Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 22 de 22/02/2001

3. Otras disposiciones

Consejería de Gobernación

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso de alzada interpuesto por don Francisco Javier Casado García contra la Resolución que se cita, recaída en el expediente sancionador núm. J-138/98-EP.

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente don Francisco Javier Casado García contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a once de octubre de dos mil.

Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. En su día fue formulada denuncia por la Policía Local contra el recurrente, respecto al establecimiento que regenta, porque el día de la denuncia el establecimiento citado se encontraba abierto al público con un número de personas en su interior que sobrepasaba el aforo máximo autorizado para ese tipo de local.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente prevista, el día 25 de junio de 1999 se dictó resolución por la que se imponía una sanción consistente en multa por la comisión de una infracción administrativa a lo dispuesto en el art.

23.f) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, y a los arts. 41 y 81.24 del Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, aprobado por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancionadora, el interesado interpone en tiempo y forma recurso de alzada, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas, al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de

21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, resulta competente para la resolución del presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

Por su parte, la Orden de 11 de diciembre de 1998 delega la competencia en materia de resolución de recursos administrativos, excepto en materia general de función pública y los que afecten al personal funcionario de la Administración de Justicia, en el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de Gobernación y Justicia (actualmente de Gobernación).

I I

Sobre la veracidad de los hechos constatados hemos de indicar que el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, señala que:

"En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones aportadas por los Agentes de la Autoridad que hubieren presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.¯

Por otra parte, ha sido y es constante jurisprudencia del Tribunal Supremo la de atribuir a los informes policiales, en principio, veracidad y fuerza probatoria, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los Agentes, todo ello salvo prueba en contrario, y en tal sentido la sentencia de la Sala III de dicho Alto Tribunal de 5 de marzo de 1979, al razonar la adopción de tal criterio, afirma que, "si la denuncia es formulada por un Agente de la Autoridad

especialmente encargado del servicio, la presunción de

legalidad y veracidad que acompaña a todo el obrar de los órganos administrativos, incluso de sus Agentes, es un

principio que debe acatarse y defenderse tanto en la vía administrativa como en la contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una acción administrativa eficaz".

Por su parte, el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de abril de 1997 (RJ 1997) mantiene que el derecho a la presunción de inocencia, reconocido a todo acusado en el artículo 24.2 de la Constitución, constituye uno de los derechos fundamentales de la persona que vincula a todos los poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías debidas. Junto a la exigencia de una válida actividad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación, así como la valoración de la prueba es competencia propia y exclusiva del órgano

judicial. Debe decirse, por último, que la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en cuanto presunción "iuris tantum" tiene por objeto, obviamente hechos, en un doble aspecto: De un lado, la existencia del hecho punible y, de otro, la participación del acusado en el mismo. Como se desprende de cuanto queda dicho, la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apreciada libremente por el juzgador (v. SSTC 31/1989, de 28 de julio, 36/1983, de 11 de mayo, y 92/1987, de 3 de junio, entre otras).

A tenor de ello, y conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981, "la estimación de la presunción de inocencia ha de hacerse respetando el principio de libre apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Instancia, lo que supone que los distintos elementos de prueba puedan ser libremente ponderados por el mismo a quien

corresponde valorar su significación y trascendencia para fundamentar el fallo", y si bien este precepto se refiere a la actuación de los Tribunales de Justicia, hay que tener presente que también el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 8 de julio de 1981, ha declarado, en base a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución, que los principios inspiradores del ordenamiento penal son aplicables, con ciertos matices, al Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son

manifestaciones jurídicas del ordenamiento punitivo del Estado, según era ya doctrina reiterada y constante del Tribunal Supremo.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que, en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por inspección directa de los Agentes que formularon la denuncia y no deducir el interesado, en las actuaciones hasta ahora practicadas, prueba alguna que desvirtúe la imputación de la infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple negación de los hechos denunciados.

I I I

Alega el recurrente la demora de la práctica de la

notificación al imputado del acuerdo de iniciación del

procedimiento sancionador. Alegación que no puede ser asumida, por cuanto consta en el expediente administrativo

correspondiente que se intentó la práctica de dicha

notificación, no siendo imputable a la propia Administración la demora en su realización, que necesitó la colaboración del Ayuntamiento correspondiente, y siempre teniendo presente que el domicilio que constaba en el expediente era el correcto, puesto que así lo expresa el recurrente al formular el recurso cuando dice que los datos de identificación constan en el mismo. Es evidente que la inactividad del imputado en la recepción de la notificación, por causa a él imputable, no puede ser alegada en vía de recurso en su beneficio.

I V

Alega también el interesado que el expediente administrativo está caducado por el transcurso de más de seis meses desde su inicio hasta su resolución, pero la regulación del

procedimiento administrativo que se le está aplicando, con respecto a la materia específica de los plazos de resolución, está regulada en el Decreto 124/1997, de 22 de abril, que establece un plazo máximo de resolución de un año. Por lo que la alegación debe ser igualmente desestimada al carecer de fundamento jurídico.

V

La infracción sancionada está expresamente contemplada en el art. 23.f) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, previéndose su sanción en el art. 28.1.a) y e) lo que evidencia que no existe

contradicción con el principio de tipicidad por la conexión entre Ley y Reglamento que en este caso se produce

manifiestamente.

No obstante, y para mayor abundamiento, cabe citar palabras del Tribunal Constitucional: "El principio de legalidad en materia de sanciones implica como garantía material la necesidad de una precisa tipificación de las conductas consideradas ilícitas y de las sanciones previstas para su castigo y, como garantía formal, que dicha previsión se realice en normas con rango formal de Ley" ( STC 42/87). La reserva de Ley no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley (STC 83/1984). Lo que se prohíbe, por ende, "es la remisión al reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, pero no la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora" (STC 61/1990, de 29 de marzo). Y con respecto a la tipicidad, también se ha pronunciado dicho tribunal en su sentencia 220/1990, de 13 de diciembre, cuando reconoce la "necesidad no sólo de la

definición de los ilícitos y de las sanciones, sino también el establecimiento de la correspondencia necesaria entre aquéllos y éstas, una correspondencia que, como bien se comprende, puede dejar márgenes más o menos amplios a la discrecionalidad jurisdiccional y administrativa, pero que en modo alguno puede quedar encomendado por entero a ella".

Rebatidas todas las alegaciones del sancionado, no procede más que confirmar la resolución recurrida.

Vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

protección de la seguridad ciudadana; el Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como las demás normas de especial y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía

administrativa, se podrá interponer recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden 11.12.98). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.¯

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Secretario General Técnico, Sergio Moreno Monrové.

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