Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 102 de 23/05/2008

PREAMBULO

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha esta­blecido mediante el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y ca­prino, con el objetivo de fomentar la reforma y adecuación in­tegral de los sectores ovino y caprino durante el periodo 2008­2012 a través de agrupaciones de productores.

Estas ayudas tienen su causa en primer término en la situación de decaimiento del sector ovino y caprino, que hace conveniente adoptar medidas para dotar a dichas explotacio­nes de una estructura productiva viable, asegurando a su vez el relevo generacional. Para este fin es necesario ofrecer alter­nativas a los productores mediante la posibilidad de integrarse con otros para aprovechar mejor las ventajas que ofrecen las economías de escala generadas, consiguiendo así una mejor comercialización y una reducción de costes.

Por otra parte, los Reglamentos CE núms. 852/2004 y el 853/2004, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativos a la higiene de los productos ali­menticios, establecen respectivamente las normas generales de higiene de los alimentos de origen animal y las normas es­pecíficas de estos mismos productos. Finalmente, se da así cumplimiento a las iniciativas aprobadas en el mes de mayo de 2007 por el Congreso de los Diputados y el Senado, por las que se insta a la adopción de acciones a favor del sector ovino y caprino.

En el artículo 8 de Real Decreto citado, se dispone que serán las Comunidades Autónomas las que regulen los aspec­tos referentes a la instrucción de los procedimientos, adopten las resoluciones y realicen los pagos de las subvenciones en los ámbitos de su competencia.

La Orden incorpora de forma expresa la posibilidad de presentar las solicitudes de ayudas de forma telemática, ajus­tándose a las previsiones que al respecto se contienen en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el De­creto 183/2001, de 24 de junio, por el que se establece la regulación y tramitación de los procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).

El artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Esta­tuto de Autonomía de Andalucía que atribuye la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo ru­ral de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.11, 13, 16, 20 y 23 de la Constitución. El Decreto 120/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1 que corresponde a la Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Anda­lucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimen­taria y de desarrollo rural y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas titulares de las Consejerías tienen po­testad reglamentaria en lo relativo a la organización y materias internas de las mismas.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la Producción Agrícola y Ganadera, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó­noma de Andalucía,

DISP ONGO

Artículo 1. Objeto.

1.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las agrupaciones de productores, reguladas en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero (BOE núm. 29, de 2 de febrero de 2008), por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de produc­tores en los sectores ovino y caprino, con el fin de fomentar durante el período 2008-2012, la adecuada estructuración de los sectores ovino y caprino de Andalucía.

2.

Asimismo se procede a su convocatoria para el año 2008.

Artículo 2. Régimen jurídico.

Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade­más de lo previsto por la misma, se regirán por las normas comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desa­rrollo o transposición de aquellas, siendo de aplicación suple­toria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y gestión rijan para la Administración de la Junta de Andalucía. Para el supuesto de financiación autonómica, se regirán por lo dispuesto en las normas relacionadas a continuación:

La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju­rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa­rias, Administrativa y Financieras,

Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no­viembre, General de Subvenciones.

La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

- Las Leyes anuales del Presupuesto.

El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien­tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

El Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los secto­res ovino y caprino.

Artículo 3. Personas beneficiarias.

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la pre-sente Orden las agrupaciones de productores en el sector ovino y caprino (Agrupaciones), ubicadas y con sede en el territorio de Andalucía, que cumplan los requisitos estableci­dos en esta Orden, y en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de produc­tores en los sectores ovino y caprino.

Artículo 4. Requisitos generales para acceder a las sub­venciones.

1. No podrán obtener la condición de personas benefi­ciarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten­cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con­trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre­sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompati­bilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Car­gos de la Administración de la Junta de Andalucía, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Or­gánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli­gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi­cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

No podrán acceder a la condición de personas beneficia­rias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apar­tado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando concurra alguna de las pro­hibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

2.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias, Administrativas o Financieras, tampoco podrán obtener la condición de persona beneficiaria quienes tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.

En ningún caso podrán obtener la condición de perso­nas beneficiarias de las subvenciones las asociaciones incur­sas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán ob­tener la condición de personas beneficiarias las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios raciona­les de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el ar­tículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Artículo 5. Conceptos subvencionables.

