Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 81 de 02/05/2006

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Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

ACUERDO de 7 de abril de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.

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Acuerdo de fecha 7 de abril de 2006, de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a doña Manuela Martín Tocón, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 3 de febrero de 2006 acordando declarar la situación de no desamparo sobre los menores M.T.M. y C.F.T.M. y continuar con la intervención que desde el Equipo de Menores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algeciras se está realizando con la unidad familiar de referencia.

Contra la presente Resolución podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus prestaciones, la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario, estará obligado a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados.

Cádiz, 7 de abril de 2006.- La Delegada, (P.D. 21/985) El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

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