Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 150 de 28/12/2000

Visto el expediente referenciado y examinados los documentos obrantes en el mismo, se constatan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 12 de febrero de 1997, Compañía Sevillana de Electricidad I, S.A. unipersonal, solicitó en esta Delegación Provincial la Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de utilidad pública, acompañando relación de propietarios y organismos públicos afectados.

Segundo. Por Resolución de 21 de enero de 1998, de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Granada, autorizó la instalación eléctrica referida, aprobó el proyecto de ejecución y declaró en concreto la utilidad pública de la misma.

Tercero. En fecha 5 de noviembre de 1998, don Francisco Molino Molino, en representación de la entidad mercantil «Formularios Alborada¯, interpuso recurso ordinario contra la anterior Resolución.

Cuarto. Por Resolución de 4 de octubre de 1999, del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, se estimó parcialmente dicho recurso ordinario y ordenó la retroactividad del expediente.

Quinto. Posteriormente, la procuradora doña M.ª José García Anguiano, en representación de Formularios Alborada, S.A., interpuso recurso contencioso-administrativo núm./99 contra la Resolución del Excmo. Sr. Consejero.

Sexto. Consta en el Expediente Resolución de Informe Ambiental favorable, emitido con fecha 24 de septiembre de

1997, por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, el cual sigue siendo válido, pues las actuaciones han sido paralizadas por plazo superior a dos años por causa no imputable al promotor o titular.

Séptimo. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y del artículo 17 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncios en el BOE núm., de 27 de junio de 2000; BOJA núm., de 15 de julio de

2000; BOP de Granada núm., de 16 de junio de 2000, y Diario Ideal de Granada, de 30 de julio de 2000.

Asimismo, se remitieron separatas y se recabó informe a los siguientes organismos afectados:

- Ayuntamiento de Santa Fe.

- Diputación Provincial de Obras Públicas y Transportes.

- Telefónica de España, S.A.

Imponiendo condicionados que posteriormente fueron aceptados por la empresa peticionaria o bien siendo aprobados por ausencia de respuesta a la reiteración de la solicitud de condicionado e informe.

Cuarto. Durante el período de información pública, no se presentaron alegaciones.

Quinto. Consta en el expediente Informe Técnico de Ingeniero, adscrito al Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Provincial de Granada, en el que se pone de manifiesto que, efectuada inspección sobre el terreno, la traza de la línea no está afectada por las prohibiciones, ni

limitaciones a que se hace mención en el artículo 57 de la Ley

54/1997, del Sector Eléctrico, y en lo artículos 25 y 26 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Granada es competente para conceder la solicitada aprobación del proyecto de ejecución, declaración en concreto de utilidad pública y expropiación forzosa de la línea en cuestión, según lo dispuesto en el Título I, artículo 13, apartado 14, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre; Decreto de Presidente de la Junta de Andalucía

6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Segundo. La aprobación de las instalaciones eléctricas está regulada por el artículo 11 del Decreto 2617/1966, en vigor, en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

La aprobación del Proyecto de Ejecución de Instalaciones Eléctricas está regulado por el artículo 14 del Decreto

2617/1966.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley

54/1997, del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Autorizar la instalación cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad I, S.A. Características: Línea aérea de A.T. 20 kV de 1.346 m con cable Al-Ac de 116,2 mm¯ (3 x 110) D/C, apoyos metálicos, de

Subestación Santafé a Plásticos Andalucía, situada en el t.m. de Santafé.

Presupuesto: 15.400.103 ptas.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio de la zona.

Segundo. Aprobar el Proyecto de ejecución de la citada línea.

Tercero. Declarar en concreto la utilidad pública de la citada línea, que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de derechos e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 54 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto. Acordar la imposición de servidumbres y limitaciones de dominio de los bienes que se relacionan en la relación de propietarios afectados del Anexo a esta Resolución, a los efectos previstos en al artículo 54 de la Ley/1997.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o a partir de la última de las publicaciones de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 13 de enero.

Granada, 16 de octubre de 2000.- El Delegado, Mariano

Gutiérrez Terrón.

[VEASE ANEXO(S) EN EDICION IMPRESA DEL BOJA]

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