1. En función del objeto de la agrupación, serán subven­cionables los gastos derivados de las siguientes actividades, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, y que en resumen son:

a) Constitución y desarrollo de la estructura común de gestión.

b) Inversión en explotaciones agrarias integradas en la Agrupación.

c) Dotación de servicios y actividades de formación.

d) Adaptación funcional para implantación de programas de mejora de la calidad con vistas a la puesta en marcha de sistemas de etiquetado facultativo y de certificación.

e) Constitución de agrupaciones, inversiones y dotaciones de servicios y formación en zonas con dificultades específicas.

2.

Cada agrupación beneficiaria de las subvenciones po­drá percibir estas ayudas durante la duración del plan, que comprenderá el período 2008-2012, previa presentación cada año de una solicitud conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, y al artículo 11 de la presente Orden.

3.

Las subvenciones no se aplicarán a cubrir gastos di-rectos de transformación y comercialización de productos agrícolas, con excepción de la primera venta de un productor primario y de toda actividad de preparación para ella.

4.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no se conside­rará gasto subvencionable si es susceptible de recuperación, de conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.

Serán susceptibles de recibir ayudas las actividades ini­ciadas el ejercicio presupuestario correspondiente y con poste­rioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 6. Intensidad y cuantía de las ayudas.

1.

A excepción de las letras a) y c) del artículo 5.1, la inten­sidad individual de la subvención estatal destinada al resto de actividades no podrá superar el 50% de las inversiones, siem­pre que se trate de inversiones encuadradas en las zonas y re­giones especificadas en las letras a), c), d) y e) del artículo 4.2 del Reglamento (CE) núm. 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre.

Para las inversiones en las demás zonas, según señala el artículo 4.2.b) de este Reglamento, el límite de la ayuda será del 40%.

2.

La cuantía máxima de las ayudas en cada convocatoria anual estará condicionada por las disponibilidades presupues­tarias.

Artículo 7. Financiación de las ayudas y régimen de com­patibilidad de las actividades subvencionables.

1.

Las subvenciones se concederán con cargo a la apli­cación presupuestaria que se determine en la convocatoria de las mismas y se financiarán con cargo a los créditos presu­puestarios generales del Estado, pudiendo ser cofinanciadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, según lo dispuesto en la convocatoria correspondiente. La concesión de las mismas estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en que se realice la convocatoria.

2.

Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con cuales­quiera otras subvenciones, que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

3.

No obstante, cuando de la obtención concurrente de ayudas otorgadas con la misma finalidad por otras Administra­ciones Públicas u otros entes públicos o privados, nacionales

o internacionales, el importe total de las subvenciones percibi­das por cada beneficiario supere el coste de toda la actividad que vaya a desarrollar para el periodo de que se trate, dará lu­gar a una reducción proporcional que corresponda al importe regulado en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, hasta ajustarse a ese límite.

4. Sin perjuicio de los apartados anteriores, en todo caso, las ayudas respetarán los límites establecidos en el artículo 6 de la presente disposición, al tratarse de pequeñas y media­nas empresas.

Artículo 8. Requisitos y compromisos.

1. Las agrupaciones solicitantes de las ayudas estableci­das en el artículo 3 de esta Orden, deberán cumplir los requisi­tos y compromisos recogidos en el artículo 4 del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero.

2.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos an­teriormente mencionados se realizará mediante la documenta­ción que se indica en el artículo 12 de la Orden.

3.

Aquellas agrupaciones que no cuenten con reproduc­toras a su constitución deberán comercializar al año, al me-nos, un volumen mínimo equivalente de ovinos menores de 5 meses. Para este caso, el valor de conversión de los censos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, será de 1,3 ovinos por reproductora y sólo podrán pe­dir subvención para las actividades establecidas en la letra d) del artículo 5.1 de la presente disposición.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.

La concesión de las ayudas previstas en la presente Or-den se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, según el cual la concesión de las subvenciones se realiza me­diante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el artículo 14 de esta Orden, y adjudicar con el límite fijado según el crédito disponible, aque­llas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 10. Convocatoria, plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.

