresas cuyas operaciones de crédito devinieron impagadas mediante la ejecución de cuantos derechos le sean inherentes, como la materialización de las garantías ofrecidas por las empresas para cubrir el riesgo de la operación avalada, que según la normativa debiera ser suficiente para cubrir el riesgo asumido por la agencia.

15. Realizar los ajustes contables para cumplir con el Plan General de Contabilidad Pública por parte de las agencias de la Junta de Andalucía, tomando en especial consideración el caso del inmovilizado intangible.

16. Aplicar lo establecido en los estatutos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en referencia a la elaboración y aprobación del contrato plurianual de gestión, así como el plan de acción anual.

17. Ofrecer información completa a la Cámara de Cuentas respecto de las entidades participadas minoritariamente de forma directa e indirecta por parte de la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el contenido y dimensión de la población de entidades minoritariamente participadas, directa o indirectamente por la Junta de Andalucía que figuran en Anexo 26.21.2 y Anexo 26.21.3 del informe de fiscalización de la cuenta general de 2015.

18. Regular o normalizar por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía la operativa que ha de llevarse a cabo cuando hay entidades que no imputan las transferencias de financiación de explotación en la cuenta de pérdidas y ganancias, registrándolas directamente como aportaciones de socios en fondos propios, y evitar así la incoherencia manifiesta.

19. Determinar si las fundaciones «Agregación Fundaciones Benéfico-Particulares» de las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén y la fundación «Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada» cumplen las condiciones requeridas por los artículos 55 y 56 de la Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y obtener anualmente el valor del patrimonio fundacional y duradero de dichas entidades, con prioridad de aquellas cuya naturaleza pública está pendiente del resultado de dicho parámetro.

20. Determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta de Andalucía, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto del control por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, con aplicación del artículo 12.3 de la Ley de la Administración de Junta de Andalucía en cuanto al régimen económico-financiero, de control y contabilidad establecido en el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el Presupuesto y Cuenta General de la Junta de Andalucía.

21. Evaluar la eficacia y la eficiencia de los fondos carentes de personalidad jurídica creados hasta la actualidad. Mejorar los procedimientos de análisis de solicitudes y proyectos, así como el establecimiento de criterios de riesgo y de recuperaciones al objeto de que se instaure una tendencia decreciente en la evolución del número y porcentaje de operaciones impagadas.

22. Reordenar los fondos carentes de personalidad jurídica para cumplir sus objetivos integrándolos como instrumentos financieros en la banca pública de Andalucía.

23. Habilitar un campo en el Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO) que permita identificar los documentos y proyectos financiados con los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) al objeto de permitir el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión.

C. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1. Revisar y actualizar la normativa interna relativa a concienciación del personal de la Junta de Andalucía sobre el uso de sistemas informáticos, entre cuyas materias a regular se encuentra la relativa a seguridad.

2. Culminar la elaboración de la estrategia de seguridad y confianza digital para el período 2017-2020 con la que mejorar la definición de indicadores de medición de los objetivos previstos.

3. Aprobar una normativa contable que desarrolle el procedimiento de consolidación.

4. Fijar objetivos presupuestarios concretos y medibles en el próximo Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía, susceptibles de seguimiento a través de indicadores precisos y cuantificables, de manera que sirvan para evaluar el grado de cumplimiento de tales objetivos y sean herramientas útiles para la toma de decisiones. Considerar los programas presupuestarios como auténticos instrumentos para la toma de decisiones, analizando en profundidad el cumplimiento de los objetivos que se programan y la repercusión que sobre los mismos puedan tener las modificaciones presupuestarias y cualquier otra circunstancia que se produzca a lo largo del ejercicio presupuestario correspondiente.

5. Continuar con las medidas que permitan la disminución de los saldos pendientes de justificar, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades pagadas y no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

6. Continuar con la depuración de los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, de manera que los que figuren registrados supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

7. Establecer unos criterios más depurados para dotar las provisiones sobre los saldos del pendiente de cobro, sin excluir aquellos cuya antigüedad sea inferior a cinco años.

8. Revisar los procedimientos de análisis técnico que efectúa la Agencia Idea para el otorgamiento de avales, para que se incida más estrictamente sobre el análisis empresarial de la viabilidad e idoneidad de los proyectos, y ello redunde en una disminución de las ejecuciones de aval por fallidos.

9. Replantear los procedimientos de reclamación de la Agencia Idea ante las empresas cuyas operaciones de crédito devinieron impagadas.

