Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 18 de 11/02/1999

Los órganos colegiados del Instituto, su Consejo General y Consejo Rector, y la Comisión del Convenio Colectivo y la Comisión de Formación Continua han aprobado el Plan de Formación para los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía, que se hace público mediante la presente Resolución, conforme al contenido de los Anexos, en los que se contienen las acciones de los planes específicos que lo integran: El Plan General, el Plan de Personal Laboral y el Plan de Formación Continua. Igualmente, se hace público las acciones de cooperación para la formación, que incluye la cooperación internacional y más específicamente la cooperación para el desarrollo, y las actuaciones para fomentar la investigación sobre Administración Pública. Hagamos a continuación una referencia a cada uno de estos grandes epígrafes centrales de la gestión del Instituto precediéndolo de una presentación general con las consideraciones de fondo que sustentan la acción y la proyección de la actividad hacia los objetivos que constituyen las metas a alcanzar.

P R E S E N T A C I O N

La sociedad de nuestro tiempo y el compromiso del poder político con los ciudadanos: Del siglo de las libertades al siglo de la Solidaridad.

La forma de reconocerse los individuos en lo colectivo se corresponde con la atención que el grupo social les demuestra. El tránsito de nuestro país a la democracia significó una explosión del protagonismo del ciudadano en las grandes decisiones de la transición. A partir del asentamiento de la democracia, la opinión-voto es un patrimonio imposible de limitar que los ciudadanos esgrimen con el orgullo de pertenecer a la comunidad. Al mismo tiempo las políticas de los gobernantes fueron definiendo cada vez más espacios de actuación en los que se procuraba la protección de los derechos constitucionales y no sólo de las libertades públicas, fraguadas ya con la solidez que mostró el fracaso de la definitivamente última intentona golpista. Se trataba de hacer realidad, como se hizo, un sistema de salud, educativo y de asistencia que diera cuerpo a un Estado de bienestar en el cual las instituciones garantizan el acceso a las oportunidades y al disfrute real de los beneficios derivados de formar parte de un Estado Social y de Derecho que se proclama solidario. Esta integración del individuo en la sociedad mediante la satisfacción real de sus necesidades y el desarrollo de sus potencialidades, que hizo posible su identificación como miembro de la comunidad, se instrumentó a través de muy diversas políticas públicas mediante los servicios gestionados por la Administración Pública.

Esta convergencia entre la sociedad y los individuos según la cual los intereses de éstos constituían el objetivo de aquélla se construye sobre un divorcio previo tan exagerado que las medidas de protección social fueron percibidas de inmediato en términos de satisfacción por los ciudadanos. Los poderes públicos se legitiman de esta forma y encuentran un escenario de actuación en el que todo o casi todo estaba por hacer. En los últimos años otra convergencia se ha convertido en protagonista de la prioridad de los gobernantes y no ciertamente compatibilizándola con el sostenimiento de las medidas sociales como se hizo durante algún tiempo. La cuestión es si un país que destina a políticas sociales entre cinco y diez puntos menos del PIB que Holanda, Francia o Inglaterra puede suspender el avance de los servicios sociales y darlos por suficientes en favor de políticas de convergencia económica. La cuestión continúa siendo si la Administración pública debe mermar su peso en la sociedad y dar paso al mercado o no. Esta cuestión importa hoy más que hace una década porque en el mercado ha cambiado lo fundamental; la dimensión de las empresas que actúan en él. Las fusiones y

concentraciones en todos los sectores, pero fundamentalmente en el industrial y de servicios junto con el de comunicaciones y finalmente el bancario, ponen en duda la capacidad de los Estados para dirigir el mercado, cada vez menos local y más global, y, en consecuencia, la posibilidad de responder con medidas políticas correctoras a sus efectos nocivos sobre la cohesión y la solidaridad interna de cada país.

En esta situación la conveniencia de mantener en manos

públicas la gestión de sectores estratégicos por su carácter social o su incidencia en la obtención de fondos para

financiarlos y de dotar a los gobiernos de una Administración sólida y eficaz es un elemento a considerar si no queremos retroceder en los logros de nuestro humilde Estado de bienestar y hacemos de su mantenimiento y crecimiento la justificación y también la legitimación del poder político.