Anualmente, mediante resolución de la persona titular de Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, se realizará la convocatoria pública para acceder a las subvencio­nes reguladas en esta Orden.

2.

En la convocatoria, entre otros aspectos, se estable­cerá el plazo de presentación de solicitudes.

3.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el ar­tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Las solicitudes se podrán presentar:

a) Preferentemente, en el Registro Telemático Unico de la Administración de la Junta de Andalucía, disponible en el portal del ciudadano "www.andaluciajunta.es", dentro del apartado "servicios", "administración electrónica", así como en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección "www.juntadeandalucia/agriculturaypesca.es".

Conforme al artículo 111.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, para entablar relaciones jurídicas por vía telemática las partes inter­vinientes tendrán que disponer de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica en los casos y con las condiciones establecidas reglamentaria­mente. Asimismo, en virtud del artículo 15 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, reguladora de la firma electrónica, las personas físicas podrán en todo caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Docu­mento Nacional de Identidad. Igualmente podrán utilizar este medio de presentación las personas interesadas que dispon­gan de sistemas de firma electrónica reconocida en el ámbito de la Junta de Andalucía, en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de proce­dimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).

El Registro telemático emitirá automáticamente un justi­ficante de la recepción de los documentos electrónicos pre­sentados en el que se dará constancia del asiento de entrada que se asigne al documento, de forma que la persona solici­tante tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por la Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal y como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 183/2003. Dicho justificante se hará llegar al destinatario a la dirección electrónica que éste haya indicado en el momento inmediata­mente posterior al que tenga lugar el asiento del documento recibido.

b) En los Registros administrativos de la Delegación Pro­vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la provincia en la que la Agrupación tenga su sede, sin perjuicio de que puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi­cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo

82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 11. Solicitudes.

1.

La solicitud deberá formularse conforme al modelo que figura en el Anexo III de la presente Orden e irá dirigida a la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrí­cola y Ganadera. El modelo de solicitud se podrá obtener y cumplimentar en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca en la dirección "www.juntadeandalucia.es/agricultu-raypesca", así como en el portal "www.andaluciajunta.es" anteriormente indicado. Igualmente estará a disposición de los interesados en la Consejería de Agricultura y Pesca y sus Delegaciones Provinciales.

2.

Las solicitudes que se presenten a través del Registro Telemático único, además deberán reunir los requisitos exigi-dos en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet). Las solicitudes así presen­tadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formula-das de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, la presentación de la so­licitud por parte de la persona interesada conlleva la autoriza­ción al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

4.

Para el caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, según el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se tendrá que hacer constar expresamente los compromisos asu­midos por cada miembro, así como el importe a aplicar a cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de benefi­ciarios. En cualquier caso se deberá nombrar a un represen­tante de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir con las obligaciones, que como beneficiario, corresponde a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca­rácter Personal, se informa que los datos personales obteni­dos mediante la cumplimentación de la solicitud, conforme al modelo antes indicado, y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento a un fichero automatizado. Asimismo se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Centro Directivo competente para resolver, situado en la Calle Tabladilla, s/n, de Sevilla, 41013.

Artículo 12. Documentación.

1. La solicitud deberá acompañarse de la documentación que a continuación se señala. No obstante, la documentación acreditativa relacionada en el apartado d) siguiente y en el apartado 2 de este artículo, se sustituirá por una declaración responsable sobre el compromiso de aportarla a requerimiento del órgano competente.

a) Documentación de carácter general: Tarjeta de Identifi­cación Fiscal (CIF) y escritura de constitución y estatutos de la entidad, así como las modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el Registro correspondiente.

b) Documentación acreditativa de la representación:

1.º Los que comparezcan o firmen las solicitudes de sub­vención en nombre de otro presentarán la acreditación de di­cha representación. La persona con poder suficiente a efectos de representación, deberá acompañar su Documento Nacional de Identidad.

2.º Si el solicitante fuera persona jurídica, además de lo anterior, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

c) Documentación declarativa y autorizaciones.