10. Continuar con el control y seguimiento de los libramientos pendientes iniciado en 2010 por determinadas agencias, así como adoptar medidas, fundamentalmente en el Servicio Andaluz de Empleo, de manera que se realicen las justificaciones o los reintegros correspondientes, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

11. Aplicar lo establecido en los estatutos de la agencia de régimen especial Servicio Andaluz de Empleo en referencia al establecimiento de un plan de acción anual y de un contrato plurianual de gestión.

12. Aplicar las medidas necesarias que permitan determinar anualmente el valor del patrimonio fundacional y duradero de las fundaciones.

13. Determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta de Andalucía, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto del control por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el Presupuesto y Cuenta General de la Junta de Andalucía.

D. El Parlamento de Andalucía valora muy positivamente el trabajo de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, y manifiesta su parecer contrario hacia aquellas manifestaciones vertidas por cargos institucionales del Gobierno andaluz con la intención de restar importancia a la gravedad de las incidencias detectadas y plasmadas en los informes de fiscalización.

E. El Parlamento de Andalucía considera:

1. Lesivo para el interés general de los andaluces la falta de atención del Gobierno andaluz a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y mandatos aprobados por este Parlamento, tal y como queda constatado en el informe de fiscalización de referencia, especialmente en los apartados 8 y 9 relativos al «seguimiento de las recomendaciones del informe anterior» y de «las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía».

2. Muy negativo el fracaso de la política de avales a empresas llevada a cabo por el Gobierno andaluz, dado el alto índice de ejecuciones de aval por fallido y el mantenimiento de importes ejecutados en 2015 en la Agencia Idea, y que ha supuesto quebranto adicional de fondos públicos en dicho ejercicio por valor de 10,7 millones de euros, tal y como constata el informe de fiscalización de referencia, e insta al Consejo de Gobierno a que ponga en funcionamiento una revisión de los procedimientos de análisis técnicos que efectúa para el otorgamiento de estas garantías, de manera que se incida de manera más estricta sobre el análisis empresarial de la viabilidad e idoneidad de los proyectos, y ello redunde en una disminución de las ejecuciones de aval por fallidos, especialmente en la Agencia Idea, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en resolución que se refiere a la fiscalización de la correspondiente a la Cuenta General de 2013 y 2014 pero que ha sido ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

3. Gravemente lesivo para los andaluces que únicamente se haya conseguido en el ejercicio el reintegro de 560.000 euros de avales ejecutados, acumulando más de 117,39 millones de euros por avales ejecutados pendiente de cobro (10,7 millones más que los existentes al cierre de 2014) y considera intolerable que el Gobierno andaluz haya realizado pagos en concepto de transferencias o relaciones comerciales durante el ejercicio 2015 con al menos tres empresas cuyos avales fueron ejecutados, tal y como constata el informe de fiscalización de referencia; por todo ello se insta al Consejo de Gobierno a aumentar el nivel de cobro en relación a los importes atendidos por ejecuciones de avales mediante el replanteo de los procedimientos de reclamación ante empresas cuyas operaciones de crédito devinieron impagadas, ejecutando cuantos derechos sean inherentes a Administración o Agencia, compensando pagos a realizar con la empresa o haciendo uso de beneficios de excusión, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento mediante resoluciones que se refieren a la fiscalización correspondiente a la Cuenta General de 2013 y 2014 pero que ha sido ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

F. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1. Establecer los mecanismos que posibiliten la auditoría en línea de los procedimientos soportados por sistemas informáticos, mediante el acceso de la Cámara de Cuentas a las herramientas de tramitación de expedientes de ingresos y gastos, contratación del personal y a las aplicaciones de gestión económica y presupuestaria, con el fin de acelerar las tareas preliminares de fiscalización y aumentar la transparencia de la Administración autonómica, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en resoluciones que se refieren a la fiscalización de la correspondiente Cuenta General de 2013 y 2014 pero que ha sido ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

2. Revisar de forma permanente las distintas áreas funcionales de GIRO, y en particular a mejorar el subsistema Base de Datos de Subvenciones, así como a adaptar el sistema de situación de GIRO al Esquema Nacional de Seguridad y garantizar la existencia de un plan de continuidad y de un plan de desastres actualizados con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia de seguridad de la información.

3. Aprobar, en el ámbito de la regulación contable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una normativa que desarrolle el procedimiento de consolidación para la totalidad de los entes integrantes del sector público andaluz, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en numerosas resoluciones que se refieren a la fiscalización de las correspondientes cuentas generales de 2011, 2012, 2013 y 2014 pero que ha sido reiteradamente ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el informe de fiscalización de referencia.