Estas exigencias de solidaridad nacional es ya, y partir de ahora de forma ineludible, una exigencia mundial que en los albores de un nuevo siglo se presenta como el gran reto de la convivencia en la aldea global. No es -ya no- suficiente, con atender a los ciudadanos de nuestro país, no son los

gobernantes responsables sólo ante aquéllos que le eligieron; existe una responsabilidad con todos los seres humanos que consiste en otorgarles el estatuto de Derechos y libertades a reivindicar ante la Comunidad Internacional de ciudadanos del mundo, personas con derechos, libertades y medios para tener una vida digna y cómoda. Representa a partir de hoy la

solidaridad el mismo grito que el de libertad ha representado en el siglo que ahora termina. El papel de los Estados en su logro es similar al que tuvieron para hacer posible las reformas económicas y sociales que impidieron la revolución social de los trabajadores. El derecho de todos a participar en la sociedad es hoy el derecho de todos a tener oportunidades en un mundo solidario. Los crímenes contra la humanidad, que alcanzan hoy una dimensión internacional en su investigación y proceso, deben identificarse con la responsabilidades de los gobiernos en el subdesarrollo sostenido y provocado para favorecer la continuación de sistemas de gobierno en los que la Edad Media tiene aún plena vigencia. Las aportaciones de los países ricos a los países pobres debe ser una prioridad del nuevo siglo junto con la concienciación de los ciudadanos de los países desarrollados para aceptar la emigración, con todos sus inconvenientes pero también con todas las ventajas que a medio plazo se obtendrán de considerar iguales, sujetos de derechos y libertades, a los emigrantes. Hace falta una cultura de la tolerancia que sólo puede propagarse desde las

instituciones para que no se repita la vergonzante actitud de los ciudadanos alemanes que han respondido con actos violentos a la propuesta de ley sobre doble nacionalidad. La acción política y la gestión de la Administración deben poner su empeño en crear una sociedad civil solidaria, consciente de los beneficios de un mundo desarrollado y en paz. La sociedad de los países desarrollados debe mostrar también aquí su papel integrador haciendo de los servicios públicos el elemento incluyente de todos sin excepción.

Los trabajadores públicos y la incidencia de su

cualificacion en el bienestar de los ciudadanos.

Lejos ya de los tiempos en los que el funcionario se concebía como una casta surgida del orden burocrático que esgrimía el procedimiento de intrincados expedientes para ejercer su función como un poder, las nuevas generaciones de empleados públicos participan de una cultura de servicio a la sociedad en la que la gestión de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos es su único argumento profesional.

Al desaparecer la primacía del elemento regulador o

interventor según el cual los funcionarios se encargan de aplicar normas a la actividad de los ciudadanos y predominar en el ámbito público la acción en la sociedad, se exige a la Administración la conducta de un buen gestor, para cuyo cumplimiento precisa rodearse de cualificados empleados públicos que participen no sólo técnicamente sino también en su cultura, modos y actitudes, de esa impronta de servicio a la comunidad.

De aquí la importancia de la política de personal, de la gestión de los recursos humanos y de la acción formativa decidida y continuada sobre el factor humano en la organización pública.

Una acción que debe instrumentarse mediante la investigación en los métodos de trabajo y la cualificación que se produce por la formación permanente. No basta con aumentar el número de efectivos e ir incorporando tecnología, sino que debe buscarse la especificidad de la función pública por contraste o como complemento con otros servicios privados y obtener métodos propios de utilización de los avances tecnológicos que

favorezcan nuevas formas de prestar con más eficacia los servicios públicos, relacionando al ciudadano con los poderes públicos y reduciendo el aislamiento de los menos favorecidos, sin olvidar su necesidad de sentirse, más aún que no aislados, integrados. Una muestra de la importancia de la formación en las políticas públicas podemos observarla en los resultados de la política de contención del gasto sanitario. Las medidas por las que más de ochocientos productos farmacéuticos fueron excluidos de la financiación pública tuvieron un gran impacto en la sociedad y especialmente en un sector de la población muy sensible a las medidas de recorte social. Pasado el tiempo esa política se ha mostrado inoperante hasta el punto de que el crecimiento del gasto farmacéutico ha continuado en todas las Comunidades y en el ámbito competencia del Insalud.