Las declaraciones y autorizaciones referidas en los apar­tados siguientes se ajustarán a las fórmulas que han sido incorporadas al modelo de solicitud de la subvención y que figura en el Anexo III de la presente Orden:

1.º Declaración responsable de cumplir con los requisitos exi­gidos en la presente Orden y se compromete a aportar los docu­mentos acreditativos, a requerimiento del órgano competente.

2.º Declaración responsable sobre si ha solicitado o no y, en su caso, si le han sido concedidas ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado, nacional o internacional. En caso de ha­berlo solicitado y haber sido concedida, se indicará la fecha de la solicitud o solicitudes, los órganos que han de resolvérselas, cuantía de la ayuda o ayudas solicitadas o concedidas, con indi­cación de la fecha o fechas de las resoluciones de concesión.

3.º Declaración responsable de no estar incurso en los supuestos de prohibición para ser persona beneficiaria esta­blecidos en el artículo 4 de esta Orden.

4.º En su caso, autorización expresa al órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas los documen­tos exigidos en las bases reguladoras que estuviesen en su poder.

5.º Compromiso recogidos en el artículo 4 del Real De­creto 104/2008, de 1 de febrero.

d) Documentación relativa a la actividad o proyecto para el que se solicita la subvención.

Según la modalidad de ayuda solicitada se deberá pre­sentar la documentación que consta en el Anexo V del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero.

2.

En el supuesto de que la subvención sea solicitada por una comunidad de bienes, la documentación acreditativa de la personalidad como persona física se deberá aportar por todos y cada uno de los socios comuneros y asimismo se obligarán como personas físicas conjunta y solidariamente. Igualmente deberá aportar contrato de la comunidad de bienes o escritura de constitución o modificación y CIF, así como acreditación del representante.

3.

La documentación que deba adjuntarse junto a la soli­citud deberá ser presentada en documento original y fotocopia para su cotejo, o copia auténtica o autenticada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio­nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.

Cuando la presentación de la solicitud se realice a través de medios telemáticos, la copia autenticada del DNI, del código de identificación fiscal, del pasaporte o cualquier otro docu­mento acreditativo de la identidad de la persona solicitante o de su representante, serán sustituidos por la firma electrónica avanzada en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), y de la demás normativa de aplicación y serán válidos a todos los efectos, siempre y cuando se garantice su autenticidad, integridad, conservación y demás garantías y requisitos exigidos por el artículo 12 del citado De­creto 183/2003, de 24 de junio.

5.

Una vez iniciado el procedimiento por medios telemá­ticos, el interesado podrá practicar actuaciones o trámites a través de otro medio distinto. En todo caso, en el momento de la aportación de documentos o datos en los registros deberá indicarse expresamente si la iniciación del procedimiento o al­gunos de los trámites del mismo se han efectuado en forma electrónica o telemática.

6.

De conformidad con el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalu­cía, la persona interesada tiene derecho a no presentar aque­llos documentos que ya obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que indique el día y procedi­miento en que los presentó.

Artículo 13. Subsanación de las solicitudes.

1.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase de los documentos preceptivos, la Delegación Pro­vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca que corresponda según la provincia donde la agrupación tenga su sede en Anda­lucía, requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desis­tido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.

Este requerimiento podrá realizarse mediante notifica­ción telemática, siempre que la persona interesada hubiera ex­presado en la solicitud su consentimiento para ello, conforme al artículo 15 del Decreto 183/2003, antes citado.

Artículo 14. Criterios de valoración.

1.

Los criterios para establecer el orden de prelación de las subvenciones y la valoración de los mismos serán los esta­blecidos en los Anexos I y II de la presente Orden.

2.

Una vez que se realice el reparto del crédito disponi­ble por parte de la Administración estatal a las Comunidades Autónomas, los criterios de baremación de los cinco puntos que le corresponden a Andalucía se asignarán conforme a lo determinado en el Anexo II de la presente Orden.

Artículo 15. Tramitación de las solicitudes

1.

El órgano instructor del procedimiento será la Delega­ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca donde radique la sede social de la agrupación, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución de acuerdo con lo es­tablecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.