4. Mejorar los módulos de seguimiento contable de los gastos con financiación afectada, complementándose la información con la correspondiente al endeudamiento a largo plazo (mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en numerosas resoluciones que se refieren a la fiscalización de las correspondientes cuentas generales de 2012, 2013 y 2014 pero que ha sido reiteradamente ignorado por el Consejo de Gobierno), así como a prestar una mayor atención a las posibles debilidades en el seguimiento de los fondos europeos detectadas por la Cámara de Cuentas, y a que en ejercicios futuros la información relativa al seguimiento contable de los gastos financiados con ingresos procedentes del Estado y otros ingresos finalistas vuelva a ser completa dado el retroceso en la transparencia de los mismos que ha puesto de manifiesto el informe de fiscalización de referencia.

5. En aras del principio de transparencia a incorporar información relativa a los proyectos de colaboración público-privados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de conocer cuáles son dichos proyectos y los créditos o compromisos de cada uno de ellos.

6. Incorporar de manera urgente al presupuesto de la Comunidad Autónoma en vigor los remanentes de crédito financiados con ingresos finalistas obtenidos por la recaudación del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma regulado en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que alcanzaban solo al cierre de 2015 (y sin añadir la desviación del ejercicio 2016) 249 millones de euros, tal y como constata el informe de fiscalización de referencia, con la finalidad de ejecutar las inversiones de depuración y dar cumplimiento a lo establecido en el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, a la Ley de Aguas para Andalucía y al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, dado que hasta la fecha el total del importe cobrado a los andaluces no ha sido empleado en la inversión de las infraestructuras programadas para las cuales se creó específicamente el citado tributo.

7. Al cumplimiento del artículo 51.1 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública, para que se exprese en las modificaciones presupuestarias el eventual impacto que puedan tener en la consecución de los respectivos objetivos programados, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en numerosas resoluciones que se refieren a la fiscalización de las correspondientes Cuentas Generales de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 pero que ha sido reiteradamente ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

8. Considerar los programas presupuestarios como auténticos instrumentos para la toma de decisiones, lo que hace necesario que se analice en profundidad el cumplimiento de los objetivos que se programan y la repercusión que sobre los mismos puedan tener las modificaciones presupuestarias, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en numerosas resoluciones que se refieren a la fiscalización de las correspondientes Cuentas Generales pero que ha sido reiteradamente ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

9. Realizar una revisión metodológica de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde un punto de vista funcional, definiendo de forma más precisa las actividades, los objetivos y los indicadores, de forma que exista una correlación entre ellos, que la cuantificación de las previsiones se realizara de forma realista y soportada, así como que su seguimiento permitiera la medición tanto de la eficacia como de la economía, mejorando las herramientas para la toma de decisiones, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en numerosas resoluciones que se refieren a la fiscalización de las correspondientes Cuentas Generales de 2011, 2012, 2013 y 2014 pero que ha sido reiteradamente ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

10. Facilitar en tiempo y forma a la Cámara de Cuentas de Andalucía la totalidad de la información requerida a las consejerías y entes instrumentales, con la finalidad de evitar limitaciones al alcance que perjudiquen la calidad de la fiscalización, de mejorar la colaboración con el órgano de fiscalización y de aumentar la transparencia con el Parlamento de Andalucía y la ciudadanía, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en resoluciones que se refieren a la fiscalización de la correspondiente a la Cuenta General de 2013 y 2014 pero que ha sido ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata las limitaciones al alcance detalladas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

11. Determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta de Andalucía, y establecer las medidas necesarias para que, con vistas a la Cuenta General del ejercicio 2016, las cuentas anuales y presupuestos de la totalidad de los consorcios públicos andaluces se sometan al control de la Administración de la Junta de Andalucía y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el Presupuesto y Cuenta General de la Junta de Andalucía.

12. Regularizar la contabilización de los pagarés, de forma que se eviten incoherencias entre los saldos contables y la realidad de este programa, puesto que no se han solventado las incidencias detectadas durante la fiscalización de 2013 y 2014, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015; recomendación que fue recogida en anteriores informes de fiscalización y que el Gobierno andaluz sigue sin atender.