Precisamente la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido la de menor incremento pese a haber abonado más de mil millones para financiar los fármacos comprendidos en el Decreto de

Financiación Selectiva de Medicamentos, corrigiendo así para los ciudadanos andaluces los presumibles efectos regresivos de la medida. Cabe pensar si tal vez una acción basada en la formación-información de los médicos hubiera permitido a éstos aconsejar a sus pacientes no siempre necesitados de productos farmacéuticos y, en todo caso, recetar el medicamento más conveniente, que no ha de ser necesariamente el más costoso. Es necesario adoptar las decisiones que permitan elevar el nivel de los servicios públicos sin aumentar sus costes dedicando una especial atención a la cualificación de los empleados públicos.

Metodología y contenidos de la formación. La encuesta de preferencias formativas.

En los años precedentes la perspectiva de la gestión ha venido enfocándose hacia la búsqueda de la metodología más adecuada a los diversos factores a considerar en la configuración de un sistema de formación. Entre estos factores las características de los alumnos, personas adultas, y de los conocimientos a adquirir, preferentemente prácticos y aplicables, junto con la situación central o periférica de los puestos de trabajo y, en consecuencia, la necesidad de realizar desplazamiento para obtener la formación, han ido determinando un sistema de formación en el que se aplican técnicas pedagógicas adaptadas a los factores citados. Siendo las metodologías de autoformación las que mejor dan respuestas a los mismos, han ido adquiriendo solidez desde su implantación en el año mil novecientos noventa y cinco y en la actualidad forman parte del sistema, incluso con preferencia para un alto porcentaje de alumnos, que ven cubiertas sus necesidades sin acudir a un aula (formación libre y aula abierta) o acudiendo sólo en parte del marco horario previsto (formación a distancia y conferencias vinculadas).

Para conocer el nivel de aceptación de la metodología que se viene aplicando y las preferencias formativas de los empleados públicos, se ha formulado durante el pasado año una encuesta, cuya base de datos, compuesta por tres mil cuatrocientos setenta y nueve cuestionarios de otros tantos encuestados, ha servido de información para decidir las actuaciones del presente año y también del próximo, dejando en el año dos mil en diversos programas un margen para inclusión de nuevos cursos que puedan atender las necesidades surgidas hasta entonces. En la habitual edición a imprenta de esta resolución se publican los datos de la encuesta, por lo que haré una referencia a algunos aspectos que directamente se reflejan en la

programación anexa. En primer lugar, la solicitud de formación en idiomas ocupa el tercer lugar en las preferencias de los encuestados, y constituye una novedad de primer orden que refleja la influencia en la gestión de la Junta de Andalucía de la normativa comunitaria y su necesaria aplicación. En el diseño de la encuesta este curso se citaba en el área Comunidad Europea, que cuenta entre los veinte primeros cursos preferidos con cuatro cursos (Idiomas, Administración comunitaria, Derecho comunitario y Fondos estructurales europeos). Teniendo en cuenta estos datos, en el plan de formación se incluye

formación en idiomas y formación sobre la unión europea, que debido al perfil profesional de los encuestados que así lo manifiestan, constituirán cursos dirigidos a todos los grupos y niveles, en el primer caso, con funciones a las que sea aplicable el uso de idioma, y en el segundo como formación general para todos sin excepción. Sobre la formación general debe decirse que constituye un esfuerzo de atención a la formación integral del funcionario como complemento de la formación especializada, que busca potenciar desde una cultura general administrativa la superación de la formación de perfeccionamiento. Compartimos con Marañón la idea de que el médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe, y fomentamos un empleado público con conocimientos que le permitan

comprender su entorno profesional completo sin dejar de ser un experto en su especialidad. Con esta finalidad ampliamos la formación general en el presente Plan, además, con un nuevo curso sobre economía, imprescindible ya para entender y hacerse entender en tantos campos de la actividad privada y la gestión pública.