Examinadas las solicitudes y documentación presentada y, en su caso, subsanados los defectos, las Delegaciones Pro­vinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca instruirán los expedientes y procederá a la evaluación de las solicitudes aten­diendo a los criterios de valoración establecidos en el artículo 14 de esta Orden. Completada y analizada la documentación

correspondiente, emitirá un informe de evaluación que será re­mitido a la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana­dera, para la subsiguiente tramitación del procedimiento.

3.

El trámite de audiencia se evacuará de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la referida Ley, teniendo en cuenta que se podrá prescindir de aquél, en los términos del apartado 4 del citado artículo.

4.

Sólo se concederán las ayudas previstas en esta Orden para las actividades realizadas o los servicios recibidos con posterioridad a la presentación de la correspondiente solicitud de ayuda y el órgano competente para concederla comunique al solicitante que ésta cumple los requisitos de elegibilidad y que se cuenta con dotación presupuestaria suficiente para atenderla, indicándole el importe de la ayuda que se le podrá conceder o la forma en que se va a calcular dicho importe.

A estos efectos, por la Delegación Provincial de la Conse­jería de Agricultura y Pesca correspondiente se comprobará que, en el momento de la notificación al interesado de la co­municación a que se refiere el párrafo anterior, las actividades a realizar o los servicios a recibir no se han iniciado.

Artículo 16. Documentación acreditativa.

1.

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca requerirá a las personas solicitantes de la subvención que tengan la condición de personas beneficiarias con arreglo a la propuesta de resolución para que presenten la documen­tación que acredite la realidad de los datos contenidos en la declaración responsable a la que se refiere el artículo 12.1.c.1 de la presente Orden. El plazo para presentar dicha documen­tación será de 10 días a contar desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento.

2.

En caso de no atender dicho requerimiento se le tendrá por desistida su petición, previa resolución que deberá ser dic­tada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.

No se requerirá a las personas solicitantes de la sub­vención la presentación de los documentos que obren en po-der de la Administración General de la Junta de Andalucía o de sus entidades dependientes, siempre que éstos no se encuen­tren caducados en la fecha en que finalice el plazo para resol­ver. La persona solicitante de la subvención podrá ejercer este derecho, reconocido en el artículo 35.f) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio­nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, in­dicando el órgano administrativo al que fueron presentados

o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación

o emisión y el procedimiento al que correspondan. Asimismo no se requerirá a las personas solicitantes de la subvención la presentación de los documentos se puedan obtener de otras Administraciones que tengan convenio con la Junta de Anda­lucía, siempre que las mismas lo hayan autorizado expresa­mente en la solicitud de la subvención, o que por disposición legal no sea necesaria su autorización expresa.

Artículo 17. Resolución.

1.

Se delega en la persona titular de Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera la competencia para la resolución de las solicitudes de ayudas reguladas en la pre-sente Orden, debiendo hacerse constar esta circunstancia en las resoluciones que se adopten.

2.

En la resolución de concesión se hará constar la per­sona beneficiaria, la actuación o inversión objeto de subven­ción, el presupuesto aceptado de la inversión, la cuantía de la subvención concedida y su distribución plurianual si la hubiere, fuente de financiación y su porcentaje, el plazo de realización de la inversión, el porcentaje de ayuda con respecto a la ac­tuación aceptada, la fecha límite para la presentación de la justificación para el cobro de la subvención, forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono, condiciones que se impongan a la persona beneficiaria, forma de justifica­

ción del cumplimiento de la finalidad y los demás elementos que sean necesarios con arreglo a esta Orden y a la normativa general de aplicación. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11 de esta Orden en lo relativo a las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad. Asimismo, se hará constar, en su caso, los fondos que proce­den de los Presupuestos Generales del Estado.

3.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

4.

Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no hubiera recaído resolución expresa, podrá entenderse desesti­mada de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

5.

La notificación de la resolución se realizará de forma telemática, siempre que la persona interesada hubiera expre­sado en la solicitud su consentimiento para ello, conforme al artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

6.

Contra la citada resolución, que pone fin a la vía ad­ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo­sición ante el mismo órgano que dicte resolución, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, o interponer di­rectamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra­ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 18. Obligaciones generales de las personas be­neficiarias.