13. Que mediante la Consejería de Hacienda y Administración Pública como centro al que compete dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de lo previsto en las leyes de creación de los fondos, realice una evaluación sobre la eficacia y la eficiencia que están teniendo los fondos carentes de personalidad jurídica creados hasta la actualidad, dado el fracaso e insuficiente grado de utilización de estos instrumentos, circunstancia que ha sido reiterada en sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

14. Agilizar la gestión para la aprobación, concesión y desembolso de las operaciones de financiación a empresas y autónomos con cargo a los fondos carentes de personalidad jurídica, habida cuenta de que no se ha obtenido como resultado el desembolso efectivo de financiación hacia las empresas, y que, tal como constata el informe de fiscalización, el importe pendiente de desembolso al cierre de 2015 era de 667 millones de euros, significativo del 68,8% de la dotación presupuestaria de la Junta de Andalucía en los siete años trascurridos desde la creación de los fondos reembolsables, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en numerosas resoluciones que se refieren a la fiscalización de las correspondientes Cuentas Generales de 2012, 2013 y 2014 pero que ha sido reiteradamente ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como certifica el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

15. Replantear los criterios de revisión contable, análisis económico-financiero y evaluación de riesgos y solvencia, con el fin de mejorar el retorno de la financiación de los fondos sin personalidad jurídica, dado que sucesivos informes de fiscalización alertan del resultado negativo en las cuentas económico-patrimoniales en la mayoría de los fondos y del incremento de las situaciones de impago, morosidad, deterioro y situaciones de dudoso cobro que afectan a la recuperación de los activos puestos a disposición de los mismos, y que al cierre del ejercicio 2015 acumulan una pérdida de fondos públicos de 100 millones de euros desde su creación hasta el cierre de 2015, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

16. Poner en marcha los mecanismos necesarios para regularizar, en el menor tiempo posible, la cuenta extrapresupuestaria 413, que recoge el importe de las obligaciones no imputadas a presupuesto y que están pendientes de pago, y que constata una deuda de 718 millones de euros (107 millones en las consejerías y 611 millones en las agencias) al cierre de 2015, correspondiendo el mayor importe, 604 millones de euros, al Servicio Andaluz de Salud, a pesar de haber dispuesto de una mayor liquidez gracias al mecanismo extraordinario de financiación de pago a proveedores y al fondo de financiación de las comunidades autónomas puestos en marcha por el Gobierno de la nación.

17. Establecer un método que singularice cada uno de los expedientes deudores, y a exigir a los cargos responsables de los órganos con competencia para la recaudación el cobro inmediato de dichos derechos, que al cierre de 2015 suponen 2.573 millones de euros, así como a establecer unos criterios más depurados para dotar las provisiones sobre los saldos del pendiente de cobro.

18. Aprobar y aplicar en el Servicio Andaluz de Empleo el contrato plurianual de gestión y un plan de acción anual, tal como establece su estatuto, recomendación reiterada en sucesivos informes de fiscalización de la Cuenta General de 2012, 2013, 2014 y 2015 pero que ha sido reiteradamente ignorada por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

19. Determinar la población de entidades minoritariamente participadas directa o indirectamente por la Junta de Andalucía, así como a la información relativa a porcentajes y valores de dichas participaciones; requiriendo a sus entidades dependientes el cumplimiento de la normativa que les obliga a comunicar y a solicitar autorización para llevar a cabo los cambios de participaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada, tal y como se recomienda en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015.

G. El Parlamento de Andalucía insta nuevamente al Consejo de Gobierno a:

1. Ante el elevado volumen y antigüedad de los saldos de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo anteriores a 2015, que ascienden a 2.695 millones en consejerías y agencias (además de otros 690 millones del ejercicio 2015), al cumplimiento estricto de la normativa que los regula, a agilizar las comprobaciones realizadas por los órganos gestores, exigiendo su inmediata justificación o su reintegro en el caso de cantidades pagadas y no justificadas debidamente, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en numerosas resoluciones que se refieren a la fiscalización de las correspondientes Cuentas Generales de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, y en otras actuaciones de la Cámara de Cuentas, pero que ha sido sistemática y reiteradamente ignorado por el Consejo de Gobierno, ocasionando la prescripción de los posibles reintegros y caducidad de los expedientes iniciados; así como a que se establezca un régimen sancionador para aquellos cargos públicos en los que en el ámbito de sus competencias prescriban libramientos pendientes de justificar.

2. Agilizar el proceso de revisión de los libramientos pendientes de justificar del Servicio Andaluz de Empleo, dado el incremento del 60% registrado en 2015, tal y como constata el informe de fiscalización de referencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 185.7 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de junio de 2017.- P.D. El Letrado Mayor, Javier Pardo Falcón.

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