La investigación como soporte de la formación y del progreso de los métodos de gestión en la Administración pública.

La finalidad de la formación consistente en dar

permanentemente los medios para que la capacitación profesional esté actualizada es objeto de una atención prioritaria cuando elaboramos un plan de formación. Se trata de tener siempre a punto el factor humano que diariamente hace realidad el funcionamiento de la Administración. Junto a esta función de la formación ha de considerarse igualmente imprescindible

encontrar ámbitos para la reflexión, el estudio detenido y la investigación rigurosa. Una labor intelectual que obtenga de la realidad, de la práctica efectiva de los servicios públicos, los elementos necesarios y produzca el análisis que permita mejorar su gestión. Las iniciativas en este terreno promovidas por el Instituto nos permiten hoy contar con una primera promoción de doctorandos en gestión pública y continuar con la segunda para los años 1998-2000. La suficiencia investigadora obtenida en el marco del Convenio con la Universidad de Huelva y que obtendrán con el nuevo Convenio con la Universidad Pablo de Olavide, nos permite hablar de un empleado público más preparado para desarrollar su función desde posiciones

directivas que permitan gestionar los servicios públicos y al mismo tiempo desarrollar la investigación sobre los métodos por los que se gestionan, favoreciendo así el avance en la

modernización de la Administración Pública, que consiste en hacer posible en cada época la más eficaz manera de prestar servicios a los ciudadanos.

Desde otro ángulo de la acción y con la misma finalidad de potenciar el estudio y la investigación sobre la Administración Pública, se convocará en los próximos días la tercera edición de los Premios Blas Infante, un cauce para estimular los esfuerzos intelectuales sobre las organizaciones públicas que constituye, además, la fuente de la labor editorial del Instituto. Debo recordar, y animar al efecto a los empleados públicos, que en la convocatoria cuentan con una modalidad específicamente dirigida a ellos, mediante la cual pueden aportar sus propuestas consistentes en iniciativas que permitan mediante su aplicación mejorar las funciones o la realización de los servicios públicos.

La cooperación interadministrativa y con entidades privadas para favorecer la expansión de la formación.

La demanda de conocimientos sobre Administración Pública no se produce sólo desde los empleados de la misma. Los interesados que proceden de otras profesiones y sobre todo los

postgraduados han manifestado su interés en seguir enseñanzas con contenidos sobre la organización y gestión pública. La respuesta en este terreno ha sido posible gracias a la

cooperación interadministrativa y con entidades privadas (art.

2.c del D. 50/87, Estatutos del IAAP). Podemos distinguir cuatro apartados, en función de los agentes promotores, en este capítulo de la cooperación: En primer lugar el Parlamento y los órganos parlamentarios (Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo), cuyo personal es recibido en los programas formativos del IAAP en virtud de Convenios suscritos al efecto y mediante la homologación de acciones por ellos mismos organizadas; en segundo lugar, las organizaciones sindicales, que vienen complementando la acción del Instituto mediante la organización de acciones formativas aprobadas directamente en el mismo trámite que este Plan, y que son subvencionadas desde el Instituto, y también con otras acciones que promueven más directamente y que son homologadas. En tercer lugar, y

siguiendo el sistema previsto en la homologación, las

Universidades, que con la naturaleza de titulaciones propias ofrecen formación avalada por el Instituto. Y en cuarto lugar, las Corporaciones Locales, Diputaciones y Ayuntamientos, y los colegios profesionales de funcionarios de los cuerpos

nacionales de la Administración Local, que mediante su

homologación también ofrecen una formación en la que participa el Instituto e incluso, mediante un convenio específico que se renueva este año, se apoya financieramente y se adopta como acciones propias mediante resolución del Director del

Instituto, como es el caso del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI). Destaca en ese conjunto las acciones promovidas por el Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales El Monte, que organiza varias titulaciones que entre sí están conectadas formando un ciclo de formación que se inicia en un título de Especialización, continúa en un título de Experto y finaliza en un Máster. Este Máster en Gestión Financiera Pública es el paradigma de la colaboración, pues es un título propio de la Universidad Hispalense, se organiza por el IEJE El Monte y está reconocido por el IAAP.