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac­tividad o adoptar el comportamiento que se determinan en el artículo 1 y fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec­tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como co­munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas así como las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven­ción. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos,

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso­lución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que se hallan al corriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comu­nidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garan­tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica­ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos electró­nicos, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control.

h) Según la financiación utilizada, hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la inversión objeto de la subvención, que la misma se encuentra subvencionada a cargo de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su­puestos contemplados en el artículo 23 de la presente Orden.

j) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 h) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

k) Comunicar los cambios de domicilios, teléfono y correo electrónico a efectos de notificaciones, durante el período en que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.

Artículo 19. Obligaciones específicas.

En el supuesto de subvenciones para la adquisición, construcción, rehabilitación o mejora de bienes inventaria­bles, el periodo durante el cual la persona beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención no podrá ser inferior a cinco años en el caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes, de conformidad con lo dispuesto en el ar­tículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 20. Forma y secuencia del pago de la ayuda.

1.

El abono de las subvenciones se efectuará en un solo pago una vez justificadas la realización de las acciones sub­vencionadas y el gasto total de las mismas aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

2.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, las cuantías de las sub­venciones podrán ser pagadas por adelantado. Para ello, con la solicitud se acompañará solicitud de anticipo acompañada de aval prestado por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, SAECA, o cualquier otra entidad legalmente autori­zada para prestar garantía, que cubra al menos el 110 por ciento de los importes concedidos. En su caso, estos costes podrán ser objeto de subvención.

3.

La garantía se liberará cuando el organismo compe­tente compruebe que el importe de los gastos reales derivados de la inversión supera el importe del anticipo. No obstante, el abono de la subvención sin justificación previa estará limitado al 75% de su importe según se dispone en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.

4.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli­cando al coste de la actividad efectivamente realizada por la persona beneficiaria, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de con­cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el importe de la citada Resolución.

5.

No podrá proponerse el pago de subvenciones a las personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administra­ción Autonómica y sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública, de la Comu­nidad Autónoma de Andalucía las concedidas por la propia entidad pública. El órgano que, a tenor del artículo 104 de la

Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sea competente para proponer el pago, podrá mediante resolución motivada excep­tuar la limitación mencionada en el párrafo anterior, cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso se pueda delegar esta competencia.

6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 21. Justificación de la subvención.

1.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses, desde la finalización del plazo de realización de la actividad.

2.

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de las personas beneficiarias, en la que se de-ben incluir, bajo responsabilidad de las personas declarantes:

a) Una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Incluirá igualmente re­lación individualizada de todos los gastos correspondientes al presupuesto total de la actividad subvencionada, aunque el importe de la subvención sea inferior, debidamente ordenado y numerado, con especificación de los perceptores y los im­portes correspondientes, y diferenciando los gastos referidos a la subvención concedida de los restantes de la actividad.

b) Los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi­nistrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigi-dos para su aceptación en el ámbito tributario. A los efectos de la validez probatoria de las facturas, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título I del Re­glamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, contenido en el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de ejecución de obra,

o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría

o asistencia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con ca­rácter previo a contraer el compromiso para la prestación del servicio o entrega del bien. La elección de la oferta presen­tada, que deberá aportarse en la justificación de la subvención concedida, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memo­ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

4.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade­más de con la subvención, con fondos propios u otras sub­venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación del importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi­dades subvencionadas.

5.

En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes del gasto, debe aportarse certifi­cado de persona tasadora independiente debidamente acredi­tada inscrita en el correspondiente registro oficial.

6.

El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.

7.

Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina­lidad perseguida si no se justificara debidamente el total de

la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

8. Una vez comprobada la validez de los justificantes de gasto, serán estampillados o troquelados al objeto de permitir el control de la posible concurrencia de subvenciones y serán devueltos a la persona beneficiaria para su custodia.

Artículo 22. Modificación de la resolución de concesión.

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como de las impuestas en la resolución, podrá dar lugar a la modificación de la resolu­ción de concesión conforme establece el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes supuestos:

a) La obtención concurrente de otras aportaciones, sub­venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma actividad cuando su importe supere el coste de la actividad subvencionada.

b) La no consecución íntegra de los objetivos.

c) La realización parcial de la actividad.

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los su­puestos reseñados en el apartado anterior serán los siguientes:

a) En el caso de obtención concurrente de otras aporta­ciones, el exceso obtenido sobre el coste total en el que se haya incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre­vistos, pero el incumplimiento se aproxime de modo significa­tivo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 75% de los objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fa­ses o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será propor­cional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en la que se hayan conseguido los objetivos previstos.

3.

Por razones justificadas debidamente acreditadas, la persona beneficiaria de la subvención podrá solicitar del ór­gano concedente de la misma la modificación de la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y de justificación antes de que finalice los inicialmente esta­blecidos, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, actuación para los que se solicita la subvención ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión.

4.

El acto por el que se acuerde la modificación de la re­solución de concesión de la subvención o ayuda pública será adoptado por el órgano concedente de la misma, previa ins­trucción del correspondiente procedimiento en el que junto a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones de la persona beneficiaria.

Artículo 23. Reintegro

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs­tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im­pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti­vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus­tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi­das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac­tuaciones de comprobación y control financiero previstas en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Ha­cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de docu­mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio­nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que funda­menta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la per­sona beneficiaria de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula­ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

2.

Cuando el incumplimiento se aproxime de modo sig­nificativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del principio de proporcionalidad en función del grado de cumplimiento alcanzado con la realización de la ac­tividad en relación con el objeto de la presente Orden, como se contempla en artículo 37.2 de la Ley General de Subven­ciones.

3.

En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

4.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 254/2001, el órgano competente para el otor­

gamiento de la subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso, del correspondiente expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, debiendo reconocer, en todo caso, a las personas interesadas el derecho a efectuar alegaciones, pro­poner medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.

b) El plazo para resolver y notificar la resolución es de seis meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge­neral de Hacienda Pública. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incre­mentado en 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. El destino de los reinte­gros de los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso determine la normativa comunitaria. Los pro­cedimientos para la exigencia del reintegro de las subvencio­nes, tendrán siempre carácter administrativo. La obligación de reintegro es independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

Artículo 24. Régimen sancionador.

Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones reguladas en la presente Orden se sancionarán con forme al régimen sancionador previsto en los capítulos I y II del Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final primera, en el artículo 116 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 24 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos.

Disposición adicional primera. Convocatoria para 2008 y plazo de presentación de solicitudes.

Se convoca para el año 2008 la concesión de las subven­ciones reguladas en la presente Orden, estableciéndose que el plazo de presentación de las solicitudes comenzará a partir de la entrada en vigor de la presente Orden y finalizará el 31 de mayo de 2008.

Disposición adicional segunda. Condición suspensiva.

De conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la resolución y el pago de las ayudas esta Orden quedarán condicionados a la decisión positiva de la Co­misión Europea de acuerdo con lo establecido en el artículo

88.3 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Disposición final primera. Normas de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera para dictar las disposicio­nes y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y eje­cución de lo previsto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MARTIN SOLER MARQUEZ Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

Criterios objetivos y ponderación de los mismos conforme a lo establecido en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero

Uno. Las solicitudes serán valoradas con un máximo de 10 puntos, no obstante, aquellos solicitantes que no obtengan una puntuación mínima de 1 punto en la valoración de crite­rios no podrán beneficiarse de estas subvenciones.

Dos. Los criterios de valoración y su puntuación serán los siguientes:

1.

Que al menos el 50% de los productores asociados sean agricultores cuya principal fuente de ingresos provenga de la explotación del ovino y caprino, 1 punto.

2.

Que vengan operando en el sector ovino y caprino en los tres años anteriores a la fecha de solicitud, al amparo de cualquier figura asociativa en el ámbito agrario, con personali­dad jurídica, 1 punto.

3.

Que, en su conjunto, las explotaciones agrupadas cum-plan, en un porcentaje mínimo del 50% del censo, con los re­quisitos establecidos para sistemas de producción ganadera en extensivo de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos, 1 punto.

4.

Que promuevan, amparen o desarrollen su producción bajo una Indicación Geográfica Protegida o marca de calidad, 1 punto.

5.

Que se acojan a programas al amparo del Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimentarios de cali-dad de origen animal o del Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el que se establecen ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche producida y recogida en las explotaciones, 1 punto.