Una singular referencia merece la acción del IAAP en

colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, que continúa para el presente año con los Convenios de Cooperación para el Desarrollo suscritos con los gobiernos de Marruecos, El Salvador y Panamá.

Los Programas tradicionales, su importancia y novedades: La Formación de Acceso.

Llamamos programas tradicionales a los que constituyen el marco habitual de la formación: General, Perfeccionamiento, Especialización, Directivos, Formadores y Conferencias. Todos ellos se contemplan en el nuevo Plan junto con la Formación de Acceso, novedad en nuestro sistema de formación sobre la que debemos volver a comentar su importancia para la eficacia y la constitución de equipos profesionales que la hagan posible. La atención específica al nuevo empleado público desde el momento de su incorporación es un elemento trascendental para obtener la máxima eficacia profesional acudiendo al mismo tiempo a la atención humana necesaria para su integración en el equipo de trabajo. Un tutor personal y un conjunto de acciones formativas diseñadas especialmente para la ocasión harán posible este objetivo.

En el apartado de las novedades destacaremos la incorporación a la formación general de dos nuevos cursos, uno sobre economía básica y otro sobre instituciones europeas, según hemos comentado. En Perfeccionamiento, se amplían los cursos a impartir con técnicas de autoformación, editándose el nivel medio de diversos cursos impartidos en el Programa de Formación General y haciendo realidad el proyecto de estructurar la formación en niveles de conocimientos adecuados a las

necesidades de sus destinatarios. Y para dar mayor profundidad en el tratamiento de los contenidos, el sistema modular se continúa realizando en temas de tanto interés como la gestión de centros de prestación de servicios o la gestión

medioambiental y la calidad. La Formación Especializada, necesaria para la promoción por la vía del acceso a puestos de áreas diferentes, se estructura también por módulos

ampliatorios de los contenidos impartidos en los cursos introductorios.

En cuanto a las Conferencias, y su metodología vinculada, los títulos más actuales sobre reformas legislativas (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) junto con la situación de los fondos de cohesión en la Unión Europea y la nueva ordenación del tiempo de trabajo, en torno a la jornada laboral de treinta y cinco horas, forman el núcleo del ciclo, que contendrán también nuevas ediciones de las ya impartidas el año anterior, sobre la reforma de la Lofage, la financiación autonómica, la negociación colectiva y otras sobre la

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

La investigación y la labor editorial: La edición de un texto sobre técnicas de estudio.

La línea editorial del Instituto continúa ofreciendo los títulos producidos por los autores premiados en las

convocatorias anuales de los Premios Blas Infante y otros textos de interés para el mejor conocimiento de la

Administración Pública. Se añaden como novedades destacable para el presente año, la edición de un texto sobre técnicas de estudio y un compendio de legislación histórica de la función pública. Con el primero de ellos, que se entregará a todos los alumnos como material complementario de cada curso, se pretende facilitar el rendimiento al seguirlo, obteniéndose así por parte del Instituto la atención debida a la gestión de la formación desde la perspectiva del sujeto de los mismos, los alumnos, y de su objeto, los cursos; con el segundo se obtiene una pieza de gran valor para los estudiosos y los gestores, que podrán consultarla así compendiada para satisfacer el interés despertado por el curso de autoformación sobre el sistema histórico de nuestra función pública. Finalmente, está prevista la edición nuevamente del ciclo de conferencias, que tanta aceptación ha tenido por su interés y acertado formato y difusión entre los empleados públicos y también los ciudadanos.

En su virtud, he resuelto la publicación del Plan de

Formación para 1999-2000 del personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía que se describe en los Anexos.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Director, Juan Luque

Alfonso.

[VEASE ANEXO(S) EN EDICION IMPRESA DEL BOJA]

ANEXO IV

OTRAS ACCIONES HOMOLOGABLES

- Educación infantil: Psicomotricidad y socialización

mediante el juego.

- Redes locales. Intranets.

- Técnicas para mandos intermedios.

- Habilidades para influir positivamente en el anciano. - Métodos y técnicas de intervención educativa con

adolescentes en centros residenciales.

- Animación sociocultural (nivel básico).