6.

Agrupaciones que no integren explotaciones ganaderas categorizadas sanitariamente como M1, 5 puntos.

ANEXO II

Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos

1. Los criterios de baremación para otorgar los cinco pun­tos que le corresponden a Andalucía serán los siguientes:

a) Agrupaciones que cuenten con más del 80% de las ex­plotaciones calificadas sanitariamente como M3 y M4, 1 punto.

b) Agrupaciones que comercialicen en común la totalidad de sus producciones, 1 punto.

c) Agrupaciones con todo el censo de animales mayores de 6 meses identificado electrónicamente, teniendo en cuenta que en caso de animales explotados en sistemas de produc­ción extensiva, la identificación electrónica será exigible a par­tir de los 9 meses de edad, 1 punto.

d) Agrupaciones que en el momento de presentación de solicitudes tengan todas las explotaciones adscritas a una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera, 1 punto.

e) Agrupaciones que superen los censos mínimos esta­blecidos en el Anexo I del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, en al menos un 20%, 1 punto.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.4.b del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, a igualdad de pun­tuaciones tendrán prioridad las agrupaciones ganaderas que posean mayor censo de animales.

ANEXOIII

SOLICITUD PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS AGRUPACIONES DE PRODUCTORES EN LOS SECTORES OVINO Y CAPRINO DE ANDALUCIA

Orden de.........de............. de 2008, de la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA nº ........... de fecha...................................)

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL /DE LA REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD SOLICITANTE CIF

DOMICILIO SOCIAL

MUNICIPIO PROVINCIA C.POSTAL TELEFONO

FAX CORREO ELECTRONICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DNI / NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION

MUNICIPIO PROVINCIA C.POSTAL TELEFONO

FAX CORREO ELECTRONICO

CRITERIOS DE VALORACION Establecidos en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero.

.\u0003 Al menos el 50% de los productores asociados son agricultores cuya principal fuente de ingresos proviene de la explotación del ovino y caprino.

.\u0003 La Agrupación lleva operando en el sector ovino y caprino, bajo cualquier figura asociativa en el ámbito agrario, durante al menos tres años con anterioridad a la fecha de solicitud.

.\u0003 La Agrupación cumple un porcentaje mínimo del 50% del censo de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo (Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre).

.\u0003 La Agrupación promueve, ampara y desarrolla su producción bajo una Indicación Geográfica Protegida o marca de calidad.

.\u0003 La Agrupación se acoge al programa de producción de productos agroalimentarios de calidad (Real Decreto 1615/2007, 7 de diciembre) o al programa de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche (Real Decreto 460/2002, de 24 de Mayo).

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

.\u0003 La Agrupación no integra explotaciones ganaderas categorizadas sanitariamente como M1.

.\u0003 La Agrupación cuenta con más del 80% de las explotaciones calificadas sanitariamente como M3 y M4.

.\u0003 La Agrupación comercializa en común la totalidad de sus producciones.

.\u0003 La Agrupación tiene todo el censo de animales mayores de 6 meses identificado electrónicamente. En caso de animales explotados en sistemas de producción extensiva, la identificación electrónica será exigible a partir de los 9 meses de edad.

.\u0003 La Agrupación tiene, en el momento de la solicitud, todas las explotaciones adscritas a una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.

.\u0003 La Agrupación supera los censos mínimos establecidos en el anexo I del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, en al menos un 20%.

3 DOCUMENTACION ADJUNTA De carácter general y acreditativa de la representación.

.\u0003 CIF de la entidad solicitante.

.\u0003 Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.

.\u0003 Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.

.\u0003 Escritura de Constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones posteriores debidamente inscritas en el Registro correspondiente.

los cuales fueron presentados con fecha

Relativa a la actividad o proyecto (según Anexo V del Real Decreto 104/2007, de 1 de febrero).

.\u0003 Programa de constitución incluyendo memoria descriptiva y declaración de recursos.

.\u0003 Plan quinquenal, en caso de 1ª solicitud.

.\u0003 Programa de mejora de la calidad, en su caso.

.\u0003 Programa de actividades de fomento, en su caso.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE .\u0003 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad. .\u0003 NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

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