ANEXO V

COOPERACION INSTITUCIONAL PARA LA FORMACION

1. Universidades.

Universidad Pablo de Olavide: Estudios de Tercer Ciclo: Doctorado en Gestión Pública.

Universidad de Jaén: Máster en Administración Pública.

Universidades de Cádiz y Málaga: Diplomatura en Administración y Gestión Pública.

Universidad Hispalense: Máster Universitario en Gestión de Administraciones Públicas.

2. Instituciones Públicas.

Parlamento.

Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas: Programa de

Actividades organizada en colaboración con el IAAP y presencia en las acciones de este Plan.

3. Organizaciones Sindicales.

CC. OO.: Actos y Procedimiento Administrativo. Excel 7.0. Gestión de Nóminas. Lenguaje y Estilo Administrativo. Access.0. Régimen Jurídico del Personal Laboral. Caza. Autoprotección y Primeros Auxilios. Mantenimiento en edificios e instalaciones. Recursos Humanos. Información al ciudadano. Educación Infantil.

UGT: Legislación Básica del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La representación Sindical del Empleado Público y Negociación Colectiva en las

Administraciones Públicas. Prevención de riesgos laborales. Organización Administrativa. La Educación Infantil en los Centros de Asuntos Sociales. Windows 98. Redes Locales. Intranets. El Euro, la Nueva Moneda Europea.

CSI-CSIF: Presupuestos, Gasto Público y Contabilidad.

Organización Administrativa. Internet. Word para Windows 95. Contratación Administrativa. Access. Maltrato Infantil.

4. Corporaciones Locales. CEMCI.

Acciones formativas en colaboración con Diputaciones y

Ayuntamientos. Organización de cursos acogidos al II Acuerdo sobre Formación Continua.

CEMCI. Acciones subvencionadas por el IAAP para su oferta gratuita a los empleados de la Administración Local.

- 1 Curso sobre «Régimen Local Español: Aspectos jurídicos y financieros¯.

- 1 Curso sobre «Habilidades Personales y Sociales: Trabajo en equipo y reuniones¯.

- 1 Curso sobre «Técnicas de Archivo¯.

- 1 Curso sobre «Habilidades Personales y Sociales:

Comunicación interna y externa¯.

5. Otras Entidades.

Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales (El Monte): Títulos de Especialización, Experto y Máster en Administración Pública. Homologación de Actividades Formativas (Resolución de

3 de febrero de 1997, BOJA núm. 20).

ANEXO VI

INVESTIGACION, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

- Revista de Administración Pública.

- La Política Pública de Atención Primaria de la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Política y Administración en el primer Gobierno de la Junta de Andalucía. La gestión de Plácido Fernández Viagas al frente del Ente Preautonómico.

- La ordenación del tiempo de trabajo en la Administración Pública.

- La aplicación administrativa del Derecho Comunitario. La fractura del principio de autonomía institucional.

- La forma de gobierno en Andalucía: Tendencias y evolución del sistema parlamentario autonómico.

- Transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía (1979-1997).

- Un sistema de información contable integrado para la

administración local andaluza.

- Evolución orgánica funcional de la Administración de la Junta de Andalucía. Apéndice 1998.

- La Función Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. - Manual práctico veterinario en los espectáculos taurinos.

Conferencias:

- Reforma de la Ley reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

- Reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. - Fondos de cohesión en la UE: Tensiones y cambios.

- Unión Europea y Agenda 2000: Aspectos jurídicos y

económicos.

- Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

- La ordenación del tiempo de trabajo.

- La reforma de la Administración Pública en la LOFAGE. - Organización de la Administración Pública y Función

Pública.

- Constitución y conflicto de competencias.

- Financiación y estado de las autonomías.

- Negociación Colectiva.

Materiales de Formación:

- Actos y procedimiento administrativo. Nivel medio.

- La formación histórica del sistema español de la función pública profesional.

- Técnicas de Estudio.

- Instituciones Europeas. Nivel básico.

- Comunicación y Atención al ciudadano. Nivel medio.

- Compendio de Legislación Histórica de la Función Pública. - Técnica de Organización Personal del Trabajo. Nivel básico.

Descargar PDF